Nelly Martínez Delgado

Expediente 180/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
180/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Nelly Martínez Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Celaya, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.  Causa ejecutoria Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la materia, lo anterior, en atención a que se determinó negar la protección constitucional en el presente juicio; por tanto, la resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no solo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio."  Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, incisos a) y b) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se negó la protección de la justicia federal solicitada y se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, la determinación relativa al otorgamiento de la suspensión y, en su caso, de su violación y el presente proveído que ordena el archivo del asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.  Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 180/2021, promovido por ****************, por conducto de su defensor particular ****************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este Juzgado el mismo día, ************ demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Uriangato y otra autoridad, que hizo consistir en: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Constituye EL ACTO RECLAMADO en el presente Juicio de Amparo el auto de vinculación a proceso del 11 DE MARZO DEL 2021 la cual me fue notificada en esa misma fecha, enunciando desde este momento que causa perjuicio a los derechos de la quejosa". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda con el número 180/2021-I, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable que intervino en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por conducto de la responsable, lo cual así se realizó (fojas 96 a 99 del juicio de amparo) y por auto de siete de mayo del año en curso, se tuvo a la parte agraviada por ampliando la demanda por lo que hace a una distinta autoridad responsable, juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la base Moroleón (foja 58 a 61 del principal), en razón de lo cual se requirió su informe justificado. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte, pues el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso, en contra de la quejosa, en un procedimiento penal que se sigue ante el Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, base Moroleón, lugares en donde ejerce jurisdicción este Tribunal. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable por analogía y en su parte conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro siguiente2: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: 1. El auto de vinculación a proceso dictado en contra de la quejosa ********************, en audiencia de once de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *************** del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, base Moroleón, por el hecho considerado por la ley como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, 153 fracción I, conforme a los supuestos de premeditación y traición, así como el numeral 18, mismo que fuera cometido de forma dolosa como lo establece el artículo 13 y a título de autor material, contemplado en el artículo 20 primer párrafo en su primer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato. 2. La ejecución de la resolución reclamada. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, tomo III, página 2183, diciembre de dos mil once 3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. Las autoridades responsables son: 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Uriangato. 2. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, base Moroleón, 3. Titular del Centro de Prevención y Reinserción Social 1000, de Valle de Santiago, Guanajuato. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Uriangato (foja 18 y 19); negó la existencia del auto de vinculación a proceso que se le reclama, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. Por tanto, si la inconforme no ofreció prueba en contrario, para desvirtuar la negativa anterior, es procedente aceptarla en sus términos, pues no existe en el sumario elemento de prueba idóneo que la desvirtúe. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 2844, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, base Moroleón, (fojas 74 a 77 del juicio de amparo); y la 4 Sexta Época del Apéndice 1917-septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305. Subdirectora jurídica del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato (fojas 35 a 38 del juicio de amparo), al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, deben tenerse por cierto tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 2785, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañaron las responsables a sus informes justificados, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso, así como el orden cronológico de la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, dentro de la causa penal *************; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de documentales y de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, 5 Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, página 231.emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman 6 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. Necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias y disco versátil digital exhibidos por las autoridades responsables, se desprende: 1. En audiencia de siete de marzo de dos mil veintiuno (como se advierte del audio y video), dio inicio la audiencia inicial en la causa penal ****************, instruida en contra de **************. En ese acto la defensa particular con anuencia de la imputada, solicitó receso de treinta minutos para imponerse de la carpeta de investigación (once minutos con treinta segundos de la videograbación). 2. En la reanudación de la audiencia inicial, una vez que se le hicieron saber sus derechos a la imputada, la juez responsable concedió el uso de la voz al agente del Ministerio Público quien formuló imputación a la citada indiciada (dieciséis minutos con cuarenta segundos de la videograbación), por lo que le hizo del conocimiento la investigación preliminar que esa representación social sigue en su contra en relación a los hechos consistentes en que el cinco de marzo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dos horas, en que el ofendido *************, se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en calle **************, en compañía de su esposa **************, cuando fue lesionado por la misma y a la voz de "hasta aquí llegaste", encajándole un cuchillo en la espalda lo cual motivó que el pasivo callera de espaldas, continuando la imputada con la agresión lesionándolo en la cabeza, rostro, cuello, tórax, abdomen y espalda, así como en sus extremidades superiores, logrado la víctima pedir auxilio a su vecino quien avisó a la prima del ofendido, acudiendo ambos al sitio, logrando ingresar y brindarle auxilio médico al lesionado; hechos que, adujo el fiscal, encuadran en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado tentado, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, 153, fracción I y 18, mismo que fuera cometido de forma dolosa como lo establece el artículo 13 y a título de autor material, contemplado en el numeral 20, primer párrafo en su primer supuesto, todos del Código Penal del estado de Guanajuato. 3. Una vez narrado lo anterior por el fiscal, la juez responsable le concedió el uso de la voz al asesor jurídico quien no realizó manifestación y a la defensa le preguntó si necesitaba alguna aclaración de índole técnico, a lo que manifestaron que no era necesario y le informó a la imputada sobre la oportunidad para dar contestación a la imputación que se le realizó, además, que tiene derecho a declarar o no hacerlo; a lo que la imputada una vez consultado con sus abogados manifestó que no era su deseo declarar, ello en ejercicio de su derecho constitucional (veintidós minutos con cincuenta y cuatro segundos de la videograbación). 4. A los veintitrés minutos con cinco segundos de la videograbación la juez del conocimiento se dirigió a la imputada y a la defensa para preguntarles que si era su deseo que se resuelva su situación jurídica en esa audiencia o acogerse al plazo de las setenta y dos horas para que se resuelva o si solicita la ampliación de dicho plazo a ciento cuarenta y cuatro horas, derecho que puede ejercer en este momento o después de escuchar la petición del Ministerio Público, a lo que la defensa manifestó que quiere escuchar lo que diga el ministerio público; en ese sentido, se concedió el uso de la voz al fiscal para que anunciara los datos de prueba. 5. A los veintitrés minutos con cuarenta y cuatro segundos de la videograbación, el agente del Ministerio Público comenzó a narrar los datos de prueba que obraban en la carpeta de investigación (Entrevistas del ofendido ************** (hijo del ofendido), ************* (prima del ofendido) y **************** (vecino); informe médico previo de lesiones *************, signado por el perito médico legista *************; informe pericial *************, signado por **************, perito criminalista de la Fiscalía General de Justicia del estado; copia certificada del acta de matrimonio de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, celebrada entre ************** y ************, ante el Oficial del Registro Civil de Moroleón, Guanajuato; oficio ****************, elaborado por la agente de Investigación Criminal ****************, (hasta la hora, cinco minutos veintidós segundos de la videograbación). 6. Después se le concedió el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima, quien señaló unirse a la petición de la fiscal y realizó diversos alegatos (hasta la hora con seis minutos y once segundos de la videograbación). 7. Posteriormente a la solicitud de vinculación a proceso formulada por el fiscal, la juez responsable concedió el uso de la voz a la defensa de la imputada (a la hora con seis minutos, cuarenta segundos de la videograbación), quien manifestó que se ceñían a la duplicidad del plazo constitucional para que se resuelva su la situación jurídica de la imputada, para poder aportar diversos datos de prueba, entre ellos, la entrega de una copia del expediente clínico expedido por el médico *************** del Hospital Abasolo, quien realizó la atención médica al ofendido, el cual fue utilizado por el perito ***************, quien hizo referencia de ese expediente en su informe y no se corrió traslado con éste; además se solicitó fecha y hora para posicionarse en el lugar de los hechos, con la finalidad de realizar una inspección del lugar de los hechos; ampliación y entrevista del ofendido como de la testigo presencial ************* y se conceda fecha y hora para poder entrevistar al perito médico legista **************, en relación a su informe médico que realizó (hasta la hora con ocho minutos, cincuenta segundos de la videograbación), después señaló la pertinencia y utilidad de esos datos de prueba en atención a que sirven para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, la juez responsable le dio el uso de la voz a la imputada quien manifestó que estaba de acuerdo con lo señalado por la defensa y después la fiscalía dijo que respecto a la entrega de la copia del expediente clínico expedido por el médico ************* dada la premura solo obra en la carpeta de investigación una hoja, por lo que le consultó a la defensa si requería la totalidad del expediente clínico, quien manifestó que sí, del mismo modo, la fiscalía cuestionó que quien se haría cargo de la inspección en el lugar de los hechos y la defensa señaló que ellos, dado que aún no tienen un perito de la materia, al respecto el asesor jurídico manifestó que los datos de prueba ofertados por la defensa es un derecho que tiene la imputada y solicitó que de ellos se dé cuenta al correo electrónico de la asesoría jurídica (hasta la hora, con diecisiete minutos y dieciocho segundos). 8. En la hora con diecisiete minutos y cincuenta y cinco segundos de la videograbación, la juez otorgó la duplicidad del término constitucional y señaló que fenece el día doce de marzo del año en curso a las veinte horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cuatro segundos y para la continuación de la audiencia inicial a las dieciséis horas el once de marzo del dos mil veintiuno y se admiten los datos de prueba referidos por la defensa. Posteriormente, el defensor solicitó que se difiriera la hora y fecha de la audiencia, contestando la juez responsable que no era posible por cuestiones de agenda. 9. A la una hora con veinticuatro minutos de la videograbación, el fiscal solicitó que se le impusiera como medida cautelar a dicha imputada la de prisión preventiva oficiosa, a lo que la juez le decretó dicha medida por el lapso de la duplicidad del término constitucional. 10. El once de marzo del año en curso a las dieciséis horas, continúo la audiencia inicial en la causa penal **************, por lo que la fiscal inició con la exposición de los datos de prueba recabados en la duplicidad y el defensor particular (a los doce minutos con treinta y seis segundos de la videograbación) solicitó que no se vincule a proceso a su representada, por lo que expuso las razones por las que no se acreditaba el delito de homicidio calificado en grado tentado si no el de lesiones calificadas, ya que no hay datos de prueba sufientes, pertinentes y razonados, por lo que solicita una reclasificación. Posteriormente se le dio el uso de la voz al fiscal quien refutó lo expuesto por la defensa, por lo que solicitó se dictara auto de vinculación a proceso en contra de la imputada. De igual forma se le dio el uso de la voz a la asesora jurídica de la víctima quien refirió que no le asiste razón a la defensa en cuanto a la reclasificación que solicita (veinticuatro minutos con treinta segundos de la videograbación), finalmente el defensor reiteró su petición. 11. A partir de los veintiocho minutos con cuarenta y tres segundos la juez responsable comenzó a resolver la situación jurídica de la imputada, exponiendo, entre otras cosas, su competencia, que hubo imputación, que se otorgó el derecho a la imputada de declarar, y que con los datos de prueba anunciados se llega a establecer que se configura el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado tentado, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, 153 fracción I, conforme a los supuestos de premeditación y traición, así como el numeral 18, mismo que fuera cometido de forma dolosa como lo establece el artículo 13 y a título de autor material, contemplado en el artículo 20 primer párrafo en su primer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, por lo que a las diecisiete horas con doce minutos del once de marzo del año en curso (a la hora con once minutos y cuarenta y siete segundos de la videograbación) decretó auto de vinculación a proceso en contra de la imputada, por el hecho que la ley señala como homicidio calificado tentado, en agravio de ******************. De igual manera refirió la juez responsable, que se le impone prisión preventiva oficiosa, y se fijó como cierre de la investigación el plazo de tres meses. La resolución anterior y su ejecución, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor de la quejosa, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de la imputada en la causa penal ************ del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Acámbaro, base Moroleón. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de la peticionaria de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por la juez responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo7, la suplencia de la 7 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.)". Deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano de la promovente. