Nereyda Guadalupe Valenzuela Lopez
Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Nereyda Guadalupe Valenzuela Lopez
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial número 22/2021 en la cual se resuelve: "PRIMERO. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Nereyda Guadalupe Valenzuela López, en contra de los actos que reclama a las autoridades responsables que se precisan, unos y otras, en el resultando primero de este fallo. SEGUNDO. Con testimonio de esta resolución, envíese los autos correspondientes al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, para que proceda al conocimiento del asunto."; agréguese a los autos para los efectos legales y acúsese recibo. Glósese el cuaderno de antecedentes al presente juicio, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, púes únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse muy voluminoso. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso k), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado se declaró carecer de competencia para conocer de la demanda amparo promovida por Nereyda Guadalupe Valenzuela López; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, ntra la administración de justicia, contra el ambiente y la 4estión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, Circuito, con el que informa que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y este juzgado, y en relación a lo anterior se formó el expediente conflicto competencial 22/2021; agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales.
- Principal
Visto el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, con el que informa que remitió el juicio de amparo 925/2021 al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, para la substanciación del conflicto competencial suscitado entre ese juzgado y este órgano jurisdiccional; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que se acompaña el juicio de amparo número 925/2021 de su índice, mediante el cual por los motivos y fundamentos que expone se declara incompetente para conocer de la demanda intentada por Nereyda Guadalupe Valenzuela López. Formación y registro del expediente Fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 477/2021-2B; y al efecto se provee: No se acepta competencia En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. El suscrito Juzgado considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada. Para dilucidar el tema es necesario señalar que de los antecedentes relatados por el Juzgado Federal declinante, y se derivan las siguientes premisas fácticas del asunto que nos ocupa: La quejosa señala como acto reclamado la retención o descuento de su sueldo que aparece en su recibo de nómina con número de matrícula 15695, se realiza en Guasave, Sinaloa, lo que le imputa a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa, ambos con residencia en Culiacán, Sinaloa. En este contexto, el órgano jurisdiccional declinante considera que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en virtud de que la retención o descuento en el recibo de la quejosa se ejecuta en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, para sustentar esa afirmación tomó como prueba el recibo de pago con número de matrícula 15695, lo que a juicio del juez declinante revela que la ejecución del acto reclamado sucede en esta ciudad. Empero, como se adelantó, este juzgador no comparte el criterio adoptado. Ahora bien, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "... "VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se observa, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, del que debe conocer el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, de lo cual se advierte la voluntad del revisor de la Constitución de atribuir competencia al Juez del lugar en donde haya de ejecutarse o se ejecute el acto reclamado. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Así, en el precepto antes reproducido se establecen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito para conocer del juicio de amparo indirecto, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito o Magistrado ante el que se presente la demanda; y, 3. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En la nueva regulación de la Ley de Amparo subyacen de manera clara e indiscutible los principios de expeditez y oportunidad que con las reglas de competencia antes referidas quisieron privilegiar el Constituyente y el legislador: con la primera de ellas, facilitar al agraviado la promoción del juicio ante el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto y, con las dos restantes -que implican el abandono de los criterios de prevención y de la residencia de la autoridad ordenadora que establecía la Ley de Amparo abrogada-, el derecho de acceso a la justicia constitucional de una manera más fácil, brindando cierta facultad de decisión al quejoso, pues los restantes supuestos dan margen a la elección del Juzgado de Distrito. Lo anterior no debe entenderse como la renuncia del legislador de amparo a regular un presupuesto procesal, como lo es la competencia que, desde luego, se constituye como una cuestión procesal, en principio, no disponible y de orden público. Sin embargo, analizado en ese contexto tal presupuesto -desde el punto de vista del orden público- y ponderado en función de una legislación más accesible y garantista, con un claro propósito de facilitar el acceso y la expeditez en la actuación de los juzgadores de amparo, se flexibilizaron las reglas anteriormente establecidas. Así, en principio, para aplicar alguna regla de competencia debe ponderarse si con ello se provocaría al quejoso un perjuicio mayor con la promoción del juicio de amparo, que el que le genera el propio acto reclamado, al tener que tramitar aquél ante un juzgado federal situado fuera del lugar en donde éste se ejecutó o pretende ejecutarse, lo que dificultaría o retardaría el trámite y las comunicaciones generadas durante el juicio y el incidente de suspensión. Y si el acto es de tracto sucesivo o carece de ejecución material, al fincar competencia al Juez ante quien se presente la demanda, entonces claramente se está privilegiando que el quejoso siga el juicio en el lugar que más resulte conveniente a sus intereses y le facilite el seguimiento del trámite. De lo anterior se colige que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes regidos por la anterior Ley de Amparo, había externado su preocupación constante en torno al hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinaran la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; sin embargo, se insiste, ello se estableció ante la consideración de no contrariar la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que fijó en la Ley de Amparo de vigencia anterior. Sin embargo, aunque la ley vigente establece reglas imperativas y no disponibles en todo caso por los quejosos, las mismas son más flexibles y privilegian en mayor medida el principio de expeditez en la administración de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. El contexto legal es diferente ante lo expresamente establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyos lineamientos son claros y se resumen finalmente en dos reglas básicas: la primera que atribuye competencia al Juez de Distrito o Magistrado Unitario que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado y, la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito o Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el caso a estudio, como se dijo, se reclama la retención o descuento de su sueldo, manifestado en el recibo correspondiente al mes de junio de dos mil veintiuno, y este tribunal estima que es el primer supuesto antes referido el que fija la competencia del Juez de Distrito para conocer del asunto que se atiende. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, estableció que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso; criterio que este juzgador estima aplicable al caso concreto por las propias razones que expuso el Máximo Tribunal en el aludido precedente. Lo anterior es así, merced a que el artículo 137 bis de la Ley del Seguro Social, liga el pago de la pensión al domicilio del pensionado por ser el lugar en el que cobra y disfruta su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular (no domicilio fiscal) en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. Por tanto, es claro que el descuento que realiza la dependencia, tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad, es decir, en su domicilio. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil para el Estado de Sinaloa establece lo siguiente: ART. 29. El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. ART. 30. Se presume el propósito de establecerse en un lugar, cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarará dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de terceros. ART. 31. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. ART. 32. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. De los artículos 29 y 30 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito, por disposición de la ley, cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; a falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y en ausencia de estos dos, el lugar donde se halle la persona. Los artículos 31 y 32 definen, el primero, lo que debe entenderse por domicilio legal y, el segundo, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que no tengan esa calidad, caso en el cual, por razón lógica, se aplicará lo establecido en el aludido artículo 29, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas jurídicas individuales, se advierte que los artículos 29 y 30 del Código Civil para el Estado de Sinaloa establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente, presumiéndose que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente, salvo prueba en contrario; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa como legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, el descuento de la pensión por conceptos "TOTAL CREDIT, FONDO ACH, CREDIAMIGO" tienen efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, por representar un pago disminuido, puede afirmarse entonces que esas consecuencias materiales repercuten en el pago de la pensión, que se vincula al domicilio del pensionado, por ser éste el lugar en el que cobra y disfruta su pensión y, en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en el lugar de su domicilio. Por tanto, considerando que la voluntad del legislador, como quedó visto, al atribuir competencia a los Jueces de amparo atiende en primer lugar a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al órgano jurisdiccional del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar de manera expedita sobre la violación a sus derechos fundamentales, debe estimarse competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubica el domicilio del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica e identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la contradicción de tesis 176/2009, antes referida, de los rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO.-Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor apartir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el anterior orden de ideas, y partiendo de la premisa anteriormente establecida, del análisis del escrito inicial de demanda se deduce que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su lugar de residencia actual es en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, específicamente en el domicilio ubicado en calle Mariano Escobedo, 361 oriente, colonia Centro, plana alta, de esa ciudad, por ello, debe estimarse competente al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán Rosales, pues es quien tiene jurisdicción en dicha ciudad, al ser éste el lugar en que debe entenderse, tuvo y tiene ejecución el acto reclamado, al ser éste el lugar de residencia de la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto de la fracción XII del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. También, se invoca como apoyo, por similitud jurídica e identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno del Quinto Circuito, PC.V. J/9 K (10a), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, página 1506, con registro electrónico 2012070, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados" Sin que sea óbice para este juzgador, los criterios jurisprudenciales invocados por el juez declinante; empero, no se consideran aplicables en la especie, debido a que tales jurisprudencias interpretaron disposiciones normativas de la Ley de Amparo, que se encontraban vigentes hasta el dos de abril de dos mil trece; es decir, que ya fueron abrogadas. En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, y se ordena devolver. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.
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