Nicolás Flores Balderas

Expediente 658/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 30 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
658/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
30/09/2020

Partes del expediente

  • Nicolás Flores Balderas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Visto el escrito signado por Juliana Díaz Chicayote, a través de su mandatario judicial Nicolás Flores Balderas, regístrese bajo el número de expediente 658/2020-I·C. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese tenor, del análisis integral de la demanda se obtiene que el acto reclamado consiste en la interlocutoria de dos de septiembre del año en curso, dictada en el recurso de revocación hecho valer por el quejoso, en el juicio ordinario civil 599/2018, por la cual, determinó confirmar el proveído de diecisiete de octubre anterior, en el que no proveyó de conformidad la petición del quejoso, para apercibir a los demandados en caso de no cumplir con la prevención hecha por la responsable, a fin de señalar domicilio de los litisconsortes necesarios. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ------(.) ------------------------------------------------------------ XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.-------------- Artículo 107. El amparo indirecto procede: --------------- (.) ------------------------------------------------------------ V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto reclamado dentro del juicio no es de imposible reparación entendiéndose por ellos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la resolución reclamada no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación, ya que no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de ésta, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el dictado de la sentencia definitiva en el juicio de origen; lo anterior, considerando que la resolución, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia, por sí misma, no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la referida determinación; dado que sus efectos y consecuencias, se traducen únicamente en que la responsable, no proveyó de conformidad la petición del quejoso, para apercibir a los demandados en caso de incumplir con la prevención, a fin de señalar domicilio de los litisconsortes necesarios; sin embargo, en caso de que se obtenga una sentencia favorable, se repararían las posibles violaciones que hubieran acontecido en la resolución que se estudia. Así, dicha determinación por su alcance y contenido natural no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, ya que sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el juicio de origen, y se podrían reparar en caso de obtener sentencia favorable. Apoya lo anterior, la Tesis Aislada II.1o.C.4 K (10a.), que aprobó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 2075, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con el número de registro 2006576, que establece: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: 'LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.', pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." Apoya lo anterior la tesis aislada (X Región) 4o.2C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, cuyo rubro y texto es: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." (Visible a página 2488, Tomo IV del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 47, Octubre de 2017, Décima Época) En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia respecto de la interlocutoria de dos de septiembre del año en curso, dictada en el recurso de revocación hecho valer por el quejoso, en el juicio ordinario civil 599/2018, por la cual, determinó confirmar el proveído de diecisiete de octubre anterior, en el que no proveyó de conformidad la petición del quejoso para apercibir a los demandados en caso de no cumplir con la prevención hecha por la responsable, a fin de señalar domicilio de los litisconsortes necesarios. Finalmente, es importante precisar que este juzgador no pasa inadvertida la circunstancia de que el peticionario no acredita la calidad de mandatario que ostenta; sin embargo, tal situación no representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, pues a nada práctico conduciría requerir al impetrante para que satisficiera el requisito en cuestión, ya que en su caso, el desahogo de dicha prevención no conllevaría -de manera esencial- alguna posibilidad de que este resolutor arribara a una convicción distinta de la precisada en este proveído, en razón de lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia aquí apuntada. Y, por el contrario, postergar el pronunciamiento del resultado substancial que de cualquier modo recaerá al ocurso del solicitante de garantías, sólo acarrearía mayores perjuicios dilatorios al justiciable, en detrimento de lo que impone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica el usuario "9643096" correspondiente al ocursante; asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNO. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico proporcionado por la impetrante, a saber, nicolas.flores@iusmedic.com. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Finalmente, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán general su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.

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