Nicacio Cruz Huerta

Expediente 1080/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1080/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Nicacio Cruz Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio.

  2. Incidental

    Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. AUDIENCIA INCIDENTAL Ciudad de México siendo las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1080/2020, se procede a celebrarla ante la presencia de Dinorah Hernández Jiménez, Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de la Secretaria que da fe. Doy fe. Asimismo la secretaria CERTIFICA: Que el presente expediente se encuentra debidamente integrado, toda vez que las autoridades fueron correctamente emplazadas a juicio y rindieron sus informes previos; igualmente que la autoridad responsable Cámara de Diputados fue notificada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por lo que el término de cuarenta y ocho horas, para que rindiera su informe previo, transcurrió del veintisiete al treinta de noviembre de dos mil veinte, asimismo que las partes fueron debidamente notificadas de la reanudación del trámite incidental para los efectos legales procedentes. Doy Fe. La Secretaria hace relación de constancias: Copia simple de demanda; auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, donde se proveyó respecto de la suspensión provisional, informes previos y constancias de notificación. Acto seguido, la Jueza acuerda: En términos de lo dispuesto en el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden para los efectos legales procedentes. Abierto el período de pruebas: La Secretaria da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la parte quejosa la documental exhibida. Abierta la etapa de alegatos: La Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. La Jueza acuerda: Toda vez que no existe alegato que recibir, se cierra este período y al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede al pronunciamiento de la resolución correspondiente. VISTOS; los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1080/2020, promovido por Nicacio Cruz Huerta por propio derecho y, R E S U L T A N D O : Que como se proveyó en el cuaderno principal del juicio de amparo 1080/2020, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, esta juzgadora resolvió lo conducente sobre la suspensión provisional, se tramitó el incidente y celebró la audiencia incidental en todas sus etapas, como consta en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, en lo dispuesto en los artículos 107, fracciones X y XI, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 48, último párrafo, 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del objeto de la suspensión. Los ACTOS RECLAMADOS la parte quejosa reclama sustancialmente: 1. Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en los artículos 1, 2, fracciones I y IV, 3, fracciones VIII, XXIII y XXV, 4, 9, fracción I, 32,33, fracción II, 34, 35, segundo párrafo, 46, 47, 48 y 49. 2. La aplicación del Acuerdo pronunciado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se da a conocer el formato para llevar a cabo la declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3. La aplicación del segundo Acuerdo publicado el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, donde se da a conocer los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de interés conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 4. El Acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinte, en que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020, emitido por la Secretaría de la Función Pública. 5. El oficio UEPPCI/317/DRPI/OT/137/2020 de seis de julio de dos mil veinte, emitido por la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la Secretaría de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual señala que no podrían cincelarse derechos de índole laboral de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación, como un supuesto de excepción para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en virtud de que el régimen laboral es independiente del ámbito administrativo. 6. El oficio UTPA/120/078/2020 de veintitrés de octubre de dos mil veinte, y firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia y de Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue dirigido al Secretario General del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. Asimismo, cabe precisar que la parte quejosa solicitó la suspensión para los siguientes EFECTOS: [.] Dicha suspensión es solicitada por lo que respecta a la presentación del formato de declaración de situación patrimonial y de intereses del 2019 del hoy quejoso, cuyo efecto deberá ser que las cosas se mantengan en el estado que se encontraban antes de que la autoridad responsable me indicara que tenía que realizarla, sin que se lleve a cabo la ejecución de la misma, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo solicitado y de forma específica para que no sea objeto de sanción alguna por parte de las autoridades responsables [.] En atención a lo anterior, este juzgado considera que el OBJETO del presente incidente consiste en determinar, conforme a lo alegado y probado por las partes, si este Juzgado debe o no ordenar a las autoridades responsables a que permanezcan las cosas en el estado en el que se encontraban previo a la emisión de los actos reclamados y se le exima al quejoso de la obligación de rendir su declaración de situación patrimonial y de interés inicial. Para ello, se procede a verificar en los siguientes considerandos, respectivamente, que se cumplan todos los REQUISITOS legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, (i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; (ii) que haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; (iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; (iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y (v) que el asunto supere un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de esta juzgadora, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.) y XXVII.3o. J/2 (10a.) de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". TERCERO. Petición de parte. En el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicitó la medida cautelar, por lo que se cumple el requisito legal establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. CUARTO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: 1. Titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. ( Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en los artículos 1, 2, fracciones I y IV, 3, fracciones VIII, XXIII, 4, 9, fracción I, 32, 33, fracción II, 34, 35, segundo párrafo, 46, 47, 48 y 49. ( La aplicación del Acuerdo pronunciado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se da a conocer el formato para llevar a cabo la declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ( La aplicación del segundo Acuerdo publicado el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, donde se da a conocer los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de interés conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ( El Acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinte, en que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020, emitido por la Secretaría de la Función Pública. ( El oficio UEPPCI/317/DRPI/OT/137/2020 de seis de julio de dos mil veinte, emitido por la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la Secretaría de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual señala que no podrían quitarle derechos de índole laboral de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación, como un supuesto de excepción para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en virtud de que el régimen laboral es independiente del ámbito administrativo. 2. Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la Secretaría de la Función Pública. ( Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en los artículos 1, 2, fracciones I y IV, 3, fracciones VIII, XXIII, 4, 9, fracción I, 32, 33, fracción II, 34, 35, segundo párrafo, 46, 47, 48 y 49. ( La aplicación del Acuerdo pronunciado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se da a conocer el formato para llevar a cabo la declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ( La aplicación del segundo Acuerdo publicado el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, donde se da a conocer los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de interés conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ( El Acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinte, en que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020, emitido por la Secretaría de la Función Pública. ( El oficio UTPA/120/078/2020 de veintitrés de octubre de dos mil veinte, y firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia y de Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue dirigido al Secretario General del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. 3. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. ( La aplicación del Acuerdo pronunciado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se da a conocer el formato para llevar a cabo la declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ( La aplicación del segundo Acuerdo publicado el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, donde se da a conocer los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de interés conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ( El Acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinte, en que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020, emitido por la Secretaría de la Función Pública. 4. Secretaría de la Función Pública. ( Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en los artículos 1, 2, fracciones I y IV, 3, fracciones VIII, XXIII, 4, 9, fracción I, 32, 33, fracción II, 34, 35, segundo párrafo, 46, 47, 48 y 49. ( El oficio UEPPCI/317/DRPI/OT/137/2020 de seis de julio de dos mil veinte, emitido por la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la Secretaría de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual señala que no podrían quitarle derechos de índole laboral de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación, como un supuesto de excepción para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en virtud de que el régimen laboral es independiente del ámbito administrativo. ( El oficio UTPA/120/078/2020 de veintitrés de octubre de dos mil veinte, y firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia y de Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, el cual fue dirigido al Secretario General del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. Toda vez que así lo manifestaron al momento de rendir sus informes previos, pasando la carga probatoria, por ende, exclusivamente sobre el promovente de amparo, quien no ofreció pruebas con las que desvirtúe la negativa de las responsables. En tal circunstancia, y al no existir elemento de prueba eficaz que desvirtúe la negativa de la autoridad responsable en relación con los actos descritos, este juzgado debe tener por no demostrada su existencia, en consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, no hay materia sobre qué decretarla. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/19, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Quinto. Certeza de Actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. ( Promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. ( Expedición y aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3. Titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública. ( Emisión del oficio UTPA/120/078/2020 de veintitrés de octubre de dos mil veinte. 4. Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la Secretaría de la Función Pública. ( En el oficio UEPPCI/317/DRPI/OT/137/2020 de seis de julio de dos mil veinte. 5 Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ( La aprobación de los formatos en los cuales los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno deben presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como las normas e instructivo para su llenado y presentación. 