Nicolás de la Cruz Manzano
Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Nicolás de la Cruz Manzano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por cuanto a los tres tomos de prueba que se formaron por separado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, quien los remitió con su informe justificado. Notifíquese.
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notificación personal.-
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL POR ESTRADOS A LA PARTE TERCERO INTERESADO BRAULIO PIMENTEL ANTUNEZ, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 425/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Nicolás de la Cruz Manzano, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con domicilio en San Luis Acatlán, Guerrero. Ejecutora Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en San Luis Acatlán, Guerrero. ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión y su eventual ejecución. SEGUNDO. Preceptos constitucionales reclamados. El quejoso señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 2, 14 y 16 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda registrada con el número 425/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio tanto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen la intervención legal correspondiente, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el quince de agosto de dos mil dieciocho al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se trata de un acto restrictivo de la libertad, cuyos efectos son de imposible reparación atribuible a una autoridad de naturaleza judicial, residente dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda en relación con las demás constancias de autos, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia de la autoridad judicial, la orden de aprehensión que el quince de febrero de dos mil dieciocho giró en su contra el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, dentro de la causa penal 54/2015, por los delitos de lesiones calificadas y robo calificado en agravio del aquí tercero interesado Braulio Pimentel Antúnez, y su ejecución atribuida a la autoridad señalada con tal carácter. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y el Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, residentes en San Luis Acatlán, Guerrero, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron los actos que se les atribuyen, lo que se corrobora además con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal 54/2015, remitida por el juez como justificación a su informe (tomos I, II y III de prueba), la cual dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de fondo del asunto, resulta conveniente destacar los antecedentes directos de la orden de aprehensión reclamada, los cuales se derivan de las constancias que integran la referida causa penal número 54/2015, que fueron valoradas en el considerando que antecede y de las que se obtiene: 1. El diecinueve de julio de dos mil catorce, con motivo de la denuncia telefónica presentada por la trabajadora social del hospital básico comunitario de San Luís Acatlán, Guerrero, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en aquélla ciudad, se dio inició a la averiguación previa ALT/SC/01/0148/2014, por los delitos de lesiones dolosas, robo de vehículo y lo que resulte, cometidos en agravio del aquí tercero interesado Braulio Pimentel Antúnez, en contra del quejoso y otros. 2. Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento penal número 61/2015 de cuatro de mayo de dos mil quince, el representante social consignó sin detenido a la autoridad judicial correspondiente la referida averiguación, solicitando el ejercicio de la acción penal y la reparación del daño en contra de Eliseo Villar Castillo, Valerio Morales Solano, Benito Dircio Solano, Adelaida Hernández Nava y el aquí quejoso Nicolás de la Cruz Manzano, por los delitos de lesiones agravadas y robo calificado, cometidos en agravio de Braulio Pimentel Antúnez. 3. De tal pedimento tocó conocer al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con domicilio en San Luís Acatlán, Guerrero, siendo radicado el doce de mayo siguiente bajo el número de causa penal 54/2015. 4. El quince de mayo del mismo año, el juez responsable libró orden de aprehensión en contra del quejoso y otros como probables responsables en la comisión de los delitos de lesiones calificadas, (previsto en el artículo 105, fracciones IV y VI, en relación con el arábigo 108, fracción II, incisos b) y c), ambos del Código Penal del Estado de Guerrero), y robo calificado (previsto en el artículo 163, fracción III, en relación con el arábigo 164, fracciones I, III, V, VI y XI ambos del Código Penal del Estado de Guerrero) en agravio del tercero interesado. 5. Contra la aludida orden de captura el quejoso promovió el juicio de amparo número 657/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que por sentencia autorizada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que el Juez responsable hiciera lo siguiente: "1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de quince de mayo de dos mil catorce, dictada en la causa penal 54/2015-I; únicamente por lo que respecta al quejoso y, 2. Dicte una nueva resolución, en la que reitere su estudio sobre la acreditación de los elementos de la conducta genérica del ilícito de lesiones (la existencia de un daño o alteración en la salud del sujeto pasivo y que sea provocado por una causa externa ajena a su voluntad e imputable a determinado sujeto activo), y siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución: a) De manera fundada y motivada establezca por qué considera se actualizan las fracciones IV y VI del artículo 105 del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en la que acontecieron los hechos) y si las mismas pueden coexistir o si una excluye a la otra, dado que tienen diversas penalidades. b) Suprima las incongruencias a que se ha hecho referencia en la presente resolución en el apartado del cuerpo del delito de lesiones calificadas, en relación con la transcripción de las fracciones IV y VI del artículo 105 del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos), y respecto de la valoración de los testimonios de Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román, ante el órgano ministerial el cuatro y veinticinco de septiembre de dos mil catorce, respectivamente. c) Asimismo, al estudiar los hechos materia de la consignación, deberá verificar si se actualizan las calificativas contenidas en el artículo 108, fracción II, incisos b) y c), del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos), para lo cual precisará el supuesto específico y con qué pruebas las tuvo por comprobadas, motivando debidamente la determinación que adopte al respecto. 3. En relación con el delito de robo calificado, deberá reiterar la acreditación del cuerpo del delito en sus elementos típicos consistentes en una acción de apoderamiento de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio y sin el consentimiento de quien pudiera otorgarlo conforme a la ley, respecto de los cuales, por lo que hace a los dos últimos, deberá precisar con qué medios de convicción los tuvo por demostrados; luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución determine que no se configuran las calificativas previstas en el artículo 164, fracciones I, III y V del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos). 4. Hecho lo cual, reitere la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso. 6. Así, por acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso dictado en el juicio de amparo 657/2018 de este índice, se analizó la resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, remitida por el juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ahí dictada, y se determinó que no se cumplía con el inciso c) del punto 2 de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que nuevamente se requirió su cumplimiento, para lo cual se ordenó dejar sin efectos dicha resolución y emitiera una nueva en la que abordase el citado análisis. 7. En cumplimiento a lo anterior, el quince de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, dejó insubsistente la orden de captura de quince de diciembre de dos mil diecisiete, y dictó nueva orden de aprehensión en contra del quejoso como probable responsable en la comisión de los delitos de lesiones calificadas y robo calificado, previstos y sancionados, el primero por el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), y el segundo por el artículo 163 en relación con el 164, fracciones VI y XI, todos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, en agravio del aquí tercero interesado Braulio Pimentel Antúnez (constituyendo tal determinación el objeto de estudio en el presente juicio de amparo). QUINTO. Estudio de fondo. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni se actualiza alguna que deba analizarse oficiosamente, por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación, mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Así, se tiene que el quejoso en sus conceptos de violación indicó que la orden de aprehensión combatida transgrede en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1, 2, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, en razón de que no se encuentran acreditados los elementos de los delitos que se le atribuyen y tampoco su probable responsabilidad en la comisión de los mismos. Luego, debe decirse que los conceptos de violación se estiman infundados sin que la obligación de suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, conduzca a una conclusión distinta, como se expone a continuación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción anterior a la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, en la parte conducente textualmente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J 102/2006, sostuvo que si bien el artículo 16 Constitucional no indica que en la orden de aprehensión deba expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se imputa al acusado -requisitos implícitos en el contenido del artículo 19 Constitucional para el dictado del auto de formal prisión- a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el primer párrafo del citado numeral 16 Constitucional, la autoridad judicial que emita una orden de aprehensión debe, en todo caso señalar dichos datos, ya que ellos permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, y asimismo, permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Luego, de lo anterior podemos decir que, para que el dictado de una orden de aprehensión sea constitucional, deberá contener como requisitos los que a continuación se describen: 1. Que sea dictada por una autoridad judicial competente. 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 3. Que ese delito esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. 4. Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. 5. Que en ella se establezcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ejecución del delito. 6. Que esté debidamente fundada y motivada, como todo acto de autoridad debe estarlo. Sentado lo anterior, se procede a analizar si en la especie se han colmado los requisitos anteriormente expuestos. El primer requisito formal se satisface plenamente, en la medida en que el mandato de captura de quince de febrero de dos mil dieciocho, emana del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano. Asimismo, por lo que hace a la competencia tenemos que el artículo 7 del Código de Procedimientos Penales del Estado, dispone que es tribunal competente para conocer de un delito el del lugar en que se comete éste, mientras que de la intelección de los numerales 7, 8, 32 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, se deriva que los Juzgados de Primera Instancia conocerán de los asuntos en materia penal que les sean consignados por el Ministerio Público, y que el Distrito Judicial de Altamirano comprende entre otros, el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, por lo que resulta indudable que al haber ocurrido los hechos delictivos en esa localidad, la competencia en favor del Juez responsable se surte con fundamento en los numerales citados, con lo que queda justificada tal exigencia en los términos que marca el artículo 16 de la Constitución Federal. Continuando con el análisis del acto combatido acorde con los lineamientos constitucionales, es necesaria la existencia de denuncia o querella como requisito previo al libramiento de la orden de aprehensión, entendiendo por la primera, la noticia o comunicado que realiza una persona enterada de la posible comisión de un ilícito a la autoridad competente para su investigación, respecto de aquellos delitos perseguibles de oficio; y por la segunda, aquél acto llevado a cabo por el titular de un bien jurídico tutelado, o sin serlo, facultado por la ley para presentarla, al sufrir una afectación en su esfera jurídica por la posible comisión de un hecho clasificado por la ley como delito, en virtud del cual hace saber a la representación social persecutora de delitos el hecho cometido, y solicita se sancione al agente activo; se trata pues de la noticia criminis, es decir la información que recibe el agente del ministerio público, encargado de perseguir el delito, para que en su oportunidad se integre una averiguación previa, con tal exigencia constitucional se pretende evitar que la acción del órgano técnico investigador se inicie de manera arbitraria o caprichosa. Así, el segundo de los requisitos mencionados también se encuentra satisfecho, dado que al mandato de captura reclamado precede la denuncia que ante la autoridad ministerial realizó el tercero interesado Braulio Pimentel Antúnez el diecinueve de julio de dos mil catorce, en contra del aquí quejoso y otros. Asimismo, es atinada la decisión del juez responsable al estimar suficientemente cumplido el tercero de los requisitos de forma para librar la orden de aprehensión reclamada, pues las conductas que se atribuye al aquí quejoso, se encuentran tipificadas como los delitos de lesiones calificadas y robo calificado, las cuales se sancionan con pena privativa de libertad de conformidad, el primero con el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), y el segundo con el artículo 163 en relación con el 164, fracciones VI y XI, todos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos. Precisado lo anterior, es momento de abordar los