Nicolasa Gómez Mendoza

Expediente 1070/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1070/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Nicolasa Gómez Mendoza
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. I. Estado procesal. Visto lo de cuenta, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. II. Relación de constancias. Consta en autos que el veintidós de noviembre de dos mil veintidós se dictó la resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable: " (.) En caso de que no se celebre la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley laboral el nueve de diciembre próximo, se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el invocado párrafo primero del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." III. Ejecutoria. Luego, el trece de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución. IV. Cumplimiento de ejecutoria. Posteriormente, mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, se agregó el oficio registrado con folio 20060 y anexo presentado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a través de los cuales, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que el nueve de diciembre del mismo año, celebró la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 2291/22, del índice de dicha Junta. V. Vista de cumplimiento. Con lo anterior, mediante el proveído de referencia -veinte de diciembre de dos mil veintidós-, se ordenó dar vista a la parte quejosa, quien fue notificada el dos de enero de dos mil veintitrés, y no realizó manifestación alguna en relación con el cumplimiento de la ejecutoria. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Depúrese el presente asunto una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. Háganse las anotaciones correspondientes. VIII. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, trece de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fueron los siguientes: ".En caso de que no se celebre la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley laboral el nueve de diciembre próximo, se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el invocado párrafo primero del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jvr

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con siete minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existen terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Nicolasa Gómez Mendoza solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. El dieciocho de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se desahogó en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La fecha lejana fijada por la autoridad responsable para que tenga verificativo la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 2291/2022. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, cuya certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas por la responsable al rendir su informe justificado, así como de la constancia que remitió en apoyo, de la que se desprende la existencia del acto reclamado. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; en consecuencia, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Ahora, la quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los diversos 685 y 686 de la misma legislación, y en consecuencia, la garantía consagrada en el diverso 17 Constitucional, pues el acuerdo reclamado violenta las disposiciones anteriores al señalar una fecha para la audiencia que excede el plazo legal. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, la Junta responsable fijó fechas para la audiencia de pruebas y alegatos que superan la que indica la Ley Federal del Trabajo y, por ende, viola los derechos que reconoce el precepto constitucional aludido. En efecto, el artículo 17 Constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan, para llevar a cabo los distintos actos procesales; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la autoridad que conozca del asunto debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes. Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por la responsable, se desprende lo siguiente: El tres de marzo de dos mil veintidós, la ahora quejosa promovió demanda laboral, que fue radicada bajo el número de expediente 2291/2022. Mediante acuerdo de once de julio del presente año, la Junta señaló el tres de noviembre de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley obrera. Luego, en auto de diez de noviembre del presente año, la Junta advirtió que del estado de los autos, se aprecia que la fecha señalada para la celebración de la audiencia (sin precisar la data) no se encuentra dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que, con el objeto de subsanar tal irregularidad, corrigió el procedimiento y se dejó sin efecto la fecha señalada en el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós (sin precisar la fecha), y se señalaron las ONCE HORAS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable es contraria a los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que las fechas estipuladas para llevar a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley obrera, de aplicación supletoria al juicio de origen, superan el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del mencionado dispositivo de la legislación obrera. Cabe precisar que el invocado primer párrafo del artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, reformado en la época de inicio del juicio laboral de origen (marzo del año dos mil veintidós), pero aplicable al presente caso, por disposición expresa del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y otras normas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, disponía lo siguiente: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley." En ese tenor, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 Constitucional, en tanto que la autoridad desfasa los plazos establecidos en el código obrero. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el siguiente efecto: En caso de que no se celebre la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley laboral el nueve de diciembre próximo, se señale nueva fecha dentro del plazo establecido en el invocado párrafo primero del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En esa inteligencia, resulta relevante precisar que emitir una resolución concediendo el amparo solicitado para efectos de que la responsable señale nueva fecha para el desahogo de la multicitada audiencia, resultaría más perjudicial que benéfico para la quejosa, toda vez que sólo se postergaría el dictado de la sentencia en este juicio, además, sería una labor compleja notificar a las partes, lo que desemboca en su inminente diferimiento y, por ende, un trámite retardatorio, toda vez que los tribunales obreros cuentan con una carga excesiva de trabajo para realizar diligencias y demás actos judiciales. Ahora, la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Asimismo, se destaca que los alcances de la protección federal, se limitan al acto reclamado y a la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nicolasa Gómez Mendoza, por las razones expuestas en el considerando V, para los efectos precisados en el diverso VI, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr

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