Nicolás Quezada Valadez
Expediente 1017/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1017/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Nicolás Quezada Valadez
Actuaciones
- Principal
El catorce de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio registrado con folio 18212 con anexos.- CONSTE Zacatecas, Zacatecas, a catorce de septiembre de dos mil quince Glósese al presentes cuaderno de antecedentes para que obre como corresponda el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al cual se encuentra inserto el acuerdo de diez de septiembre del año que transcurre, dictado por el Magistrado Presidente del citado órgano jurisdiccional, al que adjunta la ejecutoria de tres de septiembre de dos mil quince, dictada por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en los autos del conflicto de competencia penal 4/2015; ahora bien, del punto resolutivo primero se advierte que se declaró al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, como legalmente competente en razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa Nicolás Quezada Valadez, respecto a los actos reclamados a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otra autoridad. Acúsese recibo. En ese contexto, con apego en el numeral 214 de la ley de la materia, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. Por ello, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente cuaderno de antecedentes ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; además, se considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. ARS
- Principal
En quince de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio 13983, con anexos.- DOY FE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de julio de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, mediante el cual remite el juicio de amparo 703/2015-IV, al no aceptar la competencia plantada respecto de la demanda de amparo promovida por Nicolás Quezada Valadez, ello, en cumplimiento a acuerdo de veintinueve de junio de dos mil quince, por las consideraciones ahí expuestas. Acúsese el recibo de estilo. Ante tal circunstancia, el suscrito Juzgador insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por el aludido quejoso, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otra autoridad, por las consideraciones expuestas en resolución de quince de junio de dos mil quince. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el numeral 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, los autos del juicio de amparo 703/2015-IV del índice del juzgado requerido, 1017/2015 del numerario estadístico de este Juzgado Federal, a fin de que determine cuál de los Jueces de Distrito es al que corresponde el conocimiento legal de la demanda de amparo promovida por el quejoso Nicolás Quezada Valadez; por tanto, se ordena actuar en el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 1017/2015, del índice de este Tribunal Federal. Para tal efecto, dése el aviso correspondiente al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, en su carácter de juzgador requerido, para que exponga lo que estime conducente, respecto del conflicto de competencia planteado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. ARS
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 206/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, NUVIA SCARLETH DEL CARMEN MUÑOZ SÁNCHEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Congreso del Estado. 2.- Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. 3.- Secretario de Gobierno del Estado de Zacatecas. 4.- Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. 5.- El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. 6.- Jefe de la Oficina Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas de esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS. La discusión, expedición y aprobación, la promulgación, el refrendo, así como la publicación del decreto número 255, en el cual se reforman y adicionan diversas leyes fiscales hacendarias para el Estado de Zacatecas, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce en el periódico oficial, en particular se impugna de inconstitucional el artículo 49, fracción I, inciso b); así como el tributo complementario previsto en los numerales 21 a 27 de dicha ley, puesto que su aplicación se encuentra estrechamente vinculada a la norma materia del juicio de amparo, dado que dicho tributo complementario deben calcularse sobre la misma base, de manera que el amparo trasciende necesariamente a él; así como su aplicación. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo señaló como garantías individuales violadas, las consagradas en los artículos 1 y 31, fracción IV constitucionales. 2°. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por lo que, su Titular dictó proveído el diecisiete de febrero de dos mil quince, en que ordenó admisión y registro bajo expediente 206/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II.1. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: a). La discusión, expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del decreto 255 publicado en el periódico oficial del Estado, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que se contienen específicamente en el artículo 49, fracción I, inciso b), así como el tributo complementario previsto en los numerales 21 al 27 de esa ley. b) La aplicación de los preceptos cuya inconstitucionalidad se reclama. