Nereida Bustos Cárdenas
Expediente 18/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nereida Bustos Cárdenas
Actuaciones
- Principal
DE CERTIFICACIÓN, SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 98 LEY DE AMPARO Y NO SE RECURRIÓ AUTOR DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, CON FUNDAMENTO ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II CÓDIGO FEDERAL PROCEDIMIENTOS CIVILES. SE DECLARA QUE ACUERDO HA CAUSADO ESTADO. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE RODENA DESTRUIR LA PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22 DE ENERO DE 2019, QUE REZA; I. Parte quejosa desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual Nereida Bustos Cárdenas, en su carácter de Síndico Municipal de San Felipe, Guanajuato, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, tal y como se advierte de las constancias que allegó al escrito de cuenta, a través del cual desahoga la prevención formulada mediante auto de quince de enero del presente año (fojas 11 y 12), en atención a ello se provee: II. Análisis de procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: La determinación de tres de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Único Civil de Partido de San Felipe, Guanajuato, en el juicio 482/2017, de su índice, a través de la cual resolvió revocar el auto de doce de noviembre de la anualidad pasada, y estimó que no ha lugar a señalar fecha y hora para la audiencia final de juicio, en razón de que existen medios de convicción pendientes por desahogar, como lo es una prueba pericial, y como consecuencia de ello, su preparación. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la determinación emitida por el Juez responsable, a través de la cual estimó no fijar fecha y hora para la audiencia de juicio final en el contradictorio de origen en razón de que se encuentra pendiente de desahogar una prueba pericial ofrecida en autos, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la determinación emitida por el Juez responsable, a través de la cual estimó no fijar fecha y hora para la audiencia de juicio final en el contradictorio de origen en razón de que se encuentra pendiente por desahogar una prueba pericial; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el presente asunto se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una sentencia favorable, en el juicio natural, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que dirima en definitiva la controversia de origen; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga una sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, la determinación a través de la cual la responsable estimó no fijar fecha y hora para la audiencia de juicio final en el contradictorio de origen en razón de que se encuentra pendiente por desahogar una prueba pericial. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la determinación a través de la cual la responsable estimó no fijar fecha y hora para la audiencia de juicio final en el contradictorio de origen en razón de que se encuentra pendiente por desahogar una prueba pericial, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable en lo conducente la tesis P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo 76, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 205484, que establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Aunado a lo anterior, como ya se indicó, las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; y, solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de cuya ejecución dependa la suerte de todo el juicio natural; sin embargo, en el particular, no se actualiza la excepción en comento, toda vez que la determinación emitida por el Juez responsable, a través de la cual estimó no fijar fecha y hora para la audiencia de juicio final en el contradictorio de origen en razón de que se encuentra pendiente de desahogar una prueba pericial, las consecuencias de que la autoridad responsable no declare cerrado el periodo probatorio, no obstante que ya feneció el plazo que la ley fija, tal y como lo aduce la parte quejosa en su demanda (foja 6), no causa una afectación a sus derechos sustantivos, puesto que el efecto que produce la postura del juzgador responsable es que se continúe con el procedimiento hasta que se reciba el medio de convicción de que se trate y, hecho lo cual, una vez superadas las fases procesales posteriores, se dicte la sentencia definitiva correspondiente, aun cuando ello implique un retardo en el trámite previsto por la ley, pero no la paralización del procedimiento, lo que sí causaría una afectación mayor. En efecto, debe privilegiarse el derecho fundamental de defensa que tiene el oferente de la prueba que le fue admitida, pendiente de desahogo, ya que su desahogo fuera del plazo legal afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable, y con ello la violación aducida no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo, haciendo valer la admisión de la referida prueba pericial como violación procesal. Esto es así, porque en el caso concreto se aprecia que la determinación emitida por el Juez responsable, a través de la cual estimó no fijar fecha y hora para la audiencia de juicio final en el contradictorio de origen en razón de que se encuentra pendiente por desahogar una prueba pericial ofrecida en autos, constituye una violación procesal que puede ser reparada en sentencia definitiva, si la sentencia que se dicte en el juicio le es adversa a sus intereses, lo cual podrá combatir como violación procesal, al momento de interponer demanda de amparo directo, de conformidad con la fracción III, del artículo 172 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia PC.III.C.J/1K (10a), emitida por los Plenos de Circuito, publicada en la página 1250, del tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, derivada de la contradicción de tesis 5/2013, con número de registro 2008039, que establece: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA). Conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge el contenido del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio se reserva a los que tengan una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando la violación no pueda ser reparada, ni aun mediante el amparo directo. Luego, no se está ante un acto de esa naturaleza cuando se reclama el auto que niega cerrar el periodo probatorio y cuya base es el derecho fundamental de defensa, tutelado por el artículo 14 constitucional, que tiene el oferente de una prueba pendiente de desahogar, que debe prevalecer sobre el de acceso a la justicia pronta que, a su vez, consagra el numeral 17 de la propia Carta Magna." Circunstancias las anteriores que conducen a la conclusión de que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio. Esto es así, porque, como ya se indicó, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable a sus intereses, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, ello aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, dado que podría impugnarla en amparo directo, como ya se dijo en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. De ahí que, siguiendo la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo abrogada, el cual es de idéntico contenido al diverso 107, fracción V, de la ley de Amparo, así como lo determinado en las dos últimas jurisprudencias citadas en último orden, debe concluirse que la determinación emitida por el Juez responsable, a través de la cual estimó no fijar fecha y hora para la audiencia de juicio final en el contradictorio de origen en razón de que se encuentra pendiente por desahogar una prueba pericial, que se traduce en sí como la negativa a cerrar el periodo probatorio, no puede considerarse que tenga una ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, o por algún tratado internacional. Finalmente, debe considerarse que en caso de que se accediese a la solicitud de la demandante del amparo a declarar concluido el periodo de desahogo de pruebas, implicaría declarar perdido el derecho de su contraparte de desahogar ciertos medios de convicción que le fueron admitidos en el juicio y, en ese sentido, de considerar procedente el amparo indirecto contra la resolución que niega cerrar el periodo probatorio, se autorizaría la interpelación del amparo biinstancial contra el auto que niega declarar perdido el derecho de una de las partes desahogar pruebas; de ahí que se considere que el acto reclamado no es impugnable en el amparo indirecto. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa, por notoriamente improcedente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 15 DE ENERO DE 2019, QUE REZA; Parte quejosa. Nereida Bustos Cárdenas, quien se ostenta como Síndico del Municipio de San Felipe, Guanajuato. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 18/2019-III. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por Nereida Bustos Cárdenas, quien se ostenta como Síndico del Municipio de San Felipe, Guanajuato, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en íntima vinculación, a su vez, con el artículo 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo; requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Exhiba documento fehaciente con el cual acredite la personalidad con la que se ostenta. En razón de que no anexa documento con el que acredite la personalidad con la cual acude a esta instancia constitucional a efecto de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en favor del Municipio de San Felipe, Guanajuato, de quien aduce ser síndico. Lo anterior, en aras de una adecuada integración y seguimiento de este juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". 2. Manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el líbelo constitucional existe la expresión final "protesto lo necesario", toda vez que la frase "bajo protresta de decir verdad", constituye un requisito legal que tiene bases constitucionales y que por lo mismo no puede ser omitida, pues además de tener como objetivo responsabilizar al particular, en el sentido de que deberá de conducirse con veracidad en la narración de los hechos que apoyan la demanda de amparo, su omisión puede tener como consecuencia que el juzgador tenga por no interpuesta la demanda, en caso de que el demandante del amparo no satisfaga ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 114 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página 32, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA" Hágase del conocimiento de la gestionante que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, toda vez que el mismo es parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Se hace saber a la parte promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Apercibida que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a a Edith Luna Aguilar, Marco Antonio Loredo Ibarra, Francisco Javier Estrada Domínguez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Ma. Isabel Rivera Hernández, por así haberse solicitado. V. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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- Nelson Roberto Hernández Bonilla343/2021
- Nereida Arroyo Mendoza291/2020
- Nestor Irepan Ramírez Muñoz952/2023
- NÉSTOR IREPAN RAMÍREZ MUÑOZ y Otros.9/2021
- Nicacio Muñoz Sánchez934/2015
- Nicolas Acevedo Moreno481/2023
- Nicolas Alejnadro Rocha Ramírez396/2016
- Nicolás Díaz Lucas1075/2017