Nicolas De los Santos Rodriguez
Expediente 1477/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 35 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1477/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Nicolas De los Santos Rodriguez
- Ana Bertha Limon Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, y considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con su numeral 2º, se declara que dicha sentencia CAUSAEJECUTORIA. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y una vez recabadas las constancias de notificación del presente auto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, se advierte que el expediente en que se actúa encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la práctica de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo indirecto 1477/2019 con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Perla Erika Acevedo Galicia Woolrich, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2181/2020, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, asistida por la Secretaria Myrna Raquel Tapia Quezada quien da fe, declara abierta la audiencia sin la comparecencia de las partes, ni representante de alguna de ellas, situación que no les depara perjuicio, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia, no obstante, a fin no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de esta manera. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes solicitó asistir de manera presencial o vía electrónica a la audiencia constitucional que nos ocupa. Acto continuo, la Secretaria hace relación de los autos y da cuenta con la admisión de la demanda de amparo, las constancias de notificación a las partes, el informe justificado rendido por las responsables y la intervención que se dio a la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional. Enseguida, la Secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que anteceden y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. A continuación, se abre el período probatorio, en consecuencia la Secretaria da cuenta a la Secretaria encargada del Despacho con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. La Secretaria encargada del despacho acuerda: conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza y existencia en autos, las probanzas que anteceden. Al no existir medios de prueba pendientes por desahogar se da por concluida la etapa probatoria. Acto seguido se abre el período de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Enseguida la Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes restantes para formular alegatos. Sin alegatos pendientes, se da por concluida la etapa de alegatos. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, se concluye esta audiencia y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar sentencia. Doy fe. VISTOS; para resolver el juicio de amparo 1477/2019, promovido por Nicolás de los Santos Rodríguez, contra actos del Alcalde Tláhuac y otras autoridades, por violación a los artículos 5°, 16° y 17°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, Nicolás de los Santos Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto siguiente: III.- AUTORIDADES RESPONSABLE Alcalde, de la Alcaldía Tláhuac. Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Reclamo de la autoridades señaladas como responsables Del alcalde en Tláhuac.-La omisión de iniciar los trabajos de demolición y reconstrucción del mercado de Zapotitlán ubicado en calle Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.- la negativa de liberar los recursos económicos para el inicio de la demolición y construcción del mercado de Zapotitlán. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.- la omisión de iniciar los recorridos para la demolición y construcción del mercado de Zapotitlán. Así como la negativa de autorizar los recursos necesarios para dar inicio a la construcción. SEGUNDO. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado registró la demanda de amparo con el expediente 1477/2019, admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención respectiva a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó informes justificados a las autoridades responsables. TERCERO. Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este punto conviene destacar que en sesión de diecisiete de marzo del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, donde determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de la presente anualidad, debido a lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Luego, el trece de abril del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 6/2020, mediante el cual se reformaron los artículos 1, 3, 4, fracciones I, III, V y VI, y 9, segundo y quinto transitorios y se adicionaron las fracciones VIII y IX al artículo 4 del Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, ampliando la suspensión en su totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al cinco de mayo del año que transcurre, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus. Después, en sesión de veintisiete de abril de la presente anualidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el diverso Acuerdo General 8/2020, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, mismo que en su artículo 10 establece la reanudación de la actividad jurisdiccional única y exclusivamente para la resolución de aquéllos casos que se hayan tramitado físicamente y que estén en estado de sentencia o resolución final. CUARTO. También resulta necesario dar noticia del diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en las órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, del cual se desprende que los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial Federal regresan a las actividades jurisdiccionales observado una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, como en el presente caso acontece. QUINTO. Realizado el trámite correspondiente, por auto de seis de agosto de este año, se reanudó la tramitación del presente juicio y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2181/2020, de treinta y uno de agosto de dos mil veinte,es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama la constitucionalidad de un ordenamiento local de observancia general. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A partir del análisis que se realiza en términos de la ley y la jurisprudencia, sobre el contenido integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio son los siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Alcalde de Tláhuac. Omisión de iniciar trabajos de demolición y reconstrucción en el mercado público Zapotitlán. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Omisión de realizar recorridos para la demolición y reconstrucción del citado mercado público. Negativa de autorizar recursos económicos para la demolición y reconstrucción mencionada. Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Negativa de liberar recursos económicos para la demolición y reconstrucción aludida. TERCERO. Certeza de los actos. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México al rendir su informe justificado, negó la omisión y negativa reclamadas. No obstante lo anterior, a efecto de precisar la certeza o inexistencia de la omisión y negativas impugnadas por la parte quejosa a la autoridad responsable en mención, es dable precisar que al ser actos de carácter omisivo o de abstención; por regla general, corresponde a las autoridades acreditar que no incurrieron en la negativa y abstención que la parte quejosa les atribuye, además, para que se actualice su existencia debe constar previamente la obligación correlativa de la autoridad responsable. Tiene aplicación al asunto la tesis número 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Por tanto, previo a pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. En ese tenor, es necesario tener en cuenta que para que exista una omisión, se deben reunir dos elementos, a saber: La obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se le imputa el acto omisivo. Una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. En relación con la omisión de realizar recorridos para la demolición y reconstrucción del mercado público Zapotitlán, la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México manifestó que dicha abstención no es cierta en razón de que conforme a sus atribuciones, no le compete la realización de lo imputado, sino que ello le corresponde a la Alcaldía Tláhuac, de conformidad, entre otros ordenamientos, con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 30 y 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; así como los artículos Segundo y Séptimo de los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal. Aseveraciones que se corroboran con lo establecido en el artículo 30, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, del que se advierten las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y respecto de las cuales no se aprecia que como facultades de esa autoridad exista la realización de adecuaciones o regulación de mercados públicos. De lo anterior, se puede colegir que no es cierta la omisión de realizar recorridos para la demolición y reconstrucción del mercado público Zapotitlán que el quejoso reprocha a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. En relación con la negativa de autorizar recursos económicos para la demolición y reconstrucción mencionada, la Secretaría de Desarrollo Económico señalada como responsable adujo que no es cierta su participación, toda vez que si bien existe el Programa de Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de siete de febrero de dos mil diecinueve, cuyo objetivo es que las Alcaldías presenten proyectos para mejorar la infraestructura de los centros de abasto y su entorno, lo cierto es que la Alcaldía de Tláhuac no presentó proyecto alguno referente al Mercado Zapotitlán, por lo que su acondicionamiento y mejora se realiza con recursos propios, lo que acreditó con copia certificada del oficio con terminación 1816/2019 de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (foja 24), cuyo valor probatorio es pleno al estar en copia certificada, en términos de los artículos 197, 202 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, es coincidente con lo manifestado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, que al rendir su informe justificado negó su participación respecto de la negativa de liberar recursos económicos para la demolición y reconstrucción aludida, al expresar, por un lado, que no cuenta con registros en el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales sobre algún movimiento o adecuación presupuestaria relacionada con tal mercado; y por otro, que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, la Alcaldía Tláhuac es responsable del manejo y aplicación de los recursos presupuestales autorizados, los cuales están previsto en el precepto 7 del Decreto de Presupuestos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; del que en efecto, se aprecia que dicha Alcaldía tiene partida presupuestaria para llevar a cabo sus funciones como órgano político administrativo encargado de la regulación de mercados públicos. Lo anterior sin que la parte quejosa hubiere aportado al presente juicio de amparo prueba alguna que lograra desacreditar lo manifestado por la responsable en cita; ni de autos se advierte algún medio probatorio que desvirtúe tales negativas. Sirve de apoyo la Jurisprudencia (V Región) 2o. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, cuyo rubro y texto establecen: ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. Lo explicado permite aseverar que las negativas imputadas a las autoridades Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, no son ciertas. Ante la inexistencia del acto reclamado atribuible a las citadas autoridades, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, respecto del acto reclamado a la Alcaldía Tláhuac, dicha autoridad al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, la omisión que la parte quejosa le atribuye y al respecto realizó diversas manifestaciones en las que esencialmente adujo que, contrario a la aseveración del quejoso, los trabajos de demolición y reconstrucción del mercado Zapotitlán iniciaron desde el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; y, por tanto, no asiste la razón al impetrante al señalar que la responsable ha sido omisa en iniciar los trabajos de demolición y reconstrucción del mercado antes citado, pues refiere que al ser locatario de dicho lugar le consta que antes de la promoción del juicio de amparo, la responsable ya había iniciado con los trabajos de demolición y reconstrucción del inmueble materia del amparo. En ese sentido, refiere que tal negativa la basa en los medios de prueba que acompaño en copia certificada a su informe, razón por la cual señala que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, porque el acto que le es reprochado es inexistente. La suscrita considera que asiste razón a la responsable, porque de las pruebas que adjuntó a su informe justificado, se puede advertir que los actos que le reprochó son inexistentes, lo anterior en atención a los razonamientos que enseguida se expondrán. Corrobora lo anterior, que la parte quejosa presentó su escrito de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve; y, de la bitácora de obra que exhibió la autoridad en el presente juicio se advierte por una parte que los trabajos relativos a la demolición del mercado Zapotitlán iniciaron el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; y, que dichos trabajos culminaron el veintiocho de junio de dos mil diecinueve; tal y como se aprecia de la imagen que se inserta a continuación: Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en los términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público; de la cual se desprende que el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se cerró la bitácora de obra, relativa a la "Reconstrucción del Mercado Público Santiago Zapotitlán, dentro de la Alcaldía Tláhuac", a cargo de la contratista ahí mencionada. Sin que pase inadvertido para esta resolutora el hecho que el motivo por el cual se dio por concluida de manera anticipada la obra del mercado, fue por el bloqueo de los locatarios del mismo; sin embargo, tal circunstancia no puede ser reprochada a las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, de lo narrado se colige que la situación jurídica y de hecho que dio origen a este juicio, quedó extinguida, previo a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, por lo cual si los trabajos para la demolición y reconstrucción del mercado Zapotitlán, iniciaron antes de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, y que con fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se dieron por concluidos por el bloqueo que los locatarios del mercado en cuestión realizaron para impedir la continuación de la obra, es inconcuso que la afectación que le reprochó a la autoridad en cita es inexistente. En virtud de lo anterior, puede establecerse que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la omisión reclamada a la autoridad responsable dejó de existir previa a la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 12, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Consecuentemente, se concluye que es fundada la causa de sobreseimiento propuesta por la autoridad responsable, prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; y, por ende, se impone decretar sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo citado. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1477/2019, promovido por Nicolás de los Santos Rodríguez, en los términos de los considerandos tercero y último de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a seis de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Asimismo del estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que debido a la suspensión de labores en términos de los citados Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y su prolongación hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, no se llevó a cabo la audiencia constitucional señalada para las once horas del siete de abril de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, toda vez que el presente asunto encuadra en los supuestos previstos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los numerales 365 y 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales de este juicio y se reanuda su tramitación. En consecuencia, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe aclarar que acorde a lo establecido en el artículo 115, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional debe señalarse a más tardar dentro del término de treinta días, sin embargo, la fecha de audiencia que se menciona se fija en razón a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible programar su celebración con fecha anterior a la señalada. Apoyo la anterior consideración, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuya sinopsis es del siguiente contenido literal: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador. Hágase del conocimiento de las partes e infórmeseles que tienen expedito su derecho para manifestar si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional citada; en el entendido que en caso de ser afirmativa dicha solicitud deberán hacerla con la oportunidad debida (tres días antes de la celebración de la audiencia), y manifestar si cuentan con los medios técnicos para hacerlo. Por otra parte, agréguese el oficio firmado por la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Alcaldía en Tlahuac, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de tres de marzo del año en curso. Atento a lo anterior, téngase por desahogado el requerimiento de mérito y con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
INFORMESE A LA OFICIANTE LO QUE SE INDICA
Quedan 31 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,772 expedientes
- Nestor Joel Cruz Maldonado12/2023
- Nestor Lenin Ojeda García762/2017
- Nestor Salcedo Gallegos952/2018
- New Corporate Approach, sociedad civil1087/2015
- Nicacio Cruz Huerta1080/2020
- Nicolás Ayala Fuentes284/2019
- Nicolás Domínguez Vergara1582/2017
- Nicolas Eduardo Carmona García1521/2015
- Nicolas López Pérez1987/2014
- Nicolas Martel Pérez1542/2016
- Nicolas Nava Camacho1277/2013
- Nicolás Pérez Ramírez1079/2020