Nicolas Santacruz Moreno
Expediente 150/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Nicolas Santacruz Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siete de junio de dos mil diecinueve. Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido para las partes, el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 76 a 118), en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra no amparar en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de quince de mayo de dos mil diecinueve: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 150/2019-VII, promovido por ********************contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala, y otras autoridades, que estimó violatorios de las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y respecto de los actos siguientes: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridades responsables ordenadoras, respecto de las Normas Inconstitucionales aplicadas en mi contra a: 1).- H. Congreso del Estado de Tlaxcala, representado por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva, en turno y 2).- C. Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala y como autoridad ejecutora de dicho proceso legislativo, señalo al 3).- Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en su carácter de Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y respecto de los actos de aplicación, en mi agravio, de las mencionadas normas que también se reclaman, con independencia de la ilegalidad propia de los actos reclamados, señalo como Autoridad Responsable Ordenadora, al 4).- C. Juez Segundo de lo Civil, del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, del Estado de Tlaxcala y como Autoridades Responsables Ejecutoras señalo a: 5). C. Secretaria de acuerdos y 6). C. Diligenciario, ambos encargados de la tramitación de los asuntos nones y adscritos al mismo Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito de Cuauhtémoc, todos con residencia en el lugar denominado "Ciudad Judicial", ubicado en las inmediaciones de la población de Santa Anita Huiloac. Municipio de Apizaco, Tlaxcala. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Respecto del proceso legislativo que dio origen a la expedición de las Normas Inconstitucionales, aplicadas en mi contra, reclamo, de las responsables ordenadoras: Del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, reclamo la aprobación del Decreto número ciento sesenta, de fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por medio del cual se expidió el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, exclusivamente por lo que hace a la Sección Segunda, nombrada "Interdicto de Retener la Posesión", del Capítulo Primero, denominado "Interdictos", del Título III, Intitulado "Juicio de posesión y cuestiones relativas a la propiedad y a derechos reales", del Libro Segundo a su vez denominado "Juicios", constante de los artículos del 835 al 840, mismos que resultan ser claramente inconstitucionales. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, la sanción, promulgación y orden de publicación y circulación emitida el trece de noviembre de mil novecientos ochenta, respecto del Decreto número ciento sesenta, por medio del cual se expidió el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, exclusivamente por lo que hace a los mencionados artículos del 835 al 840, que regulan el Interdicto de Retener la Posesión. De la Ejecutora, reclamo del C. Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, en su carácter de Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, le reclamo la publicación del referido Código, en el mencionado Periódico Oficial, número extraordinario, de fecha trece de Noviembre de mil novecientos ochenta, también exclusivamente por lo que hace a los artículos del 835 al 840. Por otra parte en cuanto al acto de aplicación de las Normas Inconstitucionales, dentro del Juicio tramitado en mi contra, reclamo, de la responsable ordenadora. Del C. Juez Segundo de lo Civil, del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, del Estado de Tlaxcala, le reclamo: a).- La instauración de un Interdicto de Retener la Posesión promovido en mi contra, por la tercero interesado ********************, por conducto de su apoderado ********************, dentro del expediente número ********************sin otorgarme la oportunidad de ser oído y vencido, desde el inicio de dicho procedimiento, sino a partir del treinta de enero de dos mil diecinueve, fecha en que finalmente se me emplazó a Juicio. b).- La tramitación de un procedimiento denominado Interdicto de Retener la Posesión, en mi contra, sin apreciar que la parte actora me coloca en absoluto estado de indefensión al realizar una serie de afirmaciones falsas, como lo es la de encontrarse en posesión del inmueble en el cual habita el suscrito, sin otorgarme la posibilidad de ser oído y vencido en dicho procedimiento, previo a apercibirme con no perturbar la supuesta posesión del actor. c).- La indebida recepción de una prueba testimonial desahogada por la parte actora, dentro del mencionado procedimiento, para favorecer a sus pretensiones, sin concederme la oportunidad de repreguntar o tachar a sus testigos. d).- El apercibimiento decretado en mi contra, en el acuerdo de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del Interdicto de Retener la Posesión a que se refiere el mencionado expediente número ********************apoyándose en las disposiciones contenidas en los artículos del 835 al 840, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. e).- La violación sistemática de mis derechos humanos, concretada a través de la omisión de notificar legalmente, desde su inicio, al suscrito, de la tramitación del Interdicto de Retener la Posesión en mi contra, dentro del mencionado expediente número ********************. g).- Colocar al suscrito en estado de indefensión al negárseme de facto, la posibilidad de defender mis derechos dentro del Interdicto de Retener la Posesión en mi contra, a que se viene haciendo referencia, desde el inicio del mencionado procedimiento hasta del treinta de enero de dos mil diecinueve, fecha en que finalmente se me emplazó a Juicio. De las responsables ejecutoras reclamo: 1.- De la C. Secretaria de Acuerdos encargada de la tramitación de los asuntos nones del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito de Cuauhtémoc, le reclamo la ilegal autorización de los acuerdos dictados por la Ordenadora dentro del Expediente número ********************sin otorgarme la oportunidad de ser oído y vencido, desde el inicio de dicho procedimiento. 2). Del C. Diligenciario, encargado de la tramitación de los asuntos nones del mismo Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito de Cuauhtémoc, la omisión de notificarme de manera personal y/o emplazarme dentro del expediente número ********************desde el inicio de dicho procedimiento. SEGUNDO. En auto del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 150/2019-VII, se admitió a trámite la misma respecto a los actos reclamados, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se dio al Ministerio Público Federal la intervención que le corresponde y, finalmente, se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, que diferida en varias ocasiones, se desahogó al tenor del acta que antecede; y, COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que se reclaman actos ejecutados por autoridades con residencia en esta entidad federativa; así como, el oficio SEFSP/DGRH/DCPG/SCP/5798/2018, de nueve de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de cita, en el que se comunicó que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala, concluiría funciones el once de febrero de dos mil dieciocho y cambia su denominación a JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del estudio integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierten como actos reclamados los siguientes: La aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y circulación, así como publicación del Decreto número Ciento sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, exclusivamente por lo que hace a la Sección Segunda, del Título Tercero, artículos 835 a 840, relativos al Interdicto de retener la posesión. La instauración del expediente ********************del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al interdicto de retener la posesión, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, sin habérsele dado la oportunidad de haber sido oído y vencido desde el inicio de dicho procedimiento, sino hasta que se le emplazó al mismo. La recepción de la prueba testimonial, desahogada por la parte actora, dentro del aludido expediente, sin haberle dado intervención para repreguntar o tachar a los testigos. El apercibimiento decretado en el acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de origen. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Con independencia de lo que hayan manifestado en sus informes justificados las autoridades responsables Congreso, Gobernador y Oficial Mayor en su carácter de Director del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Tlaxcala; se tienen por ciertos los actos reclamados consistentes en la aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y de circulación, así como de publicación, del Decreto número Ciento sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Lo anterior se considera, pues la certeza de la norma legal reclamada constituye un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, pues basta que estén publicadas en un medio de difusión oficial, como es el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala (trece de noviembre de mil novecientos ochenta), para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general. Es aplicable en ese punto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 15, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También resulta aplicable, la jurisprudencia por contradicción 2ª/J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta, tomo XII, correspondiente a agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza obligatoria y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueden argüir desconocerlo.". Por su parte, el Juez, Secretaria y Diligenciario, todos adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos -de ejecución- que se le atribuyen, consistentes en la tramitación del expediente ********************relativo al interdicto de retener la posesión, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, en contra del quejoso y otra persona. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con el original del expediente ********************(con el que se formó un tomo de pruebas); documental a las que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. En el caso, la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo en contra del Decreto número Ciento sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, pero con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la tramitación del expediente ********************relativo al interdicto de retener la posesión, promovido por ********************, por conducto de su apoderado ********************, en el que se le emplazó a la parte quejosa el treinta de enero de dos mil diecinueve; por lo que considera que la norma que tilda de inconstitucional es de carácter heteroaplicativo, dado que fue hasta ese momento cuando se entabló la Litis del juicio de origen en contra del peticionario del amparo. Así las cosas, se estima que la demanda fue presentada dentro del plazo legal de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento del mismo o de su ejecución; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio de la demanda de amparo, haber tenido conocimiento de la tramitación del juicio de origen, el treinta de enero de dos mil diecinueve, fecha en la que se le emplazó a juicio (foja 4). Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a contarse a partir del día siguiente al en que se realizó la notificación de dicho acto conforme a la ley del acto -artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala-, por lo que el plazo para la promoción del presente medio de control constitucional transcurrió del treinta y uno de enero al veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, sin contar los días dos, tres, cinco, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de febrero, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario: ENERO 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 27 28 29 30 (se emplazó al juicio natural) 31 (día uno) FEBRERO 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (día dos) 2 (día inhábil) 3 (día inhábil) 4 (día tres) 5 (día inhábil) 6 (día cuatro) 7 (día cinco) 8 (día seis) 9 (día inhábil) 10 (día inhábil) 11 (día siete) 12 (día ocho) 13 (día nueve) 14 (día diez) 15 (día once) 16 (día inhábil) 17 (día inhábil) 18 (día doce) 19 (día trece) 20 (día catorce) 21 (día quince) (se presentó demanda de amparo) 22 23 Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala -según se advierte de la papeleta respectiva-, es claro que se encuentra dentro del plazo de quince días que marca la ley de la materia, porque tenía para ello hasta ese día. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previamente a determinar la procedencia o no del presente juicio de amparo, para mejor contextualizar el sentido de esta resolución, conviene enunciar brevemente los antecedentes que motivaron el acto reclamado, los que se desprenden de las constancias del expediente ********************exhibidas por la juez responsable, siendo los siguientes: Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, promovió en la vía ordinaria civil interdicto de retener la posesión en contra del ahora quejoso y otra persona (fojas 1 a 9 del tomo de pruebas). En auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda propuesta, por lo que se señaló día y hora para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el promovente, habiéndose reservado la sustanciación de la demanda hasta en tanto se desahogara la testimonial de referencia; asimismo, se negó su solicitud de medida provisional (fojas 69 y 70). El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se desahogó la prueba testimonial ofrecida por el promovente del interdicto de origen (fojas 74 a 77). En proveído del tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 79 y 80), se acordó lo siguiente: 1) Se dictó auto de mandamiento en forma, por lo que se ordenó emplazar a los demandados, entre ellos el quejoso, para que dentro del plazo de diez días, computados legalmente, contestaran la demanda instaurada en su contra, apercibido que de no hacerlo, se le tendría por contestada en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían mediante cédula que se fijara en los estrados del juzgado; 2) Se apercibió a los demandados para que se abstuvieran de perturbar la posesión del bien inmueble materia del juicio; y 3) Por cuanto hace a la solicitud para realizar anotación marginal respecto de los bienes inmuebles en litis, se requirió a la parte actora para que exhibiera una garantía, a fin de salvaguardar daños y perjuicios, por una cantidad de diez mil pesos ($10,000.00). Previo citatorio de un día anterior, el treinta de enero de dos mil diecinueve, se emplazó a juicio al ahora quejoso (fojas 82, 83 y 87). Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, los demandados contestaron la demanda instaurada en su contra, habiendo opuesto excepciones y ofrecido las pruebas que consideraron pertinentes (fojas 96 a 101). En auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo a los demandados contestando en tiempo y forma legal, la demanda incoada en su contra y por opuestas las excepciones que hicieron valer (fojas 135 y 136). ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA -INFUNDADAS- Ante todo, debe tenerse presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben analizarse por los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, ya sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio; lo anterior, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, el Gobernador y Director del Periódico Oficial, ambas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, autoridades señaladas como responsables, al rendir sus respectivos informes justificados invocaron como causa de sobreseimiento del presente juicio de amparo, la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por considerar que la parte quejosa no formuló conceptos de violación, esto es, no expresó los motivos por los cuales estima ilegal la resolución combatida. Así, dichos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." De los preceptos legales transcritos, se obtiene que, para estar en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado debe atenderse a lo expuesto por el quejoso en los conceptos de violación, pues éstos constituyen los argumentos lógicos y jurídicos con los cuales se manifiesta la afectación que la ley o acto reclamado ocasiona a su esfera jurídica, en el entendido que no es necesario que se expresen como un riguroso silogismo según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que tal requisito no se exige en el precepto legal transcrito en segundo término, sino que debe atenderse al contenido integral de la demanda, y con base en ello, tomarse en cuenta todos los razonamientos que tiendan a controvertir el acto reclamado, de ahí que, no es necesario que éstos sean contenidos en determinado capítulo, sino que basta con que el quejoso exprese claramente la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que considere le causa el acto y los motivos que lo originaron para que el juez de amparo esté en aptitud de estudiarlo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Contrario a lo sostenido por las referidas autoridades responsables, en la especie se advierte que el quejoso sí expresó conceptos de violación en contra de los actos reclamados, los que incluso a continuación se relacionarán en un apartado específico; por lo que no existe impedimento para que este órgano jurisdiccional realice el análisis constitucional solicitado. Esto es así, pues dado que los conceptos de violación constituyen la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los actos reclamados, para poner de manifiesto que son contrarios a la ley, o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó, o bien, porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; se sigue que al sí existir conceptos de violación, como requisito esencial en el juicio de garantías para establecer si los actos reclamados son constitucionales o no, debe concluirse que, en el caso, la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, invocada por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, resultó infundada. Por otra parte, la autoridad responsable Congreso del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, invocó la diversa causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, por considerar que los actos reclamados no son de imposible reparación, pues con los mismos, al quejoso no se le priva de la posesión ni se resuelve la misma en forma definitiva, si se pondera que los numerales combatidos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, sólo establecen la posibilidad de que el juez ordene las medidas necesarias para que las cosas se mantengan en el estado que se encontraban al presentarse la demanda. Sin embargo, contrario a lo planteado por dicha autoridad responsable, en el caso no se configura la causa de improcedencia invocada, por lo que el juicio de amparo sí es procedente respecto de los actos reclamados consistentes en la admisión de la demanda, en la falta de emplazamiento, en la falta de oportunidad para ofrecer pruebas y, en general, en todo lo actuado dentro del interdicto de retener la posesión ********************del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, así como también respecto de los artículos 835 al 840 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En efecto, de los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar en Pleno, la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, por mayoría de seis votos, determinó que de conformidad con la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Los argumentos expuestos dieron origen a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese tenor, conforme a lo expuesto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Tal regla de procedencia es igualmente aplicable cuando se impugna la constitucionalidad de una disposición de observancia general, aplicada en un acto dictado dentro de juicio, pues para poder estudiar la constitucionalidad de ésta, es imperativo que primero el juicio de amparo sea procedente respecto de aquél. Así, para la procedencia del juicio de amparo contra una norma de carácter general, no basta que ésta se haya aplicado en un acto dictado dentro de un procedimiento civil, sino que es necesario, entre otras cosas, que dicho