requisitos constitucionales de fondo exigidos para el libramiento de la orden de aprehensión, y que consisten en que deben existir datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del gobernado. En este punto, conviene precisar que para el estudio que nos ocupa, el juez de amparo debe apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de tal manera que si se trata de una orden de aprehensión, su constitucionalidad o inconstitucionalidad debe examinarse únicamente a la luz de las pruebas que tomó en consideración el juez de la causa penal de origen para su emisión. Sentado lo anterior, tenemos que en la resolución reclamada se precisa el lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución de los delitos que se imputan al quejoso, y los datos que arroja la averiguación previa relativa, como acertadamente lo consideró el juez natural, se estiman aptos y suficientes para comprobar el cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. Ahora bien, se advierte que las hipótesis punitivas elegidas por el Juez responsable fueron los delitos de lesiones calificadas y robo calificado, previstos y sancionados, el primero en el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), y el segundo en el artículo 163 en relación con el 164, fracciones VI y XI, todos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos. LESIONES CALIFICADAS I. Por cuestión de orden en primer lugar se analizará el apartado del cuerpo del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), ambos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos, que disponen: "Artículo 105. Al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrá prisión: (.) VI. De tres a ocho años, si causan incapacidad por más de un mes y menos de un año para trabajar en la profesión, arte u oficio de la víctima; (.) Además de las penas previstas en las fracciones de la III a VIII, se impondrán de ochenta a doscientos días multa. El delito previsto en este artículo y sancionado en las fracciones I y II, se perseguirá a petición de la parte ofendida." "Artículo 108. Al autor de un homicidio calificado se le impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, siempre y cuando se demuestre la premeditación, ventaja, alevosía o traición. (.) II. Hay ventaja: (.) b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañen. (.)." Del contenido del primer dispositivo se observan los elementos que integran el cuerpo básico del delito de lesiones que se imputa al aquí quejoso, siendo éstos como bien lo precisó el juez responsable, los siguientes: a) La existencia de un daño o alteración en la salud del sujeto pasivo; y b) Que sea provocado por una causa externa ajena a su voluntad e imputable a determinado sujeto activo. Los citados elementos del cuerpo del delito se acreditan fehacientemente con los medios de prueba en que se sustentó la resolución impugnada, ya que al apreciar en conciencia el valor de los indicios que con suficiencia e idoneidad probatoria surgen de esas pruebas, se advierte que efectivamente, tal como lo estimó la autoridad responsable, en autos está demostrado que el quejoso Nicolás De la Cruz Manzano, es la persona que probablemente en forma conjunta con otros, el día diecinueve de junio de dos mil catorce lesionaron (golpearon) al agraviado Braulio Pimentel Antúnez. Para estimarlo de este modo la autoridad responsable valoró en su conjunto las pruebas allegadas a la indagatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado, el cual autoriza en forma expresa que el tribunal aprecie las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, con la condición de que exponga en sus resoluciones los motivos que hubiere tenido para asignarles valor probatorio. Lo que así ocurrió, si se toma en cuenta que el primero de los elementos a que se hizo referencia, la responsable lo tuvo por acreditado de manera correcta con la fe de persona lesionada, efectuada por el Ministerio Público el diecinueve de julio de dos mil catorce, quien hizo constar que se constituyó en el área de urgencias del Hospital Básico Comunitario de la localidad de San Luis Acatlán, Guerrero, acompañado del médico legista Conrado Vázquez Carretillo, para certificar el estado de salud del agraviado y con motivo de ello, dio fe de las diversas lesiones que éste presenta; diligencia ministerial que como refirió el juez de origen adquiere valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 58, 121, 122 y 125 del Código de Procedimientos Penales del Estado; ello, en atención a que la llevó a cabo una autoridad expresamente facultada para ello, como lo es el órgano investigador en calidad de titular del ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 21 de la Constitución General de la República, y por haberse referido a hechos susceptibles de ser apreciados a través de los sentidos de la vista y el tacto. Actuación que el juez responsable robusteció con el certificado médico de lesiones de esa misma fecha, signado por el doctor Conrado Vázquez Carretillo, perito médico legista dependiente de la Delegación de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (actualmente Fiscalía General del Estado), en el que plasmó las lesiones que presentaba el agraviado y las clasificó como aquéllas que tardan en sanar más de un mes y menos de un año, que sí incapacitan para desempeñar el arte u oficio y afectan el normal funcionamiento del órgano afectado; opinión técnica que atinadamente el juez de la causa valoró al tenor del artículo 126 del código adjetivo penal de esta entidad, porque fue emitido por un experto que cuenta con los conocimientos y experiencias necesarios para opinar sobre la materia de que se trata, al tener un nombramiento oficial para ese propósito. Asimismo se estima acertado que el juez responsable en base al certificado médico analizado determinara que las lesiones ocasionadas al quejoso encuadraban únicamente en la fracción VI del artículo 105 del Código Penal abrogado y no también en la diversa fracción IV (que señala que se impondrá de tres a seis años de prisión cuando las lesiones disminuyan facultades o afecten el normal funcionamiento de órganos o miembros), como refirió el órgano consignador, pues precisó que al establecerse en el certificado que las lesiones presentadas por el quejoso le causaban incapacidad para desempeñar por más de un mes y menos de un año su profesión, arte u oficio, era lógico que también disminuyeran el normal funcionamiento de sus miembros, por tanto la fracción IV se subsumía en la VI, dada la gravedad de las alteraciones causadas. Lo anterior, se estima fundado en razón ya que los medios de convicción descritos con anterioridad, dan cuenta de la existencia de las lesiones que presentó el ofendido en su persona conforme a lo aseverado por ésta, las cuales deben considerarse como una alteración en su salud, pues evidentemente las referidas lesiones constituyen tal daño en su integridad física, de lo que pudo observar tanto el médico legista que expidió el certificado correspondiente, como el órgano investigador. Respecto al segundo de los elementos del cuerpo del delito que nos ocupa, es decir, el de la acción que lesiona el bien jurídico protegido y su atribuibilidad, sí se encuentra acreditado según se verá más adelante, siendo conveniente entretanto recordar que de acuerdo con lo amplio de la definición típica, la acción puede ser cualquier conducta humana, normalmente de orden físico -lo que no descarta otras vertientes- tales como golpear, rasgar, empujar, cortar, quemar y en general cualquier acto violento que un sujeto activo ejecute directa o indirectamente en la persona de otro. Si estas conductas son capaces de lesionar la salud del sujeto pasivo, violentado con ello el bien jurídico tutelado, entonces puede decirse que se estará ante acciones típicas que bien son susceptibles de actualizar el elemento en estudio. Así, en relación con dicho elemento básico, el juez responsable lo tuvo correctamente por demostrado con la declaración ministerial del ofendido Braulio Pimentel Antúnez de diecinueve de julio de dos mil catorce, quien ante la autoridad ministerial refirió tener cincuenta y seis años de edad, ser originario de esta ciudad y vecino de San Luis Acatlán, Guerrero, que es consejero de la Casa de Justicia Matriz, ubicada en calle del Trabajo, s/n del Barrio de San Isidro en dicho municipio, y en relación a los hechos que en la fecha mencionada, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, cuando estaba voceando en su camioneta junto con otros compañeros en barrios y colonias de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, para invitar a los locatarios de esa localidad a una marcha social "DE LA DIGNIDAD Y POR EL RESCATE DE LA CRAC-PC" que se llevaría a cabo el veinte de julio siguiente, cuando hacían el voceo en la calle Hidalgo, frente al corredor de la casa del señor Miguel Rivera y del sitio de taxis de Miahuichan, llegaron Eliseo Villar Castillo, Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano, Adelaida Hernández Nava y otras personas fuertemente armados y se estacionaron a un costado de su camioneta con una actitud agresiva y de inmediato les apuntaron con sus armas, gritándole "oye tu cabrón, te hablan los Coordinadores y el Comandante Eliseo quiere hablar contigo, bájate de la camioneta", a lo que contestó "porque o para qué" entonces le gritaron más fuerte "que vayas hijo de tu pinche madre que no entiendes", entonces vio a Eliseo y le preguntó "tu quien eres y con qué autoridad haces esto" porque yo sé que si uno comete un delito, la autoridad te manda un citatorio o la orden de aprehensión especifica el motivo de la presentación o detención, a lo que Eliseo le respondió "hijo de tu puta madre, no me conoces soy Eliseo Villar Castillo y ahorita vas a ver quién soy", por lo que este último gritó a sus policías que lo sacaran de la camioneta a la fuerza y lo subieran a la patrulla, por lo que comenzaron a jalarlo de la playera y el cabello, golpeándolo con los cañones de sus rifles y escopetas y lo subieron a la patrulla en la que venía Eliseo Villar Castillo, Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano y Adelaida Hernández Nava, mientras esto aconteció sus compañeros lograron escapar del lugar para dar parte de lo sucedido a los Coordinadores de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán, asimismo, el agraviado señalo que Eliseo le arrebató las llaves de su camioneta y ordenó que se la llevaran; que una vez que lo subieron a la patrulla lo obligaron a que se tirara en el piso y lo iban golpeando en el pecho y el abdomen, que al llegar al cuartel, ubicado en la colonia la Riviera de San Luis Acatlán, le gritaron que se bajara rápido y que una vez que lo llevaron a la parte del fondo de dicho cuartel, lo golpearon dándole patadas, puñetes y con la punta de los cañones de las armas en la espalda y cuello, que Eliseo Villar Castillo, le dijo "hijo de tu puta madre, ahora me vas a decir porque me andas difamando diciendo que soy mañoso, dime que te he robado a ti para que andes gritando y chingando" a lo que le contestó "a mí no me has robado nada y no es un problema personal" y entonces aquél lo empezó a golpear con furia en la boca y la nariz con sus puños, tirándole tres dientes, dándole patadas en sus partes nobles y en el estómago, y en ese momento como veinticinco policías comenzaron a golpearlo con puños, pies, culatas y cañones de sus armas en todas las partes de su cuerpo, a la vez que le decían que lo matarían como les mataron a uno de sus compañeros policías, que Eliseo le pidió que escribiera los nombres de todos los de su grupo, de quienes escribió algunos nombres obligado por los golpes, que al no darle toda la información Eliseo Villar Castillo ordenó que metieran su cabeza al tambo con agua y le pusieran una bolsa de nylon mojada para torturarlo y obligarlo a que les dijera quiénes mataron a su policía; que a la media hora de que llegaron al cuartel Eliseo Villar Castillo recibió una llamada telefónica en su celular a la que respondió "si licenciado aquí lo tenemos detenido pero está bien", "se lo entregamos en unos veinte minutos, nomás dígame a quien va a mandar a recibirlo y donde quiere que se lo entregue" después le dijo con el cañón de su arma en el pecho que harían un trato, que agarrara sus cosas y se fuera de San Luis Acatlán, que no lo quería ver un día más por ahí apoyando a Abad y a los de la Casa Matriz, que no hiciera denuncia alguna en su contra, porque si no irían por él y su familia para matarlos. Finalmente, que Eliseo Villar Castillo le preguntó de quién era la camioneta que traía, respondiéndole que era de él, entonces dicho inculpado le dijo que se quedaría con la camioneta, sin embargo, el agraviado suplicó que no lo hiciera porque era un regalo de su hermano, que Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano y Benito Dircio Solano también le decían que esa camioneta ahora sería de ellos, pero como suplicaba que no se la quitaran Eliseo Villar Castillo ordenó a Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano y Adelaida Hernández Nava que le dieran otra golpiza para que se enseñara a respetarlos; finalmente que alrededor de las nueve horas con cuarenta minutos lo entregaron al Director de la Policía Municipal de San Luis Acatlán, en la Gasolinera de la familia Contreras, ubicada al norte de la salida de San Luis Acatlán, y enseguida lo llevaron al Hospital Básico Comunitario de esa localidad. A la declaración anterior, el juez de la causa acertadamente confirió valor probatorio en términos de los artículos 121 y 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; pues tal deposado adquiere relevancia probatoria indiciaria, ya que de ella se recabaron datos importantes en los que el agraviado manifestó la forma de cómo, cuándo y dónde fue agredido físicamente por los sujetos activos, por ser la persona quien recibió directamente la agresión física, por lo cual su declaración se considera clara, sin dudas, ni reticencias sobre las circunstancias esenciales de los hechos. Dicha declaración el juez responsable la concatenó con lo depuesto por el testigo presencial de los hechos Ramiro Anzo Solís el cuatro de septiembre de dos mil catorce, quien entre otras cosas señaló que estuvo presente el día en que ocurrieron los hechos, ya que acompañó al agraviado a bordo de la camioneta de este último modelo Sonoma, año 1998, color café claro, que sabe que se la regaló su hermano (del agraviado) y utiliza