Nestor Alonso Cruz Reyes
Expediente 160/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/04/2023
Partes del expediente
- Nestor Alonso Cruz Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el artículo décimo quinto del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Gerardo Castillo Riedel, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ************, promovido por ********************, contra actos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y otra autoridad, por considerarlos violatorios del derecho fundamental contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; RESULTANDO. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, ********************, por propio derecho, interpuso demanda de amparo contra las autoridades y acto reclamado que a continuación se mencionan: Autoridad responsable: 1. Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California (en su correcta denominación). 2. Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California (en su correcta denominación). Acto reclamado: "La omisión de dar respuesta a mi petición realizada en fecha 02 de julio de 2021, respecto de la solicitud por incapacidad permanente." Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de la autoridad responsable, fue violado el derecho fundamental que a su favor consagra el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de garantías en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ************; se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le compete, se citó a las partes a la audiencia constitucional. Cuarto. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes, al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado no tiene ejecución material al tratarse de una omisión y la demanda se interpuso en esta localidad. Segundo. Precisión de actos reclamados. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición realizada por el quejoso, el dos de julio de dos mil veintiuno, respecto de la solicitud de incapacidad permanente. Tercero. Análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Son ciertos los actos reclamados a las responsables, lo cual se considera así ya que en su informe reconocieron la existencia del escrito presentado ante ellas el dos de julio de dos mil veintiuno. Asimismo, las autoridades responsables informaron que en respuesta a lo manifestado por el quejoso, se dio inicio al Procedimiento Administrativo en Materia de Carrera Policial, el ocho de julio de dos mil veintiuno, identificado con el número 061/CSPC/2021, y en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se informó al aquí quejoso que actualmente esa Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Carrera Policial, se encuentra substanciando la solicitud ante las autoridades competentes, por lo que una vez que se concluya la investigación correspondiente, se determinará lo conducente y le será notificada la resolución emitida. Por lo cual, remitieron copia certificada de la constancia de notificación practicada al quejoso el veinticuatro de febrero del año en curso, en donde se le hizo saber la respuesta a su petición, contenida en el acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia(s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Con relación al acto reclamado, quien aquí resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, como ya se precisó, es cierto el acto reclamado, en cuanto las responsables reconocieron la existencia del escrito presentado ante ellas el dos de julio de dos mil veintiuno, por el aquí quejoso. Luego, de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte lo siguiente: Que el ocho de julio de dos mil veintiuno, se dio inicio al Procedimiento Administrativo en Materia de Carrera Policial, quedando identificado con número 061/CSPC/2021. Que por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, se dio respuesta a lo peticionado por el aquí quejoso, y se le informó que actualmente esa Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Carrera Policial, se encuentra substanciando la solicitud ante las autoridades competentes, por lo que una vez que se concluya la investigación correspondiente, se determinará lo conducente y le será notificada la resolución emitida, lo cual le fue notificado de manera personal el veinticuatro de febrero del año en curso. Documentales, que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo. Por lo que es evidente que, del análisis de esas constancias, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado al promoverse el juicio de amparo, ya que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo - quince de febrero de dos mil veintitrés -, el acto reclamado subsistía, en virtud de que la autoridad responsable no había dado respuesta a la solicitud realizada por el quejoso dos de julio de dos mil veintiuno; también lo es que, al dictarse la presente sentencia, la autoridad responsable, ha demostrado haber dado respuesta al mismo y haberla notificado de manera personal al quejoso. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. En el entendido que en este juicio no se reclamó la tardanza en la conclusión del procedimiento necesario para determinar de fondo la pretensión del quejoso, sino solamente no haber respondido a su solicitud, lo cual, como se indicó, ya ocurrió. Quinto. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando tercero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En cumplimiento al último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, de autos se aprecia que se encuentra transcurriendo la vista dada a las partes en el presente juicio, mediante proveído de nueve de marzo del año en curso; consecuentemente, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, señalándose como nueva fecha para su celebración, las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.P. J/14, Novena Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XVII, Marzo de 2003, página 1449, cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. Si entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la nueva que se fije para que tenga verificativo la misma, con motivo de su diferimiento porque no transcurrió el tiempo suficiente para que el quejoso tuviere conocimiento del o los informes justificados rendidos por las responsables, no mediaron cuando menos ocho días hábiles y continuos, es obvio que se violan en perjuicio del agraviado las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que el impetrante de garantías o el tercero perjudicado se impongan del contenido de los referidos informes y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, a saber, la testimonial, pericial o de inspección, toda vez que atento lo establecido en el segundo párrafo del numeral 151 de la ley de la materia en mención, éstas deben anunciarse cuando menos cinco días hábiles antes a la celebración de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el de la citada audiencia, de lo contrario el quejoso o el tercero perjudicado no tendrían el tiempo suficiente para imponerse de los informes justificados, dejándolos en un estado de indefensión en el juicio de garantías". Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
Tijuana, Baja California, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental remitida por la responsable, sin perjuicio de relacionarla nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
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