Nicolas Quintana Fuentez
Expediente 1047/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Nicolas Quintana Fuentez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 1047/2023-C, del índice de este Juzgado, ello toda vez que no acepta la competencia que le fue planteada por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, virtud que en el proveído de tres de octubre de la presente anualidad, dictado en el expediente 1255/2023, de su índice, determinó que el acto reclamado puede tener ejecución en ambas poblaciones (Mexicali y Tijuana). Acúsese el recibo de estilo; asimismo, intégrese al expediente las constancias originales que obran agregados en el cuaderno de antecedentes que se formó Ahora bien, este Juzgado de Distrito insiste en declinar la competencia, en los términos propuestos en el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, pues, como ahí se precisó, el Juez de Distrito competente para conocer de la presente demanda, es aquel en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de amparo. Por lo que al ser en el caso la materia de reclamo la resolución dictada por la Directora del Registro Civil del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien por mutuo propio determinó realizar la modificación no autorizada del acta de nacimiento mexicana de la menor de iniciales ********************., no así la ejecución de ésta, lo que quedó establecido, toda vez que no obstante de que se requirió a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su interés señalar como autoridad responsable a la Oficialía 11 del Registro Civil de Tijuana, ésta no la señaló, por tal motivo se considera que esta Juzgadora es legalmente incompetente para resolver este juicio de amparo. En consecuencia, se ordena remitir los autos originales del juicio de amparo 1047/2023-C, del índice de este Juzgado de Distrito, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, para que tenga a bien resolver el conflicto competencial planteado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.30/2003, que en su rubro dice: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA." Asimismo, mediante oficio con transcripción del presente proveído, hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para los fines legales conducentes. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y por economía procesal, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda conocer del presente asunto la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas en el presente sumario, ello con el propósito de priorizar el expediente electrónico de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que en dicho sistema, a través del apartado denominado "vinculación", se deje a disposición del Tribunal Colegiado correspondiente la consulta del expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, a efecto de que compareciera ante este órgano jurisdiccional debidamente identificado y manifestará si reconocía como suya la firma plasmada en el escrito registrado con folio ********************, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentado; auto que le fue notificado personalmente el veinte de septiembre del año en que transcurre, el cual surtió efectos el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de tres días transcurrió del veintidós al veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y se tiene por no presentado el escrito registrado con folio ********************. En razón de lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días otorgado a la parte promovente del amparo, a efecto de que subsanara la prevención formulada en el proveído de treinta de agosto dos mil veintitrés, a efecto de que precisara si señalaba como autoridad responsable a la Oficialía Once del Registro Civil, con sede en esta ciudad, sin que a la fecha lo haya realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se procede a proveer lo conducente a la demanda de amparo. Asentado lo anterior, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a analizar si tiene la competencia legal para conocer de la demanda de amparo en los términos inicialmente planteados, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En el caso concreto, quien suscribe considera que en la especie, este órgano carece de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en atención a las consideraciones siguientes: De la demanda de amparo en estudio se advierte que en esencia, los quejosos reclaman las actuaciones consistentes en la modificación no autorizada del acta de nacimiento de la menor ********************, en el procedimiento de rectificación de acta de nacimiento con número de expediente ********************, del índice del Registro Civil del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por conducto de su directora licenciada ********************. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, de lo cual se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos podemos extraer las siguientes reglas para determinar la competencia por territorio para conocer de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado es de ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado tiene ejecución material en más de un distrito o habiendo comenzado a ejecutarse en uno de ellos continúa ejecutándose en otro, será competente el juez que conozca primero de la demanda, es decir, ante quien se presente ésta; y 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez ante el que se presente el amparo. En la nueva regulación de la Ley de Amparo subyacen de manera clara e indiscutible los principios de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador; con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto y, con las dos restantes -que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada-, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal, como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal, en principio, no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto -desde el punto de vista del orden público- y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expeditez en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. De