acto cause un perjuicio de imposible reparación, en los términos previamente apuntados, para que sea susceptible de ser atacado en la vía indirecta y, consecuentemente, la disposición de observancia general que se aplicó en él. A propósito de lo anterior, no está por demás destacar que cuando se promueve el juicio de amparo indirecto contra una ley o norma de carácter general, que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento jurisdiccional cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XIV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, no existe obligación de agotar los medios ordinarios de impugnación, antes de acudir al juicio de amparo. Las consideraciones que anteceden encuentran sustento en las jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad". (Jurisprudencia 78/2007, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 5, tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) "AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SE IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2004, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN. Del análisis de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que este Alto Tribunal ha emitido sobre el particular, se advierte que de ningún modo fijan límites para estimar procedente el juicio de amparo indirecto contra leyes de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso, específicamente con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha ley, en función de que no existe obligación de agotar, antes de acudir al amparo, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad. Por otra parte, si con base en dicha excepción se impugna una ley desde luego en amparo indirecto, con motivo de su primer acto concreto de aplicación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, no opera la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque al acogerse el gobernado al texto de la excepción citada, queda relevado de cumplir con el aludido principio, pudiendo acudir al amparo inmediatamente, sin que en la especie opere la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del indicado artículo 73. En tales circunstancias, procede el amparo en la vía indirecta cuando se impugna el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con motivo de su primer acto concreto de aplicación, sin que pueda considerarse un uso indiscriminado de dicha instancia constitucional so pretexto de combatir la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento de naturaleza civil, ya que si alguna de las partes decide impugnar esa norma en los términos referidos, lo hará con bases objetivas en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad que pesa sobre esa disposición procedimental vigente en 2004, por imponer una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Federal, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 60/2005. Por ello que no se justificaría la exigencia de agotar los recursos ordinarios procedentes, ya que en el caso la inconstitucionalidad de la citada ley no podría abordarse por la autoridad ordinaria dentro del procedimiento civil respectivo, en tanto que ello corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Federación". (Jurisprudencia 168/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 40 del tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Con base en la premisas señaladas, se puede concluir que el juicio de amparo en que se actúa es procedente, pues de los antecedentes precisados en el considerando respectivo y de los conceptos de violación que hace valer la quejosa, se desprende que impugna la constitucionalidad de los artículos 835 a 840 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que prevén un procedimiento previo al emplazamiento, dentro del interdicto de retener la posesión, que tiene como finalidad obtener información testimonial acerca de la posesión del bien que se defiende y de los actos que importan perturbación de la misma, a fin de que puedan decretarse medidas de aseguramiento de la posesión. Lo que en caso se materializó en la tramitación del expediente número ********************del índice del juzgado responsable, en el que mediante auto de tres de julio de dos mil dieciocho, se apercibió al quejoso para que se abstuviera de perturbar la posesión del promovente del interdicto; medida que se traduce en un acto de molestia y que es de imposible reparación. Al respecto, cabe hacer la indicación que los actos de molestia, no obstante distinguirse de los actos privativos, en que se trata sólo de afectaciones temporales a la esfera jurídica del gobernado, restringiendo de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinado bien jurídico; finalmente, pueden afectar derechos sustantivos, lo que torna a los actos reclamados en irreparables. Así, en el caso se afirma que el acto de aplicación del cual se duele el quejoso (auto de tres de julio de dos mil dieciocho), si bien constituye solo una afectación provisional o preventiva a la esfera jurídica del quejoso -por cuanto tal medida se encuentra sujeta a las resultas del juicio de origen-, decretada con el fin de proteger la posesión que defiende el tercero interesado (actor); sin embargo, se considera que es un acto de imposible reparación, pues ni aun con la eventual obtención de una sentencia favorable, podría destruirse el acto de molestia que le fue generado, pues se le limitó el ejercer actos posesión sobre el bien inmueble materia de la litis primigenia. En efecto, debe considerarse que con motivo de los actos procesales reclamados, se le molesta al quejoso en la posesión que aduce, respecto del bien inmueble materia del juicio interdictal, afectándolo de esta manera directamente en el derecho sustantivo de posesión que defiende, aun transitoriamente a virtud del apercibimiento decretado en su contra dentro del procedimiento judicial, sustentado únicamente en el reconocimiento hecho por el juez del conocimiento a la parte actora, respecto de la posesión de los bienes controvertidos, con base en informes rendidos por ésta, sometiendo al demandado a un procedimiento judicial que le traería como consecuencia la afectación de sus derechos de posesión sobre dichos bienes, por lo menos durante el trámite y resolución del negocio. Consecuentemente, en términos de las consideraciones expuestas, se estima que los actos procesales reclamados, en los que se aplicaron las disposiciones legales cuya inconstitucionalidad también reclama, son de imposible reparación, al afectar materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los tratados internacionales, ya que consistieron en apercibir al quejoso para que se abstuviera de continuar realizando actos de posesión respecto del bien inmueble materia de la controversia de origen, por lo que se le limitó ejercer tal derecho, situación que no podría ser reparada al estudiarse la sentencia definitiva dictada en el procedimiento, pues los efectos materiales de la orden de restricción no podrán ser destruidos por el dictado de una sentencia favorable. Además, si se considera que en la demanda de amparo no se combatió el juicio de origen como una cuestión estrictamente procesal por el sometimiento a un procedimiento judicial, sino por transgredir el derecho de posesión de la parte quejosa, al haberse reconocido al promovente del interdicto como detentador del bien cuestionado con base en una información que rindiera de manera unilateral, y con apoyo legal en los artículos 835 a 840 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, cuya transgresión a la Constitución Federal se reclama; luego, el juicio de amparo es procedente. En este sentido, se abunda que no es obstáculo el hecho de que aún no se ha emitido resolución definitiva dentro del interdicto referido y, por ende, que todavía no se han aplicado a la quejosa el artículo 840 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que también reclama, y que establece el efecto de una eventual sentencia definitiva; en la medida que la quejosa impugna los preceptos legales relativos al interdicto de retener la posesión como un sistema normativo, dada la íntima relación que guardan entre sí, razón por la cual es suficiente el hecho de que acredite la aplicación de uno solo de ellos para que esté legitimado para controvertir su totalidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 100/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400 del tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas." Por ende, el juicio de amparo es procedente respecto de esos numerales y, en general, respecto de los actos reclamados, atendiendo a la pretensión principal del quejoso y los efectos que produciría una posible concesión del amparo. De ahí que, sea infundada la causa de improcedencia invocada por el Congreso del Estado de Tlaxcala. Asimismo, el Oficial Mayor de Gobierno, en su carácter de Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, invocó como causa de improcedencia del juicio de amparo, la contenida en el artículo 61, fracción XXII (sic) de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 5°, fracción II, y 108, fracción IV, de la Ley de Amparo; por considerar que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, dado que respecto de dicha autoridad se actualiza una diversa causa de improcedencia, como a continuación se abordará, resulta innecesario entrar al estudio de la diversa planteada por dicha autoridad responsable. Por otra parte, no pasa inadvertido para el que resuelve, que el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Juzgado, al formular su alegato ministerial, invocó como causas de improcedencia las que se derivan del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62, 63 y 217 de la Ley de Amparo, así como 61, fracción XIX, en relación con el similar 108, fracción VIII, de la citada legislación. Empero, no ha lugar a analizar detenidamente las mismas, pues es evidente que, en el primer caso, las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto que se les atribuye, tal como se dejó establecido en el capítulo relativo a la certeza del acto reclamado, incluso el juez responsable remitió las constancias que así lo acreditan; y por cuanto a la segunda causal, la parte quejosa sí formuló conceptos de violación, como se desprende del capítulo correspondiente que más adelante se incluye. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA -FUNDADAS- En primer término, se destaca que en la demanda de amparo la quejosa señaló como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos, encargada de los expedientes nones del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a la que atribuye la autorización de los acuerdos dictados por el juez de su adscripción, dentro del expediente ********************de origen. Sin embargo, en relación con dicha autoridad y el acto de ejecución que se le atribuye, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada ley, que disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto de que realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos o las garantías individuales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernador y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, se afirma que en el caso se actualiza tal causa de improcedencia porque de las constancias que remitió el juez civil responsable, se advierte que el Secretario de Acuerdos de los expedientes nones del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, no realizó los actos reclamados (autorización de acuerdos) motu propio, sino que su intervención fue únicamente en la medida en que dio fe de los actos del juez de su adscripción. En ese tenor, se afirma que el Secretario señalado como responsable, no dictó, promulgó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar el Acuerdo que se le atribuye, por lo que no puede revestirle el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. De lo que se sigue que su intervención fue sin facultad decisoria en el juicio de origen, además de que carece de potestad de decisión o ejecución de la resolución, por lo que tampoco podría revestirle el carácter de autoridad responsable. Por ende, no puede estimarse que al Secretario de Acuerdos de los expedientes nones del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, haya actuado como autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de la intervención reclamada a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal visible en la página 87, Tomo VII, enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Por otra parte, en relación con los actos reclamados consistentes en las órdenes de publicación y circulación, así como publicación del Decreto número Ciento sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en específico los artículos 835 al 840, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no formuló conceptos de violación para combatir tales actos. Los preceptos en mención indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) VIII. Los conceptos de violación." De la lectura de la última fracción del numeral 61 transcrito destaca que su aplicación está condicionada, indefectiblemente, a la acreditación de diverso impedimento legal que se consigne en la Carta Magna o en la propia Ley de Amparo. El artículo 108, fracciones III y VIII, también transcritas, imponen al quejoso la obligación de señalar a las autoridades que refrendaron y publicaron las normas, únicamente, cuando combata por vicios propios dichos actos, así como a expresar los conceptos de violación por los que estime que la ley fundamental se transgrede en su perjuicio, puesto que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, dado que de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho que rigen en la materia, la ausencia de argumentos que acusen la violación de garantías impide que el Juez de amparo se pronuncie al respecto. De acuerdo con lo anterior, es a la parte quejosa a quien incumbe la carga probatoria de demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, excepción hecha de los casos en que se trate de actos apoyados en leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados que obligue al juzgador a suplir la deficiencia de la queja, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. El máximo Tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido; sin embargo, no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. En este sentido, del escrito de demanda se deduce que la parte quejosa no satisfizo las premisas indicadas, dado que no formuló argumento alguno dirigido a demostrar que las órdenes de publicación y circulación, así como la publicación de la normatividad combatida en esta vía, ocasionan una afectación en su esfera de derechos. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de la Décima Época, materia común, emitida por el Pleno de los Tribunales en Materia Administrativa del Primer Circuito, identificada con el número PC.I.A. J/49 A (10a.), contenida en el Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, página 2248, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Por tanto, dada la ausencia de conceptos de violación respecto de dichos actos, se debe sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa formula diversos conceptos de violación formulados, que a continuación se indican, según se encuentran dirigidos a combatir la ley combatida o el acto de aplicación. CONTRA LA LEY. La norma impugnada en los numerales 835 al 840, es violatoria del derecho fundamental de audiencia, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se establece un procedimiento que no otorga oportunidad a la parte enjuiciada para defenderse, privándolo del derecho de posesión. Asimismo, la norma viola lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Federal, al no observar el derecho pro homine, pues restringe injustificadamente el derecho a recurrir o defenderse dentro de la etapa previa al emplazamiento. Asimismo transgrede el principio de igualdad de las partes dentro de un procedimiento, para que ambas sean oídas en igualdad de condiciones. CONTRA EL ACTO DE APLICACIÓN. Se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal al no habérsele dado la oportunidad de ser oído y vencido en el procedimiento de origen, pues no pudo desvirtuar la pretendida posesión de la parte tercera interesada (actor en la litis primigenia). Se violan el derecho humano de legalidad, en cuanto a que no se respetó el debido proceso, conforme el artículo 16 de la Constitución Federal, pues se le somete a la tramitación de un procedimiento de interdicto de retener la posesión sin causa que lo motive. Los actos de aplicación no se encuentran fundados ni motivados. ESTUDIO DE FONDO. En virtud de que no se advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia contra los actos reclamados consistentes en la aprobación, sanción y promulgación del Decreto número Ciento sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, exclusivamente por lo que hace a la Sección Segunda, del Título Tercero, artículos 835 a 840, relativos al Interdicto de retener la posesión; y dado que las invocadas por las autoridades responsables resultaron infundadas, es procedente el análisis de su constitucionalidad. De manera preliminar a la exposición de los motivos de inconformidad esgrimidos, conviene señalar que al ser el asunto de naturaleza civil, el análisis de los mismos no se hará a la luz de la prerrogativa de la suplencia de la queja, puesto que no se actualiza hipótesis alguna de las previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo; de manera que el estudio se constreñirá a los términos en que fueron formulados. Es aplicable al caso, el criterio expuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, del número IV, Primera Parte, de julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables." Asimismo, previo al estudio de cada motivo de disenso, cabe hacer la indicación que los expuestos por la parte quejosa, en realidad se encuentran encaminados a controvertir únicamente el contenido de los artículos 838 y 839 de la Ley Adjetiva Civil en el Estado de Tlaxcala, no así los diversos 835, 836, 837 y 840 del mismo cuerpo de normas, puesto que su inconformidad la hace consistir en la circunstancia de que se han emitido actos privativos en su perjuicio materializados en el desahogo de una prueba testimonial -para tener por acreditada la posesión del actor interdictal- y un apercibimiento para no perturbar la posesión del bien que defiende su contraria, sin que se le haya otorgado la oportunidad de intervenir en esta etapa preliminar al emplazamiento, puesto que esto aconteció con posterioridad; hipótesis que encuadran en lo previsto por los numerales antes citados. En efecto, el quejoso no manifiesta inconformidad alguna en contra de los artículos 835 al 837, y 840 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que a la letra dicen: "Artículo 835.- Compete el interdicto de retener, al que estando en posesión civil o precaria de los bienes o derechos a que se refieren los artículos 827 y 828 es perturbado en dicha posesión o amenazado grave e ilegalmente de despojo por parte de un tercero. Artículo 836.- La acción interdictal de retener la posesión deberá ejercitarse en contra: 1, del perturbador; 2, de la persona que ordenó la perturbación; o 3, de quien a sabiendas y directamente se aprovecha de la perturbación. Artículo 837.- Puede también ejercitarse la acción interdictal de retener la posesión, en contra del sucesor o causahabiente de las personas a que se refiere el artículo anterior. Artículo 840.- La sentencia condenatoria dispondrá lo que corresponda, para que no se siga perturbando o amenazando al poseedor." Numerales, los tres primeros, que únicamente disponen a quién compete ejercer la acción interdictal de retener la posesión, y en contra de quien se puede entablar; y el último de ellos, establece los efectos de una eventual sentencia condenatoria. Así que, no obstante que dichos numerales fueron señalados como reclamados en la demanda de amparo, no serán materia de análisis constitucional, pues los conceptos de violación están encaminados a combatir únicamente el contenido de los ya indicados artículos 838 y 839 de la Ley Adjetiva Civil en el Estado de Tlaxcala; por lo que la presente resolución se centrará únicamente en el estudio de los citados ordinales. Precisado lo anterior, se procede a abordar el concepto de violación esgrimido en contra de la norma impugnada, identificado con el número 1), el cual se estima infundado. Al respecto, el quejoso adujo que se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues no se le permitió defenderse en la etapa previa a su emplazamiento a juicio, privándolo de su derecho de posesión. Así, el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del precepto constitucional transcrito se advierte que nadie puede ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Así, la garantía de audiencia consiste en otorgarle al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo -de la propiedad o posesión- y que se traduce en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior pone de manifiesto que la emisión de los actos materialmente jurisdiccionales o administrativos cuyo efecto es desincorporar algún derecho de la esfera jurídica de un gobernado debe estar precedida, necesariamente, de un procedimiento en el que se permita a éste desarrollar plenamente sus defensas; es decir, tratándose de actos de autoridad, jurisdiccional o administrativa, que tengan como consecuencia el menoscabo o supresión definitiva de algún derecho que asista a los gobernados, debe otorgarse a los interesados la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que consideren oportunas para su defensa, así como alegar lo que estimen pertinente. En esa tesitura, debe decirse que las formalidades esenciales del procedimiento implican escuchar plenamente al sujeto afectado, antes de la emisión de un acto privativo, y el citado precepto constitucional señala que este tipo de actos se podrán realizar mediante juicio en el que se cumplan esas formalidades, lo que lleva a concluir que estas últimas deben acontecer en el juicio y, por ende, el término -mediante- implica que el juicio debe ser previo a la privación. La interpretación que se ha expuesto en torno a la necesidad de otorgar garantía de audiencia antes de emitir un acto privativo de derechos, se confirma al ponderar el contenido del artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Debe observarse que el artículo en cuestión refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia, en el sentido de que un acto privativo de derechos sólo puede dictarse hasta que una persona sea oída con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable y por un juez o tribunal competente independiente o imparcial; replicando básicamente lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal al que se ha hecho referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo II, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1995, de rubro y texto siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Resulta pertinente señalar que el derecho fundamental de audiencia obliga, incluso, a que el Poder Legislativo consigne en las leyes que expida, los procedimientos necesarios para que las personas afectadas por un acto privativo de derechos tengan la oportunidad de defenderlos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos." (Jurisprudencia publicada en la página 305 del volumen 157-162 primera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Ahora, como puede advertirse de las consideraciones expuestas, para que la garantía de audiencia previa se requiera contra un acto de autoridad, es indispensable que éste tenga la naturaleza de un acto privativo, pues de lo contrario, el texto constitucional no requiere el otorgamiento de tal garantía, sino que supedita la constitucionalidad del acto reclamado a que se encuentre debidamente fundado y motivado, sin necesidad de que previamente se escuche a quien habrá de ser afectado. De ahí que, el aspecto medular para el análisis del motivo de disenso, estribe en establecer en primer lugar si en el caso estamos ante un acto privativo de derechos -fundamentales-, o ante un acto de molestia, pues ello determinará si su estudio tenga que hacerse a la luz del artículo 14 de la Constitución Federal o del 16 de la misma Carta Magna. En este tema, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los de molestia. Los actos privativos los considera como aquéllos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los que regula a través del cumplimiento de los requisitos establecidos en su artículo 14, esto es, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Mientras que los actos de molestia son aquéllos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los que deben observar lo dispuesto en su artículo 16, esto es, que preceda mandamiento escrito girado por autoridad competente, en el que funde y motive la causa legar del procedimiento. De manera que, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad, que es impugnado como un acto privativo, debe atenderse a la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad natural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 40/96, Novena Época, materia común, consultable en el Tomo IV, Julio de 1996, página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Expuesto lo anterior, tomando en consideración que el quejoso manifiesta que se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, pues no se le permitió defenderse en la etapa previa a su emplazamiento a juicio, privándolo de su derecho de posesión; a fin de determinar si efectivamente se trata de disposiciones privativas, es menester invocar el contenido de los artículos 838 y 839 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, los cuales a la letra dicen: "Artículo 838.- Al mandar emplazar al demandado, podrá el Juez ordenar las medidas necesarias, para que se mantengan las cosas en el estado en que se encontraban al presentarse la demanda. Artículo 839.- A falta de documentos ofrecerá el actor información supletoria de testigos; y, en todo caso, rendirá información sobre los dos puntos siguientes: I.- Que se halla en posesión del bien o derecho objeto del interdicto; y II.- Que se le ha perturbado o amenazado ilegalmente en dicha posesión, expresando en uno y otro caso cuáles son los actos que importen perturbación o amenaza." De los numerales transcritos se advierte que se otorga al juez la facultad para ordenar las medidas necesarias a fin de que las cosas se mantengan en el estado que guardaren al momento de presentarse la demanda de interdicto, lo cual debe entenderse como un término abstracto que corresponde al juzgador concretizar. Sin embargo, para ello presupone que el juez cuente con elementos para poder decretar la medida, como lo son la información de testigos que declaren sobre el hecho de que el promovente del interdicto se halle en posesión del bien o derecho y de que haya sido perturbado o amenazado en su posesión, precisando los actos de perturbación o amenaza. Aquí cabe hacer una reflexión más allá, por lo que para una mejor contextualización de los preceptos legales combatidos, es conveniente referir a la totalidad de los artículos que regulan el interdicto de retener la posesión (835 al 840 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala), de los cuales se desprende lo siguiente: a) Que el procedimiento inicia con la petición del afectado en el que solicita que se le retenga la posesión de la cosa o derecho. b) Que una vez recibida la demanda, se rendirá la información testimonial correspondiente, sin llamar a la parte demandada; lo que aplica para el caso de que el actor carezca de documento. c) Que el juzgador está facultado para dictar las medidas necesarias en función de la retención de la cosa o derecho. d) Después de todo lo anterior, el juzgador dispone el emplazamiento de la parte demandada. De lo anterior se desprende que, el procedimiento preliminar del que hablan los preceptos legales combatidos, en realidad constituye la base para la imposición de medidas que deben calificarse como cautelares, por cuanto constituyen providencias, las cuales no son actos privativos y, por tanto, no se rigen por el derecho fundamental de audiencia previa. En efecto, debe decirse que las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales, que se caracterizan por ser accesorias (porque no tienen como fin la privación de algún derecho) y sumarias (porque se tramitan en plazos breves), cuyo objeto es prever el peligro en la dilación, por lo que suplen interinamente la falta de una resolución, asegurando su eficacia; por tanto, su emisión no constituyen actos privativos, ya que sus efectos provisionales quedan sujetos a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, lo que presupone que el afectado haya tenido oportunidad de aportar pruebas para desvirtuar la pretensión. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de la Novena Época, materia constitucional y común, identificada con el número P./J. 21/98, contenida en el Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Por tanto, es evidente que los preceptos legales combatidos no establecen expresamente disposición alguna que disminuya, menoscabe o suprima definitivamente un derecho, antes bien sólo abre la posibilidad para que el juez del conocimiento ordene las providencias necesarias a fin de que no se altere el estado que presentaren las cosas a la fecha de presentación de la demanda, esto es, para garantizar el derecho que el promovente del interdicto haya estimado que puede sufrir un menoscabo. De ahí que se estime que el numeral antes referido, per se, no ordena un acto privativo, sino más bien otorga la posibilidad para que el órgano jurisdiccional emita un acto restrictivo, provisional, con el objeto de proteger el bien jurídico tutelado -posesión-. Hecha la indicación anterior, partiendo de la base de que las normas tachadas de inconstitucionales establecen un procedimiento previo al emplazamiento, que no conllevan a un acto privativo, es evidente que no pueden estudiarse a la luz del artículo 14 de la Constitución Federal, que prevé el respeto al derecho de audiencia previa, si se pondera que éste sólo regula los actos privativos (estableciendo una serie de requisitos para que estos puedan autorizarse), no así de molestia. De ahí que, el concepto de violación estudiado resulte infundado, pues es evidente que los artículos 838 y 839 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en realidad prevén un procedimiento para la imposición de medidas cautelares, las cuales por su naturaleza accesoria y provisional, no requieren otorgar al afectado la oportunidad de defenderse. No pasa inadvertido que la parte quejosa en su demanda de amparo haya invocado la jurisprudencia número VI. 2º.C. J/251, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "INTERDICTO PARA RETENER LA POSESIÓN. LOS ARTÍCULOS 813 Y 814 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO, QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Así como el diverso criterio aislado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a. XIV/2002, cuyo título es: "INTERDICTO PARA RECUPERAR LA POSESIÓN. LOS ARTÍCULOS 601 Y 603 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; y de igual forma, la otrora tesis aislada de la entonces Cuarta Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "INTERDICTOS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL CAPITULO QUE LOS ESTABLECE EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS." Sin embargo, el que resuelve no considera que en el caso sean aplicables, pues en principio, no se comparte el criterio que sostienen, si se pondera que el análisis que se hizo a los artículos 601 y 603 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, y 813 y 814 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla -abrogado-, no se efectuó bajo la perspectiva de que las medidas que puede decretar el juzgador para mantener las cosas en el estado en que se encontraren, en realidad se trata de medidas cautelares, las cuales constituyen únicamente actos de molestia, no así actos privativos. Por lo que se considera erróneo que a pesar de esta circunstancia, los preceptos legales antes invocados se hayan analizado a la luz del derecho fundamental de audiencia previa, contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, y no así conforme lo exigido por el diverso 16 Constitucional. Además de que los criterios invocados son coincidentes en sostener que la reglamentación legislativa cuestionada coloca al afectado en un estado de indefensión al permitir que previo a su emplazamiento puedan desahogarse pruebas tendientes a obtener que el promovente sea mantenido en la posesión de algún bien o derecho, y con base en ello se dicten medidas que se traducen en actos privativos de la posesión que se reclama. Empero, pasa por alto que los interdictos, ya sea de retener o recuperar la posesión, no tienen como finalidad el decidir de una forma definitiva sobre el mejor derecho a poseer, sino sólo de proteger la posesión interina del promovente, de una forma momentánea y actual, para estar en posibilidad de que posteriormente, con la sentencia judicial que se obtenga en el interdicto, pueda discutirse la posesión definitiva en el juicio plenario correspondiente, e inclusive la propiedad en el reivindicatorio, por lo que incluso en estas últimas contiendas los fallos que en definitiva se dictan en los interdictos, no pueden invocarse como cosa juzgada. Lo anterior, con base en la tesis aislada emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, materia civil, contenida en el Volumen 42, Cuarta Parte, página 75, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERDICTOS, NATURALEZA DE LOS. Los interdictos no preocupan cuestiones de propiedad y de posesión definitiva, sino sólo de posesión interina; pero esta preocupación no es el medio sino el fin de los interdictos. O dicho de otro modo: a lo que todo interdicto tiende es a proteger la posesión interina del promovente, bien que se trate de adquirir, de retener o de recuperar tal posesión, puesto que su real y positiva finalidad no es resolver en definitiva acerca de la posesión a favor del que obtiene el interdicto, sino sólo momentánea, actual e interinamente, dado que después de la protección así obtenida mediante sentencia judicial, puede muy bien discutirse la posesión definitiva en el juicio plenario correspondiente, e inclusive la propiedad en el reivindicatorio, sin que en forma alguna la resolución interdictal pueda invocarse en estos juicios con autoridad de cosa juzgada. Por lo que, al tratarse el primer criterio invocado por la parte quejosa, de una jurisprudencia emitida por un Tribunal Colegiado de otro Circuito, y los restantes, únicamente de criterios aislados, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no constriñe a este juzgador de amparo a observarlos. Por otra parte, respecto al argumento del quejoso consistente en que la norma viola lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Federal, al no observar el derecho pro homine, pues restringe injustificadamente el derecho a recurrir o defenderse dentro de la etapa previa al emplazamiento; también resulta infundado. Recuérdese que este principio fue incorporado al texto vigente del artículo 1° de la Constitución Federal, por virtud de la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, el cual proviene de dos fuentes medulares: 1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, y 2) todos los derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De manera que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de estas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear todo el orden jurídico y obligar a todas las autoridades a su aplicación e interpretación. Sin embargo, ello no debe entenderse en el sentido de que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni aún bajo el argumento de que se establezca una interpretación más amplia o extensiva, ya que el principio pro persona no puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de la Décima Época, materias constitucional y común, número 1a./J. 104/2013 (10a.), contenida en el Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Ahora, como ya se adelantaba, la parte quejosa alega que se transgrede en su perjuicio el principio pro persona, al no habérsele dado la oportunidad de intervenir en el procedimiento previo a su emplazamiento en el interdicto de origen, a fin de poder defenderse. Sin embargo, partiendo de la premisa de que conforme tal principio constitucional sólo se exige que su interpretación se realice en los términos más favorables a las personas, de manera que se busque beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, operando como criterio para determinar el fundamento, alcances, regulación y límites de los derechos humanos de cada una, según se encuentren en juego en un asunto; luego, no tiene el alcance de traducirse en una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento de las reglas de derechos aplicables, llámense formalidades, requisitos de admisibilidad o procedibilidad de diversas figuras jurídicas. Así, no es admisible que so pretexto del principio pro persona el quejoso argumente que se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, por no habérsele permitido intervenir en su defensa en el procedimiento previo a su emplazamiento a juicio, pues conforme el estudio realizado del primer concepto de violación, ha quedado claro que la norma constitucional combatida no puede estudiarse a la luz de tal prerrogativa prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, por cuanto al ser una medida cautelar, no puede considerársele como un acto privativo, sino únicamente un acto de molestia. En efecto, al tratarse de un acto de molestia, su control de constitucionalidad sólo se encuentra sujeto a la verificación de los requisitos del artículo 16 Constitucional, que en el caso son que preceda un mandamiento escrito girado por una autoridad competente para ello, en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo que si se considera que el principio pro persona no implica la obligación para que la autoridad resuelva favorables las pretensiones de la parte que lo invoque, así como que pase por alto el cumplimiento de las reglas de derechos aplicables; por tanto, no debe soslayarse que las normas combatidas, al tratarse de actos de molestia, no pueden estudiarse desde la perspectiva del derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 Constitucional, pues se insiste que su contenido sólo aplica para actos privativos. De manera que ni aun aplicándose tal principio constitucional, podría abordarse el estudio de los preceptos legales cuestionados de la manera como lo pretende la parte quejosa. De lo que se sigue, que su concepto de violación deviene infundado. Por otra parte, también resulta infundado el concepto de violación identificado con el inciso 2), esgrimido en contra de la ley impugnada. Al respecto, el quejoso aduce que se infringe el principio de igualdad de las partes dentro de un procedimiento, para que ambas sean oídas en igualdad de condiciones; ello, pues considera que debió dársele oportunidad para intervenir en el desahogo de la información testimonial desahogada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, previo a que se hubiera emitido el apercibimiento decretado en su contra, que considera le priva de su posesión. Para abordar el motivo de disenso referido, resulta imperante referir a los razonamientos vertidos en el estudio del primer concepto de violación, pues la pretendida transgresión al principio de igualdad, descansa en el argumento de que debió dársele al quejoso intervención en el procedimiento desahogado previo a su emplazamiento a juicio, esto es, durante el desahogo de la información testimonial de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, y que derivó en que en auto de tres de julio siguiente, se le apercibiera para que se abstuviera de perturbar la posesión del bien inmueble materia de la litis. De lo que se sigue que su argumento atañe a la violación a la garantía del debido procesal legal, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal (dentro de la cual se encuentra inmerso el principio de igualdad ante la ley), la cual, al igual que el principio fundamental de audiencia previa, sólo opera en tratándose de actos privativos, lo cual en el caso no acontece, pues se ha dejado claro que el procedimiento previsto en los artículos 838 y 839 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en realidad se trata de medidas cautelares, las cuales por su naturaleza, sólo tienen el carácter de accesorias y provisionales, constituyendo actos de molestia. Lo que conduce a sostener que, por mayoría de razón, conforme a los razonamientos vertidos en el estudio del primer concepto de violación, no asiste razón al peticionario del amparo, pues para el control constitucional de los numerales combatidos debe atenderse a la observancia de la garantía de seguridad jurídica, esto es, de los requisitos exigidos por el artículo 16 Constitucional, relativos a la fundamentación y motivación, y no así a lo regulado por el diverso 14 de la Constitución Federal. Apoya tal consideración la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, materia común, visible en el Volumen 81, Tercera Parte, página 15, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURIDICA, GARANTIAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCION. ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional. De ahí que, el concepto de violación esgrimido por el quejoso también resulte infundado. Ahora, dado que hasta aquí se han estudiado todos los conceptos de violación que la parte quejosa formuló en contra del Decreto número Ciento Sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, exclusivamente por lo que hace a la Sección Segunda, del Título Tercero, artículos 835 a 840, relativos al Interdicto de retener la posesión, por considerarla inconstitucional, y toda vez que todos resultaron infundados. Por tanto, ello pone de manifiesto la constitucionalidad del referido Decreto, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en sus numerales 838 y 839, pues, como ha quedado asentado, su control constitucional debe efectuarse conforme a la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, no así acorde al principio fundamental de audiencia previa establecido en el diverso 14 Constituciónal, ya que dichos ordinales prevén el procedimiento para la imposición de medidas cautelares a la parte enjuiciada, a fin de preservar la posesión que reclama el promovente de un interdicto de retener la posesión, durante el tiempo en el que dure el procedimiento respectivo, providencias que no ameritan el otorgar a la parte demandada el derecho de audiencia previa, por cuanto no constituyen un acto privativo, sino únicamente de molestia. Por todo lo anteriormente expuesto, es procedente negar el amparo solicitado por la parte quejosa respecto a la aprobación, sanción y promulgación del Decreto número Ciento sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, exclusivamente por lo que hace a la Sección Segunda, del Título Tercero, artículos 835 a 840, relativos al Interdicto de retener la posesión. En esa virtud, partiendo de la base de que la norma reclamada -en los preceptos legales ya referidos- sí es constitucional, y en virtud de que, a diferencia de los motivos de inconformidad ya estudiados, en el concepto de violación que a continuación se indica, el peticionario del amparo controvierte los actos de aplicación de la norma impugnada, de los cuales, se debe atender al primero de ellos, el cual lo constituye el auto de tres de julio de dos mil dieciocho. Lo que se afirma así, si se pondera que fue en esta actuación en la que se materializaron las disposiciones legales combatidas, pues se concretizaron con un acto de molestia consistente en el apercibimiento decretado en su contra para que se abstuviera de perturbar la posesión del promovente del interdicto respecto del bien inmueble materia de la litis. En consecuencia se procede a su estudio como acto reclamado independiente. Sin que en el caso, haya lugar al estudio del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho y de la diligencia del veinticinco de junio del mismo año, como actos de aplicación, pues en la parte inicial del estudio de la ley reclamada, se hizo la precisión que únicamente se procedería al análisis de la constitucionalidad del Código de Procedimientos Civiles, en sus artículos 838 y 839 (los cuales prevén la imposición de medidas -cautelares-, para preservar la posesión que defiende el promovente del interdicto), no así de los diversos 835, 836, 837 y 840, toda vez que la parte quejosa no formuló conceptos de violación encaminados a combatirlos, siendo que regulan aspectos del interdicto de retener la posesión relativos a las personas facultadas para promoverlo y en contra de las cuales se puede dirigir la acción, asi como los efectos de una eventual sentencia condenatoria. Por tanto, al no versar las actuaciones citadas sobre hipótesis contenidas en los últimos preceptos legales invocados, se insiste, que sólo se estudiará el auto de tres de julio de dos mil dieciocho, como primer acto de aplicación. ESTUDIO DEL ACTO DE APLICACIÓN. Respecto al concepto de violación identificado con el inciso 1), se considera infundado por mayoría de razón, puesto que el argumento en el que se basa estriba en que se viola el artículo 14 Contitucional, puesto que no se le dio la oportunidad de ser oído y vencido en el procedimiento de origen. Sin embargo, debe decirse que tal cuestión ya fue abordada al estudiar el primer motivo de inconformidad esgrimido en contra de la norma que se tachó de inconstitucional, en el que se dejó precisado que la imposición de medidas -cautelares- para asegurar la posesión del bien inmueble que se defiende en el interdicto de origen, no debe observar los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Constitución Federal, en el cual se enmarca el derecho fundamental de audiencia previa, por cuanto no constituye un acto privativo, sino únicamente las condiciones requeridas por el diverso 16 Constitucional, al tratarse sólo de un acto de molestia. Asimismo, el concepto de violación identificado con el número 2), se califica de inoperante. En este punto, el quejoso aduce que se transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que no se respetó el principio de legalidad, en cuanto al debido proceso, al habérsele sometido a la tramitación de un interdicto de retener la posesión sin causa que lo motive. Para sostener la afirmación de inoperancia del concepto de violación en estudio, es conveniente destacar que para los casos en que no opera la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia -como en la especie-, los conceptos de violación deben exponerse de manera que controviertan los razonamientos sustentados por la autoridad que emitió el acto que se estime trasgrede los derechos esenciales. No se soslaya que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, pues ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, si se toma en consideración que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Adicionalmente, conviene precisar que la inoperancia de los conceptos de violación se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado; impedimento que puede derivar, entre otros, de los supuestos que se precisan a continuación: Ante la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; Ante la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; Para el caso de existir expresión de agravios, su formulación material resulte incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: Por no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; Por introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, En caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; Ante la existencia de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. En el caso, la inoperancia de este segundo concepto de violación estriba en que esta autoridad federal se encuentra imposibilitada para abordarlo, toda vez que sus argumentos atañen al estudio de fondo de la controversia de origen. Cierto, el quejoso aduce que se la ha sometido al trámite del procedimiento de un interdicto de retener la posesión, sin que exista causa que lo motive, aspecto que indudablemente conlleva al estudio de la relación sustancial planteada en la litis primigenia, que únicamente puede ser dirimida por el juzgador natural, al tratarse de un controversia del orden civil; por lo que constituye un impedimento técnico para que esta autoridad federal pueda emprender su estudio en el presente juicio de amparo. De ahí que el motivo de disenso planteado por la parte quejosa sea inoperante. Por otra parte, el concepto de violación identificado con el número 3), según el cual el quejoso alega que el acto de aplicación no se encuentra fundado ni motivado, se califica de infundado por las razones que a continuación se esgrimirán. Para el estudio respectivo es menester invocar el contenido del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, mismo que a la letra dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De ese numeral se desprende el principio de legalidad que debe imperar en todo acto de molestia, dentro del cual queda comprendida la obligación consistente en que todo acto de autoridad esté suficientemente fundado y motivado. Al respecto, se ha sostenido reiteradamente que la fundamentación consiste en que la autoridad emisora del acto exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso en concreto, mientras que la motivación implica el deber de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, para que ésta sea correcta, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así, para estimar que un acto de autoridad se encuentra fundado y motivado, la autoridad debe citar los preceptos que estima aplicables, y expresar las razones por las que considera que los hechos que imperan se ajustan a la hipótesis normativa del artículo, pues de lo contrario, el gobernado desconocerá los motivos que impulsan a una autoridad de actuar de una manera y no de otra, viéndose disminuida así la certeza jurídica que, por mandato constitucional, le asiste. No obstante, en el caso de resoluciones de carácter jurisdiccional, el requisito de fundamentación se cumple si los razonamientos vertidos se ajustan a la hipótesis de las disposiciones normativas que resulten aplicables al caso concreto, cuando no se invoquen los preceptos específicamente aplicados, si del contenido de la resolución se advierte claramente cuáles son los artículos que se están aplicando, ya que, a diferencia de lo que ocurre con los actos administrativos, el dictado de resoluciones judiciales está precedido por un proceso, y la sentencia, como acto decisorio, tiene como finalidad resolver lo puntos concretos sobre los que versa la litis, por lo que en tal caso puede justificarse que no se haya citado la norma concreta. Sirven de sustento a las consideraciones expuestas la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143 del tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Ahora, el acuerdo reclamado, en la parte que interesa, es del tenor siguiente: "Agréguese a sus autos con el escrito ********************, CON EL CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA SEÑORA ********************, sin anexos, recibido el día veintiséis de junio del año en curso, registrado en el libro de correspondencia y se lleva en este Juzgado con el número 4862, visto su contenido SE ACUERDA: Téngase por recibido el escrito y dando cumplimiento al auto de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciocho, se agrega los autos su escrito de cuenta, en consecuencia, y con fundamento en los artículos 93, 797, 798, 801, 802, 806, 808 y 913 de la Ley Adjetiva Civil, se dicta auto de mandamiento en forma y se ordena emplazar a los demandados ********************, quienes tienen su domicilio para ser debidamente emplazados (.); para tal efecto, se faculta al Diligenciario Non Adscrito a este Juzgado para que se constituya en el domicilio de los demandados, y les corra traslado para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contesten la demanda instaurada en su contra a partir del día siguiente de dicho