Nicolas Arias Rubio
Expediente 297/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nicolas Arias Rubio
- Cervezas Cuahutemoc Moctezuma En Celaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, haciendo uso de ese derecho, únicamente la parte quejosa mediante su escrito registrado con el número 4956. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte que la sentencia que concedió al quejoso ********** el amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero Penal de Partido en esta ciudad: "Los efectos de la protección constitucional son para que el Magistrado responsable deje insubsistente el fallo declarado inconstitucional, y dicte uno nuevo, pero purgando los vicios detectados, estos es: Establezca cuál es el caudal probatorio que sirvió de sustento para la emisión del auto de formal prisión dictado contra el impetrante, y cuál es el que se recabó con posterioridad a la emisión de éste (que acorde con la solicitud del quejoso, destruyen el primero). Hecho lo anterior, justiprecie ambos, y establezca, en uso de la valoración probatoria, cuál de ellos tiene mayor peso, para así determinar si es procedente o no, la incidencia de libertad por desvanecimiento de datos planteada por el peticionario de la tutela federal. " En cumplimiento de la ejecutoria de mérito el Magistrado responsable, remitió el oficio registrado con el número 4716 [F. 132], al que adjuntó copia certificada de la resolución de dos de mayo pasado, dictada en el toca penal 8/2017 [F. 134-173], en la que dejó insubsistente la diversa de veintisiete de enero pasado. Resolución en el que atendiendo los lineamientos del fallo protector y con la plenitud de jurisdicción otorgada señaló: ".Esto es así, pues en acatamiento a la ejecutoria de amparo que se da cumplimiento en este fallo, esta Alzada al ocuparse del caudal probatorio que sirvió de sustento para la emisión del auto de formal prisión dictado contra el inculpado Nicolás Arias Rubio, y el que se recabó con posterioridad a la emisión de éste, concluye que las probanzas recabadas en segundo término no destruyen el auto de formal prisión. Se afirma lo anterior, porque para la emisión del auto de formal prisión se contó con las siguientes probanzas: ." Enlistando el caudal probatorio que sirvió de sustento para el auto de formal prisión dictado contra el impetrante. Posteriormente, puntualizó: ".Mientras que con posterioridad a la emisión del auto de formal prisión se recabaron las siguientes probanzas: ." Citando los medios de convicción que se recabaron con posterioridad a la emisión del auto de bien preso. Cumpliendo con ello, la primera de las fracciones de la concesión del fallo protector, pues estableció cuál es el caudal probatorio que sirvió de sustento para la emisión del auto de formal prisión dictado contra el impetrante, y cuál es el que se recabó con posterioridad a la emisión de éste. En relación con la fracción II -que también se considera cumplida-, consistente en que justiprecie ambos, y establezca, en uso de la valoración probatoria, cuál de ellos tiene mayor peso, para así determinar si es procedente o no, la incidencia de libertad por desvanecimiento de datos planteada por el peticionario de la tutela federal, determinó: ".Ahora bien, al justipreciar ambos caudales probatorios conforme al sistema de valoración mixto que es el establecido en nuestra ley procedimental, es que se debe decir, que prevalece el caudal probatorio con el que se emitió el auto de formal prisión al inculpado Nicolás Arias Rubio. Precisándose que tal sistema de valoración es el que se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, en el Título sexto, capítulo IX denominado "Valor jurídico de la prueba" al indicar por una parte el valor tasado de la prueba documental pública, así como de la inspección y de los resultados de los cateos conforme a sus numerales 268 y 272, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la misma ley para que constituyan prueba plena; y por otra al determinar en el numeral 273 en forma generalizada que todos los demás medios de la prueba o de investigación y la confesión constituyen meros indicios, los cuales los Tribunales conforme al numeral 274 según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural necesario existente entre la verdad conocida y la que se busca, apreciaran en conciencia el valor de dichos indicios hasta poder considerarlos como prueba plena, por lo que se advierte que el Juzgador pude realizar una libre valoración de los indicios, pero estableciendo en sus resoluciones los razonamientos que hayan tenido en cuenta para valorar jurídicamente la prueba. Bajo esta tesitura, se precisa que no es posible conceder valor probatorio alguno a la documental aportada por el inculpado referente a un convenio celebrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como a una actuación que contiene un acta administrativa de fecha veintinueve de abril de dos mil once (I y II), por tratarse de copias simples, de las que no se tiene la certeza de su autenticidad, por lo que con las mismas no se desvirtúa la acusación que pesa en contra de ********* Respecto a las ampliaciones de declaración a cargo de ***********(III y VII) ofrecidas tanto por el inculpado, como por el apoderado legal de la persona moral ofendida **************, las mismas se estiman merecedoras de valor probatorio de indicio en términos del artículo 273 del Código de Procedimientos Penales, ya que provienen de persona que cuenta con la capacidad y el criterio necesario para comprender los hechos sobre los que se produjo, mismos que percibió por medio de sus sentidos por haberlos vivido y por eso pudo narrarlos de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ante autoridad competente, sin que de autos se advierta que para producirse en esa forma hubiese sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno, por lo que al cumplir con los requisitos exigidos por el numeral 277 de igual Ordenamiento adjetivo, resultando probanzas atendibles para establecer que **********tuvo participación en el acta administrativa de fecha veintinueve de abril de dos mil once que obra glosada a fojas 152 a la 153 de la causa en la que refirió que había cambiado el destino de algunos pedidos de acuerdo a lo que le pedía el promotor de zona a cambio de $200.00 doscientos pesos por viaje, ello al ratificar en ambas intervenciones ************sus declaraciones emitidas tanto ante el Órgano Investigador, como ante la Juez de la causa. Por lo que hace a la ampliación de declaración ofrecida por el inculpado a cargo de ************(IV) la misma se estima merecedora de valor probatorio de indicio en términos del artículo 273 del Código de Procedimientos Penales, ya que proviene de persona que cuenta con la capacidad y el criterio necesario para comprender los hechos sobre los que se produjo, mismos que percibió por medio de sus sentidos por haberlos vivido y por eso pudo narrarlos de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ante autoridad competente, sin que de autos se advierta que para producirse en esa forma hubiese sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno, por lo que al cumplir con los requisitos exigidos por el numeral 277 de igual Ordenamiento adjetivo, puesto que se concretó a ratificar su declaración rendida ante el Ministerio Público sin aportar circunstancia alguna que desvirtúe la acusación que pesa en contra de ********** Al llevarse a cabo la ampliación de declaración del inculpado ********** (V), así como el careo procesal en el que habría de intervenir con ************ (VIII) ofrecida por el apoderado legal de la persona moral ofendida ************* se tiene que el citado inculpado señaló que no era su deseo declarar, ni contestar preguntas y que era su deseo no participar en tal careo; postura de dicho inculpado que si bien es verdad no le puede deparar perjuicio jurídico alguno por cuanto constituye la observación del derecho humano que, en su calidad de inculpado, tiene de no ser obligado a deponer, también lo que es que no aporta dato alguno para desvirtuar las pruebas de cargo que existen en su contra y que sirvieron de base para el dictado del auto de formal prisión en su contra. Respecto a las ampliaciones a cargo de ************ (VI, IX y X) ofrecidas por el apoderado legal de la persona moral ofendida ***********, se tiene que las mismas se estiman merecedoras de valor probatorio de indicio en términos del artículo 273 del Código de Procedimientos Penales, ya que provienen de personas que cuentan con la capacidad y el criterio necesario para comprender los hechos sobre los que se produjeron, mismos que percibieron por medio de sus sentidos por haberlos vivido y por eso pudieron narrarlos de manera clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ante autoridad competente, sin que de autos se advierta que para producirse en esa forma hubiesen sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, por lo que al cumplir con los requisitos exigidos por el numeral 277 de igual Ordenamiento adjetivo, y al concretarse a ratificar sus declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, no aportan circunstancia alguna que desvirtúe la acusación que pesa en contra de Nicolás Arias Rubio. Por tanto, se establece por esta Alzada que esas pruebas allegadas con posterioridad al auto de formal prisión al ser valoradas a la luz de lo dispuesto por los artículos 272,273, 276 y 277 con relación al 274 del Código de Procedimientos Penales, no aportan algún dato novedoso que anule o destruya, de