para su trabajo en el campo, a invitar a los vecinos de la localidad San Luís Acatlán, Guerrero, para que acudieran a una marcha social "DE LA DIGNIDAD Y POR EL RESCATE DE LA CRAC-PC", a realizarse el veinte de julio de dos mil catorce, y que alrededor de las diecinueve horas con treinta minutos cuando estaban voceando frente al corredor de la casa del señor Miguel Rivera y del sitio de taxis de Miahuichan, llegaron Eliseo Villar Castillo, Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano y Adelaida Hernández Nava, y otras personas más de la policía comunitaria, quienes con una actitud agresiva amedrentaron al agraviado, jalándolo y bajándolo a golpes de la camioneta en la que se encontraban, arrebatándole las llaves de la misma, que posteriormente lo subieron a una patrulla y se lo llevaron, que ante el temor que le hicieran algo se retiró del lugar a dar parte a los Coordinadores de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán, y después al domicilio particular del ofendido a informarle a su esposa Catalina Rangel Román, que más tarde recibió una llamada de la esposa del agraviado quien le informó que ya lo habían soltado pero que estaba recibiendo atención medica en el hospital, por lo que se trasladó al nosocomio y una vez que pudo ver al agraviado este lo comentó lo que le habían hechos los inculpados, asimismo le indicó que se habían robado y quedado con su camioneta. Testimonio cuyo alcance probatorio fue correctamente valorado por el juez responsable al tenor de lo dispuesto por el numeral 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, al reunir los requisitos que al respecto exige el artículo 127 del ordenamiento legal en cita, pues señaló que dicha declaración era confiable porque los hechos sobre los que depuso el testigo los apreció a través de sus sentidos, al encontrarse en el lugar en donde se realizó el hecho, además de que por su edad, capacidad e instrucción tenía el criterio necesario para juzgar del acto, siendo su deposición clara, precisa, sin dudas ni reticencias sobre las circunstancias esenciales del hecho, además que no obraba en la causa dato alguno que hiciera suponer que fue obligado a declarar por fuerza o miedo, impulsado por engaño, error o soborno o que hubiere sido parcial. Así como con lo depuesto por la testigo de oídas Catalina Rangel Román, quien el veinticinco de septiembre de dos mil catorce manifestó ante el órgano investigador ser esposa del agraviado, quien es consejero y vocero de la Policía Comunitaria con su matriz en San Luis Acatlán, Guerrero, y en relación con los hechos, que el diecinueve de julio de dos mil catorce aproximadamente a las cuatro y media de la tarde su esposo le dijo que tenía que ir a vocear sobre la marcha pacífica denominada "POR LA DIGNIDAD Y EL RESCATE DE LA CRC-PC" quien preparó su camioneta regalo de su cuñado Francisco Pimentel Antúnez la cual utiliza para las actividades de la casa y del campo, en la que recuerda subió varios aparatos tales como bocinas, sonido, caja de herramientas y que aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos llegó a su domicilio particular el señor Ramiro Anzo Solís, quien le informó lo que le había ocurrido a su esposo, que enseguida le llamó por teléfono a su jefe quien es el Director de Seguridad Pública Municipal para pedirle su apoyo y le pidiera al Presidente Municipal que interviniera y dejaran en libertad a su esposo, que después recibió una llamada de su jefe quien le comentó que el Presidente Municipal se había comunicado con Eliseo Villar Castillo y había acordado que entregarían a su esposo en media hora en la gasolinera ubicada en la salida de esa localidad; que una hora después recibió otra llamada del Director de Seguridad Pública quien le comentó que su esposo sería trasladado al Hospital Básico de dicho municipio porque estaba lesionado, por lo que se trasladó a dicho nosocomio y pudo ver a su esposo que estaba muy golpeado desde la cabeza hasta los pies, quien ahí le informó lo que le había ocurrido y además que le habían quitado su camioneta. Testimonio al cual, correctamente el Juez de la causa otorgó valor jurídico de indicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 121, 122 y 128, del Código Procesal Penal del Estado, puesto que aun cuando la declarante no presenció el momento en que se ejecutó el hecho delictuoso, tuvo conocimiento de el a través del agraviado, aunado a que fue clara, precisa y similar al señalar la fecha en que se cometió la conducta delictiva y no se advierte que hubiere sido obligada por cualquier causa a declarar en la forma en que lo hizo, misma que relacionó con los diversos medios de prueba que obran en la causa penal de origen. Ahora bien, en relación con las calificativas del hecho punible reprochado; y, a manera de preámbulo, es menester señalar que éstas son elementos del tipo penal agravado que refieren circunstancias específicas de ciertos delitos dolosos a cuyos tipos básicos se anexan para integrarse en un todo o como si se tratara de un solo tipo básico, en que la correspondiente calificativa agrava la pena a imponer. La producción de la calificativa como elemento del tipo, debe constarse en el caso concreto que corresponda al tipo del delito base doloso. Las calificativas refieren hechos punibles que unas veces están contemplados como complemento de los propios tipos del delito básico, lo que hace que no puedan aplicarse autónomamente y que para su tipificación deben sumarse a los elementos de otro tipo que es el básico, como en el caso sucede. En ese sentido, se estima correcta la decisión del juez responsable de tener por acreditada únicamente la calificativa a que se refiere el artículo 108, fracción II, inciso b) del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos, y no la diversa prevista en el inciso c) de la referida fracción II como consignó la autoridad ministerial. Así el juez responsable indicó que la calificativa de ventaja, contenida en la fracción II, inciso b) contiene tres hipótesis: 1. Debido a que el activo sea superior por las armas que emplea; 2. Por su mayor destreza en su manejo, lo que implicaría que ambos (infractor y víctima) pudieran estar armados, pero uno de ellos adquiere superioridad por su mayor destreza en el manejo de las armas; y 3. Por el número de los que lo acompañan, y que en el caso se actualizaban las hipótesis primera y tercera dado que de las declaraciones del ofendido y el testigo presencial de los hechos Ramiro Anzo Solís, se advertía que los activos del delito fueron superiores en número como por las armas que emplearon, pues participaron alrededor de veinticinco personas quienes estaban provistos de armas de fuego (rifles). En consecuencia, del análisis de los anteriores medios de prueba en forma individual y concatenada en términos de los artículos 121, 122 y 128 del código adjetivo penal del Estado, se obtiene que como acertadamente lo estableció el juez responsable se encuentran acreditados los elementos del cuerpo de delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), ambos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, con lo que se cumple con el primero de los requisitos de fondo que prevé el artículo 16 Constitucional respecto de dicho ilícito. ROBO CALIFICADO II. Seguidamente se procede a analizar el cuerpo del delito de robo calificado, previsto en el artículo 163 y sancionado en el artículo 164, fracciones VI y XI, ambos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos, que disponen: "Artículo 163. Al que se apodere de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se le aplicarán las siguientes penas: (.)." "Artículo 164. Se aplicará de ocho a veinte años de prisión y multa hasta de quinientos días si el robo se realiza: (.) VI. Por dos o más personas; (.) XI. Respecto de vehículos automotores, o (.)." Del contenido del primer dispositivo se observan los elementos que integran el cuerpo básico del delito de robo que se imputa al aquí quejoso, siendo éstos como bien lo precisó el juez responsable, los siguientes: a) Una acción de apoderamiento de cosa mueble ajena; b) Con ánimo de dominio; y c) Sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley; Previamente al estudio de los elementos del cuerpo del delito mencionado, debe decirse que éste consiste en el robo de la camioneta tipo pick-up, cabina normal, color café, modelo 1998, marca Sonoma de la General Motors Company, importada de Nevada, Estados Unidos, con número de serie 1GTCS1441W8508224, placas del Estado de Guerrero, número HD46371. Luego, por lo que hace al primer elemento del cuerpo del delito consistente en la acción de apoderamiento de cosa mueble ajena (vehículo automotor), el juez responsable correctamente la tuvo por acreditada con las declaraciones del agraviado Braulio Pimentel Antúnez y de los testigos Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román (esposa del agraviado), de diecinueve de julio, cinco y veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, a las que nos remitimos en obvio de innecesarias repeticiones y de las que esencialmente se advierte que al agraviado le fue robada su camioneta por parte de Eliseo Villar Castillo, Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano y Adelaida Hernández Nava, misma que le había dado su hermano y ocupaba para la siembra de maíz en el campo. Deposiciones a las que la autoridad responsable otorgó correctamente eficacia probatoria, por reunir los requisitos previstos en el artículo 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero en vigor, pues como bien lo señaló, el agraviado, y el testigo Ramiro Anzo Solís se encontraban en el momento del acontecer delictivo esto es cuando se produjo el apoderamiento del vehículo por los activos, de modo que los hechos fueron conocidos por sí mismos y no por inducciones, ni referencias de terceras personas; mientras que la testigo esposa del agraviado, de manera inmediata por voz del agraviado, asimismo, que conocen de la preexistencia del vehículo, el agraviado por ser el directo afectado, el testigo presencial porque viajaba en la camioneta el día de los hechos, y la testigo de oídas porque conoce el haber patrimonial del ofendido por ser su esposa, y porque la cosa mueble se encontraba en poder del agraviado al momento de realizar el apoderamiento. Lo que concatenó con la inspección ocular de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, practicada por el Ministerio Público investigador en la que describió de manera detallada el lugar en el que los sujetos activos se apoderaron de la camioneta del agraviado, diligencia que como lo indicó el juez responsable tiene valor convictivo en términos de los numerales 13, 16 y 19 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Asimismo, la propiedad del vehículo objeto del robo la tuvo por acreditada con el "CERTIFICADO DE TÍTULO" de nueve de agosto de dos mil seis, del departamento de vehículos de motor del Estado de Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, expedido a nombre de Francisco Pimentel, del cual apreció un endoso a nombre del agraviado Braulio Pimentel Antúnez; documental a la cual correctamente el juez responsable otorgó eficacia jurídica en términos de los artículos 103, 120 y 122 del Código Procesal Penal por tratarse de una documental requisitada legalmente, y porque cumplió con la formalidad del artículo 12 del citado código al obrar en autos la traducción respectiva de dicho documento, mediante dictamen pericial en materia del traducción del idioma inglés al español, signado por el perito Jesús Emmanuel González Marroquín, el cual cumple con los requisitos legales que exige el artículo 107 del citado código adjetivo penal. Sobre este punto, el artículo 68 del Código Adjetivo de la materia dice: "Artículo 68. En los casos de robo, el Ministerio Público y el Tribunal investigarán la preexistencia, propiedad y falta posterior de lo robado; asimismo, si el inculpado ha podido adquirir legítimamente la cosa que se dice robada y si la víctima se hallaba en situación de poseer la cosa materia del delito y es digna de fe y crédito. El Ministerio Público o el Tribunal apreciarán estas circunstancias, así como los antecedentes de la víctima y del inculpado y otros elementos que pudieran allegarse, para tener por comprobado el cuerpo del delito de robo". Lo anterior no significa que la propiedad tenga que acreditarse como elemento del cuerpo del delito, porque aceptar como válido esto, implicaría que también tuvieran que acreditarse como elementos del cuerpo del delito que el inculpado ha podido adquirir legítimamente la cosa que se dice robada, que la víctima se hallaba en situación de poseer la cosa materia del delito y que es digna de fe y crédito. Interpretar de esta forma el referido artículo 68, es incorrecto, atento que los elementos del cuerpo del delito sólo son extraíbles a partir de la descripción típica que se hace en el Código Penal de la materia, no así de lo que se expone en el Código Adjetivo Penal; ello no implica que el citado artículo 68 sea indiferente para el delito de robo, pero habrá que precisar que su aplicación corresponde únicamente para la investigación del delito de robo, es decir, enuncia reglas procesales de investigación, no elementos típicos del delito de robo. Así, los medios de convicción antes descritos como bien lo estimó el juez de la causa acreditan la preexistencia del vehículo robado, una conducta de apoderamiento sobre dicho automotor, y la ajenidad sobre tal objeto, ya que quien podía disponer de él, era el ofendido Braulio Pimentel Antúnez, no así el quejoso como persona denunciada, entre otras. Igualmente, con los mismos medios de prueba a que se ha hecho referencia y cuyo valor probatorio quedó reseñado en líneas precedentes, el juez responsable tuvo por acreditado el segundo de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, es decir, que el apoderamiento de la cosa mueble se realice con ánimo de dominio. En efecto, ello se estima acertado partiendo del hecho de que, como se estableció con antelación, el acto material de apoderamiento no podía desvincularse del elemento subjetivo realizado por los sujetos activos del delito; y en ese sentido, de lo narrado por los mencionados testigos y el propio agraviado, no puede menos que concluirse la demostración de esa circunstancia se encuentra satisfecha, pues es clara la intención con la que aquéllos se condujeron al momento de quitarle las llaves de la camioneta al quejoso