Nicolás Hernández Resendiz
Expediente 554/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Nicolás Hernández Resendiz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de julio de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por .... contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, del Centro Integral de Justicia Penal, de la Cuarta Región, Sala Base en Tamazunchale, San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 554/2022 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 6, párrafo primero, de la misma ley, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, en los artículos 61, fracción XII y 6, de la Ley de Amparo, se dispone: .... La disposición legal invocada en primer término, establece que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I, dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución Federal, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, y que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viole los derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Mientras que, el artículo 6 de la ley de la materia, párrafo primero, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo; que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley. En el caso, de la demanda de amparo con la que se ha dado cuenta, se advierte que carece de firma autógrafa del promovente ... pues la que aparece al calce de la demanda corresponde firma a una copia fotostática simple y así se aprecia en cada una de las copias que fueron anexadas, y las cuales fueron depositadas en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, y que además, en la boleta de turno así se hizo constar, lo que hace improcedente el juicio de amparo, dado que éste se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que recogen los diversos numerales 5 y 6 de la Ley de Amparo; mismos que se hacen consistir en la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Por lo que, para que la parte agraviada exteriorice su voluntad, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, con la característica inequívoca de ser original, para estar en condiciones de realizar el pronunciamiento que en derecho corresponda, siendo ésta una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda, y al carecer de la suscripción y/o huella en cita, de quien aparece como promovente en su texto, se llega a la conclusión de que no existe parte agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en página 31, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, Octubre de 1992, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA.". Así como la diversa I.15o.A.17 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1613, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME." De ahí que, al carecer del requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente como la autenticidad del documento y en consecuencia lograr la eficacia prevista en el artículo 6 de la Ley de Amparo, se concluye que no existe instancia de parte agraviada respecto a éste, dado que se omitió exteriorizar su voluntad en la promoción del juicio de amparo en estudio y se estima que la misma es un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Al respecto se invoca la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, Febrero de 1995, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA." Es aplicable a lo anterior, la tesis número XVII.7 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Mayo de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.). ..... En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de la Amparo, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este Juzgado, y como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Sánchez Ramírez, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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