Nicolas Bernd Schinagl Waller
Expediente 1747/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1747/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Nicolas Bernd Schinagl Waller
- Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la sentencia pronunciada en esta instancia constitucional. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, remita copia certificada de las constancias de emplazamiento de los demandados ********************, o bien, manifieste las gestiones que se encuentra realizando a fin de realizar la diligencia encomendada; apercibida que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, acusa recibo de la demanda presentada por ******, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *******contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con motivo de la separación de juicios ordenada en autos, asume el conocimiento del asunto del que se trata y solicita la notificación personal del auto de veinte de diciembre del año pasado, por el que se previno a la parte quejosa, a fin de que esté en posibilidad de acordar lo conducente. Al respecto, como lo solicita el Juzgado oficiante, remítase inmediatamente copia certificada de la notificación personal efectuada a la parte quejosa del referido auto, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por ******, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ****, mediante el cual, pretende subsanar la prevención que se le formuló el veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Separación de juicios. Del contenido de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala diversos actos reclamados a distintas autoridades responsables, a saber: Lo que implica que su análisis sea diverso en cada caso particular. Al respecto tiene aplicación lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien al resolver la contradicción de tesis 8-94, en la ejecutoria respectiva en lo conducente estableció que: ".el hecho de reclamar en una demanda de amparo actos que derivan de diversos juicios, es susceptible de constituir una irregularidad, ya que de acuerdo con la técnica procesal de amparo, lo correcto es promover un juicio de garantías por cada uno de esos actos." Circunstancia por la cual, con apoyo en lo que establece la jurisprudencia que por contradicción de tesis, emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." En consecuencia, se ordena elaborar dos legajos compuestos con copia íntegra de las constancias de este expediente, a fin de tramitar en forma separada los actos reclamados al: Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; y Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (en el entendido que respecto a los actos reclamados a esta autoridad existe el precedente 895-2021, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, esto es, lo aquí controvertido deriva del mismo expediente generador del acto reclamado 269-2017-2). En virtud de lo anterior, remítanse dichos legajos que se ordenó formar en párrafos anteriores, a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, a fin de que sea turnado de manera aleatoria entre los diversos juzgados de Distrito en el Estado. Debiendo continuar el presente juicio de amparo únicamente por lo que respecta a los actos reclamados al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO POR AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS. Ahora bien, en relación al acto que reclama a la autoridad señalada como responsable, esto es, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se provee: Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa en esencia reclama: Las omisiones y dilaciones que se han verificado dentro del amparo indirecto 895/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, esto, toda vez que señala que no se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley de la Materia, en los tiempos previstos, lo que constituye demora injustificada en la administración de justicia que causa perjuicio al citado impetrante de amparo. Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción lX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" Se aprecia que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, misma que no puede tenerse como tal, al tratarse de un órgano garante de la constitucionalidad. En ese orden de ideas, tenemos que como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, debe entenderse como aquel órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa, en otras palabras, es aquella que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, hipótesis que, en el caso concreto no se actualiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, página 13, Volumen 3, Segunda Parte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En el entendido de que los jueces de Distrito en los juicios de amparo solo pueden infringir disposiciones de la propia ley, que reglamentan su función de tutelar los derechos humanos, pues, en tales juicios, actúan como órganos de control constitucional respecto a las transgresiones de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas, no pudiendo por ello violentar las mismas, al ser precisamente lo que dilucidan a través de su actividad jurisdiccional, para en caso de existir, proveer a la restitución de su cargo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 5, Enero de 1997, Novena Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional." Asimismo, sirve de apoyo la tesis: Registro digital: 2023253 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materia(s): Común, Administrativa