Neftali Texis Atonal
Expediente 427/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Neftali Texis Atonal
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de junio de dos mil veintitrés. ? Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; mediante el cual remite el copias certificadas del juicio de amparo 427/2023-VII, del índice de este órgano jurisdiccional promovido por Neftali Texis Atonal, asimismo, remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 95/2023, cuyos puntos resolutivos establece lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. ? Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. 27/06/23 08:53:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.40.65 SONIA LOPEZ MARQUEZ ? Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1 , que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General2 , una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. ? Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos
- Principal
Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, once de mayo de dos mil veintitrés. Acusa recibo. Informa admite de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 427/2023, del índice de este Órgano Jurisdiccional, e informa que admitó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, el cual quedó registrado bajo el número 95/2023 de su índice. El Juzgado Federal queda enterado de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Secretario que autoriza, Carmen Esther Pérez Vargas. Doy fe. CRC*
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, veinte de abril de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de queja. Visto el escrito signado por la quejosa Neftali Texis Atonal; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no desahogada la prevención. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado Tribunal Colegiado. Vinculación de expediente. Finalmente, se instruye al Oficial Judicial "A" en cargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, para que haga disponible el expediente electrónico, formado con motivo del presente asunto, a fin de que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso hecho valer, pueda consultarlo y/o vincularlo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve********************por propio derecho, contra actos de la Juez Séptima de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 427/2023-II-A. Acto reclamado. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora bien, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII de la Ley de Amparo. Al respecto, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de las reformas publicadas el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 107, de la Ley de Amparo, debido a que el citatorio reclamado es un acto fuera de juicio que no afecta derechos sustantivos. Los indicados preceptos legales son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio. Estos últimos tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda o al dictado del auto de vinculación a proceso, de donde surge el establecimiento de la relación procesal, sin que formen parte del procedimiento por sí mismos, ni su subsistencia depende de lo que se resuelva en definitiva en ese juicio. Ahora bien, el quejoso reclama la actuación en el que el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dentro de la causa judicial ********************, señaló día y fecha para el desahogo de la audiencia inicial. A ese respecto, conviene citar el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la facultad del juez de control para emitir un citatorio. Dicho numeral es del contenido siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y (.)". De la anterior transcripción se advierte que el citatorio emitido por un juez de control representa un aviso al imputado, a efecto de que comparezca ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de la solicitud que formuló la representación social para que se formalice un procedimiento por medio de la intervención judicial. Así, la facultad que ejerce el juez para citar a una persona para la celebración de una audiencia inicial únicamente tiene el propósito de lograr su comparecencia sin que involucre el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión. En ese sentido, el citatorio solo tiene por objeto lograr la asistencia de una persona ante la autoridad judicial para el desahogo de la audiencia inicial; de ahí que le reviste la naturaleza de un acto fuera de juicio, pues al momento de su emisión, éste aun no comienza. Asimismo, dicha citación no afecta algún derecho sustantivo, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, ya que -se reitera- solo es un llamamiento para que el sujeto al que va dirigido, comparezca al deshago de la audiencia inicial del procedimiento. En todo caso, un eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo pida el fiscal. Cabe destacar que, en relación al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que la citación a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere la presencia de una persona para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De igual forma sostuvo que no se pasa por alto que el juez puede ordenar la comparecencia forzosa, ante la inasistencia sin justificación; sin embargo, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que dicha persona no acuda y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Con base en lo anterior, resolvió que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el citatorio para comparecer a la audiencia inicial, pues aun cuando es un acto fuera de juicio, no afecta el derecho sustantivo de la libertad personal. Tales consideraciones se contienen en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sin datos de localización, publicada el siete de diciembre del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, de rubro y contenido siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al estar acreditada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha en el presente juicio constitucional. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones a ******************** por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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