para ponerla bajo su dominio, conculcando el bien jurídico tutelado. Lo anterior, lo adminículo con el dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitido por Martín G. García Estrada, perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la actual Fiscalía General del Estado, del que se observa que se trasladó a los sitios en los que ocurrieron los delitos, describiendo detalladamente la ubicación de dichos lugares; opinión técnica a la que el juez responsable otorgó valor de indicio en términos de los artículos 121, 122 y 126 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, al satisfacer los requisitos que refiere el diverso numeral 109 del propio ordenamiento en cita, por haberse emitido por una persona con los conocimientos necesarios para ello. Ahora bien, dentro del estudio del segundo elemento del cuerpo del delito de robo, el juez de origen determinó que el monto de lo robado se acreditaba con el dictamen de avalúo, de diecinueve de marzo de dos mil quince, suscrito el mencionado Martín G. García Estrada, perito adscrito a la Delegación Regional de los Servicios Periciales de la ahora Fiscalía General del Estado, medio de convicción al cual concedió eficacia jurídica en términos del artículo 126 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, en razón de que cumple con las reglas que exige el diverso numeral 107 del citado ordenamiento legal de la materia. Sin embargo, dicho juicio de valoración resulta incorrecto porque de la lectura del dictamen de avalúo, se advierte sin ningún fundamento racional, atento que solamente se limitó a decir lo siguiente: "DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS EN CUESTIÓN: "1. SE VALUÁN CAMIONETA DE LA MARCA GMC DEL TIPO SONOMA, MODELO 1998, DE COLOR CAFÉ CLARO CON NÚMERO DE SERIE 1GTCS1441W8508224, CON MOTOR HECHO EN USA, INDICANDO EL AGRAVIADO QUE SE ENCONTRABA EN BUEN ESTADO DE USO Y CONSERVACIÓN CON UN VALOR ESTIPULADO DE $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) (.) CONSIDERACIONES: 1. EL VALOR QUE SE LE ASIGNA AL VEHÍCULO EN CUESTIÓN, ES EL INDICADO POR EL AGRAVIADO, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO PROTETA DE DECIR VERDAD. (.)." Es decir, con la sola manifestación del agraviado y sin un estudio de mercado estableció el valor de lo robado, por tanto, dicho dictamen se trata de una apreciación meramente subjetiva que no resulta apta para acreditar el monto de lo robado. Por identidad de razón, encuentra aplicabilidad la Jurisprudencia número II.3o.P. J/6 (9a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, de rubro y contenido siguiente: "ROBO. CUANDO EL DICTAMEN DE VALUACIÓN CAREZCA DE LAS CONSIDERACIONES O MOTIVACIONES QUE FUNDAN LA OPINIÓN DEL PERITO VALUADOR Y LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS NO PERMITAN DETERMINAR DE FORMA CERTERA Y REAL EL PRECIO DEL OBJETO ROBADO, DICHO DELITO DEBE SANCIONARSE CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. El medio de prueba idóneo en el delito de robo para determinar el valor del objeto motivo de apoderamiento, generalmente lo constituye el dictamen pericial en materia de valuación, que está supeditado a las exigencias previstas en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de la misma entidad el 20 de marzo de 2000, que establece que los peritos deberán precisar los puntos a dictaminar, las consideraciones o motivaciones que funden su opinión y concluir en proposiciones concretas. De ahí que si la conclusión del perito valuador carece de las consideraciones o motivaciones que fundan su opinión (que constituye una apreciación subjetiva que conlleva a determinar su ineficacia probatoria) y las constancias que obran en autos no permitan determinar de forma certera y real el precio del objeto robado, entonces, atento al principio de lo más favorable al reo, dicho delito debe sancionarse conforme a la fracción I del artículo 289 del Código Penal del Estado de México, que prevé una sanción de seis meses a dos años de prisión o de cien a doscientos días multa". Empero, el hecho de que el dictamen de avalúo no reúna los requisitos indispensables para acreditar de manera eficaz el valor de lo robado, de ningún modo es motivo para considerar que los elementos del cuerpo del delito (básico) no se encuentran acreditados, porque el valor de lo robado no es elemento del delito de robo previsto en el artículo 164 del Código Penal del Estado de Guerrero, en virtud de que se trata de un tipo autónomo o especial, cuya punibilidad depende de cualquiera de las hipótesis enumeradas en dicho artículo y no del valor de lo robado, por lo que la cuantía objeto del apoderamiento sólo tiene relevancia para fines de la reparación del daño. Por tanto, su falta de acreditamiento de ningún modo causa un agravio al quejoso. Con los anteriores medios de convicción, el juzgador del proceso indicó que desde el momento en que los agentes activos tuvieron en su poder la cosa materia del delito (automotor) se acreditaba el segundo elemento del cuerpo del delito de robo, porque desde ese instante dicho objeto salió de la esfera de disposición de su propietario, para ser acogido por el mando de los activos, y con ello ejercieron un derecho sobre el objeto del delito que no les correspondía, lo que se estima acertado. Finalmente, el tercero de los elementos del tipo básico de robo, atinente a la falta de consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo conforme a la ley, es evidente que el mismo -como lo dice el juez de la causa-, se deduce del propio hecho de que el ofendido denunció los hechos presuntamente constitutivos del delito en cuestión, precisamente porque no dio su consentimiento para transmitir la propiedad del vehículo ya descrito; más aún, acorde a la mecánica de los hechos narrados por los testigos Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román y el agraviado, destaca la forma en la que los activos se apoderaron del citado bien; lo que pone de relieve pues la ausencia de autorización o título legitimo para que los sujetos activos pudieran hacerse del vehículo en cuestión, por lo que el análisis individual y de forma conjunta de tales declaraciones se llega a la convicción que el apoderamiento del vehículo se llevó a cabo sin consentimiento del agraviado. En otro orden de ideas, se estima correcta la decisión del juez responsable de tener por acreditadas únicamente las agravantes a que se refiere el artículo 164, fracciones VI y XI del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos, y no las diversas previstas en las fracciones I, III y V (consistentes en que el robo se cometa con violencia física contra la víctima, estando ésta en un vehículo particular y mediante la portación o el uso de armas u otros objetos que puedan intimidar) como consignó la autoridad ministerial. Así, en cuanto al acreditamiento de las agravantes previstas en las fracción VI y XI del artículo 164 del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, consistentes en que el robo se realice por dos o más personas y respecto de un vehículo automotor, el juez responsable adecuadamente determinó que se acreditan plenamente con lo depuesto por el agraviado, el testigo presencial de los hechos y la testigo circunstancial de hechos, dado que con dichos medios de prueba se demuestra que el robo materia de los hechos analizados en la causa penal de origen, fue realizado por más de dos personas, quienes desapoderaron al agraviado de una camioneta cuyas características quedaron descritas con anterioridad. Analizado lo anterior, se estima que el Juez responsable tuvo correctamente por acreditados los elementos del cuerpo del delito de robo calificado previsto en el artículo 163, en relación con el diverso 164, fracciones VI y XI del código punitivo del Estado, por lo que se constata que también se cumple con el primero de los requisitos de fondo que prevé el artículo 16 Constitucional respecto de dicho ilícito. Por otro lado, debe decirse que también fue correcta la decisión del juez responsable al tener por acreditada la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, en la comisión de los ilícitos de lesiones calificadas y robo calificado que se le imputan, preponderantemente con la imputación que en su contra hizo el ofendido Braulio Pimentel Antúnez, en concatenación con lo declarado por los testigos presencial y circunstancial de los hechos Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román; quienes en forma coincidente identificaron a los sujetos activos, entre ellos al quejoso, como las personas que conjuntamente el día de los hechos ordenaron a otros elementos que venían a su mando a agredirlo físicamente, y que con posterioridad lo desapoderaron del vehículo de su propiedad, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que coincidentemente refirieron en sus declaraciones; intervención del quejoso en el hecho delictivo que se fundamentó correctamente en el artículo 17, fracción III, del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época de los hechos), como autor material del delito por haberlo realizado de manera conjunta, consciente y querida en tanto que proporcionalmente coadyuvó para en conjunto consumar los antisociales referidos en las circunstancias apuntadas. Asimismo, se tiene que el quejoso actuó dolosamente, en términos de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo segundo del Código Penal del Estado vigente en la época en que sucedieron los hechos, porque parece ser que quiso la realización y el resultado descrito por las normas legales que definen los delitos de lesiones calificadas y robo calificado, conociendo los elementos de los tipos y previendo el resultado, violando de esta forma los bienes jurídicos que tutela la norma penal, que lo son la salud y el patrimonio de las personas. En este orden de ideas, basta que existan datos que indiquen en el ámbito de lo meramente probable que el acusado perpetro un delito doloso, o bien, que hagan suponer siempre dentro del terreno de lo posible, que lo cometió a título de mera culpa, para que constitucionalmente pueda emitirse una orden de aprehensión en su contra sin que se infrinja disposición constitucional alguna. También en el ámbito de lo probable, se tiene que el estudio de las constancias que integran la causa penal de origen como acertadamente indicó el juez responsable no arroja elementos que permitan considerar que en el caso concurren causas de justificación o de inculpabilidad, dado que no se aprecia que su actividad haya sido involuntaria; que falte alguno de los elementos de los tipos penales de que se trata; que haya repelido una agresión actual o inminente; que haya obrado por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno; que haya actuado en virtud de obediencia jerárquica legítima u obrado en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio legítimo de un derecho; o bien, en contravención de la ley penal por impedimento legítimo o insuperable; que al momento de realizar el hecho haya padecido trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o lo haya realizado bajo un error involuntario, por lo que es dable descartarlas de modo preliminar, circunstancia que implica llegar a la conclusión de que la probable responsabilidad del indiciado, aquí quejoso también se encuentra acreditada en autos, máxime que éstas por ser benéficas para el indiciado, compete a quien le favorezcan demostrar su existencia. Así, las cosas los elementos de prueba analizados condujeron al órgano jurisdiccional responsable a la acertada convicción de que probablemente el quejoso fue quien en las circunstancias de modo, tiempo y lugar reseñadas, participó en la comisión de las conductas que se le atribuyen, con lo que se acredita el quinto requisito para librar el mandamiento de captura. Por lo expuesto, debe decirse que pese a lo que aduce el quejoso la orden de aprehensión reclamada sí se encuentra fundada y motivada acreditándose el sexto requisito para el libramiento de una orden de aprehensión, pues en ella se citaron los ordenamientos legales que se consideraron aplicables al caso, expresando las razones por las cuales se llegó a esa determinación en su contra, aunado a que el juez responsable hizo una correcta valoración de las pruebas aportadas a la causa penal, pues como se aprecia de la lectura del mandato de captura que se reclama, después de relacionar el material probatorio lo valoró al tenor de lo dispuesto por los artículos 122 al 128, del Código de Procedimientos Penales del Estado, y en forma correcta las fue adminiculando entre sí, a más de que para el dictado de una resolución como la que nos ocupa la ley no exige que se tengan pruebas plenas y contundentes de la responsabilidad del inculpado, sino solo datos o indicios que la hagan probable, y, en el caso los datos que arroja la averiguación previa, son suficientes para apoyarlo, sin que de manera alguna deba precisarse que la responsabilidad del quejoso se tenga que justificar plenamente, de ahí que como se indicó resulta infundado el concepto de violación en que se establece lo contrario. Del mismo modo, contrario a lo que alega el quejoso la orden de aprehensión reclama no transgrede en su perjuicio la garantía contemplada en el artículo 14 Constitucional, esto es así porque la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude dicho precepto, solo son aplicables para actos privativos y no para actos de molestia, ya que cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, como en el particular acontece, debe tenerse en cuenta el artículo 16 Constitucional, que establece los requisitos que se deben satisfacer para la emisión de un mandamiento de esa naturaleza y que como se indicó en el caso sí se cumplen. En consecuencia, ante la comprobación de que están suficientemente acreditados los requisitos que se exigen en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de la orden de aprehensión reclamada, lo procedente, es negar el amparo que de la Justicia de la Unión demandó Nicolás De la Cruz Manzano. La negativa del amparo declarada por cuanto al acto de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva al que se atribuyó a la autoridad ejecutora Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, residente en San Luis Acatlán, Guerrero, ya que no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión librada por el juez responsable. