Nicolás Romero Barrios

Expediente 459/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
459/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Nicolás Romero Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo de quince días, contra el acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Devolución de disco óptico Ahora bien, se advierte que existe un disco óptico que contiene registro de las audiencias de formulación de imputación inicial, ampliación de término constitucional y dos audiencias intermedias de veintiuno y veintiséis de febrero, treinta y uno de mayo y siete de junio de dos mil veintidós, en formato PDF, deducida en la causa penal ********************; consecuentemente, devuélvase a la autoridad responsable 2. Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, el disco óptico que en su momento remitió como justificación a su informe. Anotaciones Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino Al tratarse de un asunto en el que se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción III, inciso a) del numeral 17 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena la conservación integral de este expediente. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 17 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la conservación integral de este expediente, siguiendo los lineamientos establecidos. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Ley de Transparencia Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y debido a que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. DESTINO Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la conservación integra del incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General. Transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la conservación integra del presente expediente. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el precepto citado. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos -sin mayor proveer- el oficio y anexo de cuenta, signado por el 1. Presidente de la Cuarta Sala Penal Unitaria, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; lo anterior, debido a que en proveído emitido el treinta y uno de mayo del año en curso, se recibió aquél vía correo electrónico , acordándose lo conducente. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las partes, no desahogaron la vista otorgada en auto de treinta y uno de mayo del año en curso, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de la autoridad responsable. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el invocado artículo 196 de la Ley de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós, emitida por este órgano jurisdiccional, se determinó amparar a la parte quejosa; sin embargo, las partes terceras interesas interpusieron recurso de revisión 46/2023, mismo que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en sesión de diez de mayo de dos mil veintidós, determinando lo siguiente: "RESUELVE: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Nicolás Romero Barrios, contra los actos reclamados y autoridad responsable que fueron motivo de estudio en el considerando sexto de esta resolución, para los efectos precisados en la última parte del último considerando de la presente ejecutoria de amparo". En esa tesitura, concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: "(.) En esa virtud, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable realice lo siguiente: a) Revoque el auto de vinculación a proceso apelado, emitido en la causa penal de origen; b) En su lugar, emita otra sentencia basada en las consideraciones sostenidas en esta ejecutoria, y que determine que los datos de prueba enunciados por el representante social, no son aptos ni suficientes para tener por establecida la existencia del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto en los artículos 404 y 404 Bis, fracciones I y II; y sancionado por el diverso 405, tercer párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca; por tanto, dicte auto de no vinculación a proceso." El dieciocho de mayo de dos mil veintitrés se requirió a las responsables el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata y en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, se ordenó dar vista a las partes, con las documentales remitidas por la autoridad responsable 1. Presidente de la Cuarta Sala Penal Unitaria, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna no obstante de encontrarse debidamente notificadas. Ahora bien, del examen de las documentales a que se ha hecho referencia de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, que tienen valor probatorio pleno, se advierte que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, en la resolución de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el toca de apelación JOTPAI/06/2022, de su índice, llevó a cabo lo siguiente: a) Dejó insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós dictada en el aludido toca penal de su índice; y, b) Siguiendo las consideraciones sostenidas en la ejecutoria de que se trata, concluyó que los datos de prueba enunciados por el representante social, no son aptos ni sufrientes para tener establecida la existencia del hecho que ley señala como delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404 y 44 Bis, fracciones I y II, y sancionado por el diverso 405, tercer párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que se dijo cometió en agravio de Roxana Ortiz Sulbaran; por tanto, revocó el auto de vinculación a proceso apelado, y dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Nicolás Romero Barrios (aquí quejoso), por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar citado. En consecuencia, se estima que el fallo protector ha quedado cumplido, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al Fiscal de la Federación adscrito y tercero interesada ******************** por oficio a las demás partes.

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