Nicolaza Robledo Hernández

Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 42 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
581/2022
Año
2022
Actuaciones
42
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Nicolaza Robledo Hernández
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos C. Andrés Manuel López Obrador. Ciudad de México
  • Clínica Instituto Mexicano del Seguro Social Unidad Médica Familiar 33 Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante informe justificado registrado bajo folio 10204, se tuvo a la autoridad responsable Secretario de Salud, con sede en Ciudad de México, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************Ahora bien, del contenido de las constancias que obran en autos se advierte que en la guía de Estafeta que contiene el oficio 27105/2023 dirigido al Secretario de Salud, con sede en Ciudad de México, se precisó un diverso domicilio al señalado por dicha autoridad responsable en su informe justificado; en consecuencia, gírese nuevo oficio a la autoridad responsable antes precisada al domicilio ubicado en ********************, al que se deberá anexar la sentencia dictada en autos; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguense a los autos los oficios provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informan lo conducente respecto al cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el expediente en que se actúa; de lo que se reserva acordar lo conducente hasta en tanto dicha determinación quede firme. Notifíquese.

  2. Principal

    entencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 581/2022-A promovido por Nicolaza Robledo Hernández, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó en línea el seis de agosto de dos mil veintidós, Nicolaza Robledo Hernández, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridades que, previa aclaración de su denominación, son las siguientes: Autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México. Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados "1.- Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y SECRETARIO DE SALUD DR. JORGE ALCOCER VARELA: a) Se reclama la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que me encuentro, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlo de forma gratuita. b) La omisión de remitirle a médicos especializados a su práctica de estudios necesarios por conducto de Especialista Oftalmólogo en Retinopatías, otorrinolaringólogo y a brindar hospitalización con todos y cada uno de los medicamentos para mi padecimiento, y de no contar con ello me sea subrogado para [.] c) La omisión de proporcionarme información sobre el estado de salud, así como de la atención médica que debo estar recibiendo. 2.- AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) director general C. ZOÉ ROBLEDO ABURTO. a) Se reclama la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que me encuentro, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlo de forma gratuita. b) La omisión de remitirle a médicos especializados a su práctica de estudios necesarios por conducto de Especialista Oftalmólogo en Retinopatías, otorrinolaringólogo y a brindar hospitalización con todos y cada uno de los medicamentos para mi padecimiento, y de no contar con ello me sea subrogado para [.] c) La omisión de proporcionarme información sobre el estado de salud, así como de la atención médica que debo estar recibiendo. 3.- CLÍNICA IMSS UMF 33 Tijuana Oficina IMSS en Soler, Tijuana B.C. a) Se reclama la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que me encuentro, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlo de forma gratuita. b) La omisión de remitirle a médicos especializados a su práctica de estudios necesarios por conducto de Especialista Oftalmólogo en Retinopatías, otorrinolaringólogo y a brindar hospitalización con todos y cada uno de los medicamentos para mi padecimiento, y de no contar con ello me sea subrogado para [.] c) La omisión de proporcionarme información sobre el estado de salud, así como de la atención médica que debo estar recibiendo." Segundo. La parte quejosa señaló infringido el derecho 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??A???????????? fundamental contenido en los artículos 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de seis de agosto de dos mil veintidós, radicó la demanda de amparo con el número 581/2022-A decretó la suspensión de plano a favor de la menor quejosa y ordenó a la parte quejosa que informara si ratificaba o no la demanda promovida vía electrónica a su favor; posteriormente, el seis de agosto de dos mil veintidós la parte quejosa ratificó la demanda y el siete de agosto siguiente se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y sin que existan terceros interesados, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Cuarto. En proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se vinculó al Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Mexicali, como autoridad responsable al cumplimiento de la suspensión de plano. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que se reclaman omisiones y la demanda se presentó en esta ciudad. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, escrito aclaratorio y los informes justificados, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: La falta de atención médica respecto a la quejosa 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Nicolaza Robledo Hernández a fin de que sea canalizada con un especialista en oftalmología. Tercero. No son ciertos los actos reclamados por las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todos con residencia en la Ciudad de México, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichas negativas. Se dice lo anterior, porque respecto al Secretario de Salud, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado con el número de registro 10203 manifestó que a él le corresponde el despacho de los asuntos citados en el artículo 7 del Reglamento Interior de dicha secretaría, sin que se advierta que los actos reclamados por la quejosa emanen respecto a su competencia. Luego, en el informe justificado registrado con el folio 12582 rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con residencia en la Ciudad de México por conducto de la Jefa de la División de Amparos Fiscales del referido instituto en suplencia