Tesis: I.6o.A.13 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5044 Tipo: Aislada "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS POR LOS JUECES DE AMPARO, AUN CUANDO EL MULTADO NO HAYA SIDO EMPLAZADO O SIDO PARTE EN EL JUICIO. El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio constitucional contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Motivo de improcedencia que, atendiendo a su objeto y sistematicidad, debe entenderse como referido, en general, a las determinaciones judiciales que se toman en ejercicio de la jurisdicción de amparo, así sea que se manifiesten en autos, resoluciones, interlocutorias o sentencias; además no se encuentra supeditado a que se haya admitido la demanda ni podrá estarlo tampoco a que no hubiese concluido el juicio o la ejecución de la sentencia, ni a si se multó al promovente del amparo como autoridad o como particular, pues la actuación del Juez de Distrito, como Juez de jurisdicción constitucional, se da en todo momento y determinación que emita; por tanto, en contra de la multa impuesta en el trámite de un juicio constitucional, con independencia de que se hayan impuesto antes de que se hubiera emplazado a la autoridad o ésta no haya sido llamada a juicio como parte, por el solo hecho de no desahogar un requerimiento judicial, debe considerarse improcedente el juicio de amparo indirecto. Sin que lo anterior signifique que los actos de los Jueces de amparo no puedan someterse a revisión, pues en todo caso, legal y jurisprudencialmente se regulan recursos intraprocesales a través de los cuales pueden combatirse las determinaciones de los Jueces de amparo." SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. En LAS narradas circunstancias, tenemos que un órgano de control constitucional no puede ser señalado como autoridad responsable para los efectos de un juicio constitucional, ni sus determinaciones pueden ser materia de un juicio de amparo, dado que estaríamos en la hipótesis de un doble análisis constitucional. Conclusión. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Domicilio. Ahora bien, toda vez que el domicilio que señala en su ocurso inicial de demanda se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado; por tal motivo, con apoyo en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por señalada, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, sin perjuicio de que con posterioridad señale uno diverso dentro de esta ciudad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 71 a 77), se pronunció sentencia en el presente juicio, en la que en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta laboral realice lo siguiente: "Tome las medidas necesarias a fin de desahogar la totalidad de las pruebas ordenadas en el juicio laboral **********, dentro de los plazos y términos de ley, para así estar en aptitud de continuar con el procedimiento dentro de dicha contienda laboral; a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, como lo dispone el artículo 77, de la Ley de Amparo.". Determinación que causó ejecutoria el nueve de junio de dos mil veintiuno y se requirió a la autoridad responsable el acatamiento a la ejecutoria de amparo (fojas 85). De las constancias remitidas por la junta laboral en cumplimiento a la sentencia constitucional destacan las siguientes: Audiencia de veintitrés de junio pasado, en la que se tuvo por desahogada la prueba confesional ofrecida por la parte actora y a cargo de la demandada cristalerías para el hogar S.A. de C.V. conocida comercialmente como Veana (fojas 98 y 99). Inspección judicial de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 108 a 110), la cual se tuvo por legalmente desahogada en acuerdo de nueve de julio pasado (foja 128). Desahogo de la prueba confesional para hechos propios y en razón de sus funciones ofertada por la parte actora a cargo de la parte demandada Óscar Bruto Zúñiga de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 111 a 113). Acuerdo de cinco de julio pasado, en el que se agrega el informe de autoridad ofrecido por la parte actora y demandada a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 122). Audiencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se tuvo por desahogada la prueba confesional ofrecida por la parte demandada a cargo de la parte actora Víctor Manuel Cuevas Salgado (fojas 153 a 156). Acuerdo de diez de agosto del presente año en el que se tuvieron por desahogados los informes de autoridad a cargo de la Administradora del Servicio de Administración Tributaria e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (fojas 175 y 176). En acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno la junta responsable declaró la deserción del testimonio que pudieran haber rendido Dulce Yanet Estrada Rodríguez y Rubén Omar Zambrano Mendoza (fojas 200 a 202). El veintinueve de septiembre de este año, la autoridad responsable declaró la deserción del testimonio que pudiera haber rendido Yazmín Millán Noriega (foja 210); asimismo, en esta misma fecha se tuvo por desahogada la prueba pericial ofrecida por las partes (fojas 211 y 212). El once de octubre de dos mil veintiuno la Junta laboral acordó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar por lo que concedió un plazo a las partes a fin de que formularan sus alegatos (fojas 219). Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. No se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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