Nicolás Emiliano Chávez Martínez
Expediente 970/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/03/2021
Partes del expediente
- Nicolás Emiliano Chávez Martínez
Actuaciones
- Principal
ARCHIVO
- Principal
EN ATENCION AL ACUERDO DE DOS DE MARZO ACTUAL, ASI COMO AL CITATORIO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE NOTIFICA AL QUEJOSO, LA DETERMINACION DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda promovida por ***** con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 970/2020-I-A. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La resolución interlocutoria dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el juicio ***, del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancinco, Estado de México, en la que resolvió el recurso de revocación y confirmó el auto emitido el veintinueve de octubre del año en curso, en el que se ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues dicha resolución sólo afecta derechos adjetivos. En efecto, el amparo indirecto, tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra los de imposible reparación, los cuales consisten según el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. En efecto, la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de violaciones procesales, pues se trata de un pronunciamiento intrínsecamente relacionado a una determinación vinculada con la finalidad de turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente, y por regla general dichas violaciones se pueden reclamar cuando transcienden en el resultado de la sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra la sentencia correspondiente, si es contrario a los intereses de la hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. Dicho de otro modo, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la referida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. **** Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Por ende, si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que dichos profesionistas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, en este acto se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número telefónico y/o correo electrónico a efecto de poder establecer comunicación. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda promovida por ***** con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 970/2020-I-A. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La resolución interlocutoria dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el juicio ***, del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancinco, Estado de México, en la que resolvió el recurso de revocación y confirmó el auto emitido el veintinueve de octubre del año en curso, en el que se ordenó turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues dicha resolución sólo afecta derechos adjetivos. En efecto, el amparo indirecto, tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra los de imposible reparación, los cuales consisten según el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. En efecto, la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de violaciones procesales, pues se trata de un pronunciamiento intrínsecamente relacionado a una determinación vinculada con la finalidad de turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente, y por regla general dichas violaciones se pueden reclamar cuando transcienden en el resultado de la sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra la sentencia correspondiente, si es contrario a los intereses de la hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. Dicho de otro modo, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la referida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. **** Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Por ende, si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Con relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que dichos profesionistas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020). Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, en este acto se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número telefónico y/o correo electrónico a efecto de poder establecer comunicación. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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