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Nicolás De la Cruz Manzano, contra el acto y autoridades señalados en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA INDICADA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 425/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Nicolás de la Cruz Manzano, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con domicilio en San Luis Acatlán, Guerrero. Ejecutora Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con domicilio en San Luis Acatlán, Guerrero. ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión y su eventual ejecución. SEGUNDO. Preceptos constitucionales reclamados. El quejoso señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 2, 14 y 16 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda registrada con el número 425/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio tanto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen la intervención legal correspondiente, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó el quince de agosto de dos mil dieciocho al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se trata de un acto restrictivo de la libertad, cuyos efectos son de imposible reparación atribuible a una autoridad de naturaleza judicial, residente dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda en relación con las demás constancias de autos, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia de la autoridad judicial, la orden de aprehensión que el quince de febrero de dos mil dieciocho giró en su contra el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, dentro de la causa penal 54/2015, por los delitos de lesiones calificadas y robo calificado en agravio del aquí tercero interesado Braulio Pimentel Antúnez, y su ejecución atribuida a la autoridad señalada con tal carácter. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano y el Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, residentes en San Luis Acatlán, Guerrero, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron los actos que se les atribuyen, lo que se corrobora además con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal 54/2015, remitida por el juez como justificación a su informe (tomos I, II y III de prueba), la cual dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de fondo del asunto, resulta conveniente destacar los antecedentes directos de la orden de aprehensión reclamada, los cuales se derivan de las constancias que integran la referida causa penal número 54/2015, que fueron valoradas en el considerando que antecede y de las que se obtiene: 1. El diecinueve de julio de dos mil catorce, con motivo de la denuncia telefónica presentada por la trabajadora social del hospital básico comunitario de San Luís Acatlán, Guerrero, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en aquélla ciudad, se dio inició a la averiguación previa ALT/SC/01/0148/2014, por los delitos de lesiones dolosas, robo de vehículo y lo que resulte, cometidos en agravio del aquí tercero interesado Braulio Pimentel Antúnez, en contra del quejoso y otros. 2. Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento penal número 61/2015 de cuatro de mayo de dos mil quince, el representante social consignó sin detenido a la autoridad judicial correspondiente la referida averiguación, solicitando el ejercicio de la acción penal y la reparación del daño en contra de Eliseo Villar Castillo, Valerio Morales Solano, Benito Dircio Solano, Adelaida Hernández Nava y el aquí quejoso Nicolás de la Cruz Manzano, por los delitos de lesiones agravadas y robo calificado, cometidos en agravio de Braulio Pimentel Antúnez. 3. De tal pedimento tocó conocer al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con domicilio en San Luís Acatlán, Guerrero, siendo radicado el doce de mayo siguiente bajo el número de causa penal 54/2015. 4. El quince de mayo del mismo año, el juez responsable libró orden de aprehensión en contra del quejoso y otros como probables responsables en la comisión de los delitos de lesiones calificadas, (previsto en el artículo 105, fracciones IV y VI, en relación con el arábigo 108, fracción II, incisos b) y c), ambos del Código Penal del Estado de Guerrero), y robo calificado (previsto en el artículo 163, fracción III, en relación con el arábigo 164, fracciones I, III, V, VI y XI ambos del Código Penal del Estado de Guerrero) en agravio del tercero interesado. 5. Contra la aludida orden de captura el quejoso promovió el juicio de amparo número 657/2017, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que por sentencia autorizada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que el Juez responsable hiciera lo siguiente: "1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de quince de mayo de dos mil catorce, dictada en la causa penal 54/2015-I; únicamente por lo que respecta al quejoso y, 2. Dicte una nueva resolución, en la que reitere su estudio sobre la acreditación de los elementos de la conducta genérica del ilícito de lesiones (la existencia de un daño o alteración en la salud del sujeto pasivo y que sea provocado por una causa externa ajena a su voluntad e imputable a determinado sujeto activo), y siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución: a) De manera fundada y motivada establezca por qué considera se actualizan las fracciones IV y VI del artículo 105 del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en la que acontecieron los hechos) y si las mismas pueden coexistir o si una excluye a la otra, dado que tienen diversas penalidades. b) Suprima las incongruencias a que se ha hecho referencia en la presente resolución en el apartado del cuerpo del delito de lesiones calificadas, en relación con la transcripción de las fracciones IV y VI del artículo 105 del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos), y respecto de la valoración de los testimonios de Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román, ante el órgano ministerial el cuatro y veinticinco de septiembre de dos mil catorce, respectivamente. c) Asimismo, al estudiar los hechos materia de la consignación, deberá verificar si se actualizan las calificativas contenidas en el artículo 108, fracción II, incisos b) y c), del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos), para lo cual precisará el supuesto específico y con qué pruebas las tuvo por comprobadas, motivando debidamente la determinación que adopte al respecto. 3. En relación con el delito de robo calificado, deberá reiterar la acreditación del cuerpo del delito en sus elementos típicos consistentes en una acción de apoderamiento de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio y sin el consentimiento de quien pudiera otorgarlo conforme a la ley, respecto de los cuales, por lo que hace a los dos últimos, deberá precisar con qué medios de convicción los tuvo por demostrados; luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución determine que no se configuran las calificativas previstas en el artículo 164, fracciones I, III y V del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos). 4. Hecho lo cual, reitere la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso. 6. Así, por acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso dictado en el juicio de amparo 657/2018 de este índice, se analizó la resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, remitida por el juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ahí dictada, y se determinó que no se cumplía con el inciso c) del punto 2 de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que nuevamente se requirió su cumplimiento, para lo cual se ordenó dejar sin efectos dicha resolución y emitiera una nueva en la que abordase el citado análisis. 7. En cumplimiento a lo anterior, el quince de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, dejó insubsistente la orden de captura de quince de diciembre de dos mil diecisiete, y dictó nueva orden de aprehensión en contra del quejoso como probable responsable en la comisión de los delitos de lesiones calificadas y robo calificado, previstos y sancionados, el primero por el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), y el segundo por el artículo 163 en relación con el 164, fracciones VI y XI, todos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, en agravio del aquí tercero interesado Braulio Pimentel Antúnez (constituyendo tal determinación el objeto de estudio en el presente juicio de amparo). QUINTO. Estudio de fondo. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni se actualiza alguna que deba analizarse oficiosamente, por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación, mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Así, se tiene que el quejoso en sus conceptos de violación indicó que la orden de aprehensión combatida transgrede en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1, 2, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, en razón de que no se encuentran acreditados los elementos de los delitos que se le atribuyen y tampoco su probable responsabilidad en la comisión de los mismos. Luego, debe decirse que los conceptos de violación se estiman infundados sin que la obligación de suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, conduzca a una conclusión distinta, como se expone a continuación. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción anterior a la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, en la parte conducente textualmente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J 102/2006, sostuvo que si bien el artículo 16 Constitucional no indica que en la orden de aprehensión deba expresarse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se imputa al acusado -requisitos implícitos en el contenido del artículo 19 Constitucional para el dictado del auto de formal prisión- a efecto de cumplir con la garantía de motivación contenida en el primer párrafo del citado numeral 16 Constitucional, la autoridad judicial que emita una orden de aprehensión debe, en todo caso señalar dichos datos, ya que ellos permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, y asimismo, permite al acusado conocer con amplitud los motivos por los que se ordena su captura, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Luego, de lo anterior podemos decir que, para que el dictado de una orden de aprehensión sea constitucional, deberá contener como requisitos los que a continuación se describen: 1. Que sea dictada por una autoridad judicial competente. 2. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 3. Que ese delito esté sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. 4. Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. 5. Que en ella se establezcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ejecución del delito. 6. Que esté debidamente fundada y motivada, como todo acto de autoridad debe estarlo. Sentado lo anterior, se procede a analizar si en la especie se han colmado los requisitos anteriormente expuestos. El primer requisito formal se satisface plenamente, en la medida en que el mandato de captura de quince de febrero de dos mil dieciocho, emana del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano. Asimismo, por lo que hace a la competencia tenemos que el artículo 7 del Código de Procedimientos Penales del Estado, dispone que es tribunal competente para conocer de un delito el del lugar en que se comete éste, mientras que de la intelección de los numerales 7, 8, 32 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, se deriva que los Juzgados de Primera Instancia conocerán de los asuntos en materia penal que les sean consignados por el Ministerio Público, y que el Distrito Judicial de Altamirano comprende entre otros, el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, por lo que resulta indudable que al haber ocurrido los hechos delictivos en esa localidad, la competencia en favor del Juez responsable se surte con fundamento en los numerales citados, con lo que queda justificada tal exigencia en los términos que marca el artículo 16 de la Constitución Federal. Continuando con el análisis del acto combatido acorde con los lineamientos constitucionales, es necesaria la existencia de denuncia o querella como requisito previo al libramiento de la orden de aprehensión, entendiendo por la primera, la noticia o comunicado que realiza una persona enterada de la posible comisión de un ilícito a la autoridad competente para su investigación, respecto de aquellos delitos perseguibles de oficio; y por la segunda, aquél acto llevado a cabo por el titular de un bien jurídico tutelado, o sin serlo, facultado por la ley para presentarla, al sufrir una afectación en su esfera jurídica por la posible comisión de un hecho clasificado por la ley como delito, en virtud del cual hace saber a la representación social persecutora de delitos el hecho cometido, y solicita se sancione al agente activo; se trata pues de la noticia criminis, es decir la información que recibe el agente del ministerio público, encargado de perseguir el delito, para que en su oportunidad se integre una averiguación previa, con tal exigencia constitucional se pretende evitar que la acción del órgano técnico investigador se inicie de manera arbitraria o caprichosa. Así, el segundo de los requisitos mencionados también se encuentra satisfecho, dado que al mandato de captura reclamado precede la denuncia que ante la autoridad ministerial realizó el tercero interesado Braulio Pimentel Antúnez el diecinueve de julio de dos mil catorce, en contra del aquí quejoso y otros. Asimismo, es atinada la decisión del juez responsable al estimar suficientemente cumplido el tercero de los requisitos de forma para librar la orden de aprehensión reclamada, pues las conductas que se atribuye al aquí quejoso, se encuentran tipificadas como los delitos de lesiones calificadas y robo calificado, las cuales se sancionan con pena privativa de libertad de conformidad, el primero con el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), y el segundo con el artículo 163 en relación con el 164, fracciones VI y XI, todos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos. Precisado lo anterior, es momento de abordar los requisitos constitucionales de fondo exigidos para el libramiento de la orden de aprehensión, y que consisten en que deben existir datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del gobernado. En este punto, conviene precisar que para el estudio que nos ocupa, el juez de amparo debe apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de tal manera que si se trata de una orden de aprehensión, su constitucionalidad o inconstitucionalidad debe examinarse únicamente a la luz de las pruebas que tomó en consideración el juez de la causa penal de origen para su emisión. Sentado lo anterior, tenemos que en la resolución reclamada se precisa el lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución de los delitos que se imputan al quejoso, y los datos que arroja la averiguación previa relativa, como acertadamente lo consideró el juez natural, se estiman aptos y suficientes para comprobar el cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. Ahora bien, se advierte que las hipótesis punitivas elegidas por el Juez responsable fueron los delitos de lesiones calificadas y robo calificado, previstos y sancionados, el primero en el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), y el segundo en el artículo 163 en relación con el 164, fracciones VI y XI, todos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos. LESIONES CALIFICADAS I. Por cuestión de orden en primer lugar se analizará el apartado del cuerpo del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), ambos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos, que disponen: "Artículo 105. Al que cause a otro un daño o alteración en su salud, se le impondrá prisión: (.) VI. De tres a ocho años, si causan incapacidad por más de un mes y menos de un año para trabajar en la profesión, arte u oficio de la víctima; (.) Además de las penas previstas en las fracciones de la III a VIII, se impondrán de ochenta a doscientos días multa. El delito previsto en este artículo y sancionado en las fracciones I y II, se perseguirá a petición de la parte ofendida." "Artículo 108. Al autor de un homicidio calificado se le impondrá de treinta a cincuenta años de prisión, siempre y cuando se demuestre la premeditación, ventaja, alevosía o traición. (.) II. Hay ventaja: (.) b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañen. (.)