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO 8 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 44, julio de 2017, tomo I, página 263. VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, expresa la parte quejosa en sus conceptos de violación, en esencia y en atención a la causa de pedir, que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los preceptos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de que la responsable fundó y motivó de manera indebida al valorar el contenido de los datos de prueba expuestos por la fiscalía general del estado teniendo por existente la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa y no el diverso de lesiones. Menciona que los datos de prueba expuestos por parte de la fiscalía fueron mal valorados al tener por actualizado el supuesto fáctico del ilícito tentado, pues como se argumentó por parte de la defensa, no existió la interrupción del resultado por causas ajenas a la voluntad, ni se realizaron actos inequívocos dirigidos a su consumación. Además que el informe del perito es insuficiente para afirmar que las lesiones se realizaron a zonas corporales que notoriamente importen un riesgo de muerte, ya que se limitó a referir únicamente que revisó un expediente clínico, más no realizó una revisión basada realmente en su percepción, pues sólo ubicó las zonas y manifestó observar heridas cubiertas con material de curación, lo que considera como deficiente para poder emitir una opinión técnica científica basada en lo que pudiera o no haber observado. Los motivos de disenso sintetizados dada su estrecha vinculación -valoración de los datos de pruebas- se analizarán de forma conjunta, según lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales son infundados, por las consideraciones siguientes. Cabe señalar, que solamente será analizado el requisito de fondo, pues es de lo único que se inconforma, aunado a que este órgano de amparo no advierte que haya deficiencia que suplir. A efecto de justificar tal postura, resulta necesario establecer que la base constitucional del auto de vinculación a proceso, como lo establece la propia parte quejosa en sus conceptos de violación, se contempla en el artículo 19 de la carta magna, que dispone: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." Este precepto constitucional establece cuáles son los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso, los cuales consisten en que se exprese: a. El delito que se impute al acusado; b. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; y, c. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, la figura del auto de vinculación a proceso se encuentra previsto en los artículos 316, 317, 318, 320 y 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preceptos en los que se prevén los requisitos que debe contener, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." "318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento." "320. Valor de las actuaciones Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción aportados y desahogados, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por este Código." "323. Plazo para declarar el cierre de la investigación Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez." De los anteriores preceptos se desprende, que para que se dicte un auto de vinculación a proceso, será necesario: a) que se hubiere formulado la imputación; b) que se hubiere otorgado al imputado la oportunidad de declarar; c) que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; se entenderá que obran datos que establecen lo anterior, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y; Sobre dichos requisitos es necesario destacar que para dictar un auto de vinculación a proceso es innecesario acreditar el delito y la responsabilidad penal, puesto que tales circunstancias son exclusivas de la sentencia; por ende, es dable concluir que para la emisión de este se exige un estándar probatorio mínimo, puesto que solamente se necesitan datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión en grado de suposición. En ese sentido, no es factible someter un dato de prueba a un estándar elevado porque se desnaturalizaría el nuevo sistema de justicia penal; sin embargo, sí deben existir indicios razonables que permitan suponer que se cometió un hecho tipificado como delito, y que es probable que la imputada lo haya realizado o participado en su comisión; por tanto, se presume la existencia de un hecho ilícito como la probabilidad de que la imputada participó, siempre y cuando el órgano técnico acusador aporte datos de prueba que sometidos a contradicción de la defensa y a un examen de razonamiento lógico que no deje dudas en el juzgador sobre su posible actualización, pues de lo contrario se deberá dictar auto de no vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones que ahí expone, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 360, libro 45, agosto de 2017, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Ahora bien, respecto a la valoración de los datos de prueba, los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación." "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." De este marco legal deriva que el dato de prueba es la referencia al contenido de un medio de convicción idóneo y pertinente (que no ha sido desahogado) para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, para lo cual el órgano jurisdiccional deberá realizar una valoración razonable de los datos de prueba relatados ante su presencia, considerando en favor del imputado la presunción de inocencia, por lo que cualquier insuficiencia o duda deberá dar a lugar a la no vinculación a proceso. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, consultable a página 2377, libro 11, octubre de 2014, tomo III, Décima Época, número de registro 2007811, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRAARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor." Ahora bien, en el caso, únicamente se analizará el requisito reseñado en el inciso c), en específico, en lo que se refiere que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión; por ser de lo único que se duele la parte quejosa, sin que se advierta alguna violación por parte de este Juzgado federal. Expuesto lo anterior, tenemos que, contrario a lo que afirma la parte quejosa en sus conceptos de violación, el acto reclamado no infringe las garantías de fundamentación, motivación, exacta aplicación, ni las formalidades esenciales del auto de vinculación a proceso previstas en los artículos 19 y 20 de la Constitución y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, pues a juicio del suscrito la determinación realizada por el juez responsable se considera ajustada a Derecho, pues hasta este momento del proceso penal del que deriva la vinculación a proceso, los hechos inmersos en el cuadro fáctico, que fueron imputados por la fiscalía, permiten establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Delito que se encuentra previsto y sancionado en los numerales 138, 140, 153 fracción I, conforme a los supuestos de premeditación y traición todos del Código Penal del Estado de Guanajuato, que establecen lo siguiente: "Artículo 138. Comete homicidio quien priva de la vida a otro. Artículo 140. Al responsable de homicidio calificado se le impondrá de veinticinco a treinta y cinco años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos cincuenta días multa. Artículo 153. Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados cuando: I. Se cometan con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Hay premeditación cuando se obra después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer. Hay ventaja cuando el activo no corre riesgo de ser muerto ni lesionado por el pasivo. Hay alevosía cuando se sorprende al pasivo, anulando su defensa. Hay traición cuando se viola la fe o la seguridad que la víctima debía esperar del activo [.]". Ahora bien, el cuadro fáctico expuesto por la fiscalía consiste en lo siguiente (dieciséis minutos con cuarenta segundos de la videograbación): "[.] el cinco de marzo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dos horas, que se encontraba el ofendido José Rocha Guzmán en compañía de su esposa *****************, en el interior de su domicilio ubicado en calle *******************, encontrándose el mismo dormido sobre el sofá, despertándolo un ruido, y viendo que su esposa ***************** se encontraba entre el refrigerador y la alacena, vestida con un saco negro, sudadera negra con gorra, y un cubre bocas, acercándose a la misma para abrazarla y es el momento en que ella sin motivo alguno, le dice 'hasta aquí llegaste', y le encaja un cuchillo en la espalda el cual traía empuñado en su mano derecha, comenzando a sangrar el ofendido, inclusive cayendo al piso al resbalarse con su sangre, continuando su esposa *****************, agrediéndolo con dicho cuchillo y un diverso, así como un martillo, lesionándolo en cabeza, rostro, cuello, tórax, abdomen y espalda, así como sus extremidades superiores, solicitando auxilio el ofendido gritando, el cual atendiera un vecino de nombre **************, quien a su vez diera aviso a una prima del ofendido ***************, quien vive frente al domicilio del ofendido y contaba con llaves de la puerta de acceso del inmueble y por ello pudiera aperturar la puerta y advertir que en el interior del inmueble únicamente se encontraba la inculpada ***************** y el **************, y que éste se encontraba lesionado, por lo que solicitaron auxilio, arribando una ambulancia quien trasladara a dicho ofendido para su atención médica a la Clínica Abasolo de esta ciudad de Moroleón, Guanajuato, y que por dicha atención medica pronta que se le brindara es que el mismo no perdiera la vida, ya que las lesiones sufridas a dicho ofendido, obran clasificadas médico legalmente como lesiones que tardan más de quince días en sanar, si ponen en peligro la vida, si dejan cicatriz permanente y notable en cara, cuello y pabellón auricular y si causan debilitamiento, disminución o perturbación de la función digestiva a valorar en informe definitivo". En tal sentido, la juez responsable para establecer el hecho imputado a la quejosa, que la ley señala como homicidio en grado de tentativa, tomó en consideración los datos de prueba que narró la fiscalía en las audiencias de siete y once de marzo de este año, los cuales consisten en lo siguiente: 1. Denuncia realizada a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno, la cual fue realizada mediante la llamada telefónica de parte de la central de emergencias 911, en donde se hizo del conocimiento de la existencia de una persona del sexo masculino de nombre **************, quien fue lesionado por arma blanca y trasladado para su atención médica a la clínica Abasolo de Moroleón, Guanajuato. 