Nelsón Hernández Austria

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Nelsón Hernández Austria
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la suspensión de plano, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado J licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado HILARIO QUINTERO TORRES, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede se advierte que ya no es posible localizar a la parte quejosa por las razones ahí descritas. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese la sentencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, el presente acuerdo y los subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señale domicilio al efecto. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 590/2020-VI, promovido por Yadeneiro Hernández Austria, quien comparece en nombre de NELSON MARTINEZ AUSTRIA, a promover juicio de amparo contra del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante comparecencia ante este Juzgado de Yadeneiro Hernández Austria, en nombre de NELSON MARTINEZ AUSTRIA, solicitó el juicio de amparo en doce de diciembre de dos mil veinte, y que por razón de turno toco conocer a este Órgano Jurisdiccional, contra actos del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte, Fiscal General de Justicia Zona Norte, Comandante Estatal de la Policía Ministerial Investigadora, Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todos con domicilio en esta ciudad, a quienes reclama: " La detención fuera de procedimiento judicial e incomunicación." SEGUNDO. Por auto de doce de diciembre de dos mil veinte, se reservó acordar la admisión de la demanda hasta en tanto el quejoso ratificara la demanda solicitada en su nombre, fue entonces que ese mismo día doce de diciembre del año anterior ratificó dicha demanda, es por lo que en catorce del mismo mes y año se admitió la demanda a trámite, quedando registrada como expediente 590/2020-VI, se solicitaron a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio en sus trámites correspondientes, en la fecha y hora indicada tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual realizó al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos humanos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que los actos que se reclaman, se los atribuye a autoridades con competencia en los límites territoriales en los que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada debe precisarse, que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, en concreto, consiste en: La detención e incomunicación del quejoso Nelson Martínez Austria. En tales condiciones, esos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. Es apoyo a lo considerado, la tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Fiscal General de Justicia Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todos con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron categóricamente los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. Informes, que dado su carácter de públicos, al haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio del que deriva el presente asunto, conforme lo prevé la Ley de Amparo vigente, en su artículo 2º. Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la ley de la materia, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dichos informes, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y, luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Apoya la anterior consideración, por no oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Tesis: VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.". En el caso, el que impetra el amparo no ofreció prueba alguna para desvirtuar esa negativa de las responsables. Por tanto, lo que procede es tener por inexistentes dichos actos, y en consecuencia sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que al efecto establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Tiene aplicación al caso, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República y Comandante Estatal de la Policía Ministerial Investigadora, Zona Norte, en esta ciudad; al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados, sin embargo, manifestaron que la detención, se llevó a cabo dentro del término legal de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, toda vez que existía una orden de aprehensión en su contra en Huajutla de Reyes, Hidalgo, por el delito de Homicidio calificado, dentro de la causa penal 14/2017, del índice del Juzgado de Control en el Sistema Acusatorio y Oral del Quinto Circuito Judicial; por consiguiente, debe presumirse cierto el acto que se les atribuye, consistente en la detención de la parte quejosa mencionada. Informes, que dado su carácter de públicos, al haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio del que deriva el presente asunto, conforme lo prevé la Ley de Amparo vigente, en su artículo 2°. QUINTO. Análisis de las causales de sobreseimiento. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de sobreseimiento que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto del acto del que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé, el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, en relación con la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, del Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En ese sentido, en relación al acto reclamado consistente en la detención del impetrante de garantías Nelson Martínez Austria, quien resuelve considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Ello es así, pues conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado se hayan consumado de un modo irreparable, ya que el otorgamiento de la protección constitucional en contra de dicho acto irregular, no puede lograr restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en los términos del artículo 77 de la misma ley, por lo que, es improcedente la acción de amparo ejercitada en contra de este tipo de actos. No obsta a lo anterior, lo dispuesto por la fracción XVII del citado artículo 61, porque esta disposición se refiere a actos cuya característica de consumados de manera irreparable, la adquieren por disposición de la ley. Es aplicable por no contravenir lo dispuesto en la nueva ley de la materia, la Tesis: XXII.2o.3 K, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página novecientos cuarenta y dos, del Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DETENCIÓN EXCESIVA PREVIA A LA DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO EN EL PROCESO PENAL. SU IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS RESULTA IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO CUANDO SE HA DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.". En efecto, la parte quejosa Nelson Martínez Austria; en esta vía constitucional reclama la detención de que fue objeto por parte de las autoridades señaladas como responsables, misma que se realizó el día doce de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, las autoridades responsables en mención, al rendir su informe justificado manifestaron, que la parte quejosa de mérito fue puesto a disposición de los Agentes adscritos a la Dirección General de la Policía Investigadora del Estado de Hidalgo, a las diez horas con doce minutos del día trece de diciembre de dos mil veinte, por parte de los Agentes de la Policía de Investigación de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, adscritos a la Unidad Especializada en el Cumplimiento de órdenes de aprehensión, en esta ciudad, al parecer como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, por lo que al examinar las condiciones y circunstancias de la detención, se determinó que ésta fue realizada dentro del término de flagrancia, ordenándose su retención ministerial. Asimismo, una vez realizadas las diligencias pertinentes al esclarecimiento de los hechos, el quejoso de referencia fue puesto a disposición de la Jueza de Control adscrita al Juzgado Penal en el Sistema Acusatorio y Oral del Quinto Circuito Judicial con cabecera en Huejutla de Reyes Hidalgo, en virtud de la orden de aprehensión girada en su contra dentro de la causa penal 14/2017, como probable responsable de un delito de Homicidio calificado. De donde se estima, que la detención del inculpado, aquí quejoso, reclamada a las autoridades responsables de mérito, previa a la determinación de su situación jurídica en el proceso penal que ahora se le instruye, se traduce en un acto de aquellos que están comprendidos por el supuesto que prevé la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque se trata de un acto que por su propia naturaleza está irreparablemente consumado, ya que de concedérsele la protección federal solicitada, no se podrá lograr restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, en los términos del artículo 77 de la misma ley, ya que con motivo de la orden de aprehensión girada en su contra, la restricción de la libertad que ahora sufre la parte quejosa, deriva del proceder de diversa autoridad no señalada como responsable (Juez del Juzgado Penal en el Sistema Acusatorio y Oral del Quinto Circuito Judicial con cabecera en Huejutla de Reyes, Hidalgo) en ese sentido, es claro que la detención que sufrió por parte de la autoridad señalada como responsable, es un acto consumado de modo irreparable, por lo que es improcedente la acción de amparo ejercitada en contra de este tipo de actos. Circunstancia, que conduce a sobreseer en el presente juicio, al tenor de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita el examen constitucional de la privación de la detención de que fue objeto la parte quejosa, precisamente porque ese acto ya no invade su esfera jurídica. Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo respecto de ese acto, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que literalmente expresa: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". No sobra decir que las causas de improcedencia y de sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Yadeneiro Hernández Austria, en nombre de NELSON MARTINEZ AUSTRIA, por las razones vertidas en el tercero y quinto considerandos del presente fallo constitucional. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta el día de hoy, veinte de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la Secretaria, licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, Comandante Estatal de la Policía Ministerial de Investigación Zona Norte, residentes en esta ciudad, ni los acuses de recibo del oficio petitorio. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar se fijan las DIECISÉIS HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

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