Nelly Liliam Murillo Tepepa
Expediente 1109/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Nelly Liliam Murillo Tepepa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 1109/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo *****, promovido por ****, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Tramitación. El veintidós de diciembre siguiente, el Juez Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, radicó la demanda y la escindió para proveer sobre un acto que calificó de esencia laboral, avocarse al conocimiento del diverso derivado del juicio relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria ****, radicadas ante el Juez Vigésimo Séptimo Familiar de esta Ciudad, y ordenó el returno respecto de: "los actos reclamados en el Juicio Sucesorio Intestamentario ****, radicado ante el Juez Vigésimo Cuarto Familiar del Tribunal Superior de justicia de la Ciudad de México." El veintisiete de diciembre de la propia anualidad este juzgador se avocó al conocimiento de la acción, designó representante especial, admitió la demanda; se requirió informe justificado; se dio intervención al fiscal federal adscrito; se determinó la inexistencia de parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Del sumario se corrobora que se rindió el informe de ley, el fiscal federal no presentó intervención; la representante especial compareció a aceptar y protestar el cargo; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante tribunales del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La negativa a nombrar como tutor y/o asistente de apoyo al hermano de la solicitante y/o a uno interino, así como hacer constar que ambos comparecieron con el apuntado propósito, en el juicio sucesorio intestamentario **** instruido por el Juez Vigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México. Tercero. Existencia. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado, rendido en sentido afirmativo, como se corrobora de las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El siete de septiembre de dos mil veintiuno, ****, ambos de apellidos ***** denunciaron la sucesión a bienes de **** al amparo del carácter de coherederos. 2. A tal pretensión recayó el auto de catorce de septiembre siguiente, donde el Juez Vigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México radicó el expediente, requirió a la quejosa para que bajo protesta de decir verdad indicara si se ha nombrado tutor o curador que la represente y en su caso proporcionara los datos. 3. En desahogo, la quejosa solicitó designar a su hermano **** como tutor o curador, de lo cual recayó el auto de quince de octubre de la propia anualidad, donde se contestó que tales expresiones serían consideradas en su oportunidad. 4. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la impetrante volvió a solicitar el nombramiento de su hermano como tutor o tutor provisional, petición que fundó en la necesidad de tramitar y recibir una pensión por discapacidad, además que la designación de un representante especial es un requisito exigido por las instituciones de seguridad social. 5. De lo anterior el juzgador familiar proveyó lo siguiente: "(.) CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. A sus autos el escrito de la C. *****, por hechas las manifestaciones que indica y vistas las constancias de autos, dígasele que sin lugar a proveer de conformidad toda vez que ello debe ser solicitado en diverso juicio autónomo a la presente sucesión, por lo que se le deja a salvo su derecho para hacerlo valer en la forma que legalmente corresponda." Tales actuaciones integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa sostiene: La negativa de la autoridad contraviene la voluntad de la solicitante y el modelo asistencial en la toma de decisiones, e impone obstáculos al ejercicio de los derechos, en perjuicio del derecho a una justicia pronta, gratuita e imparcial. Al negar el derecho de acceso a la justicia a las personas con discapacidad se violan los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, en relación al ordinal 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a la igualdad y no discriminación. Tampoco se tutelan las formalidades esenciales del procedimiento previstas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, porque se vulnera el derecho de audiencia, por negar la posibilidad de comparecer para demostrar las propias condiciones físicas y mentales. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados porque atañen a temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Acorde a los derechos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, quien debe ser competente para emitir el acto respectivo; esto es, poseer facultades para pronunciarse conforme a la ley. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece los derechos de audiencia, fundamentación y motivación, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad. En tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. En el caso, la autoridad responsable proveyó en sentido negativo la designación de un representante especial para la quejosa y/o la designación con tal carácter sobre el familiar que señaló, por estimar improcedente la vía planteada por la solicitante, y corresponder a diverso proceso la sustanciación de tal pretensión. Lo determinado por el juzgador familiar responsable está justificado en el orden jurídico, como se expone a continuación. Los compromisos del Estado de velar porque las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y bienes jurídicos, se traduce en que se deben tomar medidas enfocadas a permitir la capacidad de ejercicio, al menos en el proceso, respetando los derechos, voluntad y preferencias. Medidas que deberán ser proporcionales y adaptadas para aplicarlas a corto plazo y sujetarlas a procesos periódicos; determinar la forma de ejercer los derechos de una persona con indicios de limitaciones a causa de su estado de salud, conlleva justificar el nexo entre la medida adoptada y los valores finales que se pretenden alcanzar, es decir, que son idóneos para la consecución de las metas buscadas, conforme al caso concreto, atendiendo al ámbito evaluativo en particular, compuesto por las variables involucradas, al amparo de un estándar de razonabilidad. Apoya lo anterior, la tesis publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Constitucional-Civil, página 514, que dice: "ESTADO DE INTERDICCIÓN. ACORDE AL MODELO DE ASISTENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES, LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EXTERNARÁ SU VOLUNTAD, MISMA QUE SERÁ RESPETADA Y ACATADA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde al modelo social de discapacidad consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la determinación judicial que limite la capacidad jurídica deberá tomar en consideración la primacía de la autodeterminación libre de la persona, pues de lo contrario nos encontraríamos frente a un esquema de "sustitución en la toma de decisiones", lo cual no sería adecuado en términos del instrumento internacional antes citado. Así, no debe confundirse el principio de mayor protección de la persona con discapacidad en aras de su mayor interés, con la prohibición de que la misma decida qué es lo que le beneficia, situación que redunda de forma directa en el desarrollo libre de la personalidad, así como en el fomento de una vida autónoma y de una identidad propia, sin que deba restringirse la capacidad jurídica de una persona solamente porque la misma ha tomado una opción que la generalidad de la sociedad pudiese considerar o calificar como "no acertada". Por tanto, mediante la adopción del modelo de "asistencia en la toma de decisiones", la persona no debe renunciar al derecho a tomar sus propias decisiones, respetándose así su libertad de elección, ello mediante la asistencia en la toma de las mismas. Es decir, mediante dicho modelo, se deberán generar escenarios idóneos para que se asista a las personas con discapacidad, guiándolas y aconsejándolas para que tomen sus decisiones, pero una vez que en el caso concreto se ha determinado que la asistencia es necesaria y la persona con discapacidad ha sido asistida, la voluntad que la misma externe deberá respetarse y acatarse, es decir, en el centro de las decisiones relativas a las personas con discapacidad, se encontrará la voluntad del individuo cuya capacidad ha de limitarse. Tal ayuda en la toma de decisiones no atiende a un modelo único, sino que deberá ser fijada por el juzgador en el caso en concreto, delimitando los alcances de la relación entre el individuo que asistirá en la toma de decisiones y la persona con discapacidad, precisando que las intervenciones en la voluntad de las personas con discapacidad deberán ser lo menos restrictivas posibles, favoreciendo aquellos esquemas que permitan en mayor grado la toma de decisiones y, por tanto, la mayor autotutela posible. Lo anterior no implica que no puedan existir escenarios en los cuales, el juzgador, una vez analizadas las diversidades funcionales de la persona y, por tanto, las discapacidades involucradas en el caso en concreto, determine que la asistencia en la toma de decisiones no es suficiente para asegurar la protección y el bienestar de quien tiene la discapacidad, ante lo cual, deberá nombrarse a alguien que tome las decisiones en lugar de la misma -por ejemplo, ante la presencia de una falta de autonomía mental