2. Entrevista realizada del ofendido ******************, quien refirió lo siguiente: ".Que el día de ayer cuando yo llegué a mi casa que di en mis generales y estaba con mi esposa *************, y estábamos solos, y serian como las nueve de la noche o un poco más tarde que yo me quedé dormido en el sofá y para esto estábamos bien, es decir, no tuvimos discusión alguna, y yo creo mi esposa se fue a dormir a la recamara, y después de un rato sin poder decir cuánto tiempo, es que escuche un ruido y me levanté y prendí la luz, y para esto vi que mi esposa estaba entre el refrigerador y la alacena, vestida con un saco negro que es mío, una sudadera negra con gorra, y un cubre bocas, por lo que me acerque y le pregunte ¿qué paso mi amor? y la quise abrazar y fue que cuando iba a abrazarla ella me dijo 'hasta aquí llegaste' y me encajó un cuchillo en la espalda el cual traía en su mano derecha y es que empiezo a sangrar y al hacerme hacia atrás me resbalo con la sangre y comienzo a gritarle a mis vecinos que me querían matar, y mi esposa con el cuchillo me seguía agrediendo en la cara y en el cuerpo y yo solo trataba de defenderme, quitándomela de encima, empujándola con los pies, y empezaba a sentirme mareado y solo sentía que me seguía agrediendo, al parecer uno de mis vecinos de nombre Rafael le habló a mi prima hermana *************** quien tenía llaves de la casa, ya que después solo recuerdo que mi vecino **************** me decía que no me durmiera, ya que yo estaba mareado y sentía que me desmayaba y recuerdo que yo les decía que mi esposa me quería matar, que me quería agarrar dormido y después perdí el conocimiento y hasta el momento no recuerdo más, ya que todavía me siento cansado y débil, y por estos hechos yo si quiero que se castigue a mi esposa ************". 3. Entrevista realizada del denunciante **************, quien detalló entre otras cosas, lo siguiente: "[.] el día de hoy cinco de marzo del año en curso siendo aproximadamente las 02:35 horas de la madrugada, me encontraba en mi domicilio de calle **************, en compañía de mi esposa **************, cuando recibí una llamada telefónica por parte de mi comadre ************* quien cuenta con número de teléfono *****************, la cual no alcancé a contestar, enseguida de esto sonó el teléfono celular de mi esposa ********************, la cual me dijo que se trababa de mi comadre ***************, cuando mi esposa *************** contestó la llamada mi comadre ****************** le dijo que habían intentado matar a mi papá en su casa de calle *****************; al escuchar lo anterior yo salí de inmediato de mi domicilio en compañía de mi esposa ***************** así como de mi hijo *************** quien es menor de edad, rumbo al domicilio de mi papá **************** llegando al lugar como a eso de las 02:40 de la mañana, cuando circulaba a la altura de calle Churubusco esquina con calle ************** de esta ciudad, alcancé a ver que se encontraban dos unidades de Seguridad Publica, y al girar a calle **************, de esta ciudad estaban otras dos unidades de Seguridad Publica justo por fuera del domicilio de mi papá ************, para esto cuando iba a mitad de la calle ************** vi que aproximadamente tres elementos de Seguridad Publica llevaban esposada a **************** de quien en ese momento solo recuerdo que vestía con ropa de color oscuro la verdad es que no le puse atención porque lo que yo quería era llegar a la casa de mi papá para ver cómo estaba mi papá ***************. Al llegar al domicilio de mi papá lo primero que vi fue que la puerta de su domicilio se encontraba abierta, lo primero que se ve para entrar al domicilio de mi papá es la sala la cual se apreciaba que el piso estaba todo lleno de sangre y además una de las paredes del domicilio también estaba llena de sangre, para esto digo que vi que al encontrarme por fuera del domicilio de mi papá vi que ya estaban subiendo a una de las unidades de seguridad pública a ************* y yo corrí hasta donde ella se encontraba, recuerdo que le pregunté qué pasó, y ************** me contestó perdóname **********, perdóname, y yo le dije si fuiste tú, me las vas a pagar pero que te refundan en el bote, y ******************** me dijo de nueva cuenta perdón, perdón, y lo repitió en varias ocasiones; por fuera del domicilio de mi papá se encontraban algunos vecinos pero de momento no recuerdo quién era yo estaba muy preocupado y no recuerdo, solo escuché que alguien me decía que ya se habían llevado a mi papá *****************, con domicilio en calle ***************, de esta ciudad, yo salí para allá corriendo, llegué a dicho nosocomio como a eso de las 03:00 horas de la madrugada del día de hoy cinco de marzo de dos mil veintiuno, al llegar al mismo vi que se encontraba una unidad de ambulancia, de la cual iban a bajar a mi papá **************, les pregunté a los paramédicos de la ambulancia, si mi papá estaba consiente, de hecho mi papá me contestó que sí, que sí estaba consciente y además me dijo pinche vieja loca me agarró dormido (refiriéndose a ***************), para esto digo que lo único que yo veía en ese momento eran los pies de mi papá, quien aún se encontraba a bordo de la unidad de ambulancia, por lo que en ese momento no vi que tan lesionado estaba, solo pude ver que se encontraba semidesnudo, lo único que lo cubría era una sábana la cual se veía que cubría solo sus genitales, lo que sí alcancé a ver fueron sus pies, los cuales se encontraban llenos de sangre, lo anterior ya que para esto aún no bajaban a mi papá de la ambulancia, luego no me dejaron verlo, me imagino que por la gravedad de sus lesiones [.]". 4. Entrevista realizada a la testigo ************** quien señaló en relación a los hechos, lo siguiente: "[.] fue en la madrugada del día de hoy viernes cinco de marzo del presente año, siendo aproximadamente las 02:30 de la mañana que un vecino de nombre **************, tocó la puerta de mi casa, yo me asomé por el balcón de mi casa, y me percaté de que era el vecino Rafael, lo cual se me hizo raro y me dijo "algo está pasando en la casa de ************, porque está gritando que lo ayuden, que lo quieren matar", y yo rápido bajé las escaleras y salí de mi casa, rumbo a la casa de mi primo ************* ya que somos vecinos, pues él vive en la acera de enfrente de mi casa, y al salir me acompañó mi vecino **************, y cuando llegué a la casa de mi primo ************ ubicada como dije en la misma calle que mi domicilio en calle ***************** yo toque la puerta y sacudí la puerta diciéndole "que pasa **********", y mi primo ************* me gritó "ayúdame es que ************ intento matarme", yo rápido me dirigí a mi casa a buscar una llave de la casa de ************ ya que siempre hay un repuesto de llaves en mi casa, ya que antes ahí vendían ropa mis hermanas, al encontrar la llave me dirijo de nuevo a la casa de mi primo *********** y abrí rápidamente la puerta, yo ingresé primero a la casa y lo primero que me percato es que ************ estaba atrás de la puerta y traía puesto un saco largo y ancho obscuro y una gorra de una sudadera que traía puesta debajo del saco, y sus manos llenas de sangre, y aun costado de ella en el piso había un martillo de unos treinta centímetros de largo aproximadamente, lleno de sangre, un cuchillo chico con mango de madera, de aproximadamente veinte centímetros de largo, el cual estaba chueco o doblado de su hoja y un trapo hecho bola lleno de sangre, no recuerdo bien si es una toalla y el piso está lleno de sangre como si ************ se hubiera arrastrado, y a lo lejos alcancé a ver a mi primo ************** en su recamara tirado