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Inexistencia. La autoridad el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, en su informe justificado negó expresamente el acto que se le reclama, dado que según dijo, no ha emitido ningún acto de molestia en contra del peticionario de garantías, sin que el propio quejoso aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Además de que, del recibo que exhibe la quejosa con su escrito, se aprecia el sello de recibido de la Recaudación de Rentas de la citada Secretaría. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que a la mencionada autoridad se refiere, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la tesis del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.2o.32 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 763 del tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." II.2.2. Certeza. Las autoridades responsables LXI Legislatura del Estado a través del Presidente de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, Gobernador del Estado de Zacatecas, por conducto del Coordinador General Jurídico, Secretario General de Gobierno del Estado, Administrador del Periódico Oficial del Estado y Recaudadora de Rentas adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; todos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, reconocieron la existencia del acto reclamado que se les atribuye. Además la existencia de los actos reclamados a la citada Legislatura se acredita con su publicación en el medio de comunicación oficial respectivo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación por analogía la tesis cuyo rubro y texto son: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este Tribunal Federal advierte la actualización de cierta causa de improcedencia respecto de los artículos 21 a 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, derivada del decreto 255 impugnado. En principio, el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos que debe contener la demanda correspondiente, la expresión de conceptos de violación; ya que si el quejoso no cumple con tal exigencia, el juez no podría efectuar el análisis constitucional del acto reclamado; claro, siempre que la materia de que se trate no esté comprendida en las hipótesis de suplencia de la queja deficiente a que alude el numeral 79 de la Ley de la materia. De modo que si en un asunto en que rige el principio de estricto derecho, el peticionario de garantías, omite expresar conceptos de violación para combatir el acto reclamado, el juzgador no está en aptitud de abordar el estudio de éste y, por ende, debe sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.- Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Pues bien, en su demanda de amparo, la quejosa NUVIA SCARLETH DEL CARMEN MUÑOZ SÁNCHEZ, señaló como acto reclamado, entre otros, los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, derivada del decreto 255 impugnado. Luego, al no existir ningún motivo de queja encaminado a combatir la inconstitucionalidad de los artículos 21 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, derivada del decreto 255 impugnado, se actualiza, en cuanto a esos preceptos, la causa de improcedencia señalada líneas atrás; por ende, lo que procede es SOBRESEER en el juicio constitucional en relación con los actos de mérito, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. IV. Análisis del artículo 49, fracción I, inciso b) de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en contra del artículo 49 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, expuso los conceptos de violación que en esencia dicen: a). Que el artículo 49 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, es violatorio del principio de equidad y proporcionalidad tributario, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establece la obligación a los gobernados de tributar el cobro del servicio y pago de derechos por refrendo de tarjeta de circulación y expedición de calcomanía, olvidándose que debe ser equitativo para todos aquellos quienes entran dentro del supuesto jurídico del pago. De igual forma, la parte quejosa señala que al tratarse de un servicio con igualdad de uso y función para la población, no existe fundamento para establecer diversos costos por un mismo servicio, pues no genera un mayor gasto para el Estado su ejecución. b). Que el artículo 49 de la Ley impugnada, es violatorio del principio de proporcionalidad y equidad, pues hace una distinción injustificada para el cobro de derechos por refrendo de tarjeta de circulación y expedición de calcomanías, ya que dispone que quien tenga un vehículo del año dos mil catorce, deberá pagar la cantidad de $1,122.00 (Un mil ciento veintidós pesos 00/100 m.n.) y quien no se encuentre en esa hipótesis, es decir, si el vehículo es de mayor antigüedad deberá pagar las cantidades especificadas en los incisos del c) a f), del mismo numeral. c). Que es inconstitucional el numeral 49 de la Ley impugnada, pues no genera un mayor gasto para el estado el servicio prestado y no justifica el pago diferenciado, dado que implica el servicio prestado la misma cantidad de recursos materiales humanos, pues el trámite desarrollado es el mismo con independencia de que se trate de diversos tipos de vehículos, porque no se varía en nada la función a realizar por la Secretaría de Finanzas o sus dependencias. d). Que no existe correlación entre la prestación del servicio público prestado y el monto de la cuota fijada en cada concepto del artículo 49 de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, porque para considerarlo correcto, debería tomarse en cuenta única y exclusivamente las erogaciones que el Estado ejecute en servicio de refrendo de tarjeta de circulación y expedición de calcomanía, lo cual no aconteció así, pues se establecen diversos pagos por el servicio prestado, independientemente de estar en igualdad jurídica los mismos gobernados. En apoyo a lo anterior, se citó la tesis de rubro: "SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, INSCRIPCIÓN Y REFRENDO ANUAL. EL ARTÍCULO 276, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL ESTABLECER DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS RELATIVOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". Los conceptos de violación son fundados. En principio, cabe señalar que está acreditado en autos el acto de aplicación de la ley impugnada, ya que la parte quejosa anexó a su demanda el recibo de pago V7443613 de veintidós de enero de dos mil quince, expedido por la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, relativo al pago de tenencia vehicular y refrendo de vehículos, respecto del vehículo con número de placa ZJ17967, serie 3N6DD25TXEK054794, modelo 2014; del que se advierte que enteró el derecho de refrendo de vehículos a que se hace referencia, por la cantidad de un mil ciento veintidós pesos; documental que tiene valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2°, la cual resulta suficiente para demostrar la existencia del acto de aplicación del precepto legal combatido. En sus conceptos de violación la parte quejosa argumenta, en esencia, que la ley que se tilda de inconstitucional transgrede el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establece la obligación a los gobernados de tributar el cobro del servicio y pago de derechos por refrendo de tarjeta de circulación y expedición de calcomanía, olvidándose que debe ser equitativo para todos aquellos quienes entran dentro del supuesto jurídico del pago. De igual forma, la parte quejosa señala que al tratarse de un servicio con igualdad de uso y función para la población, no existe fundamento para establecer diversos costos por un mismo servicio, pues no genera un mayor gasto para el Estado su ejecución. Ahora bien, se dice que los anteriores motivos de inconformidad resultan fundados, en virtud de que el artículo 49, fracción I, en relación con las tarifas previstas en sus fracciones, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, relativo al Título III de los Derechos, respecto del pago de refrendo, que comprende los conceptos tarjeta de circulación y expedición de calcomanía, porque se aparta del principio de proporcionalidad que debe regir en todo tributo, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, habida cuenta que para fijar el monto de dicho derecho se atiende a un factor ajeno al mismo, como lo es el modelo o año del automotor respecto del cual se expiden, siendo que en tratándose de derechos debe atenderse al costo que represente al Estado la prestación del servicio, no a la capacidad contributiva del gobernado. En efecto, el artículo 49, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, está inmerso dentro del Título III, relativo a los "Derechos", particularmente en su capítulo III, que señala: "ARTICULO 49.- El refrendo de la tarjeta de circulación y expedición de calcomanía con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: I. Vehículos de servicio particular: a). Del año en curso ..............$ 1,188.00 b). Con un año de antigüedad...............$ 1,122.00 c). Con dos años de antigüedad ..........$ 1,056.00 d). Con tres años de antigüedad...........$ 990.00 e). Con cuatro años de antigüedad...... .....$ 924.00 f). Con cinco y más años de antigüedad.......$ 858.00" Para concluir de tal manera, se toma en consideración, primeramente, que tratándose de los derechos, las garantías de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que de acuerdo a la doctrina jurídico-fiscal y a la legislación tributaria, por derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación o del Distrito Federal, mientras que por impuestos se entienden las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Tal divergencia ha sido reconocida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias del epígrafe y contenido siguiente: "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.- La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: 'las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten', de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos ." "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Corrobora lo anterior, el artículo 4 del Código Fiscal del Estado, que define el concepto de "derecho", de la siguiente manera: "ARTICULO 4.- Son derechos las contribuciones establecida en la ley, por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público." Así, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas de éstos, guarden una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado. Además, debe tomarse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y de que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Apoya lo expuesto, la tesis del rubro y texto siguiente: "DERECHOS FISCALES. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA.- Pese a que en la legislación vigente en la actualidad se suprimió de la definición de derechos fiscales el concepto de 'contraprestaciones' por el servicio público prestado, como precisaba el Código Fiscal de la Federación de 1967, subsiste cuando se trata de una hipótesis la correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota, a tal grado que son términos interdependientes y que aquél es supuesto de acusación de ésta; dichas características que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, permiten considerar, aplicando los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, que debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, y que se impone dar el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar en lo esencial los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del causante, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y de que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares ". En el artículo 49, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, ciertamente se advierte que para el cálculo del pago de derechos por refrendo de la tarjeta de circulación y expedición de calcomanía, se tomó como factor primordial el modelo o año del vehículo, de modo que entre más reciente sea el automotor el costo del refrendo de la tarjeta de circulación y expedición de calcomanía resulta mayor. Sin embargo, en la especie se considera que la ley reclamada no satisface el requisito de proporcionalidad tributaria, porque para fijar el derecho de que se trata, debe atenderse, fundamentalmente, al costo del servicio que presta la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, por lo que, si igual costo representa para el Estado realizar la tarjeta de circulación y calcomanías, modelo 2014, que para otro de modelo más antiguo, entonces no existe justificación para el cobro diferenciado, por un mismo servicio, pero aún más su inconstitucionalidad deriva de que toma en cuenta un elemento ajeno, como es el año o modelo del vehículo para establecer las cuotas, y no como se dijo, el costo del servicio que presta el Estado. Dicho en otras palabras, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio cuya ejecución realiza el Estado, sin embargo, en el caso, el que se obligue a pagar determinada cantidad de cuotas dependiendo del modelo del vehículo, indudablemente desatiende el principio de proporcionalidad a que deben sujetarse los derechos que cobre el Estado. Lo anterior, porque no se atiende al tipo de servicio prestado ni a su costo, sino a elementos ajenos, lo que produce que los contribuyentes de este servicio paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del modelo del vehículo, lo que evidentemente es un indicador de capacidad económica, pues pagará más el que detente un vehículo más reciente; cuando en tratándose de derechos no se puede atender a esos aspectos, porque su naturaleza jurídica es distinta a los impuestos, sino únicamente al costo que por el servicio presta el Estado. En atención a lo expuesto, cabe concluir en los siguientes términos. En el presente caso el quejoso impugna el inciso b) del artículo 49, fracción I, de la Ley de Hacienda para el Estado de Zacatecas, en el cual se prevé la cuota de $1,122.00 (un mil ciento veintidós pesos 00/100 m.n.), por lo cual, de concedérsele la protección constitucional que solicita, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, en tanto que se eleve por razón del modelo del vehículo, pero sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota mínima aplicable a aquellos sujetos que se encontraban en la misma situación que la quejoso frente a la ley tributaria. Así pues, atendiendo a que, para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva; y, que del artículo 49, fracción I, antes citado, se desprende que la cuota mínima que establece dicha fracción es la del inciso f), correspondiente a la cantidad de $858.00 (ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100m.n.). Asimismo, que del recibo de pago V7443613 de veintidós de enero de dos mil quince, expedido por la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, relativo al pago de tenencia vehicular y refrendo de vehículos, respecto del vehículo con número de placa ZJ17967, serie 3N6DD25TXEK054794, modelo 2014; se advierte que la quejosa enteró el derecho de refrendo de vehículos por la cantidad de un mil ciento veintidós pesos. Y, que para respetar los mencionados principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impetrante del amparo habrá de pagar la cuota mínima, que como quedó señalado es de $858.00 (ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100m.n.) Lo que procede es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Recaudadora de Rentas adscrita a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, le haga devolución de la cantidad que resulte de la resta de un mil ciento veintidós pesos cero centavos, que enteró por concepto de refrendo de vehículos, conforme a lo dispuesto por el referido artículo 49, fracción I, inciso b), y; $858.00 (ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100m.n.; que es el monto correspondiente a la cuota mínima que establece el propio artículo y fracción, en su inciso f). Lo anterior, con el objeto de restituir a la quejosa en sus garantías violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por NUVIA SCARLETH DEL CARMEN MUÑOZ SÁNCHEZ, por los motivos expuestos en el punto II.2.1., y considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a NUVIA SCARLETH DEL CARMEN MUÑOZ SÁNCHEZ, contra el acto reclamado y respecto de las autoridades detalladas en el considerando segundo, concretamente en el apunto II.2.2., de la presente resolución, para el efecto precisado en la parte final del considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe, hoy quince de junio de dos mil quince, que lo permitieron las labores del juzgado.- DOY FE.
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