Nereida Gabriela Armenta Villegaz

Expediente 370/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
370/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Nereida Gabriela Armenta Villegaz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio número SR/DRAJ/1079/2018, signado por el Subdelegado Técnico, en ausencia del Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual solicita se le informe el estado que guarda el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. Como lo solicita, dígasele que el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo y, con fecha quince de agosto del año en curso, causó estado la misma.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Nereida Gabriela Armenta Villegas; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el once de julio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, de autos se advierte, la parte quejosa exhibió con su demanda, copia del certificado parcelario número 000000156009, escrito dirigido a los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido "Las Vacas", del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, acta de defunción número 00059, expedida por la Oficialía 09 del Registro Civil, IMSS, de esta ciudad, a nombre de Guadalupe Armenta Rendón, estatus de solicitud de tramite, Módulo de Consultas de SIMCOR, circular número 05/2017 del Registro Agrario Nacional, relativa al ingreso de solicitudes de trámites y servicios en los que uno de ellos deba calificarse e inscribirse previamente, carta de enajenación de derecho agrario de Guadalupe Armenta Rendón a favor de Nereida Gabriela Armenta Villegas, carta de los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido "Las Vacas", del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, dirigida al ingeniero Pablo Moreno Cota, Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, en Culiacán, Sinaloa, primera convocatoria, segunda convocatoria y acta de reconocimiento de avecindado; prevéngasele para que comparezca ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de los mismos, haciéndole de su conocimiento que tiene un plazo de noventa días a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dicho documento será destruido junto con el expediente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE NEREIDA FABRIELA ARMENTA VILLEGAS EL PROVEÍDO DICTADO EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Nereida Gabriela Armenta Villegas, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en Culiacán, Sinaloa; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico y, regístrese en el libro de gobierno y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 370/2018. Ahora, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 110, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo en vigor, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes, bajo protesta de decir verdad y atendiendo los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, cumpla con la prevención siguiente: Precisar claramente el acto reclamado; Amplié los antecedentes del acto reclamado. Refiere que el cuatro de junio de dos mil dieciocho, celebró contrato de enajenación de derechos parcelarios a título gratuito, siendo enajenante el ejidatario Guadalupe Armenta Rendón. Asimismo, anexa una copia simple de la manifestación de Guadalupe Armenta Rendón a los integrantes del Comisariado Ejidal en el que manifiesta que enajenó su derecho parcelario a título gratuito a favor de la quejosa; el documento es de cinco de junio de dos mil dieciocho; La quejosa refiere que Guadalupe Armenta Rendón murió; sin embargo no precisa la fecha de la defunción ni anexa el certificado. Por tanto, deberá precisar la fecha en que Guadalupe Armenta Rendón falleció. Asimismo, refiere que mediante solicitud 11384 Cirilo Armenta Villegas, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, solicitó ante la responsable el traslado del derecho agrario; sin embargo la quejosa debe puntualizar a través de qué o mediante que título, derecho o figura jurídica Cirilo Armenta Villegas está reclamando los derechos parcelarios; Además, aclare si la responsable ya atendió la solicitud 11384 o en su caso si ya la resolvió, declarando con ello algún derecho de propiedad sobre la parcela a favor del tercero; De igual forma precisar si la responsable ya atendió el trámite que la quejosa inició el nueve de junio de dos mil dieciocho, con relación a la parcela 806 y, en su caso si ya lo resolvió; Por tanto, deberá precisar el acto reclamado; esto es, si se reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, en su caso, la resolución o respuesta a la solicitud 11384 o la emisión de algún acto que le perjudique, derivado de las solicitudes. Asimismo, deberá precisar si en este amparo está reclamando la afectación de su derecho de propiedad con relación a los derechos de propiedad o posesión de la parcela 806 otorgados o reconocidos a favor de un tercero. Apoya jurídicamente lo que precede la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, sustentada por el tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." También es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia número 495, publicada en la página 433, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 2000, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA.- De la lectura del artículo 146 de la Ley de Amparo, se viene a conocimiento que para que proceda un requerimiento previo a la admisión de una demanda de garantías y se pueda, en su caso, tenerla por no interpuesta, es necesario que exista irregularidad en el escrito en que se formula; omisión de alguno de los requisitos que señala la ley de la materia; que no se indique con precisión el acto reclamado, o que no se exhiban las copias reglamentarias. En esas condiciones, si la prevención que manda hacer un Juez de Distrito no encuadra en alguno de esos supuestos, resulta evidente que el auto ulterior que la tiene por no interpuesta causa agravio, porque las exigencias apuntadas son de tipo limitativo y no ejemplificativo. Por otra parte, requiérase vía telegráfica sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, al Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para que informe en el término de tres días, si ya resolvió la solicitud 11384, realizada por Cirilo Armenta Villegas, en fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, por el traslado del derecho agrario que perteneciera al extinto ejidatario Guadalupe Armenta Rendón, relativa a la expedición del certificado agrario de la parcela 806 Z4 P1/1, ubicada en el Ejido "Las Vacas", Ahome, Sinaloa, o, en su caso, el estatus que guarda la misma (en relación con la solicitud de la quejosa de nueve de junio de dos mil dieciocho); con el apercibimiento que de no hacerlo, o no justificar el impedimento legal que tuviere para hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En el entendido de que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé la consecuencia de que las partes con el fin de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda de amparo afirme hechos falsos u omita los que le constan en relación con el acto reclamado. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". En la inteligencia de que, de no cumplir con la prevención que nos ocupa en el plazo y términos precisados o de no exhibir las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con los artículos 110 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene por señalado los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mauricio Félix Castro y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Magdalena Elizabeth Inzunza Dorado, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.

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