Nicasia Hernandez Leyva
Expediente 160/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nicasia Hernandez Leyva
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de mayo del dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha veintitrés de abril del año en curso (fojas 71 a 73), por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca. Ahora, advirtiéndose de las documentales certificadas que la autoridad judicial adjuntó a su informe justificado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de garantías, se advierte que la quejosa Nicasia Hernández Leyva, por propio derecho, reclamó substancialmente del Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, la negativa por parte de la responsable a resolver el recurso de revisión de los actos de ejecución del Actuario, interpuesto por la empresa GASOLINERÍA TRANSOCEÁNICA, S.A. DE C.V., de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, en el expediente laboral número 192/2011. En tanto que de las aludidas constancias certificadas que el representante social remitió, a las que por tratarse de documentales públicas, se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que con fecha quince de abril del año en curso (fojas 64 a 68), resolvió el recurso de revisión interpuesto por la empresa Gasolinería Transoceánica, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que declaró improcedente dicho recurso, planteado en contra actos del Actuario, de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, notificándolo a la parte aquí quejosa el veintiuno siguiente (foja 69). En consecuencia, toda vez que la Junta responsable, a la fecha ya resolvió el recurso de revisión cuya omisión es materia del acto reclamado, por tal razón, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, aunque el acuerdo cuya omisión se ataca esté fechado con posterioridad a la demanda; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página trescientos trece, del tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por NICASIA HERNÁNDEZ LEYVA, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "IV. ACTO RECLAMADO. La negativa de la autoridad responsable a resolver el recurso de revisión de los actos de ejecución del C. Actuario, interpuesto por la empresa GASOLINERA TRANSOCEÁNICA, S.A. DE C.V.; de fecha 28 de agosto del año 2014, en el expediente laboral No. 192/2011. (SIC)". Con fundamento en los artículos 103, fracción I, VII, XV, de la Constitución Federal; 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad señaladas como responsable, a quien se solicita que al rendirlo lo haga dentro del término de quince días siguientes a su legal notificación. Con apoyo en lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo se solicita a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado: a) acompañe las constancias que guarden relación con el acto reclamado siendo necesarias para la resolución del asunto; b) que las copias que anexe sean íntegras y legibles; y, c) informe las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Con apercibimiento que de no rendir su informe justificado, de no acompañar las constancias relativas, y no informe las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se les impondrá, en su caso, una multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, equivalente a cien días de salario calculados sobre el mínimo en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad responsable; se le tendrá aquí como inexistente, no se le dirigirá comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su ocurso constitucional y como autorizado para tales efectos a las personas que precisa. Con apoyo en el numeral 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Gasolinera Transocéanica, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien la represente; en consecuencia, se comisiona al actuario adscrito, para que con una copia simple de la demanda y copia autorizada de este proveído, emplace y corra traslado a dicha persona moral tercera interesada, para que si a sus intereses conviene se apersone a este juicio de garantías; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y la aperciba que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que se exhiben junto con la demanda, las que se desahogan dada su especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Finamente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) el derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese y cúmplase. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por NICASIA HERNÁNDEZ LEYVA, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "IV. ACTO RECLAMADO. La negativa de la autoridad responsable a resolver el recurso de revisión de los actos de ejecución del C. Actuario, interpuesto por la empresa GASOLINERA TRANSOCEÁNICA, S.A. DE C.V.; de fecha 28 de agosto del año 2014, en el expediente laboral No. 192/2011. (SIC)". Con fundamento en los artículos 103, fracción I, VII, XV, de la Constitución Federal; 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad señaladas como responsable, a quien se solicita que al rendirlo lo haga dentro del término de quince días siguientes a su legal notificación. Con apoyo en lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo se solicita a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado: a) acompañe las constancias que guarden relación con el acto reclamado siendo necesarias para la resolución del asunto; b) que las copias que anexe sean íntegras y legibles; y, c) informe las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Con apercibimiento que de no rendir su informe justificado, de no acompañar las constancias relativas, y no informe las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se les impondrá, en su caso, una multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, equivalente a cien días de salario calculados sobre el mínimo en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad responsable; se le tendrá aquí como inexistente, no se le dirigirá comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su ocurso constitucional y como autorizado para tales efectos a las personas que precisa. Con apoyo en el numeral 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a Gasolinera Transocéanica, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien la represente; en consecuencia, se comisiona al actuario adscrito, para que con una copia simple de la demanda y copia autorizada de este proveído, emplace y corra traslado a dicha persona moral tercera interesada, para que si a sus intereses conviene se apersone a este juicio de garantías; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y la aperciba que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que se exhiben junto con la demanda, las que se desahogan dada su especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Finamente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) el derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese y cúmplase. IIA
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