Nicolas Diaz Gonzalez
Expediente 660/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Nicolas Diaz Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el seis de julio pasado, en el cuaderno de queja 176/2023, en la que la Superioridad declaró infundado dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintinueve de mayo del año en curso, emitido por este Juzgado dentro del presente asunto, de acuerdo al siguiente punto resolutivo: "...ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ..., contra el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, dentro del juicio de amparo indirecto número 660/2023-1...". Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar ni documentos originales que devolver a las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE, en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que suscribe la autoridad en cita, por medio del cual comunica que mediante auto de quince de junio pasado, el Tribunal en cita admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de veintinueve de mayo del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la apoderada legal del quejoso, carácter que tiene reconocido en autos, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de mayo del presente año; por tanto, se le tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, y en cuanto esté debidamente integrado el expediente en que se actúa, inmediatamente remítanse los autos a la Superioridad para la substanciación del recurso hecho valer, enviándose al efecto original y copia del escrito en mención e informe sobre la queja interpuesta. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés... Vista la demanda de amparo promovida por -, a través de su apoderada legal, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-660/2023-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de fecha diez de mayo del presente año, dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, dentro del juicio agrario -. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías, se evidencia que procede desecharla, ello en razón de ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 62 de la propia Ley. Para sustentar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente ...XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107, fracción V, de la de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyo efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación en atención al numeral transcrito, debe entenderse como aquellos que se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de fecha diez de mayo del presente año, dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, dentro del juicio agrario -, por medio del cual la autoridad responsable determinó lo siguiente ".debido a las múltiples interrupciones de la asesora jurídica de la parte demandada en el desahogo de la presente diligencia y toda vez que para el debido proceso es necesario se guarde respeto entre las partes y de éstas con el personal actuante del Tribunal, se conmina a los presentes a que atiendan lo antes citado, en el entendido que al que infrinja esta determinación se le aplicará una corrección disciplinaria equivalente a $6,224.40 (SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N.), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia agraria por los diversos 2 y 167 de la Ley Agraria." Acto reclamado del cual no se evidencia que se haya llevado a cabo dicho medio de apremio. Asimismo, del apercibimiento a la imposición a la corrección disciplinaria reclamada equivalente a la referida cantidad; dicho acto reclamado constituye un acto futuro e incierto; por tanto, el referido acto reclamado por el impetrante no afecta aún la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa, pues no afectan derechos sustantivos del quejoso, sino hasta su consumación; máxime, que del libelo constitucional, no se evidencia que le haya sido impuesto el mismo. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, no afecta la esfera jurídica del quejoso, pues aún no se ha llevado a cabo el acto que reclama, y su consumación depende del actuar o dejar de actuar del citado -; por ello, no se perjudica de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues en este supuesto existe la posibilidad de que no exista afectación alguna en caso de que se lleve a cabo lo solicitado por la autoridad responsable, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que la misma no aplicaría la sanción de la que se duele el promovente, sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de éste. Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito, la posibilidad de que se pueda llevar a cabo el medio de apremio reclamado, empero, es hasta ese entonces que le causarían perjuicio alguno al quejoso, porque como ya se dijo resulta ser un acto futuro e incierto, pues ello depende del actuar del mismo en atención al requerimiento que se le formuló. Cobra aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 2177, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, a contrario sensu; se DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Finalmente, se tiene al promovente como domicilio señalado para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y como autorizada con las facultades que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, a - virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
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