6. Secretaría de la Función Pública. ( Emisión de los Acuerdos donde se da a conocer los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de. los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de interés conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pues así lo manifestaron al rendir sus informes previos. De igual forma, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto reclamado a la Cámara de Diputados, en virtud de que no rindió informe previo a pesar de haber quedado debidamente notificada. Máxime, que la existencia del ordenamiento legal indicado, se acredita de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Sexto. Susceptibilidad de Suspensión. En la especie, el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado en el que se encontraban previo a la indicación de que tenía que realizar la declaración de situación patrimonial y de intereses de dos mil diecinueve, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo solicitado. Por su naturaleza, se trata de un acto positivo que sí permite su paralización. Séptimo. Interés jurídico o legítimo. En el caso se advierte que el quejoso acude al presente juicio en defensa de un interés jurídico, dado que la expedición y aplicación de los Acuerdos que impugna, la emisión de los oficios de que se duele, al efectuar la declaración de situación patrimonial pueden causar una afectación directa a su esfera jurídica al ser servidor público. Octavo. Apariencia del buen derecho frente al interés social o al orden público. Por lo que hace a este requisito, que establece que la suspensión es improcedente cuando un acto afecta el interés público o social; cabe precisar al respecto que, no basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que se surta el extremo señalado, sino que es necesario que se acredite que el otorgamiento de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público, por las características propias del acto; luego, ante un acto de tal naturaleza, para determinar la procedencia de la medida cautelar, debe sopesarse el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado y la afectación a sus derechos en disputa. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1049, que textualmente dice: SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN. No basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo para el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el interés particular de uno de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor que como podría dañar al quejoso la ejecución del acto concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para aplicar el criterio de interés social y de orden público contenidos en el precepto a comento, se debe sopesar o contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad. De ahí que, por orden público se entiende que es el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, se entiende la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. En este orden de ideas, la jurisprudencia I.3º. A. J/16, establece: SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. También la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, dice: SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto. En la especie, no se cumple el requisito antes citado, ya que el quejoso reclama, entre otros, el Acuerdo por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19); publicado el veintidós de abril de dos mil veinte, que establece que se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hasta el treinta y uno de julio de 2020, así como el Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de 2020, para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, incluidas aquellas que deberán presentarlas por primera vez. Esto es, a través de dichos Acuerdos se estableció que se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, con los niveles de jefe de departamento, enlaces, operativos y de base sindicalizados, que por primera vez están obligados a declarar, en términos del artículo SEGUNDO del "ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas". Lo anterior, sin perjuicio de las determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19). De ahí que, de conceder la suspensión solicitada por el quejoso, para que por medio de ésta, se le permita no cumplir con lo establecido en el Acuerdo referido, causarían perjuicios al orden público e interés general, pues la sociedad se encuentra interesada en que se cumplan las normas generales que tienen por objeto regular el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público con el nivel que sea, desde el inicio hasta el fin de su encargo al nivel o categoría que sea, y no se impida su observancia general por medio de la suspensión. En razón de lo anterior, no es necesaria la comprobación de la apariencia del buen derecho del peticionario del amparo, ya que el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios que pudiera sufrir el quejoso. Lo anterior es así, toda vez que en caso de otorgar la suspensión se estaría poniendo en riesgo la integridad de la actividad de transparencia, rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, cuya finalidad es, entre otras, dar seguimiento a la evolución y correspondencia del patrimonio con los ingresos obtenidos legalmente, y combatir a la corrupción, ya que la sociedad está interesada en la evolución económica de los servidores públicos u homólogos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. LXXXIX/2018, que dispone: DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES. TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR MANDATO CONSTITUCIONAL, ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTARLAS (CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 32 Y 46 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). Conforme al último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley; a su vez, los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas disponen que todos los servidores públicos están obligados a hacerlo ante las Secretarías o el respectivo órgano interno de control. Por su