en el suelo lleno de sangre, y se quejaba mucho, y me dijo que *********** lo quiso matar, que lo agarró dormido, que llamara a la ambulancia y yo como lo vi sangrando mucho, pues aparte de traer cortadas en la cara, golpes en su cabeza, le vi dos heridas sangrantes, una en la parte baja de la espalda y otra en estómago, pero no recuerdo de que lado, además estaba encuerado solo traía puesto su calzón y por un costado de él había otro cuchillo, pero no recuerdo de este bien las características físicas, ya que me impacté mucho al ver a mi primo ********** como estaba y un charco grande de sangre, él me dijo "************* me intentó matar, está loca", ella está loca, ayúdame, háblale a la ambulancia porque me voy a morir. Por lo que de inmediato salí del cuarto a decirle a ********** 'que paso aquí', pero ************** estaba muy nerviosa y solo movía sus manos como si estuviera limpiándose la sangre. Mi vecino ************* se quedó en la puerta de la casa pero en la parte de afuera, ya que le dije que no dejara ir a *************** y como *********** no me contestó nada, pues ella estaba hablando sola y su mirada estaba como perdida, yo lo que hice fue correr hacia mi casa por mi teléfono, y mi vecino ************* se quedó cuidando que ************* no se fuera de la casa, cuando llegue a la casa de mi primo ************* llamé al 911, para que rápido me mandaran ayuda, yo les dije a los policías que veía que tenía mucha sangre desde la cabeza cara, pecho, espalda, en central de emergencias me dijeron que le pusiera algún trapo en donde tuviera la sangre, así lo hice, colgando la llamada le llame por celular a mi sobrino ***************** para informarle lo que había pasado, pero como no me contesto él, le llame a su esposa de nombre ******************, sí me contestó la llamada ella y le informe lo que había pasado. Enseguida llegaron tres camionetas de policía municipal de Moroleón hasta la casa de mi primo José, pero no detuvieron a ******************* en ningún momento, a pesar de que era la única que estaba con sangre en las manos y de quien fue quien agredió a mi primo ***********, sin recordar más o menos cuanto tiempo pasó ya que sentí que fue como media hora en que llegó una ambulancia para poder auxiliar a mi primo ****************, cuando llegaron los paramédicos rápido trasladaron a mi primo ****************** a la clínica Abasolo, ubicado en calle ******************ya que era la clínica más cercana, cuando llego mi primo ************ a la clínica Abasolo, pero como estábamos en el traslado de mi primo *********** mi sobrino *****************, llego hasta la clínica Abasolo [.]". 5. Entrevista realizada al testigo ****************** quien manifestó en relación a los hechos, lo siguiente: "[.] fue en la madrugada del día de hoy viernes cinco de marzo del presente año, siendo aproximadamente que a las 02:00 de la mañana escuché que ladraban mucho mis perros, y yo me desperté, ya que creí que era mi hermano quien gritaba como a él le falta un pie, pero como los perros ladraban mucho, fue que logre escuchar que decían '*********** dile *********** que abra' me asome a la calle y como los gritos venían de la casa de ***********, fui a tocarle la puerta, y escuchaba que ******************** gritaba '************** abre la puerta' pero estos gritos yo los escuchaba que los hacia *********** desesperado, sin saber que hacer es que me atravesé la acera y caminé hacia la casa de ************ quien vive en la misma calle **************** sin saber el número, llegue a la casa de ************* quien es la prima de **************** y comencé a tocar la puerta de la casa de ******************, pero tardó un poco en salir de su casa, se asomó por su balcón y solo le dije 'te está gritando **************, enseguida bajo del segundo piso y salió de su casa. Cuando estábamos ya en la calle **************** camino hacia la casa de su primo ************* y tocó la puerta pero nadie abrió, y ******************* seguía gritando '************** abre' de igual manera desesperado, enseguida ************ se regresó a su casa por una llave de la casa de ***********, rápido abrió la puerta *************, y al entrar escuché que grito 'hay *************** que pasó aquí', y vi que había mucha sangre en el piso desde la entrada hasta el cuarto en donde estaba *********, y la esposa de ************* estaba detrás de la puerta de la entrada de la casa, para después empezar a caminar en toda la casa y tenía sus manos y ropa llena de sangre, ************ se metió directo al cuarto de **************** y yo detrás de ella por lo que escuché que le dijo *********** a ella 'llama a la cruz roja', en eso ****************** salió del cuarto en donde estaba José, ya que iba por un teléfono a su casa, ************ estaba tirado en el suelo a un costado del ropero y solo con su calzoncillo y traía en su cuerpo y cara mucha sangre, así como había mucha sangre en el piso. Ese cuarto en donde estaba José está casi en la parte de en medio de la casa ya que al entrar hay una sala y cocina y luego un cuarto. Yo me quede ahí con ************ y le dije 'que paso ************, y ************** me dijo 'me apuñaló dormido por la espalda', refiriéndose a su esposa, yo no le dije nada y solo vi que *************osé estaba todo lleno de sangre desde su cabeza a pies, y en eso su esposa entro al cuarto pero sin nada en las manos, y quiso acercársele a *************** a tocarle la cabeza pero yo solo le dije 'no déjelo, no lo toque', se paró su esposa de ************* y comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo. Me di cuenta de que en el cuarto en donde estaba ************** había un martillo de treinta centímetros más o menos de mango de plástico lleno de sangre, dos cuchillos delgados pero largos de unos veinte centímetros también llenos de sangre, de los cuales no recuerdo el mango de los cuchillos. Ya cuando *************** regresó a la casa, traía ya su teléfono celular y estaba marcando a central de emergencias, y enseguida llegó policía municipal a quienes les dije que pasaran a ver a ------------ y que les dijera lo que me había dicho, pero José estaba ya como quedándose dormido, yo solo le decía 'no te duermas ****************, y *********** dijo 'me agarró dormido mi esposa y me apuñaló por la espalda, no la dejen ir', enseguida los policías detuvieron a la esposa de ************ y cuando llegó la ambulancia yo escuché que dijeron que los trasladarían a la clínica Abasolo, y logré ver que los policías se llevaron a la esposa de *********** en una de las camionetas de policía municipal, yo me retiré a mi domicilio y ya no supe más de que paso. Siendo todo lo que deseo manifestar." 6. Informe médico previo de lesiones *************, realizado por el perito médico legista *************, el cual le fuera practica a la víctima ***************, en donde refiere que en virtud de tener sus heridas cubiertas con material de curación de tipo compresivo para evitar sangrado, acudió al expediente clínico para su descripción de la clínica Abasolo, nota médica elaborada y firmada por el doctor ****************, en la cual se manifestó que el ofendido recibió lesiones en cara, cuello, torax anterior, abdomen anterior y posterior. 7. Informe pericial ****************, signado por ******************, perito criminalista de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que versa en el procesamiento del lugar de los hechos, en la calle ***************, colonia el *************, donde realizó la descripción del mismo y de los indicios encontrados. 8. Copia certificada del acta de matrimonio, de echa dieciocho de enero de dos mil veintiuno, celebrada entre **************, ante el oficial del registro civil de Moroleón, Guanajuato. 9. Oficio ***************, elaborado por la Agente de Investigación Criminal, ***************, donde se rindió avance de investigación dentro de la carpeta de investigación, en la que se identificó a la inculpada. La imputada se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para resolver su situación jurídica, por lo que se continuó con la audiencia el once de marzo de dos mil veintiuno, con los datos de prueba de descargo que la defensa ofertó, los cuales fueron los siguientes: 1. Copia del expediente clínico de ***************** de la clínica Abasolo. 2. Ampliación del testimonio del doctor ******************** (de la cual se desistió la defensa). 3. Ampliación del testimonio ***************, quien compareció ante la fiscalía el diez de marzo anterior, y manifestó sostener lo que dijo en su entrevista anterior y respondió las preguntas de la defensa particular. 