Nicacia Esperanza Gómez Gutiérrez

Expediente 1048/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1048/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Nicacia Esperanza Gómez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda, documentos susceptibles de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Por otra parte, visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a la Secretaria del Juez Segundo de Distrito en el Estado, acusando recibo del oficio 22212/2018 del índice de este Juzgado y anexos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda, documentos susceptibles de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Por otra parte, visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a la Secretaria del Juez Segundo de Distrito en el Estado, acusando recibo del oficio 22212/2018 del índice de este Juzgado y anexos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto el ocurso aclaratorio de demanda signado por la quejosa Nicacia Esperanza Gómez Gutiérrez, mediante el cual pretende desahogar las prevenciones realizadas a través del acuerdo de cinco de octubre del año en curso, sin embargo, no obstante lo anterior, se tienen datos suficientes para proveer sobre los actos aquí reclamados. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda y aclaratorio de ésta, se advierte que la quejosa reclama: 1. Del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Familiar, la omisión de iniciar incidente criminal por conductas delictivas desplegadas por Rosa María Gómez Gutiérrez, en virtud que (considera) que ésta exhibió un testamento falsificado ante una autoridad judicial. 2. Del Director del Notariado del Estado de Coahuila, la omisión de dar contestación a las solicitudes de informes realizadas por el Agente del Ministerio Público de Tramite Común Modulo Diez en esta ciudad, en la carpeta de investigación CDI/977/2018. 3. Del Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad, lo actuado en el juicio testamentario 743/2014, tramitado a bienes de Rafaela Gutiérrez Carrizales, a partir de la ampliación de inventario promovida por Rosa María Gómez Gutiérrez. De lo expuesto se arriba a la conclusión de que las omisiones y actos respectivamente reclamados son autónomos y distintos entre sí, ya que las dos primeras versan sobre omisiones administrativas, la primera de investigación conforme a las facultades que le otorga el artículo 21 de la Constitución, y la segunda de atender un requerimiento de una autoridad investigadora, efectuado en una carpeta de investigación. En cambio, el acto reclamado versa sobre lo actuado en un juicio sucesorio (acto meramente jurisdiccional). Lo que conlleva que la materia del análisis constitucional versará en los primeros dos casos respecto a si existe por parte de los señalados como responsables la obligación de actuar en los términos que pretende la quejosa, de manera tal que no haberlo hecho configure omisiones de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en su caso, determinar si de existir las respectivas abstenciones éstas son violatorias de algún derecho humano o sus garantías, por parte de cada autoridad omisiva, atendiendo al ordenamiento que rige su respectivo actuar, y en contraste el último girará en torno a decidir si es que en el controvertido que refiere se está afectando el derecho de propiedad invocado por la quejosa y, de ser al caso, dilucidar si ante ello se viola alguna de las garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga para su protección, como es la audiencia previa. Por lo anterior, resulta incuestionable que las aludidas omisiones y acto que por esta vía constitucional se reclaman son inconexas, que de ningún modo están vinculados entre sí, lo que trae como consecuencia que técnicamente no pueden ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a tres demandas de amparo, resultando que: a) En la primera, se reclama del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Familiar, la omisión de iniciar incidente criminal por conductas delictivas desplegadas por Rosa María Gómez Gutiérrez, en virtud que (considera) que ésta exhibió un testamento falsificado ante una autoridad judicial. b) En la segunda se reclama del Director del Notariado del Estado de Coahuila, la omisión de dar contestación a las solicitudes de informes realizadas por el Agente del Ministerio Público de Tramite Común Modulo Diez en esta ciudad, en la carpeta de investigación CDI/977/2018. c) En la tercera se reclama del Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad, lo actuado en el juicio testamentario 743/2014, tramitado a bienes de Rafaela Gutiérrez Carrizales, a partir de la ampliación de inventario promovida por Rosa María Gómez Gutiérrez. En consecuencia, continúese conociendo de la demanda de amparo únicamente en lo atinente a la omisión reclamada precisada en el inciso a). Expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, hasta el presente proveído inclusive, para que con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA, se remítan tales reproducciones mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, a fin de que por medio del sistema computarizado, registre las demandas identificadas en los incisos b) y c) y las turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que conozca de los juicios de amparo derivados del que se actúa, analicen el desahogo realizado a las prevenciones formuladas en el presente asunto, y procedan a requerir en los términos que consideren adecuados para que la promovente del amparo aclare su demanda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Como esta ordenado en diverso proveído de esta fecha, se procede a proveer lo conducente respecto de la omisión que se reclama del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Familiar, consistente en la omisión de iniciar el incidente criminal respectivo por conductas desplegadas por Rosa María Gómez Gutiérrez. Por consiguiente, se procede a estudiar la procedencia de la demanda de amparo, para lo cual se hace necesario tener presente el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda y aclaratorio de ésta, ponen de manifiesto que respecto de la omisión reclamada se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1°, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre la autoridad responsable y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos y sus garantías, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que -por el contrario- aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Sobre este orden, el artículo 109, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé el derecho de la víctima u ofendida para que el Ministerio Público y sus auxiliares, le faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia, lo cual se traduce en el derecho a recibir su denuncia o querella, y hecho lo anterior se proceda a la investigación de los hechos considerados como delito. Lo anterior se encuentra previsto en el numeral 131, fracción II, de dicho código procesal, a través del cual se estableció la obligación del Ministerio Público para recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito, y con ello se cumpla con su facultad investigadora otorgada en el dispositivo legal 21 de la Constitución Federal. Por su parte, los artículos 340, 784, 785, 786 y 787, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, disponen el trámite a realizar por parte de un juez o tribunal cuando alguna de las partes sostenga la falsedad criminal de un documento exhibido en un controvertido civil. Si la materia de la denuncia es la falsedad de un documento presentado al controvertido civil, se requerirá al que lo haya presentado para que manifieste si insiste en que se tome en consideración o no, si contestare afirmativamente, al comunicar los hechos al Ministerio Público, se le remitirá original y sellado el documento argüido de falso, el cual rubricarán el juez y el secretario, dejando en los autos, en lugar de aquél, copia autorizada. En caso de que el Ministerio Público al recibir la denuncia o durante la averiguación, solicita que se suspenda el procedimiento civil, el juez o tribunal así lo acordará una vez que los autos llegaren a estado de citación para sentencia. Lo mismo harán el juez o tribunal si estiman que los hechos denunciados, por su naturaleza, necesariamente deben influir en el fallo que se dicte. Dicha suspensión surtirá efectos mientras el representante social no informe el no ejercicio de la acción penal o se pronuncie sentencia definitiva en el controvertido en el cual fue exhibido dicho documento. En caso de que en el procedimiento penal no se haya decidido sobre la falsedad del documento, el juez o tribunal que conozca del asunto civil, concederá un término de diez días para que rindan las partes sus pruebas, a fin de que, en la sentencia, se resuelva sobre el valor probatorio del documento. De lo expuesto se infiere que para que exista una obligación por parte del Ministerio Público para investigar los delitos (como lo es la exhibición de un documento falsificado dentro de un controvertido judicial), primero debe tener conocimiento de éstos, para lo cual se hace necesario que la contraparte que sostenga la falsedad criminal de un documento, primero deberá promover el incidente criminal respectivo ante la autoridad que conoce del juicio, y una vez que el oferente de dicha documental insista en que se tome en consideración, el órgano jurisdiccional hará del conocimiento del representante social dicha circunstancia, remitiéndolo a este último previa copia autorizada que se deje en autos, para que proceda conforme a sus facultades, acontecido lo anterior se originará su obligación de actuar en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a partir de tal momento es que se le informó sobre el hecho con apariencia de delito. Ahora bien, de las copias certificadas que obran por separado relativas al controvertido referido, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que: 1. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil catorce, en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, Rosa María Gómez Gutiérrez denunció la sucesión testamentaria a bienes de Rafaela Gutiérrez Carrizales, al cual correspondió el expediente 743/2014, del índice del Juzgado Tercero Familiar en esta ciudad. 2. Seguido el procedimiento, a través del escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil quince, Nicasia Esperanza (aquí quejosa), María Altagracia, María Altragracia y Nora Elsa, todas de apellidos Gómez Gutiérrez, comparecieron al referido asunto, y entre otras cosas promovieron incidente criminal en contra de Rosa María Gómez Gutiérrez, por considerar que le había mentido al Juez al manifestar que es hija única de la testadora, y de igual manera formularon objeción y nulidad de testamento público abierto. 3. A lo anterior recayó el proveído de veintitrés de abril de dos mil quince, en el que se determinó que no había lugar a proveer su petición, toda vez que éste se tramita en vía diversa, según lo establecido en el artículo 252 del Código Procesal Civil en vigor. 4. Sin que posteriormente la aquí quejosa, por sí o por conducto de representante legal alguno, solicitara de nueva cuenta se diera vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, con los hechos considerados constitutivos de delito. De lo narrado, se colige que en el caso concreto, la falta de actuación reclamada del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Familiar, relativa a la omisión de inicio del incidente criminal por conductas delictivas desplegadas por Rosa María Gómez Gutiérrez, no puede tenerse como omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que si bien la quejosa reclama una ausencia de actuación de un ente oficial, jurídicamente ésta no ejerce como autoridad sobre la quejosa. Es así, porque la promovente reclama tal falta atendiendo a que -considera- que en el expediente 743/2014, relativo al juicio testamentario a bienes de Rafaela Gutiérrez Carrizales, del índice del Juzgado Tercero Familiar en esta ciudad, la actora Rosa María Gómez Gutiérrez ha realizado conductas delictivas al estar simulando actos jurídicos, y dicha representante social no ha actuado al respecto, sin embargo, como se precisó, el Juez que conoce del controvertido referido, mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil quince, determinó que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud realizada por la aquí quejosa, junto con sus hermanas, relativa a tramitar el incidente criminal planteado, puesto que éste se tramita en vía diversa, de ahí que al no ordenarle dicha autoridad jurisdiccional actuar en los términos que pretende la aquí quejosa, no es dable concluir que existe la obligación de éste para realizar acciones de investigación respecto de lo cual la promovente considera le genera un perjuicio, por lo que atendiendo a esto no existe una relación de supra a subordinación entre éstas (el citado Ministerio Público y la quejosa). Además a efecto de que se genere la relación de supra a subordinación entre la quejosa y la representante social aludida en términos del artículo 21 de la Constitución, se hace necesario que la promovente haya realizado la denuncia o querella correspondiente ante dicho representante, o por conducto del Juez que conoce del juicio del cual presuntamente derivan los hechos considerados delictivos, y éste último haya acordado favorablemente, para que el Ministerio Público se encuentre obligado a iniciar y realizar las investigaciones correspondientes. Sin embargo como ya se dijo, la única ocasión que lo pidió esto le fue negado por el Juez Tercero Familiar en esta ciudad, sin que posteriormente haya vuelto a realizar de nueva cuenta tal petición a dicha autoridad o directamente al Agente del Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional aludido. Lo que se corrobora con las manifestaciones realizadas por la promovente en su escrito aclaratorio, específicamente en el punto 4, a través de las cuales informó que ".nunca he pedido al juez tercero familiar.., (sic) se diera vista al ministerio público en el expediente 743/2014." En consecuencia, en el presente caso la autoridad que se señala como responsable no solo no tiene ninguna relación con la quejosa y menos poder de imperio sobre ella, pues no existe denuncia realizada por ésta, o por conducto del Juez Tercero Familiar en esta ciudad, que origine que el Agente del Ministerio Público se encuentre obligado a realizar sus facultades de investigaciones previstas en el artículo 21 de la Constitución. Sin que lo anterior genere estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que tiene expedito su derecho para acudir ante el propio agente del Ministerio Público para hacer de su conocimiento los hechos que considera materia de delito, para que proceda en términos del referido artículo Constitucional. En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso concreto se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notifíquese; y personalmente a la promovente.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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