Nelson Enrique Durán Melchor
Expediente 309/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Jueza de Control
- Nelson Enrique Durán Melchor
- Ana Julia Rovelo Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y háganse las anotaciones en el libro electrónico correspondiente. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 12, 14 fracción III, y 20, fracción I), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es destruible. Por lo que, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años, se incluirá este expediente en la destrucción anual que corresponda, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días naturales siguientes. Conforme a lo ordenado en el numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, de la fecha de archivo y que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción del cuaderno que para el efecto se formó. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece en los artículos 12, 14, fracción III y 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 309/2023-IV, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular ********************, contra actos de la Jueza de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Jueza de Control, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO: Primero. Mediante demanda presentada ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su defensor particular licenciado ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades Jueza de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Jueza de Control, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: ""III. Actos reclamados y Autoridades de quienes se reclaman: 3.1. A la autoridad que a continuación se señala le reclamo los acuerdos emitidos en fecha dieciséis y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en los cuales se niega la solicitud del quejoso de señalar fecha y hora para llevar a cabo audiencia a la que haya lugar conforme a la situación actual en que se encuentra el procedimiento penal: 3.1.1. Licenciada Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, Jueza de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Jueza de Control: Con domicilio ubicado en calle Barranco Azul s/n, Col. Toribio Ortega, 32675 Cd. Juárez, Chihuahua." (sic) Segundo. Por razón de turno correspondió el conocimiento de dicho asunto al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien se declaró incompetente por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, fracción II y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, al estimar que actualizaba e se actualiza la hipótesis de turno por conocimiento previo, prevista por dichos artículos. Tercero. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua remitiendo los autos del juicio de amparo ********************, de su índice, por lo que este órgano jurisdiccional se avocó su conocimiento en términos de lo previsto por los artículos 45, fracción II y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, al estimarse válidas las razones precisadas por el Juez declinante; asimismo se admitió la demanda, se registró el juicio como expediente 309/2023, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde, se requirieron los informes con justificación a las autoridades responsables, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició en los términos de la actuación inmediata anterior; y, CONSIDERANDO: Primero. El suscrito Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículo 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de una orden de visita de inspección, que fue ejecutada en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, lugar en donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Luego, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, debe decirse que la solicitante del amparo reclama, en esencia: Los acuerdos emitidos en fecha dieciséis y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en los cuales se niega la solicitud del quejoso de señalar fecha y hora para llevar a cabo audiencia a la que haya lugar conforme a la situación actual en que se encuentra el procedimiento penal natural. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Tercero. La autoridad responsable, Jueza de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Jueza de Control, con residencia en esta ciudad, convino en la existencia de los actos materia del reclamo, consistentes en los acuerdos emitidos en fecha dieciséis y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en los cuales se niega la solicitud del quejoso de señalar fecha y hora para llevar a cabo audiencia a la que haya lugar conforme a la situación actual en que se encuentra el procedimiento penal. Además, de que su dicho se ve corroborado con las constancias que en copia certificada adjuntó, consistentes en los autos de fecha dieciséis y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en los cuales se niega la solicitud del quejoso de señalar fecha y hora para llevar a cabo audiencia a la que haya lugar conforme a la situación actual en que se encuentra la causa penal ********************, de su índice, así como el disco óptico en el cual se contienen los acuerdo emitidos, el dieciséis y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal descrita; probanzas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 188, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, lo anterior, en virtud de que el método a través del cual se capturó la información en tal disco archivado, es confiable por estar contemplado el mismo en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y porque el medio electrónico fue remitido por una autoridad judicial quien debidamente realizó la certificación correspondiente, además de que el contenido del mismo estuvo al alcance de las partes en este juicio de amparo, sin que lo hayan objetado en forma alguna, pese a que se le dio vista oportunamente con el informe justificado respectivo. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 290460, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la Quinta Época-III, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS. Lo son las certificaciones expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, de consiguiente, hacen prueba plena." Igualmente es conducente la diversa jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.), publicada en la página 703 del Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo, y atento al contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito juez de Distrito, estima la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, ello en virtud de que el acto materia del presente controvertido constitucional es materia del juicio de amparo ********************, del índice este órgano jurisdiccional, promovido contra los mismos actos y por el mismo quejoso. Así, el dispositivo normativo en cita establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, o que tal sentencia no haya causado firmeza, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo apuntado, arroja que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, o que tal sentencia no haya causado firmeza, es decir, cuando exista identidad en: a) Quejoso, b) Autoridades responsables y, c) Acto reclamado. Ahora bien, como se destacó con antelación, ante este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo ********************-IV, promovido por el aquí quejoso. En efecto, de un estudio comparativo de dicho asunto promovido por el peticionario de derechos, así como de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprenden los siguientes datos: Juicio de Amparo 309/2023 ******************** NEUN (Número de Expediente Único Nacional) ******************** ******************** Quejoso ********************, por conducto de su defensor particular ********************, ********************, por conducto de su defensor particular ********************, Autoridades Responsables Jueza de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Jueza de Control, con residencia en esta ciudad, Jueza de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Jueza de Control, con residencia en esta ciudad, Actos reclamados Los acuerdos emitidos en fecha dieciséis y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en los cuales se niega la solicitud del quejoso de señalar fecha y hora para llevar a cabo audiencia a la que haya lugar conforme a la situación actual en que se encuentra el procedimiento penal natural. Los acuerdos emitidos en fecha dieciséis y veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en los cuales se niega la solicitud del quejoso de señalar fecha y hora para llevar a cabo audiencia a la que haya lugar conforme a la situación actual en que se encuentra el procedimiento penal natural. Procedimiento penal de origen: ******************** ******************** De lo anterior se observa, que el acto reclamado en este sumario, respecto al aludido impetrante de amparo, fue materia del diverso juicio de amparo 326/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, en el cual se dictó sentencia el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés y se encuentra pendiente de causar ejecutoria. Lo anterior, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º. En ese orden de ideas, como se destacó en la tabla que antecede y según se desprende del expediente electrónico que se encuentra integrado al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el veintiocho de agosto del año en curso, se resolvió el juicio de amparo 326/2026, del nuestro índice, respecto del acto que reclama la parte quejosa, sin que hasta la presente fecha haya causado firmeza dicha resolución constitucional, esto es, se encuentra pendiente de causar ejecutoria. Bajo el tenor de lo apuntado, resulta evidente que en ambos juicios de amparo existe identidad de quejoso y autoridad responsable jurisdiccional a quien le atribuye los actos reclamados; además, resulta dable afirmar que el acto que pretende reclamar el quejoso, a través del presente sumario, constituye la materia de otro juicio de amparo que ya fue resuelto y aún se encuentra pendiente de causar ejecutoria. En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado por el quejoso a través de este sumario, resulta ser materia del diverso juicio de amparo indirecto ********************, nuestro índice, deviene inconcusa la actualización de la causal de improcedencia, como ya se dijo, que prevé la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber, litispendencia, ya que existe identidad en el sujeto, en el objeto y en la causa de pedir. Precisa mencionar que el juicio de amparo constituye un medio de defensa extraordinario, que no debe ser utilizado de modo indiscriminado, pues con ello se corre el riesgo de atentar con lo establecido por el artículo 17 constitucional, referente a la expedites en la impartición de justicia, que dicho sea de paso, opera en contra del propio gobernado, al instar esta vía constitucional de manera simultánea y paulatina, sin permitir la integración del primer sumario que deba atender al acto reclamado. Se reitera que en el caso, el juicio de amparo indirecto que se promueve, lo es contra un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de causar ejecutoria la resolución constitucional, promovido por la misma parte quejosa, contra la misma autoridad y por los mismos actos reclamados, lo que actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo la tesis aislada con registro 215942, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, Materia Común, visible en la página 226, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución.". Asimismo, la diversa tesis aislada con registro 209531, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, Materia Común, visible en la página 260, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio.". Igualmente, resulta aplicable al caso, por su contenido, la tesis aislada sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 16 Tercera Parte, página 58, Materia Común, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO, SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS. La ley de Amparo exige para que opera la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." También tiene aplicación, la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por Contradicción de Tesis 423/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de junio de dos mil dieciocho, Décima Época, del rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Atendiendo lo expuesto en los párrafos que preceden, este órgano jurisdiccional no puede hacer estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa en el juicio de amparo en que esto se resuelve, ya que tal cuestión fue dilucidada en el diverso juicio de amparo en mención; pues es claro que ello imposibilita nuevamente abordar aquel tema, pues asumir una posición contraria, implicaría que la parte quejosa pueda válidamente promover varios amparos, como hasta la presente fecha lo han venido realizando, ello en total detrimento no solo de la impartición de justicia y de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, así como en contravención al principio de cosa juzgada, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplea más recursos y material humano en analizar algo que ya ha sido resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. En ese sentido, se impone sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio al quejoso, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. De conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta resolución, SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra las autoridades en él indicadas, por los actos que precisados quedaron en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista a la parte tercero interesada el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
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