Nicolas Anguiano Silva
Expediente 680/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Nicolas Anguiano Silva
- NICOLAS ANGUIANO SILVA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha resolución en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devolución de tomos. Devuélvase a la autoridad responsable los anexos que remitió como justificación a su informe de ley. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destino. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que mediante sentencia de veintinueve de junio del dos mil veintidós, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; determinación que causó ejecutoria en esta fecha, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Ahora, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de la Titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó mediante oficio CCJ/ST/3281/2022 de once de julio de dos mil veintidós, de la Secretaría Técnica de Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 73 a 79, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara y ni protege a Jesús García Morúa, en contra de la omisión reclamada de la autoridad responsable, precisada aquélla y ésta en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando del propio fallo.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el promovente del presente juicio de amparo es Santiago Salas Ferrari, como apoderado de Triferrari, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Ahora bien, se tiene como hecho notorio lo actuado en el diverso juicio de amparo 375/2022-I, del índice de este órgano jurisdiccional, del cual se desprenden diversas manifestaciones denostativas en contra de la suscrita juzgadora. En ese sentido, la suscrita considera encontrarse ante una causa de impedimento para seguir conociendo del presente juicio de amparo, al tenor de las siguientes consideraciones: El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El precepto constitucional transcrito establece el derecho fundamental que tiene todo individuo de acudir ante los tribunales a dirimir sus pretensiones y el deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Asimismo, dicho numeral prevé cuatro principios de los que se desprende que la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita; e (IV) imparcial. Se plantea impedimento. Específicamente, y por lo que aquí nos interesa, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Sobre este tema, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente: "...La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten..." Como puede advertirse, la tutela judicial efectiva no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva. Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho, se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación y, por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. Desde esa perspectiva jurídica, las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda, pero igualmente esa legislación permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. Conforme a lo anterior, la institución jurídica de los impedimentos tiene por objeto garantizar la imparcialidad del juzgador, la cual significa asumir una actitud que asegure que el impartidor de justicia no se decante en favor de ninguna de las partes. Ahora bien, como se adelantó, la suscrita considera encontrarse impedida para seguir conociendo de este asunto en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. [.]". "Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: [.] II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; [.]." En relación a la citada causa de impedimento, prevista por el primero de los preceptos legales transcritos con antelación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2016, sostuvo que este supuesto "se refiere a situaciones diversas a las que enumera la propia disposición (parentesco, amistad, enemistad, interés, entre otras) que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador". A partir de ello, dicho Tribunal de Alzada estimó que el legislador previó la posibilidad de que los juzgadores se declaren impedidos cuando: "se configure una causa de impedimento con base en elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador puede ser afectada, es decir, no contiene una causa de impedimento concreta, sino que en atención a las variadas situaciones que puede ofrecer el ejercicio diario de la impartición de justicia, redactó un supuesto normativo que protege la imparcialidad que debe caracterizar a todo proceso, con base en elementos objetivos. Por ello, la aplicación de esta disposición exige un examen de los elementos en su caso planteados, a fin de que se pondere si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad". Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 100/2018 (10a.), cuyos título, subtítulo y texto se transcriben a continuación: "IMPEDIMENTO. LAS MANIFESTACIONES OFENSIVAS EXPRESADAS POR ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL JUZGADOR NO CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDA DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. Esa disposición legal prevé que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse cuando ocurra, entre otras causas de impedimento, la relativa a que se encuentren en una situación diversa a las especificadas en el propio precepto, que implique elementos objetivos de los que pudiera derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad. Ahora bien, ese supuesto normativo no se actualiza, por regla general, cuando una de las partes en el proceso formula manifestaciones ofensivas contra el juzgador de amparo, ya que si bien es cierto que se trata de expresiones que atentan contra su dignidad, también lo es que como rector del proceso, aquél