Néstor Gabriel López López
Expediente 1420/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Néstor Gabriel López López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA...
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; y que entre hoy y la fecha de notificación a las partes, respecto del informe rendido por el (1) Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con residencia en Ciudad de México, no media el plazo de ocho días a que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al efecto, se acuerda: Para dar margen a lo anterior, y estar en posibilidad de integrar debidamente el presente asunto así como no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de una audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarla por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Carina Bautista Pérez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por el Jefe de la Administración Postal Número Dos "Palmas", con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa el tratamiento dado a la comunicación 23204/2023, dirigida a la autoridad responsable (1) Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con residencia en la ciudad de México; además, remite constancia en apoyo a lo anterior. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta y anexo. En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado; además, queda en espera del acuse correspondiente, para estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Carina Bautista Pérez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A Vistos; para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1420/2023-VII; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Antecedentes. ********************, mediante escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, según la boleta 20231581032800260 de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que se precisa en la parte considerativa de esta resolución. SEGUNDO. Procedimiento. En proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el incidente de suspensión en los términos instados, se registró con el número 1420/2023-VII, y se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, asimismo, se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con el 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en vigor al día siguiente de su publicación; aunado de que la emisión del acto reclamado, se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la autoridad responsable y acto reclamado. En acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido por los artículos 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en la especie la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable: (1) Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, todas con residencia en la Ciudad de México. Acto reclamado: (a) La resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del procedimiento de sanción administrativa PSA 75/2022, en la que se determinó imponerle sanción administrativa consistente en suspensión temporal para participar en los procesos aleatorios de designación por el término de siete meses. TERCERO. Fijación de la litis incidental. En primer término, es importante establecer que en atención al acto reclamado en la demanda y a los efectos por lo que se solicita la medida suspensional, el presente asunto no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior y en acato al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución judicial y a lo establecido en los artículos 146, fracción I y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados en los siguientes términos: "[.]solicito se decrete la Suspensión del Acto reclamado y se mantengan las cosas en l estado que se encuentran hasta en tanto la Autoridad Federal resuelva el presente juicio de garantías. [.]" (sic) Por tanto, con apoyo en lo establecido en el artículo 128, en relación con el diverso 138, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado únicamente se pronunciará respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado. En atención a ello, la Litis incidental materia del presente asunto se centrará en los efectos y consecuencias que provoca ejecutar la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del procedimiento de sanción administrativa PSA 75/2022, en la que se determinó imponerle sanción administrativa consistente en suspensión temporal para participar en los procesos aleatorios de designación por el término de siete meses. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 4/2019 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA" CUARTO. Certeza del acto reclamado. Autoridad responsable Sentido Auto (1) Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Es cierto 09/10/2023 Es cierto, el acto precisado en el inciso (a) del considerando segundo, reclamado a la autoridad responsable (1) Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con residencia en la Ciudad de México, por así haberlo manifestado expresamente al rendir su informe previo. Por tanto, debe tenerse por cierto, pues sus manifestaciones constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe previo, consistentes en copias certificadas de diversas documentales que integran el expediente 75/2022, de su índice, a saber: (i) la resolución definitiva de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, (ii) constancia de notificación al quejoso de la resolución definitiva condigna y (iii) registro de la sanción impuesta; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, dado que se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en ejercicio de su encargo. Circunstancias anteriores, que permiten establecer la certeza del acto reclamado y tenerse así para los efectos legales procedentes. QUINTO. Determinación de la suspensión definitiva. Establecido lo anterior, una vez analizada la demanda de amparo y sus anexos, en virtud de que en el caso en estudio no se reúne el requisito previsto en la fracción II, del artículo 128 , de la Ley de Amparo, para la procedencia de la medida cautelar, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA. Cabe precisar que el artículo 129 de la Ley de Amparo señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social o se contravienen normas de orden público; empero, éste señalamiento, no es limitativo sino enunciativo ya que el orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley. Es importante mencionar que se considera que es de interés social todo aquello que tienda la protección o preservación de un postulado previsto en la normatividad positiva y dirigido a beneficiar a la comunidad como tal o bien evitarle un perjuicio. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicio a la sociedad, se le prive de un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 254979, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 72, Sexta Parte, página 185, de rubro y texto: "SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PÚBLICO. SU DEMOSTRACION. No basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el interés particular de uno de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor que como podría dañar al quejoso la ejecución del acto concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para aplicar el criterio de interés social y de orden público contenidos en el precepto a comento, se deben sopesar o contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad." De manera que, para emplear el criterio de orden público e interés social como base para resolver sobre la suspensión, no es suficiente que las leyes relacionadas con el acto por que se solicita la medida cautelar sean de orden público, pues todas lo son, sino que, además debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos reclamados y sus consecuencias. Asimismo, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 115/2003-SS, consideró que, pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone a la persona juzgadora de amparo la obligación de realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales en cuestión, al resolver sobre la suspensión del acto reclamado. Bajo esa perspectiva, desde un punto de vista lógico, podrían existir actos de autoridad que persigan una finalidad legítima, como es salvaguardar el orden público e interés social y ser, al mismo tiempo, violatorios de derechos humanos, porque esa finalidad resulte desproporcionada o inadecuada. Sentado lo anterior, es necesario recordar que la parte quejosa reclama la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del procedimiento de sanción administrativa PSA 75/2022, en la que se determinó imponerle sanción administrativa consistente en suspensión temporal para participar en los procesos aleatorios de designación por el término de siete meses. Del análisis realizado a las constancias que integran el presente sumario (escrito de demanda y anexos, e informe previo), se advierte que el acto reclamado se trata de una resolución definitiva dictada en un procedimiento administrativo en la que imponerle al directo quejoso en su carácter de especialista adscrito al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, sanción administrativa consistente en suspensión temporal para participar en los procesos aleatorios de designación por el término de siete meses. Ello con motivo de la infracción a las obligaciones en el ejercicio de su encargo (como síndico en el concurso mercantil 752/2019 que se sigue a Dipromed de Ocozocoautla, S.A. de C.V., del índice del Juzgado Mercantil Federal en el Estado de Chiapas), particularmente, por omitir ejercer con probidad y diligencia la función de hacerse cargo de la administración de la comerciante sujeta a procedimiento y abstenerse de presentar dentro del plazo previsto en la norma, los informes de labores de su cargo. En el caso en concreto, resulta improcedente la concesión de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en la medida que, con su otorgamiento, para el efecto de permitir al directo quejoso participar los procesos aleatorios de designación para intervenir dentro de los procedimientos de concursos mercantiles con el carácter de especialista adscrito al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, indudablemente se generaría un perjuicio a la colectividad, pues se consentiría la intervención dentro de los procedimientos concursales, cuya probidad y diligencia en el ejercicio de su encargo, si bien ha sido objeto de sanción, la cual no ha quedado firme, no menos cierto es que tal proceder, genera presunción en contra del especialista respecto del ejercicio de su encargo con probidad y diligencia. De ahí que, los daños que se pudieran ocasionar con la presente negación de la suspensión provisional, son menores que aquellos que se originarían en perjuicio de la sociedad. Sin embargo, ante el conflicto debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular, ya que de lo contrario se haría nugatorio el interés público de la Ley de Concursos Mercantiles, poniendo en riesgo la viabilidad de las empresas sujetas a concurso mercantil y de los demás con los que mantenga una relación de negocios, pues como se dijo, en el caso en análisis, se permitiría la participación del especialista en los procesos aleatorios de designación para intervenir dentro de los procedimientos de concursos mercantiles, que ha transgredido el deber de ejercer con probidad y diligencia la función encomendada. Visto lo anterior, es evidente que no se cumple con el requisito contenido por la fracción lI del artículo 128 de la Ley de Amparo, porque con la medida cautelar solicitada se contravendrían perjuicio al interés social y a disposiciones de orden público. Es aplicable al caso, por las razones que informa, el criterio 1a./J. 69/2004, con número de registro 179439, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUSPENSION. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DESIGNACIÓN Y LA ACTUACIÓN DE UN VISITADOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES, PORQUE DE CONCEDERSE SE PARALIZARÍA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y, POR ENDE, SE AFECTARÍA EL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. sta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el procedimiento judicial es de orden público e interés social, ya que la sociedad está interesada en su prosecución y conclusión. En ese sentido, es improcedente la suspensión en el juicio de amparo contra la designación y actuación de un visitador del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para que dictamine si un comerciante incurrió en los supuestos previstos en el artículo 10 de la ley de la materia, pues de concederse tal medida se paralizaría el procedimiento de concurso mercantil, ya que el Juez competente no podría continuar con las siguientes etapas que señala la ley, infringiéndose con ello el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. No pasa inadvertido para esta Primera Sala el hecho de que de no concederse la suspensión de los actos reclamados en la hipótesis apuntada, algunas de sus consecuencias, a saber, la secrecía de la contabilidad del comerciante demandado, podrían consumarse irreparablemente, dejando sin materia el juicio de amparo, ya que el citado visitador necesariamente tendría que practicar la visita ordenada por los artículos 29 a 41 de la Ley de Concursos Mercantiles y rendir su informe al Juez de Distrito, divulgándose la situación financiera y contable del comerciante, toda vez que ante el conflicto de tales principios debe prevalecer el interés colectivo sobre el particular, pues de lo contrario se haría nugatorio el interés público de la Ley de Concursos Mercantiles consistente en conservar las empresas y evitar el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, lo que pondría en riesgo la viabilidad de los negocios sujetos a concurso mercantil y de los demás con los que mantenga una relación comercial, máxime que el artículo 18 de la propia ley expresamente establece que ni las excepciones de naturaleza procesal, ni la interposición y trámite de recurso alguno suspenderán el procedimiento de declaración de concurso mercantil." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 144, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto precisado en el inciso (a) del considerando segundo, reclamado a la autoridad responsable marcada con el ordinal (1) de referencia, por los motivos y fundamentos precisados en el diverso quinto, de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Carina Bautista Pérez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. La suscrita licenciada Carina Bautista Pérez; certifica y hace constar que atendiendo a lo que establece el artículo 26 Bis, del Acuerdo General 12/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la hora de la evidencia criptográfica, no coincide con la hora del cierre de la audiencia, debido a las cargas de trabajo del presente juzgado. Asimismo, que al guardar la presente resolución a través del aplicativo Word SISE del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, en el tipo de contenido que le corresponde al presente documento, se seleccionó la opción de "resolución interlocutoria", del formulario desplegado de dicha herramienta de trabajo, la cual corresponde al contenido de la presente determinación.
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