del Director General, negó los actos reclamados al referir que dicha autoridad no cuenta con facultades para proporcionar atención médica y hospitalaria, estudios especializados, proporcionar medicamento, ni información sobre el estado de salud, en términos del artículo 268 de la Ley del Seguro Social y el diverso numeral 66 del Reglamento Interno del referido instituto. Y en el informe justificado registrado con el folio 13116 rendido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México por conducto del Jefe de Departamento adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, refirió que el Presidente de la República carece de atribuciones para realizar lo reclamado por la parte quejosa ya que cuenta con las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 89 Constitucional, dentro de las cuales no se encuentra la de proporcionar medicamentos o atención médica a la quejosa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos que se les reclaman a las autoridades responsables materia del presente considerando, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Así, como la Jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??A???????????? "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Cuarto. Por otra parte, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Unidad de Medicina Familiar 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, no obstante de que al rendir su informe justificado por conducto de la Encargada de Despacho de la Oficina de Servicios Jurídicos en Tijuana dependiente de la Jefatura Delegacional de servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, negó la existencia del acto, sin embargo, de las constancias que remitió dicha autoridad mediante oficio registrado con el folio 11335 consistente en el expediente clínico de la directa quejosa se advierte que la última atención médica que se le proporcionó a la quejosa antes de la presentación de la demanda de amparo fue el nueve de junio de dos mil veintidós; de ahí que se tenga por cierto los actos que se le reclaman. Quinto. Estudio de las causas de improcedencia. En el caso, las partes no invocaron causa de improcedencia alguna y este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, que se actualice algún supuesto, por lo que se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa. Sexto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son fundados, aunque para llegar a esa conclusión es necesario suplirlos en su parte deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, y por tanto, suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal. El derecho a la salud previsto en el artículo 4 Constitucional, es la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas puedan gozar de los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Cabe señalar, que las autoridades responsables deberán tener como referente el derecho de toda persona, al disfrute del más alto nivel posible de salud física para lo cual deberán atender su obligación inmediata de asegurar el pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga, a fin de garantizar la práctica de todas las medidas necesarias que permitan la óptima salud de la quejosa. La anterior determinación encuentra sustento en la tesis 1a. CCCXLIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página: 969, de rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes". Así como la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P. XIX/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 112 de rubro y texto: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??A???????????? de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos." Ahora, la parte quejosa aduce violación al derecho humano a la salud, ya que la autoridad responsable ha omitido otorgarle la atención médica acorde a la enfermedad de retinopatía diabética vítreo proliferativa que padece, a fin de que se le realice el tratamiento médico correspondiente con especialistas y medicamentos. Luego, si bien es cierto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actúa como ente asegurador con base en un acto jurídico mediante el cual está obligado a otorgar determinada prestación a la asegurada, esto es, en un plano de igualdad, al involucrar el cumplimiento de un convenio de seguridad social, también lo es que, a efecto de garantizar la inmediata protección efectiva de un derecho humano de la protección a la salud de la quejosa y que es reconocido en el artículo 4° Constitucional, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin mediar jurisdicción ordinaria, a pesar de tratarse de un acto relativo a su categoría de ente asegurador y, por ello, surgido en un plano de coordinación con el particular. Esto es, el derecho a la salud representa para el Estado la obligación de garantizar a todas las personas el disfrute de servicios de salud por medio de la atención médica, cuya finalidad es proteger, promover y respetar la salud, de manera preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar físico y mental, para así contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, a través de la implementación del Sistema Nacional de Salud, integrado por dependencias y entidades de la administración pública federal y local, entre las que se encuentran las instituciones públicas de seguridad social. Incluso, la relación existente entre estas instituciones y el 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO asegurado o beneficiarios, lo dotan de una facultad administrativa; es así, en tanto que los actos que despliegan son unilaterales, toda vez que en su mayoría, derivan de los especialistas en medicina y por medio de ellos se modifican situaciones jurídicas que pueden afectar la esfera legal del particular; máxime que la emisión de actos de naturaleza médica no requieren de acudir a los órganos judiciales, ni precisan del consenso de la voluntad del afectado. Además, si bien las prestaciones médicas tienen como fuente el vínculo de trabajo establecido entre el derechohabiente y la dependencia u organismos en la cual haya o esté laborando, el surgido entre aquél y el Instituto de Seguridad Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, la cual es de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto de referencia, quien puede crear, modificar o extinguir ante sí o por sí la situación jurídica del derechohabiente o beneficiario. De esa manera, la omisión de la prestación del servicio médico entraña el ejercicio de facultades de decisión que constituyen una potestad administrativa, calidad que también tiene tal autoridad. Lo razonado, en relación con el derecho a la protección de la salud y al deber del Estado de atenderlo a través de instituciones de salud, encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, con número de registro digital 2019358 de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Asimismo, existe jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece que cuando se reclama la omisión de brindar atención médica o de proporcionar medicamentos, entre 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??A???????????? otros, al Instituto Mexicano del Seguro Social, dichos actos se encuentran relacionados con el derecho a la salud reconocido en el artículo 4° Constitucional y, por ende, son de naturaleza administrativa, pues esas decisiones de carácter médico derivan de una facultad administrativa que tienen las referidas instituciones de seguridad social, dado que son emitidos de manera unilateral y con ellos se modifican situaciones jurídicas que pueden afectar la esfera legal del derechohabiente o beneficiario, lo cual se lleva a cabo najo una relación de supra a subordinación en la que el interesado, como gobernado, se somete al imperio del instituto en cuestión. En efecto, los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando actúa como prestador de servicios médicos, son de autoridad para efectos del juicio de amparo, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 117/2019 con número de registro digital 2020444 de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMARON PRESTACIONES DERIVADAS DEL DERECHO A LA SALUD, POR PARTE DE AUTORIDADES DE UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto por un Juez de Distrito con competencia mixta, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad responsable. En este sentido, si de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de diversas autoridades de un Instituto de Seguridad Social (ISSSTE o IMSS) la omisión de otorgarle cita para la atención médica, de colocarle bloqueo terapéutico o de establecer un diagnóstico, proporcionar medicamentos y atención precisa a su problema de salud, se trata de actos relacionados con el derecho a la salud reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, revisten naturaleza administrativa. Además, las decisiones de carácter médico de las instituciones de seguridad social derivan de una facultad administrativa, puesto que tales actos son emitidos de manera unilateral y con ellos se modifican situaciones jurídicas que pueden afectar la esfera legal del derechohabiente o beneficiario, lo cual se lleva a cabo bajo una relación de supra a subordinación en la que el interesado, como gobernado, se somete al imperio del instituto en cuestión; por tanto, la competencia para conocer del recurso de revisión de que se trata corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa." Precisado lo anterior, de las constancias que integran el presente asunto se advierte que mediante oficio registrado con el folio 11335, la autoridad responsable con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del expediente clínico de la directa quejosa, del que se advierte la nota médica de ocho de agosto de dos mil veintidós, respecto a la valoración médica que le fue realizada a Nicolaza Robledo Hernández, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en auto de seis de agosto de dos mil veintitrés. Posteriormente, mediante oficio registrado con el folio 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO 13637 la autoridad responsable con residencia en esta ciudad, remitió la nota médica de trece de octubre de dos mil veintidós, con motivo de la valoración médica realizada a la directa quejosa y de la que se advierte la receta e indicaciones higiénico-dietéticas que le fueron prescritas. Luego, mediante oficio recibido el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y registrado con el folio 15607 el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió la nota médica de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en relación con el servicio de oftalmología y en lo que aquí interesa se advierte: "Resumen clínico: 10:11 AM Paciente con DX Retinopatía diabética Vitreoproligertiva, acude con prequirúrgicos para envío a valorar vitrectomía. US modo B Hemovitreo total Fluorangiofía, ojo izquierdo con fugas AVSC OD Cuenta dedos OI 20/2022 PH 20/50 SAAO No Rubeosis Cataratas Nucleares ++ FOOD no valorable por opacidad de medios FOOI con microaneurismas exudados y hemorrgias Flama 4 cuadrantes DX Retinopatía diabética vitreoproliferativa Plan envío a retina a valorar faco vitrectmía ojo derecho [.]" De igual manera, mediante oficio presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós y registrado con el folio 16822, la autoridad responsable informó que se había otorgado nueva cita a la directa quejosa para el nueve de diciembre de ese año. Posteriormente, mediante oficio presentado el cinco de enero del año en curso, registrado con el folio 188 la autoridad responsable remitió las notas médicas de nueve y trece de diciembre de dos mil veintidós, y respecto de ésta última se advierte lo siguiente: "Resumen clínico: 12:25 PM Oftalmología-cita de laser Paciente femenino de 71 años de edad, acude a cita de fotocoagulación de ojo izquierdo por antecedente de retinopatía diabética, paciente enviada de HGR 20 Plan: Se da tratamiento de ojo izquierdo Presencia de hemovitreo por lo cual requiere TX quirúrgico Posición semiflowler Envío a cálculo de lente Cita subsecuente para continuar con láser ojo izquierdo [..] Comentado se introduce a lista de cálculo de lente, se le explica que la lista de cálculo de lente no es inmediata, ya que un proveedor externo acude a la unidad para la realización del estudio, paciente acepta y 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ??A???????????? comprende esta situación, se programa para láser de ojo izquierdo 3 sesiones se inicia con primera próxima semana martes." Luego, mediante oficio recibido el tres de marzo de dos mil veintitrés en este órgano jurisdiccional, registrado con el folio 2849 se tuvo al Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió la nota médica de siete