desempeña una función pública, la jurisdiccional, que ejerce exclusivamente con base en el expediente que le toca resolver y en el derecho; pero sobre todo, su posición se debe distinguir por la templanza, así como por la moderación de las pasiones y los sentimientos, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar la causa sometida a su conocimiento, y es esto lo que impide poner en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia. Esta conclusión no implica desconocer que las partes en el juicio de amparo deben conducirse con respeto hacia quienes formen parte de la relación procesal, es decir, no significa que puedan proferir ofensas, pues las conductas que impidan mantener el orden y exigir el respeto pueden dar lugar a la imposición de medidas disciplinarias, en términos del artículo 236 de la Ley de Amparo." A su vez, al resolver la contradicción de tesis 407/2019, la citada Segunda Sala, consideró que no debe perderse de vista que el impedimento planteado por los propios juzgadores constituye, por sí mismo, una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad. De ahí que resulte dable estimar que dichas manifestaciones permiten presumir, razonablemente, que un juzgador se encuentra imposibilitado para conocer de cierto asunto, sobre todo, cuando dichas manifestaciones son denotativas en contra de esta juzgadora. Caso concreto. En ese sentido, cabe resaltar que en la promoción registrada con el número de correspondencia interna 7142, misma que obra en el diverso juicio de amparo 375/2022-I, del índice de este juzgado, promovido por Santiago Salas Ferrari, el cual se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio; resulta aplicable al caso la Jurisprudencia número XXII. J/12, publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, que intitulada: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", se advierte que la parte quejosa manifestó lo siguiente: "[.] Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70, con relación a los diversos 51, fracción I, 52, 53 y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 80°, 97° y demás relativos de la Ley De Amparo se interpone RECURSO DE QUEJA, en contra del acuerdo notificado el 21 de abril del 2022, dictado por el Juez Sexto de Distrito en San Luis Potosí donde DETERMINÓ QUE HAN PASADO 3 DÍAS DE LEY CUANDO SOLO HAN PASADO 1 DÍA Y CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO EMPIEZA A QUITAR DÍAS A LA QUEJOSA ES PARA APLICAR EL MODUS OPERANDI DE DESECHAR EL AMPARO; INVENTANDO CUALQUIER PRETEXTO Y SI NO LOGRA INVENTAR; INVENTA QUE YA PASARON MÁS DE 5 DÍAS DE LOS OTORGADOS Y POR ENDE SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Acto violatorio a derechos humanos que ya está análisis (sic) en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que es uno de los múltiples de Modus Operandi documentados por la parte quejosa en donde se demuestra que el Estado Mexicano no tiene las habilidades ni competencias necesarias para cumplir con sus obligaciones determinadas en los tratados internacionales. [.] Este amparo deriva de que un grupo de delincuencia organizada pretende apoderarse de la Universidad Abierta para lavar dinero y que el Estado Mexicano anula la personalidad de las víctimas con el fin de proteger a este grupo. Y QUE EL ESTADO MEXICANO NO TIENE LAS COMPETENCIAS NI HABILIDADES NECESARIAS PARA PODER HACER RESPETAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES. [.] IV ACUERDO RECURRIDO El acuerdo del 19 de abril del 2022, notificado el 21 de abril del 2022, donde se notifica que han pasado 3 días de los otorgados por ley. Siendo el agravio: que la autoridad responsable está buscando inventar cualquier pretexto para desechar la demanda de amparo y si no logra inventar algún pretexto va a determinar que ya pasaron los 5 días otorgados por ley para tener como no presentada la demanda de amparo. [.] IV AUTORIDADES RESPONSABLES Sexto Juez de Distrito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil. [.] En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya este documentado este Modus Operandi del Estado Mexicano. Donde empieza a inventar que pasaron más días que los determinados en la realidad con el siguiente fin: 1. Tener tiempo para inventar un pretexto y desechar el amparo 2. Determinar que pasaron los 5 días con el fin de tener por no presentada la demanda de amparo. El modus operandi anterior se implementa cuando existen amparos CON DEMASIADAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DONDE SE PONE EN INTEGRIDAD LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Realizar los actos anteriores SIEMPRE deja en estado de indefensión a las víctimas de delincuencia organizada. Ya que se protegen los intereses de la clase dominante y no de las víctimas. Razón por la cual México es el 4° país con mayor impunidad en el mundo, uno de los más corruptos donde existen delitos de lesa humanidad. Ya que no existen recursos efectivos en contra de los actos reclamados ya que se usan múltiples Modus Operandi para no analizar las violaciones a derechos humanos: [.]" (El énfasis no es de origen) Asimismo, en ese mismo juicio de amparo, en la diversa promoción registrada con el número de correspondencia interna 7497, la parte quejosa señaló lo siguiente: "[.] Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70, con relación a los diversos 51, fracción I, 52, 53 y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 80°, 97° y demás relativos de la Ley De Amparo se interpone RECURSO DE QUEJA, en contra del acuerdo notificado el 27 de abril del 2022, dictado por el Juez Sexto de Distrito en San Luis Potosí donde DETERMINO QUE PASÓ 1 DÍA, CUANDO NO PASO NINGÚN DÍA ADEMÁS DE INVENTAR NUEVAS ACLARACIONES NO SOLICITADAS EN LA ACLARACIÓN ANTERIOR. LO ANTERIOR, ES EL MODUS OPERANDI DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA TENER POR NO PRESENTADAS LAS DEMANDAS QUE DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE UN NARCO ESTADO. [.] Este amparo deriva de que un grupo de delincuencia organizada pretende apoderarse de la Universidad Abierta para lavar dinero y que el Estado Mexicano anula la personalidad de las víctimas con el fin de proteger a este grupo. Y QUE EL ESTADO MEXICANO NO TIENE LAS COMPETENCIAS NI HABILIDADES NECESARIAS PARA PODER HACER RESPETAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES. [.] IV ACUERDO RECURRIDO El acuerdo del 25 de abril del 2022, notificado el 27 de abril del 2022, donde se notifica que nuevamente el Juez Sexto de Distrito vuelve a contar incorrectamente los días transcurridos además de inventar nuevas aclaraciones no solicitadas en el acuerdo anterior. Todo con el fin de no tener por presentada la demanda de amparo ya que es uno de los múltiples Modus Operandis que tiene el Poder Judicial de la Federación para proteger los intereses de la clase opresora. Es decir, se denota como el Juez Sexto de Distrito quiere declarar como no presentada la demanda de amparo y así proteger los intereses del grupo de delincuencia organizada que pretende apoderarse de la Universidad Abierta para lavar dinero (Zaldívar, 2020). Ya que inventa nuevas aclaraciones y después inventa que la parte quejosa entrego en otras fechas las aclaraciones. Realizar los actos anteriores SIEMPRE deja en estado de indefensión a las víctimas de delincuencia organizada. Ya que se protegen los intereses de la clase dominante y no de las víctimas. Razón por la cual México es el 4° país con mayor impunidad en el mundo, uno de los más corruptos donde existen delitos de lesa humanidad. Ya que no existen recursos efectivos en contra de los actos reclamados ya que se usan múltiples Modus Operandi para no analizar las violaciones a derechos humanos: [.]" (El énfasis no es de origen) De lo anterior, se desprende que la parte quejosa refiere que la suscrita: (i) está inventando determinaciones judiciales para desechar su demanda de amparo, (ii) que no cuento con habilidades y competencias para garantizar los tratados internacionales, (iii) se están protegiendo intereses de la delincuencia organizada, (iv) con ello demuestra la existencia de un narco estado, (v) es corrupta. Así, de lo anterior se interpreta que la parte quejosa estima que la suscrita actúa de forma contraria a la ley y a la Constitución Federal, lo que demuestra que se pone en duda la manera en que esta juzgadora se conduce en sus actos judiciales, incluso, la parte quejosa asevera que la suscrita protege intereses de la delincuencia organizada. Asimismo, se precisa que, no obstante que en la promoción registrada con el número de correspondencia interna 7142, el quejoso Santiago Salas Ferrari realizó por primera vez dichas manifestaciones, el mismo las reitera y añade manifestaciones ofensivas hacia la suscrita en la diversa promoción registrada con el número de control interno 7497. En ese sentido, dichas manifestaciones formuladas por Santiago Salas Ferrari, apoderado de la quejosa Triferrari, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, influyen en mi ánimo y objetividad para conocer del juicio de amparo, pudiendo derivar en una enemistad manifiesta en términos del artículo 126, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues producen animadversión, actualizando la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ello, pues como se señala, dichas manifestaciones influyen en mi ánimo y objetividad para continuar conociendo de este juicio toda vez que, en el juicio de amparo 375/2022-I, se puso en duda la manera en que esta juzgadora se conduce en sus determinaciones, así como de mis habilidades para ejercer mi función jurisdiccional, aunado a que afirma que protejo los intereses de la delincuencia organizada. Situación que, de seguir conociendo del presente juicio, evidentemente podría derivar en una pérdida de imparcialidad, y además, que surja una enemistad manifiesta; se reitera, pues dichas manifestaciones producen animadversión en mi ánimo y objetividad, por lo cual, se estima que existe causa justificada a fin de declararme impedida para continuar conociendo de este juicio. Aunado a lo anterior, ésta circunstancia es conforme con los criterios definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente expuestos, que es precisamente el que debe estar provisto de todo elemento que pueda socavar o alterar la imparcialidad de su actuación jurisdiccional, por ello, la sola manifestación de un juzgador en el sentido de que, derivado de una situación en particular, existe animadversión en su ánimo y en probable pérdida de imparcialidad en el juicio, tiene un peso importante y una presunción de veracidad dentro de nuestro sistema jurídico, en atención a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, en términos del artículo 100, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 51, 52, 53, 54 y 58 de la Ley de la materia, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, remítanse los autos originales de este juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para la calificación de la causa de impedimento planteada. Recepción de escrito. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta; resérvese acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto se resuelva el impedimento planteado en párrafos anteriores. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil veintidós. Recepción de pedimento Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Se expide copia. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.Fercorona
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