Nicolas Barrera Balpuesta

Expediente 897/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 51 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
897/2020
Año
2020
Actuaciones
51
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Nicolas Barrera Balpuesta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario de este juzgado, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Calificación del destino del expediente principal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, el presente expediente carece de relevancia documental, se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, transcurridos los tres años, contados a partir de esta data, y dentro de los treinta días siguientes, a que se refieren los párrafos primero y tercero del citado numeral, procédase a la destrucción del presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Calificación de los cuadernos incidentales Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se CONCEDIÓ tanto la suspensión provisional como la definitiva, mientras que el duplicado es susceptible de DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, realícense las gestiones pertinentes para la destrucción del cuaderno duplicado. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta data, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, por lo que únicamente deberá de conservarse, la o las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el presente proveído. Asimismo, levántese la constancia correspondiente al destino de los incidentes en los cuadernos relativos. Billete de depósito. Por otra parte, de la consulta de los autos que integran el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito *******expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasional al tercero interesado con motivo de la concesión de la suspensión provisional, garantía que se estimó idónea y suficiente y por lo tanto se prorrogó como medio de efectividad para que surtiera efectos la suspensión definitiva. En consecuencia, hágase del conocimiento del promovente que dicho billete de depósito quedará a su disposición por un plazo de dos años, contados a partir del día último al en que fenezcan los seis meses a que se refiere el numeral 156 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no reclamarlos, se harán efectivos a favor del Erario Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Se devuelven tomos de pruebas. Devuélvanse a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Nueve con sede en Cuautla, Morelos, la documentales que remitió como complemento a su informe justificado y que obran por cuerda separada. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se agrega escrito de tercero interesado. Finalmente, glósese a los autos el escrito de cuenta signado ******, en su carácter de autorizado en términos amplios del tercero interesado *******, por el que solicita que se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por las razones que expone; en ese sentido, dígase al promovente que se esté a lo acordado en párrafos que preceden. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 897/2020, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, remitido el quince siguiente, por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, *******sta, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. TERCERO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda en trato a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, registrándose con el número de expediente 897/2021, misma que se admitió a trámite el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, se mandó pedir los informes justificados respectivos; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la que se verificó en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conf9ormidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son estos, conforme a las líneas de interpretación de la demanda y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: La orden de desocupación, desalojo y entrega, dictada dentro del expediente ******, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, respecto del bien inmueble ubicado en privada ******, así como la ejecución y cumplimiento de dicha orden por parte de la autoridad ejecutora. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia y, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con residencia en Cuautla, Morelos y Actuario adscrito a la misma, lo anterior, porque así lo afirmaron expresamente al rendir su informe justificado; aseveración que basta para tener plenamente evidenciado el acto que se les atribuye, en su ámbito de competencia, de acuerdo al arábigo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°. Como apoyo se cita el criterio Jurisprudencial 278, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 353/2014, del índice del órgano jurisdiccional responsable mismas que goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En relación al valor de las referidas constancias, es aplicable la Jurisprudencia publicada con el número 226, sostenida por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de antigua integración, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo, procede analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado federal advierte que, en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.].". Del precepto transcrito se destaca que, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que, si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, y así, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 45, del Tomo 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, estableció: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4° de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Asimismo, en las jurisprudencias 1138 y 556, sustentadas por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visibles en la páginas 783 y 399, de los Tomos IV y VI, Materias Común y Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, se