." Del contenido del primer dispositivo se observan los elementos que integran el cuerpo básico del delito de lesiones que se imputa al aquí quejoso, siendo éstos como bien lo precisó el juez responsable, los siguientes: a) La existencia de un daño o alteración en la salud del sujeto pasivo; y b) Que sea provocado por una causa externa ajena a su voluntad e imputable a determinado sujeto activo. Los citados elementos del cuerpo del delito se acreditan fehacientemente con los medios de prueba en que se sustentó la resolución impugnada, ya que al apreciar en conciencia el valor de los indicios que con suficiencia e idoneidad probatoria surgen de esas pruebas, se advierte que efectivamente, tal como lo estimó la autoridad responsable, en autos está demostrado que el quejoso Nicolás De la Cruz Manzano, es la persona que probablemente en forma conjunta con otros, el día diecinueve de junio de dos mil catorce lesionaron (golpearon) al agraviado Braulio Pimentel Antúnez. Para estimarlo de este modo la autoridad responsable valoró en su conjunto las pruebas allegadas a la indagatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado, el cual autoriza en forma expresa que el tribunal aprecie las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, con la condición de que exponga en sus resoluciones los motivos que hubiere tenido para asignarles valor probatorio. Lo que así ocurrió, si se toma en cuenta que el primero de los elementos a que se hizo referencia, la responsable lo tuvo por acreditado de manera correcta con la fe de persona lesionada, efectuada por el Ministerio Público el diecinueve de julio de dos mil catorce, quien hizo constar que se constituyó en el área de urgencias del Hospital Básico Comunitario de la localidad de San Luis Acatlán, Guerrero, acompañado del médico legista Conrado Vázquez Carretillo, para certificar el estado de salud del agraviado y con motivo de ello, dio fe de las diversas lesiones que éste presenta; diligencia ministerial que como refirió el juez de origen adquiere valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 58, 121, 122 y 125 del Código de Procedimientos Penales del Estado; ello, en atención a que la llevó a cabo una autoridad expresamente facultada para ello, como lo es el órgano investigador en calidad de titular del ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 21 de la Constitución General de la República, y por haberse referido a hechos susceptibles de ser apreciados a través de los sentidos de la vista y el tacto. Actuación que el juez responsable robusteció con el certificado médico de lesiones de esa misma fecha, signado por el doctor Conrado Vázquez Carretillo, perito médico legista dependiente de la Delegación de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (actualmente Fiscalía General del Estado), en el que plasmó las lesiones que presentaba el agraviado y las clasificó como aquéllas que tardan en sanar más de un mes y menos de un año, que sí incapacitan para desempeñar el arte u oficio y afectan el normal funcionamiento del órgano afectado; opinión técnica que atinadamente el juez de la causa valoró al tenor del artículo 126 del código adjetivo penal de esta entidad, porque fue emitido por un experto que cuenta con los conocimientos y experiencias necesarios para opinar sobre la materia de que se trata, al tener un nombramiento oficial para ese propósito. Asimismo se estima acertado que el juez responsable en base al certificado médico analizado determinara que las lesiones ocasionadas al quejoso encuadraban únicamente en la fracción VI del artículo 105 del Código Penal abrogado y no también en la diversa fracción IV (que señala que se impondrá de tres a seis años de prisión cuando las lesiones disminuyan facultades o afecten el normal funcionamiento de órganos o miembros), como refirió el órgano consignador, pues precisó que al establecerse en el certificado que las lesiones presentadas por el quejoso le causaban incapacidad para desempeñar por más de un mes y menos de un año su profesión, arte u oficio, era lógico que también disminuyeran el normal funcionamiento de sus miembros, por tanto la fracción IV se subsumía en la VI, dada la gravedad de las alteraciones causadas. Lo anterior, se estima fundado en razón ya que los medios de convicción descritos con anterioridad, dan cuenta de la existencia de las lesiones que presentó el ofendido en su persona conforme a lo aseverado por ésta, las cuales deben considerarse como una alteración en su salud, pues evidentemente las referidas lesiones constituyen tal daño en su integridad física, de lo que pudo observar tanto el médico legista que expidió el certificado correspondiente, como el órgano investigador. Respecto al segundo de los elementos del cuerpo del delito que nos ocupa, es decir, el de la acción que lesiona el bien jurídico protegido y su atribuibilidad, sí se encuentra acreditado según se verá más adelante, siendo conveniente entretanto recordar que de acuerdo con lo amplio de la definición típica, la acción puede ser cualquier conducta humana, normalmente de orden físico -lo que no descarta otras vertientes- tales como golpear, rasgar, empujar, cortar, quemar y en general cualquier acto violento que un sujeto activo ejecute directa o indirectamente en la persona de otro. Si estas conductas son capaces de lesionar la salud del sujeto pasivo, violentado con ello el bien jurídico tutelado, entonces puede decirse que se estará ante acciones típicas que bien son susceptibles de actualizar el elemento en estudio. Así, en relación con dicho elemento básico, el juez responsable lo tuvo correctamente por demostrado con la declaración ministerial del ofendido Braulio Pimentel Antúnez de diecinueve de julio de dos mil catorce, quien ante la autoridad ministerial refirió tener cincuenta y seis años de edad, ser originario de esta ciudad y vecino de San Luis Acatlán, Guerrero, que es consejero de la Casa de Justicia Matriz, ubicada en calle del Trabajo, s/n del Barrio de San Isidro en dicho municipio, y en relación a los hechos que en la fecha mencionada, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, cuando estaba voceando en su camioneta junto con otros compañeros en barrios y colonias de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, para invitar a los locatarios de esa localidad a una marcha social "DE LA DIGNIDAD Y POR EL RESCATE DE LA CRAC-PC" que se llevaría a cabo el veinte de julio siguiente, cuando hacían el voceo en la calle Hidalgo, frente al corredor de la casa del señor Miguel Rivera y del sitio de taxis de Miahuichan, llegaron Eliseo Villar Castillo, Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano, Adelaida Hernández Nava y otras personas fuertemente armados y se estacionaron a un costado de su camioneta con una actitud agresiva y de inmediato les apuntaron con sus armas, gritándole "oye tu cabrón, te hablan los Coordinadores y el Comandante Eliseo quiere hablar contigo, bájate de la camioneta", a lo que contestó "porque o para qué" entonces le gritaron más fuerte "que vayas hijo de tu pinche madre que no entiendes", entonces vio a Eliseo y le preguntó "tu quien eres y con qué autoridad haces esto" porque yo sé que si uno comete un delito, la autoridad te manda un citatorio o la orden de aprehensión especifica el motivo de la presentación o detención, a lo que Eliseo le respondió "hijo de tu puta madre, no me conoces soy Eliseo Villar Castillo y ahorita vas a ver quién soy", por lo que este último gritó a sus policías que lo sacaran de la camioneta a la fuerza y lo subieran a la patrulla, por lo que comenzaron a jalarlo de la playera y el cabello, golpeándolo con los cañones de sus rifles y escopetas y lo subieron a la patrulla en la que venía Eliseo Villar Castillo, Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano y Adelaida Hernández Nava, mientras esto aconteció sus compañeros lograron escapar del lugar para dar parte de lo sucedido a los Coordinadores de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán, asimismo, el agraviado señalo que Eliseo le arrebató las llaves de su camioneta y ordenó que se la llevaran; que una vez que lo subieron a la patrulla lo obligaron a que se tirara en el piso y lo iban golpeando en el pecho y el abdomen, que al llegar al cuartel, ubicado en la colonia la Riviera de San Luis Acatlán, le gritaron que se bajara rápido y que una vez que lo llevaron a la parte del fondo de dicho cuartel, lo golpearon dándole patadas, puñetes y con la punta de los cañones de las armas en la espalda y cuello, que Eliseo Villar Castillo, le dijo "hijo de tu puta madre, ahora me vas a decir porque me andas difamando diciendo que soy mañoso, dime que te he robado a ti para que andes gritando y chingando" a lo que le contestó "a mí no me has robado nada y no es un problema personal" y entonces aquél lo empezó a golpear con furia en la boca y la nariz con sus puños, tirándole tres dientes, dándole patadas en sus partes nobles y en el estómago, y en ese momento como veinticinco policías comenzaron a golpearlo con puños, pies, culatas y cañones de sus armas en todas las partes de su cuerpo, a la vez que le decían que lo matarían como les mataron a uno de sus compañeros policías, que Eliseo le pidió que escribiera los nombres de todos los de su grupo, de quienes escribió algunos nombres obligado por los golpes, que al no darle toda la información Eliseo Villar Castillo ordenó que metieran su cabeza al tambo con agua y le pusieran una bolsa de nylon mojada para torturarlo y obligarlo a que les dijera quiénes mataron a su policía; que a la media hora de que llegaron al cuartel Eliseo Villar Castillo recibió una llamada telefónica en su celular a la que respondió "si licenciado aquí lo tenemos detenido pero está bien", "se lo entregamos en unos veinte minutos, nomás dígame a quien va a mandar a recibirlo y donde quiere que se lo entregue" después le dijo con el cañón de su arma en el pecho que harían un trato, que agarrara sus cosas y se fuera de San Luis Acatlán, que no lo quería ver un día más por ahí apoyando a Abad y a los de la Casa Matriz, que no hiciera denuncia alguna en su contra, porque si no irían por él y su familia para matarlos. Finalmente, que Eliseo Villar Castillo le preguntó de quién era la camioneta que traía, respondiéndole que era de él, entonces dicho inculpado le dijo que se quedaría con la camioneta, sin embargo, el agraviado suplicó que no lo hiciera porque era un regalo de su hermano, que Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano y Benito Dircio Solano también le decían que esa camioneta ahora sería de ellos, pero como suplicaba que no se la quitaran Eliseo Villar Castillo ordenó a Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano y Adelaida Hernández Nava que le dieran otra golpiza para que se enseñara a respetarlos; finalmente que alrededor de las nueve horas con cuarenta minutos lo entregaron al Director de la Policía Municipal de San Luis Acatlán, en la Gasolinera de la familia Contreras, ubicada al norte de la salida de San Luis Acatlán, y enseguida lo llevaron al Hospital Básico Comunitario de esa localidad. A la declaración anterior, el juez de la causa acertadamente confirió valor probatorio en términos de los artículos 121 y 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; pues tal deposado adquiere relevancia probatoria indiciaria, ya que de ella se recabaron datos importantes en los que el agraviado manifestó la forma de cómo, cuándo y dónde fue agredido físicamente por los sujetos activos, por ser la persona quien recibió directamente la agresión física, por lo cual su declaración se considera clara, sin dudas, ni reticencias sobre las circunstancias esenciales de los hechos. Dicha declaración el juez responsable la concatenó con lo depuesto por el testigo presencial de los hechos Ramiro Anzo Solís el cuatro de septiembre de dos mil catorce, quien entre otras cosas señaló que estuvo presente el día en que ocurrieron los hechos, ya que acompañó al agraviado a bordo de la camioneta de este último modelo Sonoma, año 1998, color café claro, que sabe que se la regaló su hermano (del agraviado) y utiliza para su trabajo en el campo, a invitar a los vecinos de la localidad San Luís Acatlán, Guerrero, para que acudieran a una marcha social "DE LA DIGNIDAD Y POR EL RESCATE DE LA CRAC-PC", a realizarse el veinte de julio de dos mil catorce, y que alrededor de las diecinueve horas con treinta minutos cuando estaban voceando frente al