Nereida Fabiola García González
Expediente 58/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Nereida Fabiola García González
- Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehiculos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído por el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido a favor de ************; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimo quinto del Acuerdo Conjunto invocado.
- Principal
Agréguense los oficios signados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común número II, el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, todos con residencia en esta ciudad, el Director de Seguridad Pública de Villagrán, Guanajuato, el agente del Ministerio Público Investigador número II y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en Cortázar, Guanajuato, únicamente para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en proveído de veinticuatro de los actuales, se tuvo a los impetrantes por desistidos del presente juicio de amparo.
- Principal
Vista la comparecencia de esta fecha, téngase a Nereida Fabiola García González, promoviendo juicio de amparo en favor de Juan Arredondo Arriaga y Braulio Rodríguez Delgado, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de quien reclama la incomunicación y posible tortura en contra de Juan Arredondo Arriaga y Braulio Rodríguez Delgado, acto este último prohibido por el artículo 22, Constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 2, 5, 6, 14, 15, 17, fracción IV, 20, 24, 35, 107, 108, 109, 112, segundo párrafo, 115, de la Ley de Amparo, se ADMITE dicha demanda, la cual se encuentra registrada en el libro de Gobierno con el número 58/2016. Dése la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la Adscripción. Requiéranse a las autoridades responsables para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan informe justificado, al que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren, apercibidas, que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente de hasta MIL DÍAS de salario mínimo general vigente en el distrito federal, en atención a lo dispuesto por los artículos 117 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase a las autoridades responsables, que de conformidad con lo dispuesto en la fracciones IV y V, del artículo 63, y 64, de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado. Ahora bien, en razón de que el acto reclamado que se hace consistir en la posible tortura e incomunicación de Juan Arredondo Arriaga y Braulio Rodríguez Delgado, está considerado como de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, con apoyo en el numeral 126, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que de inmediato cesen los referidos actos a que se encuentra sujeto, así como para que no se le apliquen los actos prohibidos previstos en el ordinal 22, de nuestra Carta Magna, quedando en cuanto a su persona, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, debiendo informar éstas, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento que se dé a este mandato judicial; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables por medio de oficio. En el entendido de que si la privación de la libertad fue ejecutada por autoridades administrativas con motivo de la comisión de algún delito, los quejosos deberá ser inmediatamente remitido al Agente del Ministerio Público que corresponda, de lo contrario deberán dejarse en inmediata libertad; si los actos reclamados los llevó a cabo algún Agente del Ministerio Público, con motivo de la investigación de algún delito, los quejosos podrán ser retenidos hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, contadas a partir de que hayan sido puestos a su disposición, tal y como lo dispone el artículo 16 Constitucional, párrafo séptimo, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, en la hipótesis de que si se trata de una privación de la libertad inconstitucional, al no ser ordenada por autoridad judicial, ni tampoco por urgencia o flagrancia, el Agente del Ministerio Público deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la averiguación previa correspondiente; para tal efecto remítaseles copia de la demanda de amparo. De igual manera, se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo antes determinado, se harán acreedoras a una multa por el equivalente hasta de QUINIENTOS DÍAS de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, así como las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación establecidas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que la promovente manifiesta qué se encuentra incomunicado y posiblemente torturado dentro de las instalaciones de las cualquiera de las autoridades responsables, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a efecto de que se constituya en dichas instalaciones, en busca del quejoso y una vez encontrándolo lo requiera para que, en ese momento, o dentro del término de TRES DÍAS, manifieste sí es su deseo o no ratificar la demanda de amparo presentada, bajo el entendido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las medidas adoptadas, lo anterior de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la ley de la materia, asimismo, de fe del estado físico de los mismos. En caso de no encontrarse ya internado en esos lugares, el fedatario deberá recabar la información necesaria que permita advertir a dónde fue trasladado y a qué autoridad le fue puesto a disposición. Asimismo, se comisiona al actuario para que haga entrega de los oficios que emanen del presente expediente a las autoridades señaladas como responsables en esta ciudad. Hará saber a las autoridades ante quien se presente que, dada la modificación constante en las denominaciones de las autoridades que conforman el organigrama de las Procuradurías tanto General de la República como del Estado y, al tratarse de un asunto urgente y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, de no ser la denominación correcta, deberán recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que se tuviere; deberá apercibirlos que de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa de hasta MIL DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo que dispone el numeral 245 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que no de hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva condichos datos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Fray Servando Teresa de Mier, número 102, Colonia Alameda, en esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a Francisco Guerra Godínez, por tratarse de un asunto en materia penal.
- Principal
A sus autos la comparecencia que antecede por el cual manifiesta que es su deseo el desistirse de la presente instancia constitucional. Por lo anterior, téngase a la compareciente del amparo desistiéndose de la presente instancia constitucional, que promovió a favor de los quejosos Juan Arredondo Arriaga y Braulio Rodríguez Delgado; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la vigente Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio. En mérito de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del conocimiento de las autoridades responsables el sentido del presente auto. Finalmente, agréguese para que obre como legalmente corresponde las razones actuariales de imposibilidad que tuvo el actuario judicial de la adscripción para localizar a los quejosos, toda vez que en esta data se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia.
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