emplazamiento y señalen domicilio para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se les harán mediante cédula que se fije en los estrados de este Juzgado, apercibiendo a los demandados se abstengan de perturbar la posesión de bien inmueble materia de este juicio (.)" Asimismo, toda vez que el auto anterior hace referencia al diverso de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, resulta conveniente transcribir su contenido en la parte relativa, el cual dice: ".se tiene por presente a ********************, en su carácter de Apoderado Legal de la C. ********************, (.) promoviendo JUICIO DE INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN, respecto de dos fracciones del bien inmueble (.); en consecuencia con apoyo en lo dispuesto por los Artículos 93, 797, 798, 801, 802 y 806 del Código Procesal Civil; se admite dicha demanda y se ordena la tramitación del Juicio citado; por otra parte, en términos del artículo 839 fracciones I y II del Ordenamiento multicitado, se fijan LAS ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la Prueba Testimonial que ofrece la promovente (.), hecho lo anterior se ordenará el emplazamiento respectivo; una vez que se desahogue la información testimonial y a petición de parte, se proveerá la sustanciación de la demanda planteada; por cuanto hace a la medida provisional que solicita y a las pruebas que se presenta se le hace saber a el ocursante que por el momento no ha lugar de acordar lo solicitado hasta en tanto se dé cumplimiento a lo anteriormente acordado y hecho lo anterior y a petición se acordará lo que en derecho corresponda." Así, del primer auto transcrito, en la parte relativa a la imposición de la medida consistente en abstenerse de perturbar la posesión del bien inmueble materia del juicio, a cargo del allá demandado (quejoso), se advierte que si bien no se citó precepto legal alguno previo a ordenarla; empero, tal omisión no puede calificarse como una falta de fundamentación. En efecto, como ya se indicaba en párrafos que anteceden, debe considerarse que en tratándose de resoluciones jurisdiccionales, se entiende cumplido el deber de fundamentar, cuando los razonamientos vertidos se ajustan a la hipótesis de las disposiciones normativas que resulten aplicables al caso concreto; si se pondera que aquéllas están precedidas por un proceso. Por lo que, bajo esa premisa, en la especie, se considera que el auto de tres de julio de dos mil dieciocho, sí se encuentra fundado, pues aun cuando no se invocaron textualmente los preceptos legales aplicados, de su contenido sí se advierte claramente cuáles fueron los que se aplicaron. Se afirma lo anterior, puesto que el auto reclamado debe analizarse en su contexto, en relación con el diverso de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, siendo que se emitió en respuesta al escrito presentado por la parte tercera interesada (actora a través de su apoderado), en el que solicitó que se proveyera sobre la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda; por lo que en el inicio de su redacción refirió que se le tenía dando cumplimiento al auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (en el que se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha y hora para la recepción de la información testimonial y determinó proveer respecto a la medida provisional solicitada, hasta en tanto se desahogara lo anterior). De manera que, la imposición de la medida cautelar en el auto de tres de julio de dos mil dieciocho, obedeció a que previo a ello, en diligencia de veinticinco de junio anterior, ya se había desahogado la información testimonial ordenada en auto de veinticuatro de mayo del mismo año. Por lo que es evidente que, en la especie, se aplicaron las disposiciones normativas contenidas en los artículos 838 y 839 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en los que precisamente se prevé la posibilidad de que el promovente del interdicto rinda información testimonial acerca de la persona que se halla en posesión del bien inmueble y de los actos que importen perturbación o amenaza, así como de que el juzgador ordene las medidas necesarias para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraren al momento de la presentación de la demanda, lo que en el caso se actualizó con una apercibimiento al quejoso para no perturbar la posesión que defiende su contraria en el juicio de origen. De ahí que, se concluya que el acto de aplicación combatido sí se encuentra fundado. Asimismo, considerando que en el caso se aplicaron los artículos 838 y 839 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, se advierte que el auto de tres de julio de dos mil dieciocho, sí se encuentra motivado. Ello pues, en la parte que interesa, el juez de origen impuso a los demandados (entre ellos el quejoso) un apercibimiento para que se abstuvieran de perturbar la posesión del bien inmueble materia de la litis primigenia, determinación que encuadra en la hipótesis contenida en el ya citado artículo 838 de la Ley Adjetiva Civil del Estado. Así es, conforme a dicho numeral, el juzgador del conocimiento tiene la facultad para ordenar las medidas que considere convenientes a fin de procurar que las cosas se mantengan en el mismo estado en que se encontraren al momento de la presentación de la demanda, lo cual, en el caso, se tradujo en el apercibimiento decretado en contra del quejoso, para que se abstuviera de molestar la posesión que defiende el promovente del interdicto, advertencia que se realizó con el fin de preservar la materia de la litis primigenia. Por lo que si se considera que la motivación consiste en expresar las razones por las que considera que los hechos que imperan se ajustan a la hipótesis normativa del artículo, en el caso, es claro que el auto reclamado sí se encuentra motivado, pues previo a la imposición de la medida cautelar, tuvo por cumplido lo señalado en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, que ordenó el desahogo de la información testimonial acerca de la persona que se hallaba en posesión del bien inmueble y de los actos que importaban perturbación o amenaza. Actuación que constituyó la base para que el juez natural dictara la medida cautelar de que se trata, la cual sin duda se encuentra inmersa en la facultad conferida al juzgador prevista en el artículo 838 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por lo que se insiste, que la determinación reclamada sí está motivada, por cuanto se actualizó la hipótesis normativa contenida en el precepto legal antes invocado. Así, se concluye que es infundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, pues, contrariamente a lo que manifiesta, la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada. Por lo que una vez agotado el estudio de todos los motivos de disenso invocados por la parte quejosa en contra del acto de aplicación, se procede a decidir la presente litis constitucional. DECISIÓN. En las relatadas circunstancias, toda vez que el Secretario de Acuerdos de los expedientes nones del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, no actuó como autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de la intervención reclamada a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Asimismo, dada la ausencia de conceptos de violación respecto de las órdenes de publicación y circulación, así como la publicación del Decreto número Ciento sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en específico los artículos 835 al 840, que se reclamó al Gobernador y Oficial Mayor de Gobierno, en su carácter de Director del Periódico Oficial del Gobierno, ambos del Estado de Tlaxcala, se debe sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. De igual forma, toda vez que fueron infundados los conceptos de violación esgrimidos en contra del Decreto número Ciento Sesenta, de trece de noviembre de mil novecientos ochenta, por el que se expidió el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, exclusivamente por lo que hace a la Sección Segunda, del Título Tercero, artículos 838 y 839, relativos al Interdicto de retener la posesión, se sostiene que el mismo, en los preceptos legales ya indicados, es constitucional, siendo procedente negar el amparo solicitado contra dicha norma general, si se pondera que al no prever la imposición de actos privativos, no se rige conforme al derecho fundamental de audiencia previa previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Finalmente, al haber resultado infundados dos de los conceptos de violación expuestos por el quejoso en contra del acto de aplicación de la norma tachada de inconstitucional, y uno de ellos inoperante, se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del mismo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de la autoridad y acto reclamado, señalados en el punto VIII de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************respecto de la norma general reclamada y su acto de aplicación, conforme a lo señalado en los considerandos X y XI.
- Incidental
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que Nicolás Santacruz Moreno, no dio cumplimiento a lo ordenado en la interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 36 a 43), esto es, exhibir la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, como garantía para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva. Deja de surtir efectos suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa en interlocutoria de cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 36 a 43). Por tanto, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el disconforme está en aptitud de exhibir la garantía exigida en el presente incidente de suspensión mientras no se ejecute el acto reclamado y no cause ejecutoria la sentencia dictada en el expediente principal.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio número 401-T-DGAJ-DGAGPL-DG-1662-2019, signado por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales, de la Tesorería de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que acusa recibo del oficio 1362/2019, mediante el cual se le remitió el billete de depósito número N171523, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., que sirvió para garantizar la suspensión definitiva concedida a la quejosa Julia Barranco Barranco. Asimismo, comunica que su importe fue concentrado en la cuenta de la Tesorería de la Federación; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.
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