manera directa y plena, las pruebas que sirvieron de base para el dictado del mismo, siendo improcedente la incidencia de libertad por desvanecimiento de datos planteada por ********** Pues por expresa disposición del artículo 410 de la Ley Adjetiva de la Materia, la libertad por desvanecimiento de datos sólo procede cuando después de emitido el auto de formal prisión, los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado, estén plenamente desvanecidos y sin necesidad de ninguna especial reflexión, y ello significa que para aquel propósito se requiere de prueba indubitable, esto es, de prueba cuya valía sea plena e indiscutible de toda obviedad. Así también, debe decirse que tampoco le asiste la razón al inconforme al señalar que no se analizó que en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos fue planteado que el día diez de noviembre del dos mil seis, la A quo resolvió negar la orden de aprehensión dentro de la causa penal ***, en que se actúa en contra de los coacusados *********** ya que se advierte que tal cuestionamiento sí fue ponderado por la de Origen al emitir su resolución, y ante ello se precisa que, si bien se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de los coacusados ************, ello fue con motivo del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio número 529/2016 interpuesto por los antes citados, empero atendiendo al principio constitucional de la relatividad de las sentencias de amparo contenido en el numeral 107, fracción II de Nuestra Carta Magna, que prohibe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso, es que lo resuelto en ese juicio únicamente tiene efectos por lo que a ***********se refiere, no traduciéndose en una prueba indubitable que desvanezca las que sirvieron para el dictado de la formal prisión en contra de ********** Estimándose por tanto que le asiste la razón a la Juez Primaria para negar la procedencia del incidente intentado, considerando que hasta el momento no se han desvirtuado plenamente los elementos que sirvieron para acreditar el delito de robo calificado y la probable responsabilidad del indiciado Nicolás ************ siendo congruente su resolución y sin faltar a la debida fundamentación y motivación a que la obliga el artículo 16 de La Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos, puesto que resolvió la cuestión que le fue planteada atendiendo al contenido del artículo 410 Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado satisfaciendo con ello las exigencias a que se refiere el numeral invocado." Esto es, la responsable justipreció los citados medios de convicción, y estableció, en uso de la valoración probatoria, cuál de ellos (a su consideración) tiene mayor peso, para así determinar, conl la libertad de jurisdicción otorgada, la improcedencia de la incidencia de libertad por desvanecimiento de datos planteada por el peticionario de la tutela federa Luego, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Así, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, la sentencia de amparo se encuentra cumplida, pues la responsable, con la libertad de jurisdicción otorgada, emitió un nuevo fallo en el que purgó los vicios formales destacados en la resolución protectora (como se explicó en líneas precedentes); aunado a que, las manifestaciones vertidas por el impetrante, son argumentos dirigidos al fondo del asunto y a considerar que no motivó su determinación la responsable, no a las cuestiones de forma por las que se concedió el amparo en el presente asunto. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definida solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, resulta innecesaria la retención de los tomos de pruebas que allegaron las responsables a su informe justificado; en razón de lo anterior, devuélvansele.
- Principal
Glósese a sus autos el escrito signado por el licenciado ********Ponce autorizado del quejoso *-*********, mediante el cual formula alegatos respecto al cumplimiento dado al fallo protector; al respecto, tómese en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por la Secretaria de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado el veinticuatro de abril pasado, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, remite copia certificada de la resolución dictada el dos de los corrientes. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; apercíbaseles que de no hacerlo, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue cumplida.
- Principal
A sus autos el oficio que remite la Secretaria de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 6019/2017 del índice de este tribunal, por el cual se le informó que causó ejecutoria el fallo protector emitido en este asunto.
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