Nicolas Acevedo Moreno

Expediente 481/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
481/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Nicolas Acevedo Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Se requiere acuse de recibo. Visto el estado procesal de autos del que se obtiene que no obra el acuse de recibo del oficio ********************dirigido al director del Hospital General Regional Número 58, del Instituto Mexicano del Seguro Social de León, Estado de Guanajuato, mediante el cual se le notificó el auto de veintinueve de septiembre pasado; en consecuencia, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación que se le haga de este proveído, acuse recibo del aludido comunicado al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional (3jdo16cto@correo.cjf.gob.mx), debiendo indicar la data en que recibió el oficio de mérito. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el plazo otorgado para ello, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de lo establecido en el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la ley de la materia.

  2. Principal

    Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de uno de mayo pasado, se admitió la demanda de amparo presentada por Nicolás Acevedo Moreno, en la que reclamó la omisión de proporcionarle atención médica para atender el dolor en brazos, manos, piernas, tobillos, estómago y pies, derivado de la cirugía en la que le retiraron un tumor maligno, un riñón y parte de la uretra, por parte de las autoridades responsables, director del Hospital General Regional número 58 y director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades número 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Por su parte, de las constancias que anexó el director del Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, al presente juicio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de proporcionarle atención médica para atender el dolor en brazos, manos, piernas, tobillos, estómago y pies, derivado de la cirugía en la que le retiraron un tumor maligno, un riñón y parte de la uretra; empero, de las constancias que remitió el director del Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, el Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, brindó a la parte quejosa la siguiente atención médica: El tres, cinco y ocho de mayo, se practicaron a la parte quejosa estudios de laboratorio (f. 203, 204 y 205), mientras que el siete y ocho de mayo (f. 207 y 208), se hizo lo propio por lo que hace a los estudios de microbiología; asimismo, el dos y seis de mayo (f. 23 vuelta, 221 y 42 vuelta) se realizaron interconsultas de medicina interna al quejoso, mientras que el tres (f. 220), cuatro (f. 219) cinco (f. 40 vuelta y 217), ocho (f. 215), nueve (f. 200), doce (f. 198), quince (f. 195) y dieciséis (f. 197) de mayo, todos del año en curso, fue atendido por el especialista en reumatología; asimismo, en esta última data (dieciséis de mayo), fue atendido por el especialista en infectología (f. 76) y se dio de alta al aquí quejoso, por evolución clínica a la mejoría, egresando del nosocomio respectivo con receta médica, con motivo de un diverso padecimiento consistente en brote de gota no especificada, derivado de lo cual se decidió dar continuidad con manejo deambulatorio vía oral, dando seguimiento por consulta externa, con control de laboratorios (foja 54). Posteriormente, el uno de junio de dos mil veintitrés, le fueron practicados al quejoso estudios de química clínica (f. 77), mientras que el seis de junio del presente año (f. 302), acudió a una cita con el especialista de infectología, siendo dado de alta de dicha especialidad en esa data; por otro lado, el catorce de junio del año en curso (f. 304), acudió a cita con el especialista en reumatología en la cual se le recetaron diversos medicamentos y el veintitrés de junio siguiente (f. 306 a 310), acudió con el especialista en hematología, derivado de lo cual se le recetaron las medicinas indicadas y se le dio de alta de dicho servicio; de igual forma, el diez de julio del año de curso (f. 188) acudió nuevamente al servicio de reumatología, para lo cual se le recetaron los medicamentos ahí indicados; asimismo, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias de las que se advierte la entrega de los medicamentos recetados a la parte quejosa por los médicos tratantes (f. 312, 315 a 318). De todo lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, ha realizado las gestiones necesarias para dar la atención médica a la parte quejosa a efecto de atender sus padecimientos. En ese contexto, es incuestionable que al haber sido atendida la parte quejosa de sus padecimientos han cesado los efectos de los actos reclamados, si se tiene en cuenta que el impetrante acudió a reclamar los dolores derivados de la cirugía que le fue practicada; empero, después de haber recibido atención médica especializada por parte de los servicios de reumatología, hematología, infectología, así como de medicina interna, egresó del hospital al haber sido dado de alta por mejoría. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, los actos reclamados aún subsistían; empero, al haber sido atendida la parte quejosa de sus padecimientos, quedaron insubsistentes los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que los actos impugnados ya no agravian a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las diez horas con once minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." II. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que puso fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de uno de mayo pasado, se admitió la demanda de amparo presentada por Nicolás Acevedo Moreno, en la que reclamó la omisión de proporcionarle atención médica para atender el dolor en brazos, manos, piernas, tobillos, estómago y pies, derivado de la cirugía en la que le retiraron un tumor maligno, un riñón y parte de la uretra, por parte de las autoridades responsables, director del Hospital General Regional número 58 y director de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades número 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Por su parte, de las constancias que anexó el director del Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, al presente juicio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de proporcionarle atención médica para atender el dolor en brazos, manos, piernas, tobillos, estómago y pies, derivado de la cirugía en la que le retiraron un tumor maligno, un riñón y parte de la uretra; empero, de las constancias que remitió el director del Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, el Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, brindó a la parte quejosa la siguiente atención médica: El tres, cinco y ocho de mayo, se practicaron a la parte quejosa estudios de laboratorio (f. 203, 204 y 205), mientras que el siete y ocho de mayo (f. 207 y 208), se hizo lo propio por lo que hace a los estudios de microbiología; asimismo, el dos y seis de mayo (f. 23 vuelta, 221 y 42 vuelta) se realizaron interconsultas de medicina interna al quejoso, mientras que el tres (f. 220), cuatro (f. 219) cinco (f. 40 vuelta y 217), ocho (f. 215), nueve (f. 200), doce (f. 198), quince (f. 195) y dieciséis (f. 197) de mayo, todos del año en curso, fue atendido por el especialista en reumatología; asimismo, en esta última data (dieciséis de mayo), fue atendido por el especialista en infectología (f. 76) y se dio de alta al aquí quejoso, por evolución clínica a la mejoría, egresando del nosocomio respectivo con receta médica, con motivo de un diverso padecimiento consistente en brote de gota no especificada, derivado de lo cual se decidió dar continuidad con manejo deambulatorio vía oral, dando seguimiento por consulta externa, con control de laboratorios (foja 54). Posteriormente, el uno de junio de dos mil veintitrés, le fueron practicados al quejoso estudios de química clínica (f. 77), mientras que el seis de junio del presente año (f. 302), acudió a una cita con el especialista de infectología, siendo dado de alta de dicha especialidad en esa data; por otro lado, el catorce de junio del año en curso (f. 304), acudió a cita con el especialista en reumatología en la cual se le recetaron diversos medicamentos y el veintitrés de junio siguiente (f. 306 a 310), acudió con el especialista en hematología, derivado de lo cual se le recetaron las medicinas indicadas y se le dio de alta de dicho servicio; de igual forma, el diez de julio del año de curso (f. 188) acudió nuevamente al servicio de reumatología, para lo cual se le recetaron los medicamentos ahí indicados; asimismo, la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias de las que se advierte la entrega de los medicamentos recetados a la parte quejosa por los médicos tratantes (f. 312, 315 a 318). De todo lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, ha realizado las gestiones necesarias para dar la atención médica a la parte quejosa a efecto de atender sus padecimientos. En ese contexto, es incuestionable que al haber sido atendida la parte quejosa de sus padecimientos han cesado los efectos de los actos reclamados, si se tiene en cuenta que el impetrante acudió a reclamar los dolores derivados de la cirugía que le fue practicada; empero, después de haber recibido atención médica especializada por parte de los servicios de reumatología, hematología, infectología, así como de medicina interna, egresó del hospital al haber sido dado de alta por mejoría. Ello es así, toda vez que al momento de promover la presente demanda de amparo, los actos reclamados aún subsistían; empero, al haber sido atendida la parte quejosa de sus padecimientos, quedaron insubsistentes los actos reclamados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que los actos impugnados ya no agravian a la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable los deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para verificarse a las diez horas con once minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." II. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que puso fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    Autoridad pretende cumplir requerimiento y se le requiere de nueva cuenta. Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite el director del Hospital General Regional número 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales pretende cumplir con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de agosto del año en curso; sin embargo, la certificación de la documental que allega carece de sello y firma autógrafa. En consecuencia, requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del término de tres días, contado a partir del momento en que reciba el oficio con el que se le comunica el presente proveído, remita en copia certificada las constancias que allega al oficio de cuenta, para lo cual devuélvansele las mismas; lo anterior, en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, en caso de incumplimiento.

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