4. Ampliación del ofendido ****************, la cual se celebró el diez de marzo del año en curso en las instalaciones de la clínica Abasolo y señaló que sostenía lo que dijo en su entrevista anterior y contestó las preguntas del defensor particular 5. La inspección en el lugar de los hechos en donde la defensa pudo obtener fotografías pertinentes. Decisión de la juez La juez responsable declaró cerrado el debate y expuso las cuestiones siguientes (a partir de los veintiocho minutos con cuarenta y tres segundos): - Precisó que sí se encuentran reunidos los requisitos previstos en los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir un Auto de Vinculación a Proceso, en contra de ***************** por la probabilidad de la comisión del delito de homicidio calificado en grado tentado, previsto y sancionado por los artículos 138, 140, 153 fracción I, conforme a los supuestos de premeditación y traición, así como el numeral 18, mismo que fuera cometido de forma dolosa como lo establece el artículo 13 y a título de autor material, contemplado en el artículo 20 primer párrafo en su primer supuesto, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato. - Sostuvo que no obstante que la defensa argumente que el perito médico **************** no realizó una revisión física de las heridas del ofendido, ello es razonable en atención de que no es dable pensar que el perito ponga en peligro la vida de la víctima si esta se encontraba en estado delicado y el retirar los vendajes pudiera haberle traído algún daño o infección, por lo que no le era exigible y su actuar fue correcto al revisar el expediente clínico para determinar la gravedad de las heridas, porque actúo con probidad, no puede poner en riesgo la salud del paciente ya que sabe las consecuencias que implica el retirar el material de curación, por lo que su fundamento encuentra credibilidad. Por otro lado, la juez precisó que acorde a los datos de prueba, se afirma la intención de la realización del fin que era la cesación de las funciones vitales del ofendido y la circunstancia que impidió que se diera la muerte fue el que hayan llegado personas (testigos) al domicilio deteniendo la agresión, así como la atención médica oportuna e inmediata y la resistencia que esta persona pueda tener. Asimismo, señaló que existió premeditación lo cual se advirtió del cuadro fáctico que refiere el pasivo, ya que se advierte que la imputada tuvo tiempo de reflexionar sobre el hecho que quería realizar y hay traición porque lo menos que espera un esposo es ser atacado por la persona con quien tiene una relación sentimental, además en el interior del domicilio es donde las personas se sienten seguras. Por otro lado, manifestó que se advierte el nexo causal, entre la conducta dolosa como lo establece el artículo 13 y a título de autor material, contemplado en el artículo 20 primer párrafo en su primer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Aunado a lo anterior, la juez señaló que le impone a la imputada la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa por todo el tiempo que dura el proceso más no deberá de exceder de dos años, salvo que se deba al ejercicio de derecho de defensa y finalmente otorgó el plazo de cierre de investigación de tres meses. Bajo este contexto, se reitera, los conceptos de violación en estudio son infundados. Se explica. Es así, porque, a consideración del suscrito, sí se valoraron adecuadamente los datos de prueba que integran la carpeta de investigación y, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, estos resultaron suficientes, hasta ese momento procesal, para tener por acreditada su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado tentado, en calidad de autora. En efecto, en la resolución reclamada se precisó que con los datos de prueba expuestos por la fiscalía y por la defensa es posible establecer que los hechos acontecidos se apegan a lo previsto y sancionado por los artículos 138, 140, 153 fracción I, conforme a los supuestos de premeditación y traición, así como el numeral 18, todos del Código Penal para el estado de Guanajuato, numerales que contienen la descripción típica del hecho que la ley considera como el delito de homicidio tentado y sus sanciones, así como las calificativas correspondientes. Además, en relación con la valoración de la prueba, se indicó en forma precisa las razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para dictar el auto de vinculación a proceso en contra de la imputada y para ello se explicó de manera suficiente por qué con base en los datos de prueba expuestos se puede concluir que, se acreditó, el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado tentado, así como que la imputada actuó como autora. Pues para ello tomó en consideración, entre otros, las entrevistas que rindió el ofendido ***************, del denunciante **************, así como de los atestes **************** quien dieron cuenta de los hechos ocurridos el cinco de marzo de dos mil veintiuno, en que resultó gravemente lesionado el citado ofendido, por parte de su esposa, aquí quejosa. De igual manera, se tomó en consideración el informe médico previo de lesiones **************, realizado por el perito médico legista *************, el cual le fuera practica a la víctima ***************, acudió al expediente clínico para su descripción de la clínica Abasolo, nota médica elaborada y firmada por el doctor **************** (en virtud de que el ofendido tenía sus heridas cubiertas con material de curación de tipo compresivo para evitar sangrado), en el cual describió las lesiones que presentaba el quejoso y que ponen en peligro su vida. Así, este juzgado federal considera ajustado a un marco de razonabilidad la determinación alcanzada en la resolución reclamada en cuanto a que *************** es la persona que casi pierde la vida sino es por la intervención de terceros, acreditándose así, hasta este momento, el hecho delictivo que se imputa a la quejosa el cual la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Asimismo, se comparte lo expuesto por la juez responsable, en el sentido de que existió premeditación lo cual se advierte del cuadro fáctico expuesto por la fiscalía, ya que se advierte que la imputada tuvo tiempo de planear o reflexionar sobre el hecho que quería realizar y del mismo modo se advierte la traición ya que se quebrantó la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo, por lo que contrario a lo expuesto por la defensa, se comulga con la juez quien señaló que se interrumpió el resultado por causas ajenas a la voluntad, ya que arribaron al domicilio los testigos, con lo cual se detuvo la agresión y se le dio una atención médica oportuna, lo cual evitó la muerte del ofendido. Además se comparte lo expuesto por la autoridad responsable, al señalar que el perito médico legisla **************** se limitó a referir lo del expediente clínico, ya que se encontraba en estado delicado el ofendido, por lo que no le era exigible retirar los vendajes el cual podría ocasionar algún daño mayor en la salud. También se estima correcto que la juez responsable considerara la probable participación de la imputada en la comisión del hecho delictivo, lo que se acreditó conforme a lo depuesto por la representación social. Dado que, como se narró, tomó en consideración los datos de prueba relativos a la entrevista del ofendido *****************, quien refirió que el cinco de marzo del año en curso, cuando llegó a su casa en el domicilio calle *****************, estaba solo con su esposa ****************, y que como a las nueve de la noche o un poco más tarde se quedó dormido en el sofá, por lo que creyó que su esposa se fue a dormir a la recamara, y después escuchó un ruido y se levantó y prendió la luz, y vio que su esposa estaba entre el refrigerador y la alacena, vestida con un saco negro que es de él, una sudadera negra con gorra, y un cubre bocas, por lo que se acercó y le preguntó ¿qué paso mi amor? y la quiso abrazar y fue que cuando iba a abrazarla ella le dijo 'hasta aquí llegaste' y le encajó un cuchillo en la espalda el cual traía en su mano derecha, por lo que empezó a sangrar y al hacerse hacia atrás se resbaló con la sangre y comenzó a gritarle a sus vecinos que lo querían matar, y su esposa con el cuchillo lo seguía agrediendo en la cara y en el cuerpo y él solo trataba de defenderse, quitándosela de encima, empujándola con los pies, y empezaba a sentirme mareado y solo sentía que lo seguía agrediendo, pero que al parecer uno de sus vecinos de nombre ************** le habló a su prima hermana *************** quien tenía llaves de la casa, y después solo recuerda que su vecino ***************le decía