lo anterior se colige que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; sin embargo, se insiste, ello se estableció ante la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por la parte quejosa, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: La primera que atribuye competencia al Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado y, La segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Bajo ese contexto legal, quien resuelve considera que en la especie se surte la regla de competencia contenida en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, referente a que será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo que es claro que, atendiendo a la causa de pedir, se establece que la ejecución de los actos combatidos fue llevada a cabo en el municipio de Mexicali, Baja California. Por tanto, es que se afirma que, conforme a los preceptos invocados, la regla de competencia prevista en la primera parte del numeral 37, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda, es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se hayan ejecutado los actos reclamados, dentro del territorio donde ejerce jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número registro 2011896, Décima Época, visible en Tomo III, página 1589, de junio de dos mil dieciséis, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL DE INCOMPETENCIA CUANDO SE SEÑALA LA AUTORIDAD A QUIEN SE CONSIDERA COMPETENTE PARA ELLO Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE LOS AUTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE MATERIALIZA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de incompetencia efectuada por una autoridad jurisdiccional, quien precisa la competente para ello y ordena la remisión de los autos, el competente para conocer del juicio en su contra es el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual reside la autoridad a cuyo favor fue declinada la competencia. Lo anterior es así, porque no debe atenderse al lugar en el que se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución del mandamiento aludido, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, ya que para ello, debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Máxime si en el caso concreto, se requirió a los quejosos para que manifestaran si era su deseo señalar a una autoridad ejecutora de esta ciudad (oficial número 11 del Registro Civil del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad), lo cual no se realizó, conforme se advierte de los propios autos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente (por territorio), para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************y ******************** por propio derecho y en representación de su menor hija ******************** Por tanto, previa formación del cuaderno de antecedente, se ordena remitir el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito aparentemente presentado por Nicolás Quintana Fuentez, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de treinta de agosto del año en curso. Sin embargo, se advierte que la firma que obra estampada en el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la plasmada en el escrito inicial de demanda, lo que se aprecia en la siguiente gráfica: Firma contenida en la demanda de amparo. Firma del ocurso que se atiende. Por tanto, requiérase al quejoso para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, se presente a este órgano jurisdiccional debidamente identificado, y manifieste si reconoce como suya la firma plasmada en el escrito que se agrega. Ello es así, ya que la firma es el signo gráfico mediante el cual las personas manifiestan su voluntad en los actos que realizan en forma escrita; por lo que resulta ser relevante su identidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, enero a junio de 1989, tomo III, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUELEGALMENTE CORRESPONDA." Apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. Por último, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como representante común de los quejosos a Nicolás Quintana Fuentez, sin perjuicio de que con posterioridad los promoventes puedan sustituir dicha representación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************autorizado de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de treinta de agosto del año en curso. Sin embargo, no ha lugar a tenerle dando cumplimiento a la prevención impuesta al quejoso, ya que no se encuentra facultado para tal fin; lo anterior es así, ya que si bien es cierto, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que el autorizado de la parte quejosa podrá interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante; cierto es también, que ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre de la parte promovente, ya que su actuación depende de las reglas que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal. Por su parte, los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente. En efecto, para promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe presentar por escrito su voluntad de excitar a los órganos jurisdiccionales encargados de llevar a cabo el control de constitucionalidad de los actos que señala como reclamados, bien por la vía ordinaría o por la vía electrónica Por tanto, al no haber sido desahogada la prevención en términos de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de la materia y ser ésta parte integral de la demanda, subsiste el requerimiento efectuado en treinta de agosto de dos mil veintitrés, mismo que fue notificado personalmente el treinta y uno de agosto de la presente anualidad, por lo que el plazo de cinco días otorgado inicialmente para el desahogo de la prevención, se interrumpió, ya que fue presentado el siete de septiembre del año en curso, por lo que cuenta con el plazo de un día para cumplir la aludida prevención; el cuál se reanudará a partir de que surta efectos la notificación de este proveído Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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