Nelly Velasco Rodríguez
Expediente 1105/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Nelly Velasco Rodríguez
- Sandra de la Caridad Torres Fernández apoderada legal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Api********************aco, Tlaxcala, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el pla********************o de die******************** días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una ve******************** que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda ve******************** que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitali********************ación, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una ve******************** que transcurra el pla********************o de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda ve******************** que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muño********************, Jue******************** Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia Lópe******************** Márque******************** Secretaria de este Ju********************gado, quien autori********************a y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que en proveído de ocho de los actuales se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, rindiendo su informe justificado al que acompaño copia certificada del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós dictado en el expediente 525/2017 de su índice. Ahora, del contenido de la constancia que en copia certificada remitió la autoridad oficiante, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, dentro del expediente laboral 525/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en la omisión de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, dentro del expediente laboral 525/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; ello, al tomar en cuenta que esta autoridad debe delimitarse en función de la omisión reclamada. Y, de la constancia remitida por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia lo siguiente: 1. El diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emitió auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma dentro del expediente laboral 525/2017, en el que acordó lo siguiente: "TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VIENTIDÓS. Se ordena agregar a los autos el escrito presentado ante esta Junta el uno de septiembre del año dos mil veintidós por la C, Sandra De la Caridad Torres Fernández, apoderada legal de la parte actora al rubro indicado, atento a su contenido, como lo solicita y a la certificación que antecede en el sentido de que no se encontró registrada demanda de amparo en contra de la resolución incidenteal de fecha doce de abril del año dos mil veintidós en el libro de registro de demanda de amparo que para tal efeto se lleva en esta Junta por lo que al no existir impedimento legal alguno, con fundamento en los artículos ,939, 940, 944, 946, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955 y demás relativos y aplicables de la Lev Federal del Trábalo; es de dictarse y se dicta Auto de Ejecución con Efectos de Mandamiento en Forma, para que el C. Actuario de esta Junta asociado de la actora Nelly Velasco Rodríguez debidamente identificada se constituyan en el domicilio del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social que obra en autos y le requiera a favor de la C. Nelly Velasco Rodríguez la cantidad de $363,989.86 (trescientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 86/100 M.N) cantidad salvo error u omisión de carácter aritmético por concepto de ayuda para renta de casa habitación ." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por el quejoso dejó de existir, pues la autoridad responsable emitió la resolución correspondiente a lo peticionado por el quejoso. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con dieciséis minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos de los que se advierte que en proveído de ocho de los actuales se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, rindiendo su informe justificado al que acompaño copia certificada del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós dictado en el expediente 525/2017 de su índice. Ahora, del contenido de la constancia que en copia certificada remitió la autoridad oficiante, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, dentro del expediente laboral 525/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en la omisión de dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, dentro del expediente laboral 525/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; ello, al tomar en cuenta que esta autoridad debe delimitarse en función de la omisión reclamada. Y, de la constancia remitida por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia lo siguiente: 1. El diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emitió auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma dentro del expediente laboral 525/2017, en el que acordó lo siguiente: "TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VIENTIDÓS. Se ordena agregar a los autos el escrito presentado ante esta Junta el uno de septiembre del año dos mil veintidós por la C, Sandra De la Caridad Torres Fernández, apoderada legal de la parte actora al rubro indicado, atento a su contenido, como lo solicita y a la certificación que antecede en el sentido de que no se encontró registrada demanda de amparo en contra de la resolución incidenteal de fecha doce de abril del año dos mil veintidós en el libro de registro de demanda de amparo que para tal efeto se lleva en esta Junta por lo que al no existir impedimento legal alguno, con fundamento en los artículos ,939, 940, 944, 946, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955 y demás relativos y aplicables de la Lev Federal del Trábalo; es de dictarse y se dicta Auto de Ejecución con Efectos de Mandamiento en Forma, para que el C. Actuario de esta Junta asociado de la actora Nelly Velasco Rodríguez debidamente identificada se constituyan en el domicilio del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social que obra en autos y le requiera a favor de la C. Nelly Velasco Rodríguez la cantidad de $363,989.86 (trescientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y nueve pesos 86/100 M.N) cantidad salvo error u omisión de carácter aritmético por concepto de ayuda para renta de casa habitación ." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por el quejoso dejó de existir, pues la autoridad responsable emitió la resolución correspondiente a lo peticionado por el quejoso. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con dieciséis minutos del quince de noviembre de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas Asimismo, téngase como prueba de la autoridad oficiante, la documental que anexa a su oficio de cuenta consistente en copia certificada del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós dictado en el expediente 525/2017 de su índice, medio de prueba que será relacionado en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes Con el contenido del informe de cuenta y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistida de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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