Néstor Alejandro Martínez Reyes y Otros.
Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Néstor Alejandro Martínez Reyes
- Néstor Alejandro Martínez Reyes y Otros.
- Ma. Guadalupe Reyes Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VIII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. De conformidad con los capítulos cuarto, artículo 14 y octavo artículo 21, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción.
- Principal
VIII... Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa en acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, para que proporcionara la denominación correcta de las autoridades señaladas como: "Fiscalía General de Justicia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y Comisario General de la Policía de Investigación del Estado de México", sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tienen como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con ellas. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 4 de Tramite de la Unidad de Investigación B1, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que se le requirieron en proveído de veintiocho de febrero del año en curso. Ahora bien, del análisis de las documentales que obran en el presente sumario y las remitidas por la autoridad oficiante, el suscrito considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo,... En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que afecte el sentido de la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se le otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, no pasa inadvertida la razón actuarial de cuenta por medio de la cual el actuario judicial adscrito manifiesta su imposibilidad para notificar al "Coordinador de la Policía de Investigación de Atizapán de Zaragoza, Estado de México" la cual se agrega sin mayor proveído, ello en razón, del sentido de la presente determinación.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso Néstor Alejandro Martínez Reyes, por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 131/2022-VIII que dice: ".Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa en acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós, para que proporcionara la denominación correcta de las autoridades señaladas como: "Fiscalía General de Justicia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y Comisario General de la Policía de Investigación del Estado de México", sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tienen como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con ellas. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 4 de Tramite de la Unidad de Investigación B1, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que se le requirieron en proveído de veintiocho de febrero del año en curso. Ahora bien, del análisis de las documentales que obran en el presente sumario y las remitidas por la autoridad oficiante, el suscrito considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en el particular, pues de las documentales que obran en autos y las allegadas en el oficio de cuenta -a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que los documentos son públicos por ser actuaciones realizadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones- se advierte que las violaciones que reclamo con motivo de su detención, quedaron reparadas con el acuerdo de seis de febrero de dos mil veintidós, dictado por la autoridad ministerial oficiante, en el que determinó su libertad, girando la boleta de libertad, reparando con ello al quejoso en el goce de su libertad; por ende no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues ya no hay derecho fundamental que reparar. De acuerdo con lo anterior, se concluye que los efectos del acto reclamado han cesado, pues la citada autoridad responsable, durante la integración del presente sumario, decreto la inmediata libertad del quejoso en seis de febrero del presente año. Por lo que, con las actuaciones relatadas se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo. Sirve de sustento la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Página: 38, Registro: 193758, con contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que afecte el sentido de la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se le otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2016, Tomo II, página 1652 de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, no pasa inadvertida la razón actuarial de cuenta por medio de la cual el actuario judicial adscrito manifiesta su imposibilidad para notificar al "Coordinador de la Policía de Investigación de Atizapán de Zaragoza, Estado de México" la cual se agrega sin mayor proveído, ello en razón, del sentido de la presente determinación. Notifíquese personalmente..." Lo anterior en atención al aviso de fecha diez de marzo de dos mil veintidós.
- Principal
VIII... Agréguese el oficio del agente del Ministerio Público Adscrito al Segundo Turno de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por medio del cual manifiesta su imposibilidad para remitir la constancia solicitada en auto de dieciocho de febrero de este año. En ese sentido, toda vez que informa que la carpeta de investigación TLA/TLA/TLA/104/033985/22/02, -en la que se emitió la actuación requerida- fue turnada a la Mesa de Trámite de la Unidad de Investigación B1, con domicilio en avenida del Trabajo, sin número, colonia San Pedro Barrientos, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, requiérasele al titular de dicha mesa, para que dentro del plazo de veinticuatro horas remita la constancia que acredite la puesta en libertad del quejoso Néstor Alejandro Martínez Reyes, bajo las reservas de ley. Apercibido...
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