Nicolás Santacruz Moreno
Expediente 566/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Nicolás Santacruz Moreno
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo de los autos originales del toca penal 36/2019 de su índice y del proceso 336/2018, que refiere.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, quince de julio de dos mil diecinueve. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de junio del año en curso (fojas 37 a 44), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Nicolás Santacruz Moreno. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al presente juicio de amparo, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse los autos originales del proceso penal 336/2018 y toca penal 36/2019-3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, los cuales obran por separado al expediente que se actúa, y que remitió dicha autoridad en su informe justificado, rendido al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintisiete de junio de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Radicación de demanda de amparo. Visto el oficio de cuenta remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al que se adjuntó los autos del juicio de amparo directo 459/2019 promovido por Nicolás Santacruz Moreno, contra actos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Diligenciario adscrito a la misma autoridad; del que se advierte que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito el trece de junio del año en curso, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda constitucional planteada ante él. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 566/2019-VII. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, visto el escrito de demanda que promueve Nicolás Santacruz Moreno, contra actos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Diligenciario adscrito a la misma autoridad, en la que señaló como actos reclamados: ".Respecto de la responsable ordenadora señores Magistrados integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, les reclamo: a).- La ejecutoria emitida con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, pero fechada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, misma que me fue notificada el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dentro del Toca 36/2019. b).- La tramitación del recurso de apelación interpuesto por GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO, en su sedicente carácter de representante de la supuesta agraviada en la causa penal de origen, sin considerar que la Representación Social era la única instancia autorizada para interponer dicho recurso, conforme a las normas del Sistema Penal Mixto o tradicional. c).- La indebida suplencia de la queja en favor de la supuesta agraviada HORTENCIA SÁNCHEZ VILLALBA, en perjuicio del suscrito. d).- La orden de reponer el procedimiento ante supuestas violaciones al procedimiento en agravio exclusivo de la parte agraviada HORTENCIA SÁNCHEZ VILLALBA. e).- La violación sistemática de mis derechos humanos, concretada a través de la ejecutoria que se impugna por esta vía. g).- Colocar al suscrito en estado de indefensión al aplicar normas y criterios distintos a los que rigen el sistema penal mixto, en el cual he sido arduamente juzgado y aplicar en mi contra normas y facultades concedidas a mi contra parte exclusivamente en el actual sistema penal acusatorio. De la responsable ejecutora, C. Diligenciario adscrito a la responsable ordenadora, le reclamo la notificación efectuada el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, respecto de la ejecutoria emitida con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, fechada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dentro del Toca 36/2019." Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, y de acuerdo a lo manifestado por la promovente del amparo, este juzgador estima procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el siguiente criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2001, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."(Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Lo anterior tiene como sustento, que la parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad en el capítulo V, lo siguiente: "V. LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO EL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO O AQUÉLLA EN QUE HUBIESE TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO; La ejecutoria emitida dentro del Toca 36/2019, por los señores Magistrados integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, fechada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, me fue notificada el dieciséis de abril de dos mil diecinueve." En virtud de lo anterior, se advierte, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora bien, conviene recordar que el acto que se reclama consiste en la ejecutoria emitida con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, y como consecuencia de ésta los demás actos señalados. Acto del cual, bajo protesta de decir verdad, la parte promovente refirió haber sido notificado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve; y que de conformidad con la legislación que rige el acto reclamado -Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala-, establece en su artículo 538 "Los términos empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente.", en ese sentido, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente hábil, en términos del citado numeral 18 de la Ley de Amparo, esto es, el veintidós de abril de dos mil diecinueve y feneció el trece de mayo del año en curso, sin contar los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril, así como uno, cuatro, cinco, once y doce de mayo, por ser inhábiles, como se esquematiza en el siguiente cuadro: ABRIL 2019 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 16 Notifican acto reclamado 17 Día inhábil 18 Día inhábil 19 Día inhábil 20 Día inhábil 21 Día inhábil 22 Día uno 23 Día dos 24 Día tres 25 Día cuatro 26 Día cinco 27 Día inhábil 28 Día inhábil 29 Día seis 30 Día siete MAYO 2019 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 Día inhábil 2 Día ocho 3 Día nueve 4 Día inhábil 5 Día inhábil 6 Día diez 7 Día once 8 Día doce 9 Día trece 10 Día catorce 11 Día inhábil 12 Día inhábil 13 Día quince Fin de plazo 14 Presentación de demanda Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veintidós de abril al trece de mayo de dos mil diecinueve, y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la autoridad responsable hasta el catorce de mayo de dos mil diecinueve, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, e incluso, de la certificación realizada por la responsable; debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo; pues es evidente que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar los actos que reclama. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de la materia; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos. Constancias. En cuanto a los anexos que adjunta la superioridad, guárdense como anexos por separado en la secretaría de este juzgado, para un mejor manejo del expediente. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, el ubicado en la casa macada con el número novecientos catorce letra A, de la Avenida Moctezuma Sur, de Apizaco, Tlaxcala, teniéndose como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Pedro Macías García y Roberto Pérez Lara, por así haberlo solicitado la parte promovente. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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