que no se durmiera. Lo cual concatenó con los testimonios de **************** y ****************, datos que apreció la juez, para fijar el hecho imputado, y establecer razonablemente que es probable que la quejosa cometió la conducta reprochada, ya que la información obtenida de los citados testimonios, la ubican en tiempo y lugar determinado, lo cual indica que probablemente fue quién realizó la conducta reprochada de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, lo que antecede se relacionó con la entrevista de ************ (hijo del ofendido), el informe médico previo de lesiones *************, signado por el perito médico legista ***************; el informe pericial ************, signado por *************, perito criminalista de la Fiscalía General de Justicia del estado; la copia certificada del acta de matrimonio de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, celebrada entre **************, ante el Oficial del Registro Civil de Moroleón, Guanajuato; oficio **************, elaborado por la agente de Investigación Criminal *****************; las ampliaciones de la testigo y el ofendido y la inspección en el lugar de los hechos. Ahora bien, cabe hacer la acotación que, como se ha visto, en el sistema de justicia penal de corte adversarial, basta que el Ministerio Público presente al juez datos probatorios que permitan "establecer" la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención de la imputada en el mismo, sea como autor o como partícipe, para el dictado del auto de vinculación a proceso. De modo que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, el nivel probatorio planteado es mínimo, toda vez que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal de la imputada. De ahí que este juzgador considera legal la resolución de la juez de control, habida cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 87/2016, determinó que para el dictado de la vinculación al proceso, solo es necesario que obren datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad de que la imputada lo cometió, asimismo, destacó que se entenderá que obran datos para establecer lo anterior, cuando existan indicios razonables que así lo permitan suponerlo. Por tanto, si en el caso, la juez de control consideró que los datos de prueba de la fiscalía constituyen indicios razonables, que permiten suponer que la hoy quejosa cometió el hecho que la ley define como homicidio calificado en grado de tentativa, es evidente que su actuar es apegado a Derecho y a las formalidades previstas para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Además, cabe señalar que para este juzgado de amparo, está vedado sustituirse en el juez de control en la ponderación de los datos de prueba; sin embargo, sí está permitido analizar la legalidad de su ejercicio de ponderación. Ello, pues así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 28/2020 (pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación)9, de rubro y texto: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro 9 Consutable en la siguiente pagina web: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/tesis/documento/202007/TESIS%20JURISPRUDENCIALES%202020_PRIMERA%20SALA_0.pdf concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia". Además, a través de la investigación que llevó a cabo el Agente del Ministerio Público, en cumplimiento a la exigencia que a su cargo le impone el artículo 21 Constitucional, mediante el contexto de los datos de prueba expuestos en el desarrollo de la audiencia inicial que culminó con la petición fundada de vincular a proceso a la imputada, se logró demostrar en estricto apego a las reglas exigidas tanto por la Constitución, como por la ley procesal, bajo el estándar probatorio que se necesita en esta etapa del proceso, la comisión del hecho delictivo, así como la probable participación de la quejosa en su comisión, pues si bien los principios de presunción de inocencia, debido proceso legal y pro persona, no sólo están reconocidos en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales, en el caso, en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no significa que no pueda justificarse un auto de vinculación a proceso o que todo acto de autoridad que afecte los intereses de la imputada, como su libertad, trastoquen esos principios. Ello, porque si en los datos de prueba reseñados por la fiscalía se desprenden hechos probados idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo, así como la probable participación de la imputada, se obtiene que su afectación, se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad. En efecto, lo anterior no implica que se vulnere en detrimento de la quejosa el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual debe ser considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme. En este caso, la acusación ministerial quedó acreditada con los datos de prueba que se allegaron a la carpeta de investigación; además, como quedó establecido en esta resolución, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, se garantizó el derecho de la quejosa a tener una adecuada defensa y, respecto de los datos de prueba aportados, se respetaron los principios procesales que rigen su incorporación al proceso y valoración legal; además de que se obtuvieron de manera lícita, y resultaron suficientes y conducentes para fundar el auto de vinculación a proceso que es ahora materia de análisis constitucional. Por lo anterior, deviene infundado el argumento vertido como motivo de inconformidad reseñado en el sentido de que el acto reclamado adolece de una debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener; ello es así, pues como se ha visto, el acto reclamado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, además de que quedó evidenciado que existen elementos que al estar adminiculados, revisten el carácter de datos de prueba que permiten sostener la conclusión a la que llegó la juez responsable. De igual forma no asiste razón a la quejosa al señalar que no existió la interrupción del resultado por causas ajenas a la voluntad, ni se realizaron actos inequívocos dirigidos a su consumación, por lo que no existió intención de privar de la vida al ofendido; lo anterior, es así, pues como lo advirtió el juzgador responsable, el hecho de que el ofendido comenzara a gritar a los vecinos, la llegada de estos (********************), así como la intervención médica que recibió, son actos idóneos que se realizaron para que no se produjera el resultado (privación de la vida), de ahí que, hasta este momento, tales actos interrumpieron la conducta desplegada por la imputada. Máxime que el propio ofendido declaró que cuando lo seguía agrediendo, además de pedir auxilio, se la quitaba de encima con los pies, lo que es evidente que también son actos que previnieron un desenlace más lamentable. Tampoco asiste razón a la promovente del amparo al referir que el dictamen de lesiones es insuficiente para afirmar la gravedad de estas, ya que se limitó a referir únicamente que revisó un expediente clínico, más no realizó una revisión basada realmente en su percepción, pues sólo ubicó las zonas y manifestó observar heridas cubiertas con material de curación; lo anterior, pues como se sostuvo en la resolución reclamada, ello era razonable en atención de que no es posible que el perito ponga en peligro la vida de la víctima si esta se encontraba en Juicio de amparo 180/2021-1 estado delicado y el retirar los vendajes pudiera haberle traído algún daño o infección, de ahí que el actuar del perito es correcto al revisar el expediente clínico para determinar la gravedad de las heridas, porque actúo con probidad, dado que no puede poner en riesgo la salud del paciente en virtud de las consecuencias que implicaba retirar el material de curación al ofendido. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de los actos reclamados. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclamó al Titular del Centro de Prevención y Reinserción Social mil, de Valle de Santiago, Guanajuato, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo, por las razones que informa la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10, cuyo texto es como sigue: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **************, en contra de los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerativo tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ***************, en contra de los actos de las autoridades, precisados en el considerando segundo de 10 Quinta Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 68. Este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando.