dijo: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional; de suerte que si no está justificado dicho perjuicio el amparo no debe concederse." "INTERÉS JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante de garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4° de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado." De lo anterior se advierte que, el interés jurídico a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es respecto a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, tal como se desprende del contenido del diverso numeral 5, fracción I de la misma ley, que establece que, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo y alegue que, con los actos reclamados se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica; lo que permite colegir que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de derechos fundamentales. Por otra parte, la base para la procedencia del juicio de amparo, es la existencia de un perjuicio personal, actual y directo en los intereses jurídicos de la parte quejosa, como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Amparo; pues el juicio de amparo constituye la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aún de carácter legislativo, ya que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que se traduzcan en una afectación actual, personal y directa, a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. Es decir, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora, por interés jurídico, debe entenderse que el quejoso es titular de un derecho subjetivo, público o privado, que resulta lesionado por el acto de autoridad que se reclama; por su parte, el derecho subjetivo requiere de la reunión de tres elementos: 1. La existencia de un interés exclusivo, actual y directo; 2. Que ese interés sea reconocido y tutelado por la ley; y, 3. Que esa protección se resuelva en la aptitud de su titular de exigir del obligado la satisfacción de ese interés, mediante la prestación debida. Cabe destacar que, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, por un interés "simple", como suele llamársele a aquél que no cuenta con respaldo legal, sino que es necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Asimismo, se ha reconocido por los tribunales de Amparo, que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones, tal como se advierte de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, visible a página 295, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente impone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Durante la tramitación de un juicio de amparo la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma indubitable o fehaciente, por ende, no debe deducirse a base de presunciones". Luego, como se dijo, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al advertirse que la impetrante de amparo carece de interés jurídico, en virtud que los actos que reclama, no afectan de modo personal, actual y directo su esfera jurídica. Ahora bien, el quejoso Nicolás Barrera Balpuesta se ostenta tercero extraño al juicio agrario 353/2014, del índice del Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Nueve, y reclama la orden de desposesión que emitió sobre el predio ubicado en privada Chirimoyo, sin número colonia Ricardo Flores Magón, Itzamatitlan, municipio de Yautepec, Morelos, pues afirma tener la posesión de ese bien con base en el contrato de arrendamiento que celebró el uno de septiembre de dos mil veinte con Clara Balpuesta Arceño. Con el propósito de acreditar el derecho que le asiste para accionar esta vía de amparo, el amparista aportó como prueba el contrato de arrendamiento que celebró el uno de septiembre de dos mil veinte, con Clara Balpuesta Arceño como arrendadora, respecto del inmueble ubicado en Privada Chirimoyo s/n, colonia Ricardo Flores Magón, Itzamatitlan, municipio de Yautepec, Morelos, el cual se encuentra certificado por el Notario Público Número Uno de la Sexta Demarcación Notarial del Estado, cuya certificación del Fedatario Público es de fecha doce de octubre de dos mil veinte, a la que se anexó la credencial de elector del aquí quejoso Nicolás Barrera Balpuesta, con domicilio en "calle Chirimoyo s/n colonia Ricardo Flores Magon, Yautepec, Morelos". Ahora, el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de pruebas, lo dispuesto en este capítulo". Conforme a este dispositivo el juzgador goza de amplias facultades para analizar las pruebas rendidas y darles valor, con absoluta independencia de la objeción que pudieran plantear las partes en conflicto. Ilustra la tesis consultable en la página 340, del Tomo XI, Marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "PRUEBA DOCUMENTAL NO OBJETADA. Independientemente de que las partes, en el juicio de amparo, objeten o no algún documento presentado como prueba, el juez de Distrito tiene que concederle o negarle valor probatorio de acuerdo con las reglas que establece la legislación procesal civil federal, que es supletoria de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales". Pues bien, aquilatado ese medio de convicción en términos de los artículos 197, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, justifica la celebración del contrato de arrendamiento entre Clara Balpuesta Arceño y el hoy disconforme Nicolás Barrera Balpuesta, respecto del inmueble ubicado en ubicado en Privada Chirimoyo s/n, colonia Ricardo Flores Magón, Itzamatitlan, municipio de Yautepec, Morelos, que adquirió fecha cierta de su existencia al menos desde el doce de octubre de dos mil veinte, en que fue presentado para su certificación ante el Notario Público Número Uno de la Sexta Demarcación Notarial del Estado, conforme a la jurisprudencia 220, sustentada por la Tercera Sala de la otrora conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada bajo el registro 913162, o bien en la página 180, del Tomo IV, del Apéndice 2000, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes". Sin