corredor de la casa del señor Miguel Rivera y del sitio de taxis de Miahuichan, llegaron Eliseo Villar Castillo, Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano y Adelaida Hernández Nava, y otras personas más de la policía comunitaria, quienes con una actitud agresiva amedrentaron al agraviado, jalándolo y bajándolo a golpes de la camioneta en la que se encontraban, arrebatándole las llaves de la misma, que posteriormente lo subieron a una patrulla y se lo llevaron, que ante el temor que le hicieran algo se retiró del lugar a dar parte a los Coordinadores de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán, y después al domicilio particular del ofendido a informarle a su esposa Catalina Rangel Román, que más tarde recibió una llamada de la esposa del agraviado quien le informó que ya lo habían soltado pero que estaba recibiendo atención medica en el hospital, por lo que se trasladó al nosocomio y una vez que pudo ver al agraviado este lo comentó lo que le habían hechos los inculpados, asimismo le indicó que se habían robado y quedado con su camioneta. Testimonio cuyo alcance probatorio fue correctamente valorado por el juez responsable al tenor de lo dispuesto por el numeral 122 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, al reunir los requisitos que al respecto exige el artículo 127 del ordenamiento legal en cita, pues señaló que dicha declaración era confiable porque los hechos sobre los que depuso el testigo los apreció a través de sus sentidos, al encontrarse en el lugar en donde se realizó el hecho, además de que por su edad, capacidad e instrucción tenía el criterio necesario para juzgar del acto, siendo su deposición clara, precisa, sin dudas ni reticencias sobre las circunstancias esenciales del hecho, además que no obraba en la causa dato alguno que hiciera suponer que fue obligado a declarar por fuerza o miedo, impulsado por engaño, error o soborno o que hubiere sido parcial. Así como con lo depuesto por la testigo de oídas Catalina Rangel Román, quien el veinticinco de septiembre de dos mil catorce manifestó ante el órgano investigador ser esposa del agraviado, quien es consejero y vocero de la Policía Comunitaria con su matriz en San Luis Acatlán, Guerrero, y en relación con los hechos, que el diecinueve de julio de dos mil catorce aproximadamente a las cuatro y media de la tarde su esposo le dijo que tenía que ir a vocear sobre la marcha pacífica denominada "POR LA DIGNIDAD Y EL RESCATE DE LA CRC-PC" quien preparó su camioneta regalo de su cuñado Francisco Pimentel Antúnez la cual utiliza para las actividades de la casa y del campo, en la que recuerda subió varios aparatos tales como bocinas, sonido, caja de herramientas y que aproximadamente a las diecinueve horas con cuarenta minutos llegó a su domicilio particular el señor Ramiro Anzo Solís, quien le informó lo que le había ocurrido a su esposo, que enseguida le llamó por teléfono a su jefe quien es el Director de Seguridad Pública Municipal para pedirle su apoyo y le pidiera al Presidente Municipal que interviniera y dejaran en libertad a su esposo, que después recibió una llamada de su jefe quien le comentó que el Presidente Municipal se había comunicado con Eliseo Villar Castillo y había acordado que entregarían a su esposo en media hora en la gasolinera ubicada en la salida de esa localidad; que una hora después recibió otra llamada del Director de Seguridad Pública quien le comentó que su esposo sería trasladado al Hospital Básico de dicho municipio porque estaba lesionado, por lo que se trasladó a dicho nosocomio y pudo ver a su esposo que estaba muy golpeado desde la cabeza hasta los pies, quien ahí le informó lo que le había ocurrido y además que le habían quitado su camioneta. Testimonio al cual, correctamente el Juez de la causa otorgó valor jurídico de indicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 121, 122 y 128, del Código Procesal Penal del Estado, puesto que aun cuando la declarante no presenció el momento en que se ejecutó el hecho delictuoso, tuvo conocimiento de el a través del agraviado, aunado a que fue clara, precisa y similar al señalar la fecha en que se cometió la conducta delictiva y no se advierte que hubiere sido obligada por cualquier causa a declarar en la forma en que lo hizo, misma que relacionó con los diversos medios de prueba que obran en la causa penal de origen. Ahora bien, en relación con las calificativas del hecho punible reprochado; y, a manera de preámbulo, es menester señalar que éstas son elementos del tipo penal agravado que refieren circunstancias específicas de ciertos delitos dolosos a cuyos tipos básicos se anexan para integrarse en un todo o como si se tratara de un solo tipo básico, en que la correspondiente calificativa agrava la pena a imponer. La producción de la calificativa como elemento del tipo, debe constarse en el caso concreto que corresponda al tipo del delito base doloso. Las calificativas refieren hechos punibles que unas veces están contemplados como complemento de los propios tipos del delito básico, lo que hace que no puedan aplicarse autónomamente y que para su tipificación deben sumarse a los elementos de otro tipo que es el básico, como en el caso sucede. En ese sentido, se estima correcta la decisión del juez responsable de tener por acreditada únicamente la calificativa a que se refiere el artículo 108, fracción II, inciso b) del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos, y no la diversa prevista en el inciso c) de la referida fracción II como consignó la autoridad ministerial. Así el juez responsable indicó que la calificativa de ventaja, contenida en la fracción II, inciso b) contiene tres hipótesis: 1. Debido a que el activo sea superior por las armas que emplea; 2. Por su mayor destreza en su manejo, lo que implicaría que ambos (infractor y víctima) pudieran estar armados, pero uno de ellos adquiere superioridad por su mayor destreza en el manejo de las armas; y 3. Por el número de los que lo acompañan, y que en el caso se actualizaban las hipótesis primera y tercera dado que de las declaraciones del ofendido y el testigo presencial de los hechos Ramiro Anzo Solís, se advertía que los activos del delito fueron superiores en número como por las armas que emplearon, pues participaron alrededor de veinticinco personas quienes estaban provistos de armas de fuego (rifles). En consecuencia, del análisis de los anteriores medios de prueba en forma individual y concatenada en términos de los artículos 121, 122 y 128 del código adjetivo penal del Estado, se obtiene que como acertadamente lo estableció el juez responsable se encuentran acreditados los elementos del cuerpo de delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado en el artículo 105, fracción VI, en relación con el 108, fracción II, inciso b), ambos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, con lo que se cumple con el primero de los requisitos de fondo que prevé el artículo 16 Constitucional respecto de dicho ilícito. ROBO CALIFICADO II. Seguidamente se procede a analizar el cuerpo del delito de robo calificado, previsto en el artículo 163 y sancionado en el artículo 164, fracciones VI y XI, ambos del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos, que disponen: "Artículo 163. Al que se apodere de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se le aplicarán las siguientes penas: (.)." "Artículo 164. Se aplicará de ocho a veinte años de prisión y multa hasta de quinientos días si el robo se realiza: (.) VI. Por dos o más personas; (.) XI. Respecto de vehículos automotores, o (.)." Del contenido del primer dispositivo se observan los elementos que integran el cuerpo básico del delito de robo que se imputa al aquí quejoso, siendo éstos como bien lo precisó el juez responsable, los siguientes: a) Una acción de apoderamiento de cosa mueble ajena; b) Con ánimo de dominio; y c) Sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley; Previamente al estudio de los elementos del cuerpo del delito mencionado, debe decirse que éste consiste en el robo de la camioneta tipo pick-up, cabina normal, color café, modelo 1998, marca Sonoma de la General Motors Company, importada de Nevada, Estados Unidos, con número de serie 1GTCS1441W8508224, placas del Estado de Guerrero, número HD46371. Luego, por lo que hace al primer elemento del cuerpo del delito consistente en la acción de apoderamiento de cosa mueble ajena (vehículo automotor), el juez responsable correctamente la tuvo por acreditada con las declaraciones del agraviado Braulio Pimentel Antúnez y de los testigos Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román (esposa del agraviado), de diecinueve de julio, cinco y veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, a las que nos remitimos en obvio de innecesarias repeticiones y de las que esencialmente se advierte que al agraviado le fue robada su camioneta por parte de Eliseo Villar Castillo, Nicolás de la Cruz Manzano (quejoso), Valeriano Morales Solano, Benito Dircio Solano y Adelaida Hernández Nava, misma que le había dado su hermano y ocupaba para la siembra de maíz en el campo. Deposiciones a las que la autoridad responsable otorgó correctamente eficacia probatoria, por reunir los requisitos previstos en el artículo 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero en vigor, pues como bien lo señaló, el agraviado, y el testigo Ramiro Anzo Solís se encontraban en el momento del acontecer delictivo esto es cuando se produjo el apoderamiento del vehículo por los activos, de modo que los hechos fueron conocidos por sí mismos y no por inducciones, ni referencias de terceras personas; mientras que la testigo esposa del agraviado, de manera inmediata por voz del agraviado, asimismo, que conocen de la preexistencia del vehículo, el agraviado por ser el directo afectado, el testigo presencial porque viajaba en la camioneta el día de los hechos, y la testigo de oídas porque conoce el haber patrimonial del ofendido por ser su esposa, y porque la cosa mueble se encontraba en poder del agraviado al momento de realizar el apoderamiento. Lo que concatenó con la inspección ocular de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, practicada por el Ministerio Público investigador en la que describió de manera detallada el lugar en el que los sujetos activos se apoderaron de la camioneta del agraviado, diligencia que como lo indicó el juez responsable tiene valor convictivo en términos de los numerales 13, 16 y 19 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Asimismo, la propiedad del vehículo objeto del robo la tuvo por acreditada con el "CERTIFICADO DE TÍTULO" de nueve de agosto de dos mil seis, del departamento de vehículos de motor del Estado de Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, expedido a nombre de Francisco Pimentel, del cual apreció un endoso a nombre del agraviado Braulio Pimentel Antúnez; documental a la cual correctamente el juez responsable otorgó eficacia jurídica en términos de los artículos 103, 120 y 122 del Código Procesal Penal por tratarse de una documental requisitada legalmente, y porque cumplió con la formalidad del artículo 12 del citado código al obrar en autos la traducción respectiva de dicho documento, mediante dictamen pericial en materia del traducción del idioma inglés al español, signado por el perito Jesús Emmanuel González Marroquín, el cual cumple con los requisitos legales que exige el artículo 107 del citado código adjetivo penal. Sobre este punto, el artículo 68 del Código Adjetivo de la materia dice: "Artículo 68. En los casos de robo, el Ministerio Público y el Tribunal investigarán la preexistencia, propiedad y falta posterior de lo robado; asimismo, si el inculpado ha podido adquirir legítimamente la cosa que se dice robada y si la víctima se hallaba en situación de poseer la cosa materia del delito y es digna de fe y crédito. El Ministerio Público o el Tribunal apreciarán estas circunstancias, así como los antecedentes de la víctima y del inculpado y otros elementos que pudieran allegarse, para tener por comprobado el cuerpo del delito de robo". Lo anterior no significa que la propiedad tenga que acreditarse como elemento del cuerpo del delito, porque aceptar como válido esto, implicaría que también tuvieran que acreditarse como elementos del cuerpo del delito que el inculpado ha podido adquirir legítimamente la cosa que se dice robada, que la víctima se hallaba en situación de poseer la cosa materia del delito y que es digna de fe y crédito. Interpretar de esta forma el referido artículo 68, es incorrecto, atento que los elementos del cuerpo del delito sólo son extraíbles a partir de la descripción típica que se hace en el Código Penal de la materia, no así de lo que se expone en el Código Adjetivo Penal; ello no implica que el citado artículo 68 sea indiferente para el delito de robo, pero habrá que precisar que su aplicación corresponde únicamente para la investigación del delito de robo, es decir, enuncia reglas procesales de investigación, no elementos típicos del delito de robo. Así, los medios de convicción antes descritos como bien lo estimó el juez de la causa acreditan la preexistencia del vehículo robado, una conducta de apoderamiento sobre dicho automotor, y la ajenidad sobre tal objeto, ya que quien podía disponer de él, era el ofendido Braulio Pimentel Antúnez, no así el quejoso como persona denunciada, entre otras. Igualmente, con los mismos medios de prueba a que se ha hecho referencia y cuyo valor probatorio quedó reseñado en líneas precedentes, el juez responsable tuvo por acreditado el segundo de los elementos del cuerpo del delito de que se trata, es decir, que el apoderamiento de la cosa mueble se realice con ánimo de dominio. En efecto, ello se estima acertado partiendo del hecho de que, como se estableció con antelación, el acto material de apoderamiento no podía desvincularse del elemento subjetivo realizado por los sujetos activos del delito; y en ese sentido, de lo narrado por los mencionados testigos y el propio agraviado, no puede menos que concluirse la demostración de esa circunstancia se encuentra satisfecha, pues es clara la intención con la que aquéllos se condujeron al momento de quitarle las llaves de la camioneta al quejoso para ponerla bajo su dominio, conculcando el bien jurídico tutelado. Lo anterior, lo adminículo con el dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, emitido por Martín G. García Estrada, perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la actual Fiscalía General del Estado, del que se observa que se trasladó a los sitios en los que ocurrieron los delitos, describiendo detalladamente la ubicación de dichos lugares; opinión técnica a la que el juez responsable otorgó valor de indicio en términos de los artículos 121, 122 y 126 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, al satisfacer los requisitos que refiere el diverso numeral 109 del propio ordenamiento en cita, por haberse emitido por una persona con los conocimientos necesarios para ello. Ahora bien, dentro del estudio del segundo elemento del cuerpo del delito de robo, el juez de origen determinó que el monto de lo robado se acreditaba con el dictamen de avalúo, de diecinueve de marzo de dos mil quince, suscrito el mencionado Martín G. García Estrada, perito adscrito a la Delegación Regional de los Servicios Periciales de la ahora Fiscalía General del Estado, medio de convicción al cual concedió eficacia jurídica en términos del artículo 126 del Código de Procedimientos Penales de la Entidad, en razón de que cumple con las reglas que exige el diverso numeral 107 del citado ordenamiento legal de la materia. Sin embargo, dicho juicio de valoración resulta incorrecto porque de la lectura del dictamen de avalúo, se advierte sin ningún fundamento racional, atento que solamente se limitó a decir lo siguiente: "DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS EN CUESTIÓN: "1. SE VALUÁN CAMIONETA DE LA MARCA GMC DEL TIPO SONOMA, MODELO 1998, DE COLOR CAFÉ CLARO CON NÚMERO DE SERIE 1GTCS1441W8508224, CON MOTOR HECHO EN USA, INDICANDO EL AGRAVIADO QUE SE ENCONTRABA EN BUEN ESTADO DE USO Y CONSERVACIÓN CON UN VALOR ESTIPULADO DE $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) (.) CONSIDERACIONES: 1. EL VALOR QUE SE LE ASIGNA AL VEHÍCULO EN CUESTIÓN, ES EL INDICADO POR EL AGRAVIADO, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO PROTETA DE DECIR VERDAD. (.)