Néstor Alonso López Hernández
Expediente 1369/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1369/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/11/2022
Partes del expediente
- Néstor Alonso López Hernández
- Néstor Alonso López Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vistos: I.- El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II.- La certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: En atención a lo indicado en el punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". En relación al punto II, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Tomando en cuenta que del estado de autos se evidencia que no hay diligencia o trámite alguno por realizar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin mayor pronunciamiento, toda vez que no se formó el cuadernillo incidental. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos originales ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIOS A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA
- Principal
Visto, el telegrama de cuenta enviado por la Comandante Encargada del Subsector Pichucalco, con sede en Pichucalco, Chiapas, por medio del cual rinde informe justificado. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta sin mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de veintiocho de octubre de la anualidad en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo del juicio en que se actúa. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto; el escrito signado por ***, autorizada de la parte quejosa, por el que en cumplimiento al proveído de veintiuno de octubre de la anualidad en curso, manifiesta que a la fecha no ha tenido comunicación alguna con ***; sin embargo, que al día siguiente de haber tramitado la solicitud de amparo, esta persona le informó que los impetrante de amparo, ***, ya se encontraban en libertad y que no tenían interés en continuar con la demanda de amparo, reiterando que desde ese día no ha tenido comunicación con dicha persona y no cuenta con otro medio para hacerle de su conocimiento, el requerimiento efectuado por este juzgado. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado por la ocursante; y en atención al mismo, resulta pertinente precisar el objeto del juicio de amparo; mismo que de conformidad con la doctrina de la suprema corte de justicia de la nación, consiste en un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Asimismo, el alto tribunal ha establecido que cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso particular, del análisis al ocurso de demanda presentado por *** promoviendo en nombre y representación de ***, se observa que el cinco de octubre de dos mil veintidós, la promovente del amparo demandó la protección de la justicia federal en contra de los actos consistentes en privación ilegal de la libertad, negativa de derecho de defensa traducida en rendir la declaración sobre los hechos que investiga e Incomunicación, de los directos quejosos, los cuales atribuyó al 1. Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 01, El Canelo, con sede en Chiapa de Corzo; 2. Fiscal General del Estado de Chiapas, 3. Director de la Policía Especializada y 4. Director de la Policía Municipal, todos con sede en esta ciudad. En esa virtud, es que mediante auto de esa misma data (cinco de octubre actual), previa calificación de su urgencia, se dio trámite a la misma, decretándose la suspensión de plano respecto de los actos reclamados antes reseñados. Ahora, de los informes de suspensión de plano que obran en autos, se extrae en forma medular que los actos reclamados no son ciertos, pues las autoridades responsables han manifestado que no han ordenado ni ejecutado ninguno de los actos que se les atribuye, sin que obre prueba en contrario para desvirtuar tales negativas; lo que se corrobora con el ocurso de cuenta, en la medida que la autorizada de la promovente del amparo en este juicio, en representación de ***, aduce que éstos se encuentran se encuentran en libertad y que no es su deseo continuar con el trámite del juicio en que se actúa, sin que esté en aptitud de presentarlos antes este juzgado en razón de que ha perdido contacto con dichas personas. En ese estado de cosas, como se adelantó, resulta evidente que en el caso que acontece, los actos reclamados en este sumario ya no son susceptibles de análisis constitucional; se explica. En efecto, tal como ha quedado precisado, resulta evidente que a la data de instauración del juicio en que se actúa, con base en las manifestaciones vertidas por el aquí ocursante, en representación de los directos quejosos, este juzgador calificó la urgencia de la demanda promovida, y decretó la suspensión de plano, en los términos precisados en la actuación de cinco del actual; sin embargo, a la presente data, se advierte la variación de las condiciones fácticas en las cuales se sustentó la petición del amparo; ello, con base en las propias manifestaciones vertidas por la ocursante; esto es, que ***, se encuentran en libertad y que no es su deseo continuar con el trámite del juicio en que se actúa, de ahí que, como se adelantó, con base en los antecedentes de la demanda de amparo y diverso que se provee, se revela que los actos reclamados ya no son susceptibles de estudio por parte de este juzgador; por lo que resulta innecesaria la búsqueda o emisión de exhorto para que los directos quejosos ratifiquen la demanda de amparo promovida en su favor, por parte de María Dalia Hernández Saldaña; pues ningún fin práctico tendría, atendiendo a la nueva situación jurídica de los impetrantes del juicio. Con apoyo en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por María Dalia Hernández Saldaña en nombre y representación de los directos quejosos Néstor Alonso López Hernández, Sujeily Mariel Hernández Estrada y Jairo Humberto Hernández Hernández. Sin que sea óbice a lo anterior, que el referido numeral, prevea el deber del juzgador de mandar requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, por el plazo de cinco días, para efecto de subsanar las mismas. Ello, pues como se analizó -recuérdese-, resulta evidente que derivado de la actual situación jurídica de los directos quejoso, en relación con los actos reclamados en este juicio constitucional, su trámite e incluso en la hipótesis de la virtual concesión del amparo, carecerían de eficacia, al haberse revelado que los mismos en la especie no existen. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIOS A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el escrito signado por ***, autorizada de la parte quejosa, por el que en cumplimiento al proveído de veintiuno de octubre de la anualidad en curso, manifiesta que a la fecha no ha tenido comunicación alguna con ***; sin embargo, que al día siguiente de haber tramitado la solicitud de amparo, esta persona le informó que los impetrante de amparo, ***, ya se encontraban en libertad y que no tenían interés en continuar con la demanda de amparo, reiterando que desde ese día no ha tenido comunicación con dicha persona y no cuenta con otro medio para hacerle de su conocimiento, el requerimiento efectuado por este juzgado. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado por la ocursante; y en atención al mismo, resulta pertinente precisar el objeto del juicio de amparo; mismo que de conformidad con la doctrina de la suprema corte de justicia de la nación, consiste en un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Asimismo, el alto tribunal ha establecido que cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso particular, del análisis al ocurso de demanda presentado por *** promoviendo en nombre y representación de ***, se observa que el cinco de octubre de dos mil veintidós, la promovente del amparo demandó la protección de la justicia federal en contra de los actos consistentes en privación ilegal de la libertad, negativa de derecho de defensa traducida en rendir la declaración sobre los hechos que investiga e Incomunicación, de los directos quejosos, los cuales atribuyó al 1. Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 01, El Canelo, con sede en Chiapa de Corzo; 2. Fiscal General del Estado de Chiapas, 3. Director de la Policía Especializada y 4. Director de la Policía Municipal, todos con sede en esta ciudad. En esa virtud, es que mediante auto de esa misma data (cinco de octubre actual), previa calificación de su urgencia, se dio trámite a la misma, decretándose la suspensión de plano respecto de los actos reclamados antes reseñados. Ahora, de los informes de suspensión de plano que obran en autos, se extrae en forma medular que los actos reclamados no son ciertos, pues las autoridades responsables han manifestado que no han ordenado ni ejecutado ninguno de los actos que se les atribuye, sin que obre prueba en contrario para desvirtuar tales negativas; lo que se corrobora con el ocurso de cuenta, en la medida que la autorizada de la promovente del amparo en este juicio, en representación de ***, aduce que éstos se encuentran se encuentran en libertad y que no es su deseo continuar con el trámite del juicio en que se actúa, sin que esté en aptitud de presentarlos antes este juzgado en razón de que ha perdido contacto con dichas personas. En ese estado de cosas, como se adelantó, resulta evidente que en el caso que acontece, los actos reclamados en este sumario ya no son susceptibles de análisis constitucional; se explica. En efecto, tal como ha quedado precisado, resulta evidente que a la data de instauración del juicio en que se actúa, con base en las manifestaciones vertidas por el aquí ocursante, en representación de los directos quejosos, este juzgador calificó la urgencia de la demanda promovida, y decretó la suspensión de plano, en los términos precisados en la actuación de cinco del actual; sin embargo, a la presente data, se advierte la variación de las condiciones fácticas en las cuales se sustentó la petición del amparo; ello, con base en las propias manifestaciones vertidas por la ocursante; esto es, que ***, se encuentran en libertad y que no es su deseo continuar con el trámite del juicio en que se actúa, de ahí que, como se adelantó, con base en los antecedentes de la demanda de amparo y diverso que se provee, se revela que los actos reclamados ya no son susceptibles de estudio por parte de este juzgador; por lo que resulta innecesaria la búsqueda o emisión de exhorto para que los directos quejosos ratifiquen la demanda de amparo promovida en su favor, por parte de María Dalia Hernández Saldaña; pues ningún fin práctico tendría, atendiendo a la nueva situación jurídica de los impetrantes del juicio. Con apoyo en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por María Dalia Hernández Saldaña en nombre y representación de los directos quejosos Néstor Alonso López Hernández, Sujeily Mariel Hernández Estrada y Jairo Humberto Hernández Hernández. Sin que sea óbice a lo anterior, que el referido numeral, prevea el deber del juzgador de mandar requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, por el plazo de cinco días, para efecto de subsanar las mismas. Ello, pues como se analizó -recuérdese-, resulta evidente que derivado de la actual situación jurídica de los directos quejoso, en relación con los actos reclamados en este juicio constitucional, su trámite e incluso en la hipótesis de la virtual concesión del amparo, carecerían de eficacia, al haberse revelado que los mismos en la especie no existen. 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