embargo, a pesar de la demostración de la existencia de ese contrato de arrendamiento, lo cierto es que deviene insuficiente para demostrar fehacientemente el interés jurídico del hoy inconforme Nicolás Barrera Balpuesta, debido a que adquirió fecha cierta hasta el doce de octubre de dos mil veinte, en que fue presentado para su certificación ante el Fedatario Público referido, y como se advierte de los antecedentes narrados en párrafos precedentes, el once de septiembre de dos mil veinte, el tribunal agrario responsable emitió un auto dentro del juicio de origen 353/2014, en el que tuvo por recibida la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por la cual se determinó no amparar ni proteger a la quejosa Clara Balpuesta Arceño, por si y en representación Lucio Barrera Orozco, parte actora en dicho asunto, por lo que se determinó que la sentencia emitida el treinta de mayo de dos mil diecinueve en el referido juicio agrario 353/2014 había causado ejecutoria, declarándose firme la misma. Asimismo se indicó que toda vez que la referida sentencia había sido condenatoria en contra de Lucio Barrera Orozco y Clara Balpuesta Arceño en atención al resolutivo tercero de literalidad siguiente: ".TERCERO.- Asimismo, en autos se encuentra acreditado que RAFAEL BARRERA OROZCO es el titular de la unidad parcelaria marcada con el número 30 Z-1 P-1 ampara con el certificado parcelario 16177, con superficie total de 1-08-17-97 hectáreas (una hectárea, ocho áreas, diecisiete punto noventa y siete centiáreas) consecuentemente , SE CONDENA a LUCIO BARRERA OROSCO y CLARA BALPUESTA ARCEÑO, para que en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES posteriores a que cause estado esta sentencia desocupación y entreguen el predio con su superficie de 5,000.00 metros cuadrados y las dos casas habitaciones, las cuales se encuentran inmersas en la superficie de 1-08-17.97 hectáreas, de la parcela número 30 del ejido que nos ocupa, con las medidas y colindancias precisadas en el dictamen pericial en materia de topografía del Arquitecto FEDERICO GUILLERMO RODRIGUEZ SCHAEFFER (a foja 203 a 222) a favor de RAFAEL BARRERA OROSCO; en caso contrario esta autoridad actuara en términos del artículo 191 de la Ley Agraria. En ese sentido se ordenó notificar a las partes dicho acuerdo, el cual fue notificado a Lucio Barrera Orosco y Clara Balpuesta Arceño, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, ante el incumplimiento de los referidos, el tribunal agrario responsable emitió acuerdo el veinte de octubre de dos mil veinte, por el cual, comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en el inmueble materia del juicio y ejecutara la resolución dictada en autos. Así las cosas, el treinta de octubre de dos mil veinte, el actuario se constituyó en el lugar indicado, para llevar a cabo la diligencia de ejecución de sentencia, sin embargo no pudo practicarse la misma, ya que se le informo, por quien dijo ser hija de los actores Lucio Barrera Orosco y Clara Balpuesta Arceño de la existencia del presente juicio de amparo. En ese sentido, es evidente que el contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso y Clara Balpuesta Arceño es de fecha posterior a que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de origen y se ordenó la desocupación y entrega del inmueble materia de Litis, ya que dicho contrato adquirió fecha cierta el doce de octubre de dos mil veinte, data en la que fue certificado ante el Notario Público Número Uno de la Sexta Demarcación Notarial en el Estado de Morelos. Por tanto, es evidente que a la fecha cierta de celebración del contrato la parte arrendadora ya tenía conocimiento de la orden de desocupación y entrega del inmueble que dio en arrendamiento, por lo que en consecuencia, no puede considerarse suficiente para acreditar el interés del quejoso para acudir en defensa de la posesión de dicho inmueble a esta instancia constitucional. Aunado a lo anterior, es evidente que al tratarse de un contrato de arrendamiento, el arrendatario aquí quejoso resulta ser causahabiente de su arrendador, ya que ya que éste queda sometido a las mismas obligaciones contraídas por aquél, por lo que si con posterioridad al dictado de la sentencia en el juicio de origen, el vencido celebra un contrato de arrendamiento a favor de un tercero para trasmitirle el uso y goce de un bien inmueble respecto del cual ya fue condenado a su desocupación, es evidente que, si bien dicho acto juridico pudo haber sido celebrado válidamente y de buena fe por parte del arrendatario, lo cierto es que lo resuelto en el juicio en el que fue oído y vencido el arrendador, repercute en el arrendatario, dada la causahabiencia que lo une con aquél. Tiene aplicación la tesis XVII.1o.C.T.54 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 3159, de rubro y texto "CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados. " Lo subrayado es propio. Asimismo, resulta aplicable, la tesis I.3o.C.463 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, página 1734, de rubro y texto "CAUSAHABIENCIA. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PARA EL CAUSANTE AFECTA EN FORMA IDÉNTICA AL CAUSAHABIENTE. Es verdad que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO.", señala que la causahabiencia no se encuentra prevista como una causa de improcedencia en el artículo 73 de la ley de la materia, por lo que no se puede sobreseer en el juicio por ese motivo en sí mismo considerado, sin embargo, tal criterio no impide estimar que cuando el promovente del amparo que se ostenta como tercero extraño y está probado que es causahabiente de la parte a la que afecta el acto reclamado, su situación es idéntica a la de esa parte porque no es más que subrogatario de ella, por lo que las causas de improcedencia que afectarían al causante también perjudican al causahabiente en tanto que ambos están sujetos a la misma situación jurídica. No se opone a lo anterior que en la referida jurisprudencia también se sostiene que si el causante o el causahabiente promueven amparo ostentándose terceros extraños a juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia, no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, salvo la excepción que se prevé para el causahabiente subarrendatario, sin embargo, esa conclusión no debe desvincularse del resto del contexto, conforme al cual actualizada una causa de improcedencia respecto del causante, también afecta en forma idéntica al causahabiente, y sólo en el caso de que no se dé alguna hipótesis de improcedencia del juicio de garantías (en la inteligencia de que la causahabiencia no es una de ellas en sí misma considerada) entonces debe existir un pronunciamiento en cuanto al fondo del amparo. " De igual forma, es puntualmente aplicable la jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, que puede ser leía bajo el registro 2020978, o en la página 329, del Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común". Luego, no se acredita que se haya vulnerado en perjuicio del quejoso, derecho de posesión alguno que sea legítimamente protegible, en virtud de no haber acreditado la pretendida posesión que aduce tener del inmueble en cuestión con algún título o figura jurídica que lo legitime a ser llamado al procedimiento de origen a fin de ser oído y vencido, pues el exhibido resulto insuficiente Tiene aplicación la Jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, de rubro y texto: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Consecuentemente, al no satisfacerse lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, procede entonces sobreseer en el presente juicio de amparo, debido a que los actos aquí combatidos no trascienden a la esfera jurídica de la quejosa causándole un perjuicio en sus derechos legítimamente tutelados. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 3a./J. 70 20/90, visible en la página 236, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, del tomo V Primera Parte, de rubro: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985)De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, Constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica. Es menester precisar que no basta para tener por acreditado el interés jurídico de la impetrante de amparo, la sola presentación de la demanda, pues ello implica únicamente la pretensión de poner en movimiento el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que el acto reclamado lesiona su interés jurídico, tampoco las manifestaciones contenidas en ella bajo protesta de decir verdad, en razón de que, dicha fórmula únicamente se trata de un requisito meramente formal que la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo exige en el contenido del escrito inicial de demanda, pero esta declaración no entraña el acreditamiento de un derecho, ni el interés jurídico para el ejercicio de la acción constitucional, sino la satisfacción por parte del inconforme de los requisitos exigidos por el numeral en mención que deberá encontrarse robustecida con elementos de convicción que hagan prueba plena. De igual forma, resulta pertinente aclarar que, tampoco es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico del peticionario de amparo, el hecho de que se hayan tenido por ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora, pues una cosa es tener por existentes los actos de molestia, y otra, el perjuicio que éstos puedan depararle a la quejosa, luego entonces, le correspondía a ella comprobar el interés jurídico con algún elemento de prueba que acredite que efectivamente le causa perjuicio los actos impugnados y, por lo mismo, tenía la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de amparo, misma que no satisfizo. Congruente con lo anterior, impone sobreseer en el asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XII. Ahora bien, los tribunales federales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente; sin embargo, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, como ocurrió en la especie, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Finalmente, cabe decir que las tesis de jurisprudencia y aisladas, citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia y son aplicables al caso, de acuerdo con su artículo sexto transitorio que dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". SEXTO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por*******, respecto de los actos reclamados precisados en el segundo considerando de esta sentencia de conformidad con lo establecido en el considerando tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado *******, por el que hace diversas manifestaciones encaminadas a solicitar que se dicte sentencia en el presente sumario constitucional. Al respecto, toda vez que el escrito que se provee se recibió con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se ordena formar un cuaderno provisional con el ocurso de cuenta, asimismo, tomando en consideración las manifestaciones realizadas las cuales no tiene como propósito impulsar el procedimiento, ni modifica de forma alguna la litis del presente sumario constitucional, se provee: Indíquese al promovente que la falta de dictado en la sentencia obedece a la excesiva carga de trabajo con cuenta este Juzgado Federal y que el ingreso del personal a este órgano jurisdiccional está limitada, con horario restringido, en términos del acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19; no obstante, este órgano jurisdiccional se encuentra realizando el estudio del expediente que nos ocupa para emitir el fallo correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los autos, se advierte por acuerdo de doce de los corrientes, se tuvo por desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, el cual se le notificó el dieciocho siguiente; por lo tanto, se encuentra transcurriendo el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

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