NAVILY JIMÉNEZ SIXTO y Otros.
Expediente 815/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/06/2022
Partes del expediente
- NAVILY JIMÉNEZ SIXTO y Otros.
- Navily Jiménez Sixto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El tres de junio de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, tres de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó´ en el presente juicio, ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja california, de esta ciudad; asimismo, que en doce de abril de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa y toda vez que no fue girado en este último auto, oficio al tercero interesado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de esta ciudad; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, gírese el oficio correspondiente a fin de hacer del conocimiento de la parte tercero interesada la determinación de doce de abril de este año, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "PRIMERO. Se reclama el incumplimiento a lo dispuesto del artículo 878 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que a la autoridad responsable señalo las 12:00 (DOCE) horas del día 15 de febrero de dos mil 2021, como fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, acto procesal que de acuerdo a la propia Ley Laboral deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se haya celebrado la audiencia de contestación de demanda, sin que para el caso concreto la autoridad haya tomado las providencias necesarias a efecto de ejecutar todos aquellos actos tendientes a logar la concretización de la administración de justicia en forma expedita y dentro de los plazos y términos que le fijan las leyes. SEGUNDO. La omisión de la responsable de ordenar todos aquellos actos tendientes a lograr el emplazamiento a juicio de las morales demandadas, en los términos de lo dispuesto por los artículos 873 de la Ley del Trabajo." Ahora bien, mediante auto de veinticinco de marzo de los corrientes, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, remitiendo las constancias que integran el expediente laboral 3616/2021-3F, de su índice, de las cuales, se advierte que por auto de diez de febrero del presente año, se le tuvo por acreditada la personalidad a la representante de la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, de igual forma se advierte que en quince de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el numeral 2 de esta última, al ser copias certificadas expedidas por funcionario público en uso de sus atribuciones. En consecuencia, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del citado numeral se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, como acontece en el caso particular, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en concreto en la dilación respecto a la celebración de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, así como la falta de emplazamiento de la moral demandada en el juicio de origen, como se advierte de las constancias remitidas, a la fecha ya aconteció, por lo que el acto que se reclama dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al haberse emplazado a la demandada en el juicio de origen y celebrado la audiencia respectiva. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable en lo conducente al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
En virtud de que la parte quejosa no compareció ante este Juzgado a notificarse de forma personal, se hace efectivo el apercibimiento señalado en aviso fijado en el domicilio y se notifica personalmente por medio de lista y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto de doce de abril de este año, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "PRIMERO. Se reclama el incumplimiento a lo dispuesto del artículo 878 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que a la autoridad responsable señalo las 12:00 (DOCE) horas del día 15 de febrero de dos mil 2021, como fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, acto procesal que de acuerdo a la propia Ley Laboral deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se haya celebrado la audiencia de contestación de demanda, sin que para el caso concreto la autoridad haya tomado las providencias necesarias a efecto de ejecutar todos aquellos actos tendientes a logar la concretización de la administración de justicia en forma expedita y dentro de los plazos y términos que le fijan las leyes. SEGUNDO. La omisión de la responsable de ordenar todos aquellos actos tendientes a lograr el emplazamiento a juicio de las morales demandadas, en los términos de lo dispuesto por los artículos 873 de la Ley del Trabajo." Ahora bien, mediante auto de veinticinco de marzo de los corrientes, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, remitiendo las constancias que integran el expediente laboral 3616/2021-3F, de su índice, de las cuales, se advierte que por auto de diez de febrero del presente año, se le tuvo por acreditada la personalidad a la representante de la demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, de igual forma se advierte que en quince de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el numeral 2 de esta última, al ser copias certificadas expedidas por funcionario público en uso de sus atribuciones. En consecuencia, es evidente que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del citado numeral se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, como acontece en el caso particular, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en concreto en la dilación respecto a la celebración de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, así como la falta de emplazamiento de la moral demandada en el juicio de origen, como se advierte de las constancias remitidas, a la fecha ya aconteció, por lo que el acto que se reclama dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al haberse emplazado a la demandada en el juicio de origen y celebrado la audiencia respectiva. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable en lo conducente al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
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