Nicolas Silva Vargas
Expediente 447/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nicolas Silva Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Ahora, del estado de autos, se advierte que la Jefa de Causa y Gestión de la sede de Celaya del Juzgado de Oralidad Penal de la tercera región del Estado Guanajuato, informó que en la causa penal subyacente, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada contra el quejoso Nicolás Silva Vargas, anexando a su misiva, un disco compacto grabado en formato DVD, el audio y video de la audiencia inicial de once de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 1P0617-58 que se sigue al nombrado, en la que se decretó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho que la ley considera como delito de Robo Calificado, previsto y sancionado por los artículos 191 fracción V, 194 fracciones I, IV, VI Y VIII, en relación con el 13 y 20 primer párrafo en su tercer supuesto (coautoría), todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, cometido en agravio de Enrique Humberto Barroso y Gerardo Martínez Rojas. En tal virtud, al haberse cumplimentado el mandato de captura relatado y cambiar la situación jurídica, esta potestad considera que no existe materia sobre la cual requerir el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con base en los siguientes argumentos: El quejoso Nicolás Silva Vargas, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos reclamados siguiente: Acto reclamado: La orden de aprehensión librada el tres de febrero inmediato anterior, dentro de la causa penal 1P0617-58, del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta localidad, contra el quejoso Nicolás Silva Vargas, por su probable participación en la comisión del hecho señalado como delito de robo calificado, previsto por los artículos 191 fracción V, 194 fracciones I, IV, VI y VIII, en relación con los diversos 13 y 20 primero párrafo tercer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de Enrique Humberto Appendini Barroso y Gerardo Martínez Rojas; así como su ejecución. Autoridades responsables: 1. Juzgado de Oralidad Penal (sistema acusatorio) de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; 2. Coordinador de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, perteneciente a la Región "C" de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de esta localidad; y, 3. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado de Guanajuato, perteneciente a la Región "C" de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de esta urbe. Por sentencia de veinte de junio pasado, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para efecto de que ".el Juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta localidad, deje insubsistente el mandato de captura declarado inconstitucional así como sus consecuencias (incluyendo la audiencia privada de referencia), y con plenitud de jurisdicción dicte otro purgando los vicios de inconstitucionalidad aquí vertidos, esto es: a) Establezca a cuánto equivale la Unidad de Medida Actualización diaria, acorde con la fecha de los hechos; hecho lo cual, previo a puntualizar en qué fracción del artículo 191 del Código Penal del Estado de Guanajuato, encuadra el hecho señalado como delito materia de la petición de orden de aprehensión, deberá precisar a cuánto asciende el monto de lo robado, esto, acorde con la exposición que le haga la fiscalía; y, b) Asimismo, deberá considerar, si acorde con lo expuesto por la fiscalía respecto a lo manifestado por el testigo Ramón Martínez Malagón, es dable tomar en consideración la diligencia de reconocimiento de persona en fotografías prevista por los artículos 277 y 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, practicada por la diversa Fiscal Licenciada Margarita Ladín Arriaga, en la que Ramón Martínez Malagón reconoció como el activo del robo acaecido el treinta y uno de enero pasado, en el rancho en construcción ubicado en la carretera Celaya-Salvatierra, kilómetro 8.5, frente a la comunidad de Santa María del Refugio, de esta ciudad, el sujeto correspondiente a la fotografía señalada con el número 4, siendo esta la relativa al quejoso Nicolás Silva Vargas; y así poder establecer si se acredita su probable participación en la comisión del injusto penal. c) Hecho lo anterior, la autoridad judicial responsable deberá conducir la audiencia hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación y resolver con plenitud de jurisdicción, en el mismo o diverso sentido, lo que no se prejuzga, pero purgando los vicios de inconstitucionalidad destacados." Fallo concesorio que fue declarado firme en el presente auto. En tanto que, según fue señalado, el pasado once de mayo, se vinculó a proceso al interprete, tras cumplimentarse el mandato reclamado. Por tanto, se considera que existe imposibilidad para lograr el cumplimiento del fallo protector, dado que la resolución declarada inconstitucional, lo era para lograr la aprehensión del aquí quejoso, y quedar sometido a la potestad de la responsable; sin embargo, esto ya aconteció. Al respecto, resulta pertinente destacar que el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o no exista materia para la ejecución, caso éste último que se refiere a cuando la sentencia carece de efectos restitutorios y debe estimarse concluido el asunto sin que se hayan operado actos de ejecución; lo que en la especie acontece, dado el cambio de situación jurídica del impetrante. Así se ha interpretado tal precepto normativo -cuyo texto correspondía al artículo 113, y no fue en esencia modificado en la actual Ley de Amparo-, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página cien, del Semanario Judicial de la Federación, sexta época, primer parte, volumen IV, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CARENTES DE EFECTOS RESTITUTORIOS." Cabe precisar que una de las causas por las que puede desaparecer la materia para la ejecución de una sentencia de amparo es la prevista en la fracción XVII del dispositivo 61, de la Ley de Amparo que dispone la improcedencia del juicio constitucional por cambio de situación jurídica, cuestión que ha sido aplicada por extensión e identidad de razón en los juicios de amparo en los que, concedida la protección federal, resulta imposible su ejecución, por existir diferente situación jurídica a la que prevalecía al momento de la concesión del amparo. Resultan aplicables las tesis de la Suprema Corte identificadas con el distintivo XXXII/90, visible en la página ciento setenta y cuatro, y la LXXXVIII/90, impresa en la página ciento setenta y cinco, ambas del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, octava época, cuyo rubro y texto enseguida se cita: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE Y EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y DE HECHO DE CUMPLIRLA." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA SI CAMBIÓ LA SITUACIÓN JURÍDICA Y EXISTE IMPOSIBILIDAD LEGAL DE CUMPLIRLA." Ahora, la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley Reglamentaria, en vigor, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De lo anterior se concluye que al haberse cambiado la situación jurídica del aquí quejoso , esto es, de ser prófugo de la justicia por virtud de la orden de aprehensión reclamada, al estar ahora procesado con motivo del auto vinculación a proceso que le fue decretado en su contra, resulta innecesaria su aprehensión para enfrentar la imputación formulada en su contra; lo que impide se analice la materia de la concesión a favor de la parte peticionaria de la tutela federal sin afectar la nueva situación jurídica creada; por tanto, no podrá examinarse el cumplimiento al fallo protector, toda vez que dejó de subsistir el acto reclamado y por ende, se declara SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y sistema correspondiente. Por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definida solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el autorizado del quejoso ***********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia simple del fallo que solicita, previa razón que de su recibo se plasme en autos. En la inteligencia que la persona que autoriza para tal efecto, ya tiene reconocidas sus facultades conforme el auto admisorio, esto es, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Jefa de Causa y gestión de la sede de Celaya del Juzgado de Oralidad Penal de la tercera región del Estado Guanajuato, mediante el cual informa que en la causa penal 1P0617-58 de su índice (de donde deriva el acto reclamado), se cumplimentó la orden de aprehensión girada contra del quejoso ***********, y en audiencia de fecha once de mayo pasado, se decretó auto de vinculación a proceso en su contra.
- Principal
Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *************, contra los actos reclamados y las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos expresados en el considerativo quinto, de esta sentencia constitucional.
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