Nicolás Amaro Roy Martínez
Expediente 1370/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 41 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1370/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nicolás Amaro Roy Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; por tanto, se declara que la misma ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano, lo que hace equiparable este asunto al supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) [incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar], del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta, y conforme al numeral 35 del mismo Acuerdo General y punto 7.4 denominado "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado; Es susceptible de depuración Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, el auto en el que se concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada; Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Incorpórense a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I-4 FEIDT, adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura, con sede en la Ciudad de México, en los que informa los nombres de los peritos que practicarán el dictamen de Estambul al quejoso, toda vez que en proveído de veintiuno de octubre actual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado informa: Que en la controversia PEC OAX/0001568/2021, se promovió por la defensora Publica Federal del aquí quejoso NICOLÁS AMARO ROY MARTÍNEZ, mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintidós, por malos tratos suscitados el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y falta de atención médica. Ahora bien, en diligencia de notificación de ocho de abril de dos mil veintidós (foja 166), el quejoso NICOLAS AMARO ROY MARTÍNEZ, al momento de ratificar la demanda de amparo motivo de este juicio, manifestó que los actos reclamados consistentes en tortura y malos tratos, se realizaron el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, pues al respecto manifestó: "..La tortura e intento de homicidio fue el pasado 29 de noviembre de 2021 la hora 7:10 pm a 4:00 Am me reanimaban y me desmallaba igual me desnudaron en un cuarto frio donde fui golpeado. Solicito que me valore un especialista profesional para que cheque mis secuelas ya que sufro de dolor de cabeza todo el día al igual costillas tobillos piernas todo el cuerpo- fui golpeado con un tanque de gas pimienta grande puñetasos patadas (sic)." Así, acorde a lo manifestado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, respecto a la existencia de la carpeta judicial PEC OAX/0001568/2021, de la estadística de ese órgano jurisdiccional, se promovió por la defensora Publica Federal del aquí quejoso NICOLÁS AMARO ROY MARTÍNEZ, mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintidós, por malos tratos suscitados en contra de éste, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y por falta de atención médica, misma que se encuentra en trámite. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." El precepto en cita establece que cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, el juicio de amparo resulta improcedente. Conviene precisar qué es lo que se entiende por medio de impugnación, el cual se define como el mecanismo que constituye una instancia reclamadora de la legalidad o procedencia de un acto de autoridad, instancia que se hace valer ante la misma autoridad u otra jerárquicamente superior, o ante algún órgano revisor específico, para que califique la procedencia o la legalidad, o ambas cosas, respecto del acto controvertido. En ese sentido, el recurso o medio de impugnación a que se refiere la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación da lugar a la actualización de la causa de improcedencia en análisis, sino sólo aquéllos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados. Robustece lo anterior, el hecho de que si el quejoso promueve demanda de amparo contra los mismos actos respecto de los cuales interpusieron un recurso o medio improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación del acto que le afecta, no se actualiza la improcedencia del juicio constitucional apoyada en la fracción XIX del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que, dada la improcedencia o falta de idoneidad de ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. Precisado lo anterior, para la actualización de la causa de improcedencia que se examina, es necesaria la demostración fehaciente de que el recurso fue admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé oportunidad a la parte inconforme de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues puede suceder que el recurso, por no ser idóneo o no estar establecido en la ley del acto, sea desechado por improcedente, supuesto éste en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias; por tanto, si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. De ahí que, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y teniendo presente el estado de indefensión que se pudiera causar al promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. De lo expuesto se colige que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la de revocar, modificar o nulificar un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, lo cierto es que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del normativo 61, del ordenamiento legal aplicable, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a). Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b). Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, c). Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de Distrito. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, Registro digital: 190665, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso concreto, los actos reclamados por el quejoso son los mismos por los que se tramita la controversia judicial PEC OAX/0001568/2021, por la defensa del aquí quejoso NICOLÁS AMARO ROY MARTÍNEZ, ante el Administrador del Centro de justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, (tortura y malos tratos suscitados el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y falta de atención médica). Lo anterior permite establecer que el acto aquí reclamado es también motivo de análisis por la autoridad oficiante. Entonces, con lo descrito en el párrafo anterior se colma el primero de los elementos precitados. Dicho recurso pues promovido por la defensa del quejoso; se encuentra en trámite, pues ya fue radicado ante la autoridad el Administrador del Centro de justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca con el número PEC OAX/0001568/2021 y aún no se ha resuelto. Entonces, también se encuentra satisfecho el segundo requisito consistente en "que el recurso o medio de defensa haya sido admitido", pues como se apuntó en párrafos anteriores, dicha controversia se inició el uno de diciembre de dos mil veintiuno y ya le fue asignado número de identificación. Por último, que el medio de defensa en mención resulta idóneo para revocar o modificar el acto reclamado, toda vez que el citado controvertido Al respecto, la fracción II, del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el numeral 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, al acto reclamado le resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento, conforme a lo estatuido en los artículos 9, 107 a 115, 131 y 132 de la citada legislación. Del análisis de los artículos transcritos se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; a la alimentación nutritiva; a permanecer en estancias designadas; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas; a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, se establece que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo solicite, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. A la par, la aludida legislación establece la forma en que las peticiones se deben sustanciar, resolver e impugnar, incluso, tratándose de casos urgentes (artículos 111 a 115, 131 y 132). En ese contexto, tomando en consideración que en el caso la parte quejosa reclama esencialmente: La tortura y malos de que fue objeto, así como la falta de atención médica del Centro en el que se encuentra privada de su libertad, es evidente que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. En este orden de ideas, es evidente que se está tramitando un medio de defensa legal interpuesto por el promovente que puede tener por efecto revocar, modificar o nulificar el acto aquí destacado, lo que hace que, el presente juicio de amparo se torne improcedente. En consecuencia, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIX, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (ocho horas con diez minutos del día veinticinco de octubre de dos mil veintidós). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, mediante el cual rinde el informe solicitado en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, e informa las medidas que decretó respecto a los actos de tortura denunciados por el aquí quejoso NICOLÁS AMARO ROY MARTINEZ y remite las constancias que lo corroboran; con su contenido dese vista al quejoso y al Defensor Público Federal que lo asiste en este juicio para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que en proveído de diez de octubre del año en curso se requirió al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población a fin de que informara si la controversia judicial 1568/2021, de la estadística de ese Centro, fue promovida por el aquí quejoso NICOLÁS AMARO ROY MARTINEZ, por actos cometidos en su contra el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el Centro Federal de Readaptación Social Número13 CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán, Oaxaca; sin que a la fecha lo haya realizado a pesar de encontrarse debidamente notificado (foja 478). Ante ello, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérasele nuevamente por conducto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, a fin de que, por su conducto, instruya al Administrador de ese Centro, remita a la brevedad la información solicitada mediante oficio 24751/2022, de diez de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, en el que se informa se autorizó la vinculación del expediente electrónico 40/2022, del índice de ese Juzgado al presente expediente por el término de cinco días y se solicita a su vez, se haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo, para vincularlo al expediente citado. Al respecto, se faculta al Oficial Judicial "A", Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones a efecto de concretar la vinculación, por el término de cinco días; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, vista la certificación de la secretaría, incorpórese a los autos la copia de la demanda que dio origen al juicio de amparo 40/2022, de la estadística del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y de los autos de veintiocho de septiembre y catorce de octubre de dos mil veintidós; para que surtan sus efectos legales en este juicio y téngase presente que a la fecha se encuentra en trámite. NOTIFÍQUESE.
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