Neyla Daniela Aguilar Puc
Expediente 1310/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Neyla Daniela Aguilar Puc
- Maria Esmeralda Aguilar Puc
- Pedro Roche Otero
- Fiscal General del Estado de Yucatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia definitiva, pues si bien no obran en autos el acuse de recibo de los oficios por medio del cual se le comunicó la citada sentencia a las autoridades responsables, que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a los directos quejosos, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que, en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio.Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes.En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese.Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1310/2021-VI; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, ante la Secretaria de Guardia de este Juzgado de Distrito, Neyla Dianela Aguilar Puc promovió en favor de María Esmeralda Aguilar Uc, Naomy Esmeralda Aguilar Monroy y Pedro Wilder Roche Otero, la correspondiente demanda de amparo contra los actos que reclamó del Fiscal General del Estado y de otras autoridades, que hizo consistir en la detención fuera de procedimiento, incomunicación y tortura ejecutados su contra. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe destacar que en el mencionado proveído, atento a las manifestaciones precisadas en la demanda de amparo relativas a que al momento ejecutarse la detención de los peticionarios de amparo estos se encontraban en compañía de tres menores de edad de iniciales A.V.M.A., R.F.M.A. y M.S.R.A., también se concedió a su favor la suspensión de plano. TERCERO. El diecisiete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en favor de María Esmeralda Aguilar Puc y Naomy Esmeralda Aguilar Monroy ya que dichas personas no ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor. Por otra parte, destaca que al momento de realizarse las investigaciones correspondientes por parte de la Actuaria adscrita a este juzgado logró constatar que la menor de iniciales M.S.R.A. se encontraba bajo la custodia de su madre y nunca fue detenida o separada de ella, por lo cual se ordenó dejar insubsistente la medida cautelar pronunciada a su favor. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtienen los siguientes actos reclamados: - La detención fuera de procedimiento, incomunicación y tortura ejecutados contra Pedro Wilder Roche Otero. - La orden de reaprehensión dictada contra Pedro Wilder Roche Otero en autos del toca penal 387/2016, por la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y su ejecución. - La retención de las menores A.V.M.A., R.F.M.A. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. En los informes justificados correspondientes al Fiscal General, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes Agencia Vigésimo Novena, Director de la Policía Estatal de Investigación, Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado; se negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura ejecutados contra Pedro Wilder Roche Otero; lo anterior, sin que exista prueba en contrario aportada en autos que logre desvirtuar dicha negativa. Lo mismo debe decirse en cuanto a la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo y el Fiscal Especial en Atención a Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de Playa del Carmen; la primera de ellas quien no hizo referencia a los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura reclamados y, las restantes quienes no rindieron sus informes justificados. No obstante lo anterior, resulta claro que dichas responsables no intervinieron en la detención de Roche Otero ya que, además de no corresponder a sus atribuciones, tienen su sede en una entidad diversa a donde dicho acto fue ejecutado. Igualmente, en cuanto al Director de la Policía Municipal de Mérida, se tiene que esta autoridad negó la totalidad de actos que le fueron reclamados, sin que esa negativa se encuentre desvirtuada. Por tal motivo, procede decretar el sobreseimiento respecto de dichas autoridades responsables en cuanto a los actos destacados a cada una de ellas en este apartado. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada contra Pedro Wilder Roche Otero en autos del toca penal 387/2016, atribuidos a la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y su ejecución por parte del Fiscal General, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General, Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes Agencia Vigésimo Novena, Director de la Policía Estatal de Investigación, Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, pues así lo aceptaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo mismo debe decirse en cuanto al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad Quintana Roo, quien no rindió su correspondiente informe justificado, por lo que además de la presunción de certeza que eso genera se tiene que la causa penal de donde derivó el toca 387/2016, pertenece a su índice y por tal motivo se encuentra sujeto a la resolución reclamada de la Sala responsable. Por otra parte, también se tiene por existente el acto reclamado de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes Agencia Vigésimo Novena, con sede en esta ciudad y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; consistente en la retención de las menores A.V.M.A., R.F.M.A. Se afirma esto, pues las primeras dos autoridades nombradas así lo aceptaron al rendir su correspondiente informe justificado y la restante autoridad con sede en el Estado de Quintana Roo, no rindió su correspondiente informe justificado, sin embargo obra glosado en autos el informe rendido en relación con la suspensión de plano concedida, en donde se advierte que dichas menores fueron puestas a su disposición a través del cambio de resguardo autorizado por la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán y posteriormente entregadas a su padre. De ahí que deba tenerse por cierto el acto reclamado consistente en la retención de las menores de edad quejosas. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. En el caso, se estima que, respecto del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada contra Pedro Wilder Roche Otero en autos del toca penal 387/2016, por la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo citado prevé Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; Conforme a esa norma legal, el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Siendo así, porque el legislador consideró necesario brindar seguridad jurídica a los gobernados a través de lo que doctrinalmente se denomina cosa juzgada, puesto que, si ya existe un pronunciamiento emitido por un tribunal de amparo en un juicio constitucional, resulta ilógico que se pueda volver a reclamar la misma vulneración de derechos fundamentales cometido por la misma autoridad y en el mismo acto. En ese orden de ideas, en el caso, debe tenerse por actualizada la citada causa de improcedencia, habida cuenta que de los autos del toca penal 387/2016, del índice de la Sala responsable, cuyas constancias que obran en autos fueron remitidas en copia certificadas y gozan de pleno valor probatorio al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el aquí quejoso Pedro Wilder Roche Otero instó ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, el juicio de amparo indirecto 828/2017, en donde precisamente reclamó la resolución de doce de mayo de dos mil diecisiete, emitida por la Sala ahora responsable en el toca 387/2016, donde se ordenó su reaprehensión. Juicio de amparo que fue resuelto a través de la sentencia terminada de engrosar el ocho de marzo de dos mil dieciocho, en donde se negó la protección constitucional. Sentencia que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en la ejecutoria relativa al toca 271/2018, emitida en sesión de doce de septiembre de dos mil dieciocho. De lo expuesto se obtiene que en el antecedente reseñado y el presente juicio de amparo concurre el mismo quejoso contra el mismo acto y autoridad responsable, lo que pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia en análisis y la imposibilidad de efectuar un nuevo estudio sobre lo ya resuelto en el juicio de amparo 828/2017 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo. Lo anterior, porque el legislador, al establecer la hipótesis que en la especie se actualiza, evidentemente quiso evitar esta situación, y brindar seguridad jurídica a los gobernados, a través de la figura de la cosa juzgada. Pues como se indicó, al ser el mismo quejoso autoridad responsable y acto reclamado, pues en ambos juicios se dirimen las mismas cuestiones planteadas, se pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia en análisis y la imposibilidad de efectuar un nuevo estudio sobre lo ya resuelto con anterioridad. Razones por las cuales debe decretarse el sobreseimiento respecto de la orden de reaprehensión reclamada y hacerlo extensivo a sus actos de ejecución pues no se reclamaron por vicios propios sino como una mera consecuencia de la aludida orden. Por otro lado, en cuanto al restante acto reclamado consistente en la retención de las menores A.V.M.A., R.F.M.A. atribuida a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niños, Niñas y Adolescentes Agencia Vigésimo Novena, con sede en esta ciudad y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera que el acto reclamado consiste en la retención de ambas menores por parte de las responsables. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el nueve de agosto de dos mil veintiuno se recibió el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Delegado de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema de Solidaridad, Quintana Roo, en donde informó que las menores involucradas en el presente asunto fueron reintegradas a su padre Adrián Genero Medina Chávez, quien fue valorado como una red de apoyo idónea para ellas y su bienestar. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que se promovió el presente amparo existía la retención impugnada, ya que es evidente que al haberse entregado a las menores a su progenitor con posterioridad, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, contra el acto reclamado a las autoridades aquí precisadas, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por PEDRO WILDER ROCHE OTERO, por propio derecho, y las menores A.V.M.A. y R.F.M.A., ambas por conducto de su representante especial Arturo de Jesús Sandoval Torres, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en sus considerandos tercero y quinto subsecuentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos el oficio 1880/2021 y anexo, remitidos por la la Magistrada de la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Cancún, Quintana Roo, con el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de veintisiete de septiembre de la presente anualidad y al efecto remite las constancias relativas al tomo uno en copias certificadas del toca penal 387/2016 de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes en este asunto con dichas documentales por el término de tres días, y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Nicte Ha Navarrete Méndez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que de autos se advierte que se encuentra pendiente que la Magistrada Titular de la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, Quintana Roo, remita a este juzgado copia certificada de las constancias relativas al toca penal 387/2016, de su índice; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, como nueva fecha y hora para su desahogo. Ahora, para evitar mayores dilaciones en el procedimiento, se ordena reexpedir vía estafeta el oficio 26100/2021, de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido a la citada autoridad, a efecto de que tenga debido conocimiento del requerimiento contenido en el mismo y esté en aptitud de dar cumplimiento de lo determinado en dicha data. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Nicte Ha Navarrete Méndez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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