  3. Principal

    Oficio con registro 4065 Agréguese a los autos, únicamente para que obre como legalmente corresponde, el oficio con firma electrónica de la jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, base Moroleón; lo anterior, en razón de que por auto de trece de mayo del presente año, se acordó lo conducente a su contenido y se recibió el disco encriptado respectivo -informe justificado-. Guárdense en sobre cerrado, anexo al presente expediente, el disco por triplicado encriptado electrónicamente que nuevamente remite la oficiante, el cual contiene audio y video de la audiencia inicial de fecha siete y once de marzo del presente año, así como la totalidad de las constancias que integran la causa de donde emana el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Oficio con registro 4066 Por otro lado, téngase a la citada autoridad responsable remitiendo orden cronológico de la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, dentro de la causa penal **** de la estadística de la oficiante, que tuvo verificativo los días siete y once de marzo del año en curso. Oficio con registro 4114 Finalmente, téngase a la aludida autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento de siete de mayo del año en curso, y remite las constancia de emplazamiento practicados a los terceros interesados, agente del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del cual deriva el acto reclamado (****), así como al ofendido *****; en consecuencia, se tienen por debidamente emplazados a juicio. Difiere constitucional Por otra parte, visto el estado de autos y las constancias de emplazamiento de los terceros interesados remitidas por la autoridad responsable, de las que se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno se emplazó a la parte procesal señalada en el párrafo que antecede; por tal motivo, no se está en aptitud legal de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, ya que aun no han trascurrido los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que los terceros interesados se impongan de la totalidad de las constancias que obran en el sumario; por tanto, se difiere la misma y se señalan las quince horas con diez minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, materia común, página 5, que es del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN EN OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICANO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

  4. Incidental

    Audiencia incidental En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con quince minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, día y hora programados para el verificativo de la audiencia dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 180/2021-I, estando en audiencia pública el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido del licenciado Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes, procediendo a su celebración. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal por parte del titular, por lo que la firma se realizará de forma digital. ? Relación de constancias. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, de las que destacan: 1. Demanda inicial, formulada por Guillermo Antonio Bernal Macías, en su carácter de defensor particular de Nelly Martínez Delgado; 2. Auto de seis de abril de dos mil veintiuno, con el que se inició la tramitación del presente incidente y se concedió la suspensión provisional respecto de los actos reclamados; 3. Proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo a la parte quejosa formulando ampliación de demanda, por lo que ve a la nueva autoridad responsable juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la Base Moroleón; y, 4. Los informes previos rendidos por las responsables. A lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias existentes en actuaciones y por rendidos los informes previos de referencia, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. ? Periodo probatorio Enseguida se abre la etapa probatoria, en la que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. A lo que el juez acuerda: se tiene por omisas a las partes en ofrecer pruebas; con lo que se cierra esta etapa. ? Etapa de alegatos Enseguida, se abre la etapa de alegatos, en la que se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por las autoridades responsables al rendir su respectivo informe previo; en tanto que las demás partes fueron omisas en formularlos; con lo que se cierra la presente etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la resolución que corresponde: Resolución interlocutoria Vistos para resolver los autos incidentales derivados del juicio de amparo número 180/2021-1; y, Resultando Primero. Demanda de Amparo. Por escrito acordado el seis de abril de dos mil veintiuno, ****, a través de su defensor particular *****, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Uriangato y otras autoridades, por estimarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 constitucionales. Segundo. Trámite de la demanda e incidencia Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables su informe previo, los cuales se recabaron. Asimismo, la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente; y, Considerando Primero. Precisión del acto reclamado. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados señalados por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, son: - El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal, de la cual hace derivar los actos reclamados, por el juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la Base Moroleón, que se le instruye por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Actos reclamados en el ámbito de sus respectivas facultades a las autoridades responsables (en su denominación correcta): o Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la Base Uriangato. o Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la Base Moroleón. o Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato. Segundo. Negativa de los actos. La autoridad responsable juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la Base Uriangato, al rendir su informe negó la existencia del acto a ella reclamado, en lo que en su ámbito de competencia corresponde, sin que la quejosa desvirtuara con medio de convicción alguno dicha negativa; en consecuencia, procede negar la medida cautelar solicitada, por falta de materia sobre la cual decretarla, respecto de la citada autoridad. Máxime que la autoridad manifestó que ante la misma no se tramita ninguna causa en contra de la aquí quejosa, pero que en el diverso Juzgado de Control Base Moroleón se encuentra radicada la causa penal **** donde la aquí quejosa figura como imputada. Tercero. Certeza de los actos reclamados y sentido de la suspensión. Las autoridades responsables juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la Base Moroleón y director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, a través de la encargada de la Dirección, al rendir su respectivo informe previo, aceptaron la existencia de los actos que les atribuye la parte quejosa. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, registro 917912, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." ? Sentido de la suspensión El artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos ahí establecidos, a saber: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada; b. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c. Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y, d. Que se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Así, tras una ponderación de la apariencia del buen derecho, con fundamento en lo previsto por los artículos 125, 163 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder a la directa agraviada Nelly Martínez Delgado, la suspensión definitiva solicitada, para los siguientes efectos: 1. Que la directa quejosa quede a disposición de este juzgado federal en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la juez de control que conoce de la causa de origen para la continuación del procedimiento respectivo; y, 2. Para que la juez de la causa suspenda el procedimiento en lo que corresponda a la quejosa de referencia, una vez concluida la etapa intermedia. Lo anterior, hasta que cause ejecutoria la resolución que se emita en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se niega la suspensión definitiva a ******, en contra de los actos atribuidos a la autoridad que se precisó en el considerando segundo de esta interlocutoria. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a *****, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos y efectos ahí expuestos.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano