Nicolás Carmelo Elorza Pacheco
Expediente 1074/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nicolás Carmelo Elorza Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PREVIO AVISO AL QUEJOSO: - - - - -San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la Juez de Control en Materia Penal, Circuito Judicial Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, mediante el cual informa que en audiencia de ampliación de término constitucional de nueve de diciembre del presente año, se vinculó a proceso a los aquí quejosos Nicolás Carmelo Elorza Pacheco y Martha Elvira Jiménez Lázaro. De conformidad con lo establecido en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental el disco que anexa, el que se tiene por desahogada en este acto, en razón de su propia naturaleza. Ahora, del disco aludido se advierte que en audiencia de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Juez responsable resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos Nicolás Carmelo Elorza Pacheco y Martha Elvira Jiménez Lázaro, vinculándolos a proceso al estimar acreditada su probable responsabilidad en el delito de Fraude Especifico, el cual tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria a la Ley de la materia, conforme a lo previsto por el diverso numeral 2º de este último ordenamiento legal, y en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por lo anterior, resulta evidente que desde el momento en que a los aquí quejosos se les vinculó a procedimiento, cambió su situación jurídica; lo que hace se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del ordenamiento invocado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 57, tomo 70, octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR.- La aprehensión, la detención, la prisión preventiva, la pena, son los motivos a través de los cuales se puede restringir la libertad personal; teniendo cada una de éstas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior.". En ese sentido, déjese sin efecto la audiencia constitucional señalada en para esta misma fecha, en la medida de que no es necesario esperar para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Hágase del conocimiento de las partes, lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. No impide resolver en el sentido apuntado, la circunstancia que además de la Juez aludida, el quejoso haya señalado como autoridad ejecutora al Fiscal General del Estado, al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, y al Comandante de la Policía Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, ambos con destacamento en el Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, pues el sobreseimiento decretado se debe hacer extensivo a dichas autoridades ya que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución, puesto que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida al acto de ordenamiento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1074/2019. R E S U L T A N D O : PRIMERO. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por Nicolás Carmelo Elorza Pacheco y Martha Elvira Jiménez Lázaro, contra actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, Fiscal General del Estado, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado, Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado Destacamentado en el Distrito Judicial de Sola de Vega, Comandante de la Policía Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado destacamentado en el Distrito Judicial de Sola de Vega; consistentes en la orden de presentación y su ejecución, actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16, Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. El Encargado del Décimo Quinto Sector de Seguridad Regional, de la Secretaría de Seguridad Pública, residente en Villa Sola de Vega, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuarlo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo vigente, el primero interpretado en sentido contrario, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre la cual deba recaer dicha medida cautelar. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 237, que dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rinda prueba en contrario" SEGUNDO. Del contenido del informe previo rendido por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, se advierte la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la afirmación hecha por el Servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Dependiente de la Fiscalía General del Estado, y el encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado, destacamentado en el Distrito Judicial de Sola de Vega. Lo anterior es así, pues el referido juzgador manifiesta que los quejosos fueron presentados ante él, en cumplimiento a la orden de comparecencia librada en su contra dentro de la causa penal 255/2019, el nueve de octubre de dos mil diecinueve; misma que se cumplimentó el tres de diciembre de dos mil diecinueve, y que una vez formulada la imputación en su contra, solicitaron la ampliación del término constitucional, precisando que se encuentran en libertad y sin medida cautelar alguna; de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. Conforme a ello, la negativa del acto de ejecución atribuido al Fiscal General del Estado, queda desvirtuada. TERCERO. Por lo que hace a la suspensión definitiva de la orden de comparecencia reclamada, dictada en la causa penal 255/2019, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, el nueve de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente, en contra de los quejosos Nicolás Carmelo Elorza Pacheco y Martha Elvira Jiménez Lázaro, por el delito equiparado a fraude previsto y sancionado por el artículo 380 del Código Penal del Estado, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se niega dicha medida cautelar, al tratarse de un acto consumado en contra del cual no es posible su concesión, ya que ello es materia del fondo del asunto. Es aplicable al caso la tesis número 64, visible a foja 109, octava parte, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". CUARTO.- Por cuanto hace a las consecuencias de la orden de comparecencia, y toda vez que la misma se cumplimentó el tres de diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 128 y 166 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el hecho atribuido a los quejosos como el delito de fraude específico, no amerita prisión preventiva oficiosa, conforme a lo establecido en el numeral 19 de la Constitución Federal, se concede la medida cautelar, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana el acto reclamado; medida precautoria que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con el siguiente requisito de eficacia: Deberán comparecer ante el juez de la causa, las veces que sean requeridos para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el expediente antes mencionado; con apercibimiento que de no realizar éstas, o no acreditarlo aquí, en su caso, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y las autoridades responsables estarán en completa aptitud de proceder conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Amparo. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la declaración de ejecutoria de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por los quejosos, en términos del considerando primero y tercero de esta resolución. SEGUNDO: Se concede la suspensión definitiva solicitada por Nicolás Carmelo Elorza Pacheco y Martha Elvira Jiménez Lázaro, en términos del considerando cuarto de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta suscritos por las autoridades responsables, mediante los cuales rinden informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por******************** contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca; con registro de este Juzgado 1074/2019; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado; pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA O CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Dígase a las autoridades responsables que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 951 502-3565, o al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá una multa entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizadas para esos mismos efectos a las personas que señala en su escrito de demanda, sin gozar de las demás facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, o proporcionen los datos correspondientes. Por otra parte, se tiene como representante común de la parte quejosa a ********************. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.
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