Nicolás Quezada Valadez
Expediente 953/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Nicolás Quezada Valadez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En ocho de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio con registro 13605.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León; y en atención al contenido, téngasele por acusando recibo del diverso oficio número 15243, por el que se le remitió el juicio de amparo 953/2015; asimismo, comunica que ese Tribunal Federal aceptó la competencia declinada por este Juzgado; para seguir conociendo de la demanda de garantías promovida por Nicolás Quezada Valadez, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del diez de julio del presente año. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se determina que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito; por lo que una vez que transcurra el término de seis meses a que el citado punto vigésimo se refiere, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En diecinueve de junio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado de autos y con un escrito con registro 12024.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Edgar Nikolay Quezada Vega, autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor; y en atención a su contenido, téngasele por desahogando la vista respecto del informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, haciendo las manifestaciones que vierte, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele copia certificada del presente auto que solicita, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Ahora bien, considerando que por ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de queja administrativa 31/2015, la cual constituye un hecho notorio para este Juez de Distrito, se determina que, en relación con lo anterior, no procede apercibir a los promoventes en los términos que establecen los numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, en razón de que podría traducirse en obstáculo al acceso a la Justicia. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ya obra agregado el informe justificado rendido por las autoridades responsables Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas; en consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento siguiente: Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para continuar conociendo del presente juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: En esencia, la competencia legal en el ámbito judicial, es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia relativa a que si la ley no faculta al órgano jurisdiccional, éste no puede intervenir legalmente en un asunto determinado. El tratadista Carlos Arellano García, afirma que es la aptitud que tiene el juzgador para intervenir con la debida incumbencia en el desempeño de la función jurisdiccional. En el ámbito gramatical, es la facultad legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Respecto al órgano jurisdiccional, en el proceso, la competencia aludirá a la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones referidos al desempeño de la función jurisdiccional ante el caso concreto controvertido en el que se ha tomado injerencia. A su vez, Escriche Joaquín, indica que es la controversia o disputa que se suscita entre dos o más jueces o tribunales sobre cuál de ellos, es el que debe conocer de cierta causa o negocio. Agrega que la palabra competencia, no sólo aplica al derecho de juzgar un negocio contencioso, sino también a la contienda de dos jueces sobre este derecho. De lo anterior deriva que las cuestiones de competencia se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados y los demás estados, de modo que si se presenta entre autoridades judiciales no debe existir tardanza en establecer a qué juzgador corresponde el conocimiento de determinado asunto. Asimismo, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia es la medida de la jurisdicción. Estos principios, doctrinalmente aceptados y recogidos en las leyes procesales, son importantes para solucionar el presente conflicto competencial. De acuerdo a lo establecido por la Ley de Amparo vigente, se prevén diversos tipos de competencia: a) Competencia por vía; b) Competencia por territorio; c) Competencia por materia; d) Competencia por grado; e) Competencia auxiliar; y, f) Competencia por turno. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio, que atañe al caso concreto que se plantea. Por dicha competencia legal, debe entenderse como el espacio geográfico específico en donde los juzgadores ejercen su función jurisdiccional, esto es, resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su conocimiento de acuerdo a determinado límite geográfico al que se encuentran circunscritos. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, en la actualidad, ha estado delimitada por diversos acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y; 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: SON DOS." "1.- LA OMISIÓN DE REALIZAR EL CÓMPUTO DEL TIEMPO QUE LLEVO PRIVADO DE MI LIBERTAD POR CUANTO A LA CAUSA PENAL 85/1999, DEL ÍNDICE DE LA RESPONSABLE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DICTADO DE SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA. 2.- LA OMISIÓN DE REALIZAR EL CÓMPUTO Y EL DESCUENTO DEL TIEMPO QUE PERMANECÍ PRIVADO DE MI LIBERTAD PERSONAL POR CONCEPTO DE PRISIÓN PREVENTIVA, HASTA QUE CAUSO (SIC) ESTADO LA SENTENCIA YA PRECISADA." Conforme a lo anterior, los actos reclamados consisten esencialmente en omisiones de las autoridades señaladas como responsables Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Zacatecas y Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, ambas con sede en esta ciudad capital, de dar contestación a las solicitudes previas del ahora impetrante del amparo, a fin de que dichas autoridades realizaran el cómputo del tiempo que lleva privado de su libertad personal, con motivo de la citada causa penal; lo que pone de relieve que tales actos carecen de ejecución material, por tratarse de una inactividad de la indicadas responsables, traducido en un no hacer, lo cual actualizaría el supuesto de competencia indicado en punto 3), por tratarse de actos que, como se indica, no requieren ejecución material. Sin embargo, es menester ponderar lo expresado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en el apartado relativo a hechos y abstenciones de su escrito de demanda, quien señala que "ME ENCUENTRO RECLUIDO EN EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE C.P.S. GUANAJUATO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, EN CALIDAD DE SENTENCIADO COMPURGANDO UNA PENA DE PRISIÓN DE TRES AÑOS, DOS MESES, VEINTIDÓS DÍAS, QUE ME IMPUSO LA RESPONSABLE SEÑALADA EN EL PUNTO NÚMERO DOS DE AUTORIDADES RESPONSABLES AL MODIFICAR LA SENTENCIA CONDENATORIA DE SEGUNDA INSTANCIA"; circunstancia relevante para determinar la competencia territorial de la autoridad de amparo que debe conocer del presente asunto. En efecto, si se parte de la premisa de que el peticionario de amparo reclama omisiones de las autoridades responsables de dar contestación a sus peticiones de antes precisadas, actos que per se (por sí) carecen de ejecución material; luego, atendiendo a que el quejoso detenta la calidad de sentenciado por estar compurgando una pena privativa de libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce C.P.S. Guanajuato, localizado en Ocampo, Guanajuato, son condiciones que permiten inferir válidamente que la inactividad reclamada a las autoridades responsables trae como consecuencia intrínseca la continuación o permanencia del quejoso, en su calidad de sentenciado, en el lugar de reclusión fijado por la autoridad jurisdiccional ante la cual permanece a disposición, como lo es en el caso el aludido centro penitenciario. Por ello, se colige que al continuar el peticionario de amparo bajo el estatus de sentenciado, privado de su libertad personal, debe entenderse que los actos reclamados tendrán ejecución en ese sitio, esto es, en el lugar donde se encuentra recluido, a saber, el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce C.P.S. Guanajuato, localizado en Ocampo, Guanajuato, surtiéndose competencia, en razón de territorio, al juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre ubicado dicho centro de reclusión, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del numeral 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En apoyo a lo determinado, se invoca la tesis aislada I.7o.P.65 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizada en la página 781, tomo XXI, materia penal, junio de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE RESPONDER A LA SOLICITUD DEL REO DE OBTENER UN BENEFICIO EN RELACIÓN CON SU LIBERTAD PERSONAL. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE ENCUENTRA RECLUIDO. La omisión de la autoridad responsable de responder a la solicitud del sentenciado de obtener el beneficio en relación con su libertad personal, es un acto de inactividad que por regla general no trae aparejada ejecución material alguna; sin embargo, tal inactividad ocasiona que el reo continúe privado de su libertad personal en el lugar de su reclusión, lo que se traduce en un efecto positivo, y por ende, en un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo; por tanto, al continuar la situación de privación de libertad del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando donde se encuentra recluido y, por lo mismo, es competente para conocer del juicio de garantías un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario, de conformidad con el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo." De igual manera, es aplicable por identidad de razones, la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 1a./J.48/2005, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, ubicada en la página 5, tomo XXI, materia penal, junio de 2005, Novena Época del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente título y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Por las consideraciones expuestas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado declina la competencia para que conozca de la demanda de garantías promovida por Nicolás Quezada Valadez al Juez de Distrito el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, en Turno, para que resuelva acerca de la competencia planteada, acompañándole el original del expediente de amparo en que se actúa; así como el original del proceso 85/1999 y el toca de A.P. 681/2000, que en su oportunidad remitieron las autoridades señaladas como responsables en apoyo a su respectivo informe justificado. Fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese en el libro de gobierno. Notifíquese mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables y personalmente a las demás partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres. Doy Fe
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a quince de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en México, Distrito Federal, no ha informado si la Embajada de los Estados Unidos de América en México, ya le dio respuesta a la información solicitada mediante nota diplomática ASJ/15137; asimismo, si ya se obtuvo respuesta a lo solicitado a la Dirección de Servicios Consulares de esa Secretaría mediante oficio ASJ-15139, en el sentido que si a FRANCISCO ALMARAZ ZAVALA se le ha expedido documentación en el exterior, para efecto de que en caso positivo se le requiriera su domicilio actual; en tal virtud, gírese atento oficio al Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en México, Distrito Federal, para que informe a este Tribunal Federal, si ya se obtuvo respuesta a lo mencionado, o en su caso las gestiones realizadas para la obtención del domicilio del citado tercero interesado Francisco Almaraz Zavala, a fin de ordenar su emplazamiento dentro del expediente en que se actúa. Para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFCA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 09 D EJUNIO DE 2015R, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) D ELA LEY DE AMPARO. "Zacatecas, Zacatecas, a nueve de junio de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta signado por Eduardo Rodríguez Ferrer, en su carácter de Tercero Interesado, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de mayo del año en curso, por la que se resolvió el presente juicio de garantías; y adjunta el escrito de expresión de agravios correspondiente; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de cuenta, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo para el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Órgano Colegiado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por otra parte, téngase por anexado el certificado de gravámenes con número de folio 033986, a efecto de que la superioridad determine lo conducente al resolver el recurso de revisión que se tiene por interpuesto NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. FEHF
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