Niceforo Luna Márquez

Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
610/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Niceforo Luna Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que anexa testimonio de la resolución dictada dentro del conflicto competencial 21/2022; acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y estese a lo resuelto por la Superioridad mediante la resolución de que se trata, en la que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO.- Se declara que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto de su índice 1169/2022-7, promovido por .... contra el acto reclamado de la Delegación Estatal San Luis potosí del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. Notifíquese personalmente, ." ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico -, se llevara a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el cual informa a este Juzgado de Distrito que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en Estado de San Luis Potosí, mismo que se registró con el número de toca 21/2022; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes, el oficio remitido por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual reitera las consideraciones expuestas en el acuerdo de veinticuatro de agosto pasado, por el cual se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo 1169/2022-7 de su índice, y en ese sentido, determinó remitir las actuaciones de ese sumario al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, a fin de que el Tribunal de Alzada determine lo que en derecho corresponda sobre el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y dicho juzgado. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de septiembre de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA. Téngase recibido el oficio de la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre y anexos que acompaña, derivados del juicio de amparo 1169/2022-7, de su índice, promovido por ... contra actos del Registro Agrario Nacional R.A.N. a través de la Delegación San Luis Potosí; ello, en razón de que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal para conocer del referido asunto; declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por Nicéforo Luna Márquez, contra actos de la Registro Agrario Nacional a través de la Delegación San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 610/2022-II-F. PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA PLANTEADA. Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por la que la parte quejosa reclama: ... Competencia que declinó en favor de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, por el lugar de ejecución del acto reclamado, ello, al considerar que el acto tiene ejecución material en donde este Juzgado ejerce jurisdicción, pues aduce que los actos reclamados comenzaron a ejecutarse en el Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí y la ejecución material final del mismo versara sobre la posible expedición de un título de propiedad de origen parcelario de una parcela cuya ubicación se sitúa en el municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Sin embargo, respetuosamente, no se comparte el criterio que sostiene la Juzgadora declinante y por ende, no se acepta la competencia planteada. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: .... Del análisis de este precepto, se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término se debe acudir al examen del tipo de acto reclamado, en segundo lugar, si dicho acto es o no de aquellos que tienen una ejecución material y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable para resolver el tópico en estudio. Para los efectos del presente estudio, resulta orientador acudir a lo sostenido por la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 343/2019, donde al respecto estableció: ... Conforme a lo anterior, se tiene que los actos omisivos o abstenciones, para los efectos del juicio de amparo, son aquellos que derivan del incumplimiento legal o constitucional de las autoridades, con la consecuente afectación en los derechos subjetivos del gobernado. Ahora bien, dado que la naturaleza misma del acto reclamado, esto es, el derecho de petición en relación con el escrito de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, presentado ante el Delegado Federal del Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, lo es bien sabido, conlleva como elementos constitutivos de tal derecho público subjetivo: la emisión de la respuesta relativa, en breve término, en el que se dé contestación de manera congruente a la petición formulada y la notificación al gobernado en el domicilio señalado para tal efecto, de la resolución correspondiente, de lo cual, se deduce que tal acto no requiere ejecución; entonces, debe atenderse a la regla de competencia referida en el inciso c) antes apuntado, de modo tal que, debe considerarse competente para conocer del juicio de garantías propuesto, al juez de distrito en cuya jurisdicción residen las autoridades que deben realizar los señalados actos, que son las que deberán en su caso, en principio, dar contestación al aludido ocurso. Así, la omisión de dar contestación a un escrito de petición formulado con apoyo en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que su naturaleza es omisiva y no requiere ejecución material, al tener como intención obtener la respuesta al escrito aludido, sin que sea de trascendencia el contenido de la solicitud, ni si la omisión de su respuesta impacta en diversos derechos, pues lo que se busca es obtener contestación a la petición; por lo que para fincar la competencia no debe atenderse a las consecuencias que deriven de la omisión misma ni a los efectos que traería la concesión del amparo, pues de tomarse en consideración los efectos, debería hacerse un análisis previo de los efectos de la posible protección constitucional, lo cual no está previsto en la norma. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, precisó claramente que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. De tal análisis, la Sala referida sustentó la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). .... En ese orden de ideas, no se comparten los criterios de la Jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que sirvieron de base para declinar la competencia, en el sentido de que si el escrito por el que se formuló la petición de que se habla se realizó en el Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, respecto de la expedición de título de propiedad, de una parcela que se ubica en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, por ende, aduce, el acto reclamado comenzó a ejecutarse en el Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí y la ejecución material final del mismo versara sobre la posible expedición de un título de propiedad de origen parcelario de una parcela cuya ubicación se sitúa en el municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Sin embargo, no por tales motivos, se puede presumir, que los actos reclamados tengan ejecución alguna, pues tal conclusión sería meramente apreciativa; y para que se actualizara la competencia de un Juez de Distrito de este circuito, sería necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en esta jurisdicción, lo que, como ya se precisó, no acontece en el caso; por ende, sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, no puede estimarse que a este órgano jurisdiccional le asista competencia para conocer de la demanda de garantías de origen. En ese sentido, se debe precisar que el único acto reclamado en la demanda de amparo es la omisión de la respuesta al escrito de que se habla, sin que de su contenido pueda advertirse con plena certeza que en realidad se va a llevar a cabo un acto de ejecución de esa contestación; por tanto, el acto que se combate en esta vía, no requiere de ejecución material, pues su naturaleza implica una abstención, una simple negativa de la autoridad a obrar en tal o cual sentido, por lo que si la autoridad se rehúsa u omite actuar en la forma solicitada por la parte quejosa, es incuestionable que ese tipo de actos carece de ejecución material. Cobra aplicación a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis número VI.2o.P.7 K, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página: 2319, cuyo contenido es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. POR TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO CARENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE RESIDE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES.".... De igual forma, se invoca por su aplicación la diversa tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, CXXXII, Página: 31, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. ACTO QUE NO ADMITE O NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. Cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente para conocer del amparo relacionado es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto". En ese tenor, resulta que la Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es la competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ... contra actos del Registro Agrario Nacional R.A.N. a través de la Delegación San Luis Potosí; al tratarse de un acto que no requiere ejecución, a tribuido a una autoridad con residencia en esa ciudad donde ejerce jurisdicción. En tales términos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal, no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, a la Juez Primero Distrito en Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con auto inserto de la presente determinación; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita, la determinación que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.

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