Nicolas de la Cruz Manzano

Expediente 657/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
657/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Nicolas de la Cruz Manzano
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, Con Residencia En San Luis Acatlán, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veintitrés de marzo del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva, así como las inherentes al original del incidente de suspensión, al actualizarse el supuesto que prevé el segundo párrafo de la fracción III, del ordinal antes indicado, al haberse concedido la medida cautelar; además, se hace la precisión de que no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Por otra parte, en relación al duplicado del incidente de suspensión, se establece que es susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, destrúyase, esto al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto referido, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, diez de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio que devuelve el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración de la Subsecretaria de Ingresos en la Ciudad de Chilpancingo, mediante el cual devuelve el oficio número 5375/2018, dirigido a la autoridad responsable denominada como JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALTAMIRANO CON RESIDENCIA EN SAN LUIS ACATLAN GUERRERO, del que se advierte, fue enviado por error; por lo que, en obvio de mayores dilaciones procesales, reexpídase nuevamente el comunicado de referencia, a fin de que dicha autoridad se imponga de su contenido. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero y otras autoridades de quienes reclamó lo siguiente: "La orden de aprehensión que el quince de mayo de dos mil quince giró en su contra dentro de la causa penal 54/2015-I, por los delitos de lesiones calificadas y robo calificado en agravio de Braulio Pimentel Antúnez, y su ejecución atribuida a la autoridad señalada con tal carácter." En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: "(.) el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de quince de mayo de dos mil catorce, dictada en la causa penal 54/2015-I; únicamente por lo que respecta al quejoso y, 2. Dicte una nueva resolución, en la que reitere su estudio sobre la acreditación de los elementos de la conducta genérica del ilícito de lesiones (la existencia de un daño o alteración en la salud del sujeto pasivo y que sea provocado por una causa externa ajena a su voluntad e imputable a determinado sujeto activo), y siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución: a) De manera fundada y motivada establezca por qué considera se actualizan las fracciones IV y VI del artículo 105 del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en la que acontecieron los hechos) y si las mismas pueden coexistir o si una excluye a la otra, dado que tienen diversas penalidades. b) Suprima las incongruencias a que se ha hecho referencia en la presente resolución en el apartado del cuerpo del delito de lesiones calificadas, en relación con la transcripción de las fracciones IV y VI del artículo 105 del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos), y respecto de la valoración de los testimonios de Ramiro Anzo Solís y Catalina Rangel Román, ante el órgano ministerial el cuatro y veinticinco del septiembre de dos mil catorce, respectivamente. c) Asimismo, al estudiar los hechos materia de la consignación, deberá verificar si se actualizan las calificativas contenidas en el artículo 108, fracción II, incisos b) y c), del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos), para lo cual precisará el supuesto específico y con qué pruebas las tuvo por comprobadas, motivando debidamente la determinación que adopte al respecto. 3. En relación con el delito de robo calificado, deberá reiterar la acreditación del cuerpo del delito en sus elementos típicos consistentes en una acción de apoderamiento de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio y sin el consentimiento de quien pudiera otorgarlo conforme a la ley, respecto de los cuales, por lo que hace a los dos últimos, deberá precisar con qué medios de convicción los tuvo por demostrados; luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución determine que no se configuran las calificativas previstas en el artículo 164, fracciones I, III y V del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente en la época en que acontecieron los hechos). 