Nicolas Roberto Gaete Altamirano

Expediente 1410/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1410/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2020

Partes del expediente

  • Nicolas Roberto Gaete Altamirano

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el telegrama de cuenta, remitido por el Juzgado de lo Penal y de Preparación Penal de Juicio Oral Penal y Narcomenudeo del Estado de Nuevo León, con sede en la ciudad de Monterey, mediante el cual informa el cambio de denominación de una de las autoridades señaladas como responsables dentro del presente asunto, toda vez que en proveído de fecha diez de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en autos y se ordenó el archivo respectivo del presente asunto. Notifíquese.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el pedimento de cuenta, mediante el cual formula alegatos, los que serán tomados en cuenta en la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele en su oportunidad las copias que solicita. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ... por su propio derecho, contra actos del JUEZ DE CONTROL Y COORDINADOR DE GESTIÓN JUDICIAL PENAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y OTRAS AUTORIDADES, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de garantías que se promueve contra el acto consistente en: ".IV. ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como ordenadoras y de las autoridades señaladas como ejecutoras: La inconstitucionalidad e ilegal orden de aprehensión y/o la orden de detención y/o retención y/o cualquier acto que implique privación y/o restricción de mi libertad personal cuya fecha de emisión desconozco; y que se pretendió materializar el día 16 dieciséis de diciembre de este año." Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 1410/2019. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por cuerda separada y duplicado el incidente de suspensión por haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir de que reciban el oficio de notificación respectivo, el que podrá hacerlo por escrito, y en el que deberá exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260 fracción II, de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de amparo en vigor, por conducto del Juez responsable y en caso de ser cierto el acto reclamado, emplácese en cuanto tercero interesado al Agente del Ministerio Público de su adscripción, que intervino en el proceso en el que se hubiese emitido el acto reclamado, debiendo remitir a este juzgado las constancias que demuestren dicha notificación. En el entendido de que los hechos que narra el quejoso en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en los párrafos que anteceden. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. ... Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Asimismo, se tiene al ocursante haciendo manifestaciones respecto a su oposición a la publicación de datos personales en cualquier medio electrónico, digital, internet, o impreso de carácter público, en términos de los artículos 1° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. Finalmente, la parte quejosa señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia a los Licenciados ... y ... para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas,... en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de sus derechos, ya que como se desprende de la certificación de cuenta, tiene registrada su cédula profesional en el sistema computarizado que para tal efecto se lleva ante los órganos jurisdiccionales, así como a la Licenciada ...y al Pasante Jurista ... solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. Notifíquese.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de garantías tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número I-1410/2019-C, promovido por ... contra actos del Juez de Control y Coordinador de Gestión Judicial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y otras autoridades, que hace consistir en: ".IV. ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como ordenadoras y de las autoridades señaladas como ejecutoras: La inconstitucionalidad e ilegal orden de aprehensión y/o la orden de detención y/o retención y/o cualquier acto que implique privación y/o restricción de mi libertad personal cuya fecha de emisión desconozco; y que se pretendió materializar el día 16 dieciséis de diciembre de este año." Con apoyo en los artículos 115, 125, 138 y 140 de dicha la Ley, mediante oficio al que se deberá anexar copia de la demanda de amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que se expresarán el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad, y en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por el quejoso; apercibidas que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo en términos de lo que establece el numeral 260, fracción I de la Ley de la Materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la AUDIENCIA INCIDENTAL. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto ...y de la ..., no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal ... imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." De conformidad con los numerales 125, 128, 147, 162, 163, 166 y 168 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que se encuentran reunidos los requisitos que establece el precepto legal transcrito, para conceder a ..., la suspensión de los actos que reclama, en atención a que la solicita la parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; se afirma lo anterior porque la libertad es un derecho personalísimo, de manera tal que la sociedad no recibe alguna afectación con motivo de que se paralicen los efectos de la orden de aprehensión, detención y/o privación de la libertad, así como su ejecución, ello desde luego, en tanto no se examine la constitucionalidad de tal mandato. Es aplicable a contrario sensu, la jurisprudencia número 40, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se encuentra visible en la página 27, del Tomo 62, Febrero de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que al rubro literal dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO." Cabe considerar además, que de no conceder el beneficio suspensional solicitado y ejecutarse la orden de aprehensión, detención y/o privación de la libertad, así como su ejecución, se causarían daños de difícil reparación a la parte quejosa, pues aun cuando obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente, no sería posible restituirle el tiempo que hubiera durado privado de su libertad. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 161, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la orden de aprehensión, detención y/o privación de la libertad, no sea ejecutada o cese inmediatamente; si la detención del quejoso fuera efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, la suspensión tiene el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Y en el supuesto de que la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de delito alguno, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. En el caso de que el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de comparecencia, arresto, presentación, localización y citación, la suspensión se concede para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en el plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea puesta en libertad o consignada ante el órgano jurisdiccional correspondiente; y, si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo se contará a partir de que sea puesto a disposición. Finalmente, en cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión tendrá el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Asimismo, se decreta la suspensión provisional solicitada para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo; y en el supuesto de que se trate de una orden de aprehensión o medida cautelar que implique privación de la libertad dictada por autoridad competente, la suspensión se regirá por lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal, la suspensión sólo producirá el efecto de que al ser aprehendido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad se refiere y en el lugar en que deba ser recluido, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente, y el Agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva, porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la parte imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima de los testigos o de la comunidad, así como cuando los imputados estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión solo será el establecido en al artículo 166, fracción I, de la Ley de la Materia. Si la parte quejosa, incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de las responsables. La suspensión que se otorga surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si en el término de setenta y dos horas, que otorga el artículo 136 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental, a partir de la notificación de este auto, el quejoso no exhibe una garantía de $2,000.00 (dos mil pesos moneda nacional 00/100), en cualquiera de las formas establecida por la ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etc.), a nombre de ellos, cantidad que se fija de manera discrecional, debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde consté ésta. Se apercibe al impetrante de amparo que en caso de no exhibir la garantía exigida en el término indicado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se comunicará a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. No pasa inadvertido que el artículo 168 de la Ley de Amparo, prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía la que deberá fijarse tomando en consideración:  La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa.  Las características personales y situación económica de la parte quejosa.  La posibilidad de que la parte quejosa se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además, no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos el inculpado no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuye sino hasta que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada, hasta en tanto el juez de la causa, en su caso, informe respecto al delito o delitos que se le atribuye al peticionario de amparo, toda vez que existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para la parte quejosa, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, Constitucional y 128 de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. En ese sentido, lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, se considera, en su caso, al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva. Para tal efecto, con fundamento en dicho precepto, se solicita al Juez responsable para que en el término de cuarenta y ocho horas que se le otorgó para rendir su informe previo, tenga a bien manifestar de manera expresa, la naturaleza, modalidad y características del delito o delitos por los que haya ordenado la orden de aprehensión de la parte quejosa y en su caso a cuánto asciende el monto de la reparación del daño, de ser necesario, remita copia certificada de las constancias conducentes. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si los actos reclamados son dictados por autoridad judicial distinta a las aquí señaladas, o si se sorprende a la amparista en la comisión de flagrante delito, por lo que en estos últimos supuestos las autoridades competentes no tendrán obligación de acatar la presente medida cautelar, en cuyo caso, se le podrá detener o aprender porque así lo autoriza el artículo 16 de la Constitución Federal. Respecto a la prevención contenida en el precepto 167 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa comparezca dentro del término de tres días, ante el Juez de la causa, con la finalidad de que continúe con el proceso penal, se reserva, hasta en tanto este Juzgado tenga certeza del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. al fallar la contradicción de tesis 79/2007-PS, localizable en la página 371 Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. En términos del precepto 28 fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan; en el entendido que desde el momento de su recepción, las notificaciones surten sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado, hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y en su caso, si se niegan a firmar o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento a las terceras interesadas y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables, ...recibo de los autos que se le notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. ...Finalmente, expídasele copia certificada de la presente determinación y se autoriza para recogerlas a las personas que hace alusión. Notifíquese.

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