Nicolás Machorro Arenas
Expediente 819/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Nicolás Machorro Arenas y Otros.
- Nicolás Machorro Arenas
- Francisco Alfonso Durazo Montaño Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con sede en la Ciudad de México
- Martín Eugenio Delgado Durazo
- Martín Alfonso Canaan Castaños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte se no se localizó materialmente el juicio de amparo 819/2020 de la estadística de este juzgado; en consecuencia, requiérase de forma personal a los secretarios, actuarios, oficiales judiciales "c" y al encargado del archivo adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de inmediato, realicen una búsqueda exhaustiva del citado expediente. En consecuencia, téngase por recibido el oficio de cuenta, y provéase lo conducente una vez se cumpla con la anterior determinación. Notifíquese; personalmente al personal adscrito a este juzgado y por oficio a la autoridad oficiante. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo...
- Incidental
Se ordena la valoración de los cuadernos de suspensión relativos al juicio de amparo, en virtud de quedarse sin materia, al haber quedado firme la sentencia de amparo.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con diecinueve minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, García, secretario quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables, así como también con el estado de los autos. Inexistencia de autoridad. El juez acuerda: Visto el estado de los autos, y juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala como de los mismos se advierte que los quejosos no manifestaron nada respecto de la vista que se les hizo en relación con la imposibilidad de localización de una de las autoridades señaladas como responsables, a pesar de haber sido legalmente notificado para ello, se hace efectivo el apercibimiento de que fueron objeto y se tiene por inexistente a la autoridad señalada como José Jaime Valenzuela Tiznado, secretario Técnico de la Mesa de la Seguridad para la Construcción de la Paz en el Estado de Sonora. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales y una videograbación aportadas por una de las autoridades responsables, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 819/2020; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno al día siguiente, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, Martín Alfonso Canaan Castaños, Miriam Guadalupe Murrieta Munguía, Martín Eugenio Delgado Durazo, Sarahí Araceli Aguilar Salazar, María de la Luz García Keller, Paolo Yahir Alday García, Francisca Guadalupe Muñoz Irigoyen, Lidia Nohemí Cañez Badilla, Filiberto Alejandro Contreras Córdova, Aram Murillo Moreno, José Ángel Canchola Cruz, María Jesús Miranda Mariscal, Vahania Escarlett Contreras Córdova, Karina Ramírez Córdova, Valeria Estefanía Báez Murrieta, Daniela Ramírez Peñuñuri, Ana Liliana Ruiz Valenzuela, Rebeca Ojeda Reyes, Luis Manuel López Pineda, Ismael Ojeda Reyes, Marisela Pérez Rodríguez, Francisco Dagoberto Quintana García, Jorge Adonis Delgado Cruz, Nicolás Machorro Arenas, Graciela Sauri Villanez, Omar Ramírez Ramírez, Alejandra Quiñonez Barragán, Omar Ramírez Córdova, Sergio Everardo Ramírez Lozano, Francisco Javier Murrieta Munguía, Jonathan Alfonso Cardona Dórame, Manuel Munguía Peñuñuri y Nohemí Judith Duarte Ruiz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclaman del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con sede en Ciudad de México y otras autoridades. Prevención. Por proveído de veintiuno de enero de dos mil veinte, el citado juez tuvo por recibida dicha demanda, se ordenó su registro con el número 57/2020 y se previno a los quejosos. Se cumple prevención y se admite. Mediante auto de veinticuatro de enero de la misma anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ampliación de demanda. Por escrito recibido el veinticinco de febrero del mismo año, ante dicho juzgado, Martín Alfonso Canaan Castaños, en su carácter de representante común de los quejosos, amplió la demanda de amparo. Se admite ampliación de demanda. Por auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se admitió la ampliación de demanda y se ordenó pedir el informe justificado a las autoridades responsables. Separación de autos. Mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, el juez Segundo de Distrito en el Estado ordenó la separación de autos, estableciendo que seguiría conociendo del acto reclamado consistente en el operativo realizado con el propósito de desalojar a los quejosos de las inmediaciones de la caseta de cobro número 152 ubicada en la carretera federal número 15, salida norte de Hermosillo, Sonora (La Coyotita). Recepción de constancias y se admite. Por auto de dieciocho de noviembre del mismo año, este juzgado recibe las copias certificadas del juicio 57/2020 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con motivo de la separación de autos que ordenó, procediéndose a radicar y registrarlo bajo el número 819/2020, se admite la demanda por lo que se refiere al acto reclamado consistente en la presentación de denuncia o querella ante la Fiscalía General de la República en contra de los quejosos, así como la orden de detención, presentación o aprehensión derivada de la misma, señalándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Continuación del procedimiento. Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, se hizo constar que de acuerdo a lo establecido en la Circular CAP/3/2020, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del citado Consejo, a fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, también se determinó que los asuntos tramitados bajo el esquema de juicio en línea o aquellos catalogados como urgentes, se continuaría con su tramitación. Continuando con el trámite, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: ? La presentación de denuncia o querella ante la Fiscalía General de la República en contra de los quejosos. ? La orden de detención, presentación o aprehensión derivada de la citada denuncia o querella. Sobreseimiento del juicio por inexistencia de los actos No son ciertos los actos reclamados a los jueces Janitt Quiroz Vanegas, Martín Fernando Torres Caravantes, Eduardo Antonio Velasco Treviño, Javier Aguirre Farfán y María Lizeth Olvera Centeno, jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, al delegado estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sonora, de la Secretaría de Bienestar, al coordinador estatal interino en Sonora, de la Policía Federal en transición a la Guardia Nacional, de la División de Seguridad Nacional, a Jorge Arturo Rojas Campos coordinador estatal interino en Sonora de la Policía Federal en transición a la Guardia Nacional, de la División de Seguridad Regional, con residencia en esta ciudad, al titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al director general de amparos y contencioso en representación del comandante de la Guardia Nacional, al director general de Amparos y Contencioso en representación del General Luis Rodríguez Busio Primer Comandante de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, y al apoderado legal del organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), en representación del director general de dicho organismo, con sede en Cuernavaca, Morelos, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Atento a lo anterior, toda vez que la parte inconforme no desvirtuó la negativa de las citadas autoridades, es evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo VI, (materia común) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Bajo tales condiciones, ante la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio de amparo, por los actos reclamados a las citadas autoridades, excepto el reclamado a la juez Yanitt Quiroz Vanegas adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión que decretó en contra del quejoso Martín Alfonso Canaan Castaños. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la juez Yanitt Quiroz Vanegas adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión que decretó en contra del quejoso Martín Alfonso Canaan Castaños, pues así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las constancias que allegó. A las documentales mencionadas se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2, párrafo segundo, del último ordenamiento legal citado. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Causa de improcedencia actualizada Ahora bien, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (...)." Para arribar a la anterior conclusión, es necesario dejar establecido en primer término que de la lectura integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el quejoso Martín Alfonso Canaan Castaños reclama la orden de aprehensión dictada en su contra. Sin embargo, como lo refiere la autoridad responsable juez Yanitt Quiroz Vanegas adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, dentro de la causa penal 490/2017, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho decretó orden de aprehensión en contra del mencionado quejoso por su probable responsabilidad en el hecho que la Ley señala como delito de ataque a las vías generales de comunicación en la modalidad de deteriorar los servicios que operan en las vías generales de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, contra la cual ya se promovió un diverso amparo 1460/2018, del propio índice, promovido por el propio quejoso Martín Alfonso Canaan Castaños, en contra del mismo acto reclamado, consistente en la señalada orden de aprehensión, constancias que se traen a la vista como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, otorgándole valor probatorio pleno en los términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia. De tales constancias se advierte que el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se emitió sentencia negándose el amparo y protección solicitado, misma que al no haberse impugnado por las partes causó ejecutoria mediante auto de siete de octubre de la misma anualidad. De todo lo anterior se obtiene que la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso de mérito por la juez en cuestión, ya fue materia de un diverso juicio de amparo (1460/2018); de ahí que en el caso se está en presencia de un amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, que ya ha sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; actualizándose así la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al respecto, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, Materias: Constitucional, Común, Registro: 2011383, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." De igual manera, es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer". Y la tesis VII.2o.C.25 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 3530, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Materia Constitucional, Común, Décima Época, Registro: 2010390, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA, REFERENTE A QUE LOS ACTOS RECLAMADOS HAYAN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN UNO DIVERSO, SE RESTRINGE VÁLIDAMENTE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea, de conformidad con su artículo 1o., párrafo primero, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas. No obstante, la porción normativa que prevea los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el Juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos indicados, se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos humanos son que: a) se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). De ahí que la restricción al derecho humano de acceso a la justicia, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a que los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es razonablemente válida, porque está contenida en una ley formal y material, que es la Ley de Amparo y persigue una finalidad constitucionalmente legítima, pues tiene como objetivo preservar la cosa juzgada y evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados contra idéntico objeto. Asimismo, la medida es necesaria, porque impide el análisis por segunda ocasión, de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Finalmente, es razonable, toda vez que protege el principio de seguridad jurídica, al preservar la firmeza de las sentencias ejecutorias, lo cual otorga certidumbre jurídica a las partes y, en consecuencia, impide que se abra nuevamente la controversia." Ante ello, y al existir diverso juicio de amparo en el cual se analizó la substancia del acto que aquí se reclama, y al estar ante la presencia de un acto que ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado: Se resuelve: Único. Por las razones previstas en los apartados IV y VI de este fallo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Alfonso Canaan Castaños, Miriam Guadalupe Murrieta Munguía, Martín Eugenio Delgado Durazo, Sarahí Araceli Aguilar Salazar, María de la Luz García Keller, Paolo Yahir Alday García, Francisca Guadalupe Muñoz Irigoyen, Lidia Nohemí Cañez Badilla, Filiberto Alejandro Contreras Córdova, Aram Murillo Moreno, José Ángel Canchola Cruz, María Jesús Miranda Mariscal, Vahania Escarlett Contreras Córdova, Karina Ramírez Córdova, Valeria Estefanía Báez Murrieta, Daniela Ramírez Peñuñuri, Ana Liliana Ruiz Valenzuela, Rebeca Ojeda Reyes, Luis Manuel López Pineda, Ismael Ojeda Reyes, Marisela Pérez Rodríguez, Francisco Dagoberto Quintana García, Jorge Adonis Delgado Cruz, Nicolás Machorro Arenas, Graciela Sauri Villanez, Omar Ramírez Ramírez, Alejandra Quiñonez Barragán, Omar Ramírez Córdova, Sergio Everardo Ramírez Lozano, Francisco Javier Murrieta Munguía, Jonathan Alfonso Cardona Dórame, Manuel Munguía Peñuñuri y Nohemí Judith Duarte Ruiz, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el apartado III. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
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