4. Hecho lo cual, reitere la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso. Por último, conviene puntualizar que en materia penal, muy concretamente tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por falta de fundamentación y motivación, o su insuficiencia, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco de anular actuaciones posteriores; en esos casos el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplida la sentencia de amparo. Protección constitucional que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, porque no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto emitido por la autoridad ordenadora. (...) " Por acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, se analizó la resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, remitida por el juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se determinó que no se cumplió con el inciso c) del punto 2 de los efectos de la sentencia de amparo y por ende, se requirió su cumplimiento, para lo cual se ordenó dejar sin efectos dicha resolución y emitiera una nueva en la que abordase el citado análisis. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, remitió copia certificada de la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, derivado de la causa penal 54/2015-1 de su índice, de la cual se advierte que dejó sin efectos la orden de aprehensión de quince de diciembre de dos mil diecisiete únicamente respecto del quejoso Nicolás de la Cruz Manzano, y dictó una nueva resolución en la cual libró orden de captura contra el citado quejoso como probable responsable del delito de lesiones calificadas y robo calificado cometidos en agravio de Braulio Pimentel Antúnez. Asimismo, se observa que en la nueva orden de aprehensión emitida por la responsable reiteró la acreditación de la conducta genérica del delito de lesiones, suprimió las incongruencias en relación con la transcripción de las fracciones IV y VI del artículo 105 del Código Penal Local, aclarando que únicamente encuadra en la fracción VI del citado artículo, ya que alude a que dichas lesiones causan una incapacidad por más de un mes y menos de un año en la actividad del vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Guerrero, que el agraviado en su declaración dijo dedicarse a las labores del campo, por lo que su gravedad abarca lo previsto en la diversa fracción IV del citado precepto legal puesto que se refiere a la disminución del funcionamiento de órganos o miembros por lo menos de un mes. De igual forma, se observa que el Juez de la causa penal, siguiendo con los lineamientos de la sentencia de amparo, valoró como indicio la declaración del agraviado, así como lo expuesto por el testigo presencial de los hechos Ramiro Anzo Solís, y aun cuando la declaración de Catalina Rangel Román, la consideró vertida por un testigo de oídas, no la estimó aislada sino relacionada con los diversos medios de prueba que obran en los autos de la causa penal respectiva, y por ello tuvo por acreditado que la alteración de la salud del pasivo fue ocasionada por los golpes de los inculpados entre ellos el quejoso Nicolás de la Cruz Manzano. Por su parte, en relación con las calificativas establecidas en el artículo 108 fracción II, incisos b) y c) del Código Penal Local, que consiste en la ventaja, siguiendo con los lineamientos de la sentencia de amparo, tuvo por acreditada unicamente la referida en el inciso b) en lo concerniente a las hipótesis 1 y 3. Finalmente, se advierte que reiteró la acreditación del cuerpo del delito de robo, teniendo por acreditados sus dos últimos elementos (apoderamiento con ánimo de dominio de una cosa mueble, sin consentimiento de quien pudiera otorgarlo), al valorar las declaraciones del agraviado Braulio Pimentel Antunez, la del testigo presencial de los hechos Ramiro Anzo Solis, la del testigo circunstancial de los hechos Catalina Rangel Román, así como la credencial de elector y un título de propiedad de un vehículo, un pedimento de aduanas que describe el pago del vehículo robado y el pago de tenencia suscritos a favor del multicitado agraviado, concluyendo que no se encuentran acreditadas las calificativas a que se refieren las fracción I, III, y V del artículo 164 del Código Penal del Estado de Guerrero. Hecho lo cual reiteró la probable responsabilidad del quejoso Nicolás de la Cruz Manzano. En esas condiciones, si la autoridad responsable se pronunció en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante el escrito recibido el doce de los actuales, en el sentido de que no se tenga por cumplida la sentencia amparadora, en razón de lo expuesto en párrafos que anteceden, aunado a que dichas manifestaciones se encuentran dirigidas a controvertir la validez de la ponderación de las pruebas existentes en la causa, lo que resulta ser una cuestión ajena a los efectos de la sentencia de amparo, habida cuenta que no se le constriñó que valorara en determinado sentido tales medios de convicción. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el quejoso Nicolás de la Cruz Manzano; en atención a su contenido, téngasele por desahogada la vista decretada en proveído de uno de marzo del año en curso, al tenor de las manifestaciones que realiza, mismas que serán tomadas en consideración al momento de que este juzgado de distrito se pronuncie sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.

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