Neyma Chi Noh

Expediente 996/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
996/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
18/09/2017

Partes del expediente

  • Ligia Reyes Guadalupe Sánchez Richaud
  • Neyma Chi Noh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del cuaderno del incidente de personalidad, derivado del juicio ordinario civil 589/2016 y del toca número 262/2017, mismos que adjuntó a su informe de ley. Ahora bien, en cuanto a su diversa solicitud de remitirle copia certificada de la resolución dictada en el presente juicio de amparo en que se actúa, dígasele a dicha autoridad que de la lectura de los mismos, se advierte que no se dictó sentencia alguna, ya que mediante proveído de once de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa Ligia Reyes Guadalupe Sánchez Richaud, en virtud, de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada contrario sensu de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, remítase a la Sala Colegiada responsable, copia certificada del auto de once de agosto del año en curso, ello para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. Vista la cuenta que antecede, y toda vez que en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, el presente juicio de amparo causó estado y se ordenó archivar como asunto totalmente concluido, por tanto, devuélvase a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, el cuaderno del incidente de personalidad, derivado del juicio ordinario civil 589/2016 y el toca número 262/2017 del índice de la citada Sala Colegiada, que remitió con su informe justificado, respectivamente, asimismo, se le solicita acuse recibo de los mismos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de quince de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3849/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de once de agosto del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. ...

  4. Principal

    MESA V. Téngase por recibido el oficio de cuenta, de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa los autos originales del juicio de amparo directo 494/2017, del índice de ese cuerpo colegiado promovido por Ligia Reyes Guadalupe Sánchez Richaud, así como el toca de apelación 262/2017, el cuaderno de falta de personalidad deducido del juicio ordinario civil 589/216 y el incidente de suspensión relativo al toca de apelación antes citado. Ahora bien, atendiendo a que dicha Superioridad anexó a su informe oficio de mérito, el toca de apelación 262/2017, el cuaderno de falta de personalidad deducido del juicio ordinario civil 589/216 y el incidente de suspensión relativo al toca de apelación antes citado y a fin de preservar dichas constancias en el estado que se encuentran, fórmese un anexo con las mismas, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Asimismo, toda vez que dicho cuerpo colegiado, mediante resolución dictada el uno de agosto del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; en tal virtud, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 43 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto en comento; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Ahora bien de la demanda de cuenta, promovida por Ligia Reyes Guadalupe Sánchez Richaud, contra los actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." La parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la resolución de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictada en autos del toca 262/2017, notificada el uno de junio de dos mil diecisiete, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, que hizo valer en contra de la diversa parte conducente del auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis, en el cual la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se desechó el recurso de falta de personalidad. Precisado lo anterior, es evidente que en el presente asunto se reclama una violación procesal; sin embargo, debe determinarse si la misma puede ser combatida en amparo indirecto, por considerarse que afecta a las partes en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para establecer si una violación procesal causa una afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo que se dicte en contra de la sentencia definitiva, trascendiendo en el asunto de tal forma que no quedaría debidamente integrada la litis. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse, al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contario sensu de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que los actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan de manera directa derechos sustantivos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Orienta lo anterior, aplicándose en sentido contrario, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Del mismo modo, cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." La propia Ley de Amparo, en su nuevo texto estableció que tales actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; debiendo entenderse entonces que la afectación de que se trata debe recaer en derechos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Ahora bien, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: "..La sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete dictada por la H. Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hoy autoridad responsable en el toca civil número 262/2017, formado con motivo del recurso de apelación, interpuesta en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la ciudadana Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 589/2017.." Determinación, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impacta en algún derecho sustantivo del quejoso, y en cambio, se trata de una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo que se llegue a presentar en contra del sentencia dictada en el expediente número 589/2016. Lo anterior originó la jurisprudencia con el rubro siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO." Lo anterior, porque el acto reclamado de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete y publicado el día uno de junio del año en curso, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, que hizo valer en contra de la diversa parte conducente del auto de nueve de agosto de dos mil dieciséis, en el cual la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se desechó el recurso de falta de personalidad. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LIGIA REYES GUADALUPE SÁNCHEZ RICHAUD, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada contrario sensu de la Ley de Amparo. Asimismo, atento a lo solicitado por el quejoso, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo y como autorizado para tal efecto a José Manuel Medina Godínez y Carlos Rafael Sabido Rosado, el primero en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y el segundo de los citados, con las limitaciones que establece dicho numeral, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano