Nery del Carmen Moguel Castro

Expediente 755/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
755/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Nery del Carmen Moguel Castro

Actuaciones

  1. Principal

    III... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, el juicio principal deberá destruirse conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    III... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Nery del Carmen...; contra actos de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 755/2023-III. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, es necesario destacar que el acto reclamado consiste en la omisión de acordar de conformidad la promoción de doce de mayo de dos mil veintitrés en la que solicita se expidan dos copias certificadas del laudo de quince de junio de dos mil doce y del auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictados en el expediente SAT 408/2008, del índice de la autoridad responsable. En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, esté último a contrario sensu, por las consideraciones siguientes: El artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y el ya señalado 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución. En ese orden, si bien la peticionaria de amparo aduce como derecho violado entre otros, el protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que éste regula el derecho de acceso a la justicia; no obstante dicho precepto debe encontrarse armonizado con las disposiciones del ordenamiento secundario aplicable al caso, el cual establece el plazo máximo para proveer lo relativo a la omisión reclamada. Luego, los artículos 685, 686, 736 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso, substancialmente establecen diversas bases en relación al trámite de los asuntos respectivos. Así, el primer numeral señala los principios que caracterizan el proceso del derecho del trabajo (público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte), por lo cual las juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; y prevén la suplencia de la queja cuando la demanda planteada sea incompleta o irregular. El segundo precepto, indica que los procesos que se regulan deben realizarse en los términos que señale la misma norma, debiendo corregir cualquier irregularidad u omisión en el trámite. El tercer numeral, señala que cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles; y, el último precepto establece que la Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la misma norma. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 294/2018, determinó que el Juicio Constitucional procede en contra de las dilaciones de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier diligencia, si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron hacerlo. En el particular, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el doce de mayo de dos mil veintitrés, se promovió escrito solicitando copias certificadas, siendo que a la fecha la Sala responsable ha sido omisa en emitir el acuerdo correspondiente para remitirlas. Entonces, los cuarenta y cinco días naturales que estableció la Suprema Corte deben computarse a partir del diecisiete de mayo pasado, fecha en concluyó el plazo en que la responsable debió contestar la petición de la hoy quejosa. Luego, si la demanda que se provee fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta Entidad el diecinueve de junio del año en curso, es incuestionable que al día de hoy, no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días a la autoridad para que acuerde lo conducente en relación la expedición de copias certificadas solicitadas por la amparista. De ahí que, este atraso de ninguna forma se puede considerar como de imposible reparación, ya que la dilación es corta dentro de los parámetros naturales de todo procedimiento por lo que de ninguna forma infringe un derecho sustantivo. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 113, 61 fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el nombre de usuario Justicia44, se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza consultar las actuaciones del presente expediente, así como realizar notificaciones vía electrónica. Atendiendo lo dispuesto en los citados numerales, en relación a los diversos 3º, 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica al usuario aludido, como expresamente lo solicita, en el entendido de que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la citada norma, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, no ha lugar acordar de conformidad el domicilio que indica, toda vez que las notificaciones personales se le practicarán vía electrónica, por así solicitarlo, aunado a que en la Ley de Amparo, no establece la posibilidad de señalar más de un lugar para tal efecto. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, en virtud de que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. La intención de ello radica en asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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