de febrero de dos mil veintitrés, de la que se advierte lo siguiente: "Resumen clínico: 01:07pm Cita de láser Paciente femenino de 71 años de edad, acude a cita de fotocoagulación de ojo izquierdo Se continúa con TX de fotocoagulación de ojo izquierdo Actualmente en protocolo de cirugía [.]" Posteriormente, mediante oficio recibido el veintitrés de mayo del año en curso y registrado con el folio 6455 se tuvo a la autoridad responsable, remitiendo las notas médicas de catorce y diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Luego, mediante oficio recibido el ocho de junio del presente año, registrado con el folio 7388 la autoridad responsable remitió la nota médica de dieciséis de mayo del año en curso. De lo antes expuesto, permite a este Juzgado de Distrito concluir que la autoridad responsable con posterioridad a la presentación de la demanda, no acreditó fehacientemente haber otorgado a la quejosa la atención médica necesaria para salvaguardar la salud, pues no se acreditó que le otorgaran el tratamiento para la retinopatía diabética vítreo proliferativa que padece, que se haya realizado la cirugía correspondiente, o bien, que se haya descartado dicha cirugía (con el tratamiento correspondiente), sino que sólo evidencia que se le hizo del conocimiento a la quejosa que su introducción a la lista de cálculo de lente no era inmediata, ya que un proveedor externo acudiría a la unidad para la realización del estudio, y que se le programó para el láser de ojo izquierdo en tres sesiones, sin que haya remitido las constancias relativas. Por tanto, la omisión reclamada contraviene el derecho humano a la salud de la quejosa, pues si se atiende a que la satisfacción de ésta deber ser completa en relación con su bienestar físico, la atención médica debe incluir el diagnóstico médico correspondiente por médicos especialistas y, en su caso, el suministro de medicamentos; de ahí lo fundado de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa suplidos en su deficiencia. En esas condiciones, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación en el aspecto formal, suplidos en su parte deficiente, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Nicolaza Robledo Hernández. Séptimo. Tomando en consideración que proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se vinculó al Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Mexicali, como autoridad responsable al cumplimiento de la suspensión de plano, en términos del 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.a7.cf FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO artículo 194 de la Ley de Amparo, se vincula a dicha autoridad al cumplimiento al fallo protector. Por tanto, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que las autoridades responsables Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Mexicali, en el ámbito de su competencia realicen lo siguiente: Dicten las medidas pertinentes que garanticen la atención médica oportuna ante la enfermedad de retinopatía diabética vítreo proliferativa que padece la quejosa Nicolaza Robledo Hernández, a través de los médicos especialistas, que diagnostiquen y prescriban el tratamiento que le corresponda atendiendo a las particularidades concretas del caso, realizando un análisis minucioso y exhaustivo de su condición de salud, bajo el entendido de que deberán demostrar que han realizado su mayor esfuerzo para utilizar la totalidad de recursos que están a su disposición para lograr dicho abastecimiento, incluyendo si la quejosa es candidata a que se le practique la cirugía correspondiente. Octavo. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y fundado se: Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 581/2022-A, promovido por Nicolaza Robledo Hernández, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por las razones ahí expuestas. Segundo. La Justicia Federal ampara y protege a Nicolaza Robledo Hernández, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el séptimo considerando de esta resolución. Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional de Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Mexicali; atento a su contenido y en relación al requerimiento de dieciocho de mayo del año en curso, informa que se le brindó la atención médica correspondiente en fechas catorce y diecisiete de abril dos mil veintitrés, así como también informa el resultado de la cita médica del doce de mayo del año en curso y refiere que se programó valoración médica para la quejosa el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, para lo cual remite las constancias conducentes. Atento a lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que programó nueva cita para la valoración médica de la quejosa Nicolaza Robledo Hernández en tres meses; dese vista a la parte quejosa a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que por auto de dieciocho de mayo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable y a la autoridad vinculada al cumplimiento, a fin de que dentro del plazo de tres días hábiles informara lo conducente en relación a la cita médica programada para el doce de mayo del año en curso, o bien informaran la imposibilidad jurídica que tenga para ello, sin que a la fecha hayan dado cumplimiento a lo requerido, no obstante de estar debidamente notificadas. Atento a lo anterior, requiérase nuevamente a las autoridades Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Médica Familiar 33 Tijuana, así como a la autoridad vinculada Delegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California, con sede en Mexicali, -por conducto de quien legalmente los represente-, para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computado, informen el resultado de la cita médica de doce de mayo del año en curso y remitan las constancias conducentes, o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá -en lo particular- una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la cantidad de ******************** la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de ********************, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera se le hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan dicha información vía correo electrónico institucional a la dirección 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Notifíquese.

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