." Es decir, con la sola manifestación del agraviado y sin un estudio de mercado estableció el valor de lo robado, por tanto, dicho dictamen se trata de una apreciación meramente subjetiva que no resulta apta para acreditar el monto de lo robado. Por identidad de razón, encuentra aplicabilidad la Jurisprudencia número II.3o.P. J/6 (9a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, de rubro y contenido siguiente: "ROBO. CUANDO EL DICTAMEN DE VALUACIÓN CAREZCA DE LAS CONSIDERACIONES O MOTIVACIONES QUE FUNDAN LA OPINIÓN DEL PERITO VALUADOR Y LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS NO PERMITAN DETERMINAR DE FORMA CERTERA Y REAL EL PRECIO DEL OBJETO ROBADO, DICHO DELITO DEBE SANCIONARSE CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. El medio de prueba idóneo en el delito de robo para determinar el valor del objeto motivo de apoderamiento, generalmente lo constituye el dictamen pericial en materia de valuación, que está supeditado a las exigencias previstas en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de la misma entidad el 20 de marzo de 2000, que establece que los peritos deberán precisar los puntos a dictaminar, las consideraciones o motivaciones que funden su opinión y concluir en proposiciones concretas. De ahí que si la conclusión del perito valuador carece de las consideraciones o motivaciones que fundan su opinión (que constituye una apreciación subjetiva que conlleva a determinar su ineficacia probatoria) y las constancias que obran en autos no permitan determinar de forma certera y real el precio del objeto robado, entonces, atento al principio de lo más favorable al reo, dicho delito debe sancionarse conforme a la fracción I del artículo 289 del Código Penal del Estado de México, que prevé una sanción de seis meses a dos años de prisión o de cien a doscientos días multa". Empero, el hecho de que el dictamen de avalúo no reúna los requisitos indispensables para acreditar de manera eficaz el valor de lo robado, de ningún modo es motivo para considerar que los elementos del cuerpo del delito (básico) no se encuentran acreditados, porque el valor de lo robado no es elemento del delito de robo previsto en el artículo 164 del Código Penal del Estado de Guerrero, en virtud de que se trata de un tipo autónomo o especial, cuya punibilidad depende de cualquiera de las hipótesis enumeradas en dicho artículo y no del valor de lo robado, por lo que la cuantía objeto del apoderamiento sólo tiene relevancia para fines de la reparación del daño. Por tanto, su falta de acreditamiento de ningún modo causa un agravio al quejoso. Con los anteriores medios de convicción, el juzgador del proceso indicó que desde el momento en que los agentes activos tuvieron en su poder la cosa materia del delito (automotor) se acreditaba el segundo elemento del cuerpo del delito de robo, porque desde ese instante dicho objeto salió de la esfera de disposición de su propietario, para ser acogido por el mando de los activos, y con ello ejercieron un derecho sobre el objeto del delito que no les correspondía, lo que se estima acertado. Finalmente, el tercero de los elementos del tipo básico de robo, atinente a la falta de consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo conforme a la ley, es evidente que el mismo -como lo dice el juez de la causa-, se deduce del propio hecho de que el ofendido denunció los hechos presuntamente constitutivos del delito en cuestión, precisamente porque no dio su consentimiento para transmitir la propiedad del vehículo ya descrito; más aún, acorde a la mecánica de los hechos narrados por los testigos Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román y el agraviado, destaca la forma en la que los activos se apoderaron del citado bien; lo que pone de relieve pues la ausencia de autorización o título legitimo para que los sujetos activos pudieran hacerse del vehículo en cuestión, por lo que el análisis individual y de forma conjunta de tales declaraciones se llega a la convicción que el apoderamiento del vehículo se llevó a cabo sin consentimiento del agraviado. En otro orden de ideas, se estima correcta la decisión del juez responsable de tener por acreditadas únicamente las agravantes a que se refiere el artículo 164, fracciones VI y XI del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos delictivos, y no las diversas previstas en las fracciones I, III y V (consistentes en que el robo se cometa con violencia física contra la víctima, estando ésta en un vehículo particular y mediante la portación o el uso de armas u otros objetos que puedan intimidar) como consignó la autoridad ministerial. Así, en cuanto al acreditamiento de las agravantes previstas en las fracción VI y XI del artículo 164 del Código Penal del Estado de Guerrero vigente en la época en que sucedieron los hechos, consistentes en que el robo se realice por dos o más personas y respecto de un vehículo automotor, el juez responsable adecuadamente determinó que se acreditan plenamente con lo depuesto por el agraviado, el testigo presencial de los hechos y la testigo circunstancial de hechos, dado que con dichos medios de prueba se demuestra que el robo materia de los hechos analizados en la causa penal de origen, fue realizado por más de dos personas, quienes desapoderaron al agraviado de una camioneta cuyas características quedaron descritas con anterioridad. Analizado lo anterior, se estima que el Juez responsable tuvo correctamente por acreditados los elementos del cuerpo del delito de robo calificado previsto en el artículo 163, en relación con el diverso 164, fracciones VI y XI del código punitivo del Estado, por lo que se constata que también se cumple con el primero de los requisitos de fondo que prevé el artículo 16 Constitucional respecto de dicho ilícito. Por otro lado, debe decirse que también fue correcta la decisión del juez responsable al tener por acreditada la probable responsabilidad penal del aquí quejoso, en la comisión de los ilícitos de lesiones calificadas y robo calificado que se le imputan, preponderantemente con la imputación que en su contra hizo el ofendido Braulio Pimentel Antúnez, en concatenación con lo declarado por los testigos presencial y circunstancial de los hechos Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román; quienes en forma coincidente identificaron a los sujetos activos, entre ellos al quejoso, como las personas que conjuntamente el día de los hechos ordenaron a otros elementos que venían a su mando a agredirlo físicamente, y que con posterioridad lo desapoderaron del vehículo de su propiedad, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que coincidentemente refirieron en sus declaraciones; intervención del quejoso en el hecho delictivo que se fundamentó correctamente en el artículo 17, fracción III, del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época de los hechos), como autor material del delito por haberlo realizado de manera conjunta, consciente y querida en tanto que proporcionalmente coadyuvó para en conjunto consumar los antisociales referidos en las circunstancias apuntadas. Asimismo, se tiene que el quejoso actuó dolosamente, en términos de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo segundo del Código Penal del Estado vigente en la época en que sucedieron los hechos, porque parece ser que quiso la realización y el resultado descrito por las normas legales que definen los delitos de lesiones calificadas y robo calificado, conociendo los elementos de los tipos y previendo el resultado, violando de esta forma los bienes jurídicos que tutela la norma penal, que lo son la salud y el patrimonio de las personas. En este orden de ideas, basta que existan datos que indiquen en el ámbito de lo meramente probable que el acusado perpetro un delito doloso, o bien, que hagan suponer siempre dentro del terreno de lo posible, que lo cometió a título de mera culpa, para que constitucionalmente pueda emitirse una orden de aprehensión en su contra sin que se infrinja disposición constitucional alguna. También en el ámbito de lo probable, se tiene que el estudio de las constancias que integran la causa penal de origen como acertadamente indicó el juez responsable no arroja elementos que permitan considerar que en el caso concurren causas de justificación o de inculpabilidad, dado que no se aprecia que su actividad haya sido involuntaria; que falte alguno de los elementos de los tipos penales de que se trata; que haya repelido una agresión actual o inminente; que haya obrado por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno; que haya actuado en virtud de obediencia jerárquica legítima u obrado en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio legítimo de un derecho; o bien, en contravención de la ley penal por impedimento legítimo o insuperable; que al momento de realizar el hecho haya padecido trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado o lo haya realizado bajo un error involuntario, por lo que es dable descartarlas de modo preliminar, circunstancia que implica llegar a la conclusión de que la probable responsabilidad del indiciado, aquí quejoso también se encuentra acreditada en autos, máxime que éstas por ser benéficas para el indiciado, compete a quien le favorezcan demostrar su existencia. Así, las cosas los elementos de prueba analizados condujeron al órgano jurisdiccional responsable a la acertada convicción de que probablemente el quejoso fue quien en las circunstancias de modo, tiempo y lugar reseñadas, participó en la comisión de las conductas que se le atribuyen, con lo que se acredita el quinto requisito para librar el mandamiento de captura. Por lo expuesto, debe decirse que pese a lo que aduce el quejoso la orden de aprehensión reclamada sí se encuentra fundada y motivada acreditándose el sexto requisito para el libramiento de una orden de aprehensión, pues en ella se citaron los ordenamientos legales que se consideraron aplicables al caso, expresando las razones por las cuales se llegó a esa determinación en su contra, aunado a que el juez responsable hizo una correcta valoración de las pruebas aportadas a la causa penal, pues como se aprecia de la lectura del mandato de captura que se reclama, después de relacionar el material probatorio lo valoró al tenor de lo dispuesto por los artículos 122 al 128, del Código de Procedimientos Penales del Estado, y en forma correcta las fue adminiculando entre sí, a más de que para el dictado de una resolución como la que nos ocupa la ley no exige que se tengan pruebas plenas y contundentes de la responsabilidad del inculpado, sino solo datos o indicios que la hagan probable, y, en el caso los datos que arroja la averiguación previa, son suficientes para apoyarlo, sin que de manera alguna deba precisarse que la responsabilidad del quejoso se tenga que justificar plenamente, de ahí que como se indicó resulta infundado el concepto de violación en que se establece lo contrario. Del mismo modo, contrario a lo que alega el quejoso la orden de aprehensión reclama no transgrede en su perjuicio la garantía contemplada en el artículo 14 Constitucional, esto es así porque la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude dicho precepto, solo son aplicables para actos privativos y no para actos de molestia, ya que cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, como en el particular acontece, debe tenerse en cuenta el artículo 16 Constitucional, que establece los requisitos que se deben satisfacer para la emisión de un mandamiento de esa naturaleza y que como se indicó en el caso sí se cumplen. En consecuencia, ante la comprobación de que están suficientemente acreditados los requisitos que se exigen en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de la orden de aprehensión reclamada, lo procedente, es negar el amparo que de la Justicia de la Unión demandó Nicolás De la Cruz Manzano. La negativa del amparo declarada por cuanto al acto de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva al que se atribuyó a la autoridad ejecutora Responsable de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado, residente en San Luis Acatlán, Guerrero, ya que no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de aprehensión librada por el juez responsable. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Nicolás De la Cruz Manzano, contra el acto y autoridades señalados en el resultando primero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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