parte, el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015, se rige por los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia, y busca promover la integridad y la obligación de rendir cuentas; en armonía con estos objetivos se encuentra la obligación, de todo servidor público, de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, sin que pueda considerarse que aquellos que estaban en activo, antes de la reforma constitucional que introdujo el Sistema referido, y que por ley no estaban obligados a presentarlas, adquirieron el derecho a no hacerlo, pues el deber que ahora han de cumplir deriva del texto del artículo 108, último párrafo, mencionado, justamente porque las normas constitucionales, como creadoras de un sistema jurídico, tienen la capacidad de regular y modificar actos o situaciones ya existentes, como aconteció en el caso, en beneficio de la sociedad. También, sirve de apoyo la jurisprudencia PC.IV.A. J/52 A, que establece: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TRATÁNDOSE DE PARTICULARES CONTRATADOS POR EL ESTADO PARA PRESTAR UN SERVICIO PÚBLICO. El precepto citado establece la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, a las siguientes personas físicas y morales privadas que sean contratadas por cualquier ente público para: i) prestar un servicio público; y, ii) un fin distinto a la prestación de un servicio público. Respecto de las primeras personas, existe una justificación aparente que impide afirmar que la restricción al derecho a la privacidad causada por esa disposición normativa sea probablemente inconstitucional, ya que si los servidores públicos tienen, en principio, un derecho a la privacidad menos extenso que el de los particulares en relación con las actividades vinculadas con su función pública, entonces, por identidad de razón, resulta razonable asumir que un particular también puede tener un derecho a la privacidad menos extenso, cuando ejerce una función pública al prestar un servicio público; por tanto es improcedente otorgarles la suspensión provisional respecto a la obligación a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, pues de concederse la medida cautelar respecto de estas personas, se causaría una afectación relevante a disposiciones de orden público y al interés social. Además conforme a lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, el orden público internacional está particularmente interesado en el combate a la corrupción por personas que prestan servicios públicos, con independencia de que sean particulares o funcionarios públicos en sentido formal, aunado a que con el otorgamiento de la medida cautelar se afectaría gravemente el interés social, en la medida en que el combate a la corrupción en la prestación de servicios públicos es fundamental para afianzar el carácter democrático de un Estado de derecho, atendiendo a la naturaleza de los derechos fundamentales que satisfacen los servicios públicos. Por tanto, NO se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo Noveno. DECISIÓN SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Finalmente, infórmese que esta resolución será firmada electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. SE R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva, de conformidad con el considerando cuarto y octavo de la presente resolución.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. . VISTA 196 En consecuencia, con copia del oficio de cuenta y anexo que le acompaña y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, DESE VISTA a la parte quejosa, para qué dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. De igual forma, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que en el término antes precisado, señale lo que a su representación social competa. Se les apercibe que de no cumplir con la vista, aún sin argumentos de su parte, este juzgado resolverá lo conducente, con las constancias que obren en el sumario. . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Sars-Cov2 Covid-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 6/2020 del propio Pleno; asimismo, que la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Asimismo del estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que debido a la suspensión de labores en términos de las circulares emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, desde el cinco de diciembre de dos mil veintiuno y su prolongación hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno, no se llevó a cabo la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintidós de diciembre de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, toda vez que el presente asunto encuadra en los supuestos previstos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los numerales 365 y 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales de este juicio y se reanuda su tramitación. En consecuencia, se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento de las partes e infórmeseles que tienen expedito su derecho para manifestar si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional citada; en el entendido que en caso de ser afirmativa dicha solicitud deberán hacerla con la oportunidad debida (tres días antes de la celebración de la audiencia), y manifestar si cuentan con los medios técnicos para hacerlo. Por otra parte, agréguense a los autos los oficios firmados por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación de la Titular de la Secretaría de la Función Pública, del Titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de la Directora de Registro Patrimonial y de Intereses de la Secretaría de la Función Pública, mediante los cuales rinden sus informes justificados. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes referidos; dese vista a las partes en el presente juicio de amparo para su conocimiento, a fin de que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia, ténganse como delegados de las responsables a las personas que refieren y como domicilio el que señalan. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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