severa que impida a la persona expresar su voluntad por cualquier medio-. Sin embargo, cabe señalar que tales escenarios son la excepción del esquema asistencial, ante lo cual, estos casos deberán sujetarse a un mayor escrutinio por parte del juzgador." Ahora, para que una persona sea declarada en el estado de interdicción, la propia legislación señala un procedimiento en virtud del cual, el juez deberá constatar la existencia de la diversidad funcional que posee la persona, con tal objetivo el juzgador deberá solicitar la opinión de médicos especialistas en la materia, a partir de analizar todos los elementos del caso en concreto, y el reconocimiento de la diversidad funcional que también incide de forma diversa en el proceso, sus peculiaridades e involucrar al sujeto, además de vincular las pruebas por las cuales se justifique la vinculación. En tal sentido, las limitantes a la capacidad jurídica y de ejercicio se encuentran dirigidas a las diversidades funcionales de índole mental, esto es, no cualquier discapacidad podría dar lugar a una declaración de estado de interdicción, es decir, aquellas instituciones jurídicas que tengan como finalidad limitar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, deberán tomar como punto de partida el tipo de diversidad funcional del caso en concreto, pues de lo contrario, pretender el establecimiento del mismo tipo de limitación a personas con discapacidades sumamente diversas, implica ver al estado de interdicción como una institución jurídica cerrada, todo ello conlleva desahogar pruebas para escuchar al solicitante de la forma mas óptima. Para llevar a cabo tal ejercicio judicial debe atenderse lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión ***** donde concluyó que el juez deberá establecer en qué tipo de actos la persona con discapacidad goza de plena autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué otros deberá ser asistida, fijando la naturaleza de tal intervención así como los alcances de la misma, velando porque en todo momento se adopte la decisión más favorable para el individuo, propiciando que las restricciones sean las menos posibles, y aquellas que se implementen deberán ser las estrictamente indispensables para proteger la integridad física y mental, fomentando su autonomía. Determinar qué actos personalísimos puede realizar la persona en estado de interdicción, no resulta suficiente para concluir que se establezca un parámetro de limitación a la capacidad de ejercicio acorde a cada caso en concreto, pues debe precisarse la limitación específica a la capacidad jurídica, misma que se encuentra determinada por la discapacidad involucrada en cada caso en concreto y, por tanto, el nivel de limitación debe encontrar una proporcionalidad acorde a la diversidad funcional de la persona, a partir de lo cual, el juez deberá establecer qué tipo de actos puede realizar por sí sola la persona que se presume o se ha constatado que no puede tomar determinadas decisiones. La oposición del juzgador responsable para designar un representante especial para intervenir y/o asistir a la solicitante en la sucesión, o bien, tener con tal carácter a quien ésta señaló, con el fin de dar seguimiento a sus derechos de coheredera mediante la remisión a diverso procedimiento al sucesorio, atiende el aspecto operativo de la intervención judicial desarrollado por la propia Primera Sala del Alto Tribunal, conforme al cual el juez debe construir el escenario menos restrictivo posible, favoreciendo en mayor grado la propia toma de decisiones, la mayor autotutela posible, y favorecer la voluntad de la persona como núcleo esencial que se le habrá de garantizar, para asistirla en la toma de propias decisiones y asuma las consecuencias de las mismas. Es así, puesto que si bien no realizó la designación solicitada, lo cierto y jurídicamente relevante es que le indicó que esa pretensión debía satisfacerse en diverso procedimiento cuya tramitación es autónoma a la sucesión. Lo cual es correcto porque acorde a los artículos 449, 450, 452, 454, 456, 463, 489 y 504 del Código Civil para la Ciudad de México, la tutela es la institución prevista para la protección y defensa de los menores de edad no sujetos a la patria potestad o de los mayores de edad incapacitados. El objeto de la tutela es la guardia de la persona y bienes de los que no estando sujetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural o legal o limitaciones en la capacidad de ejercicio; la institución de la tutela es creada u organizada para cuidar de la persona y patrimonio de un tercero, que tiene la posibilidad de referirse a un mayor de edad en estado de interdicción, ya sea total o que limite en algún grado la capacidad de ejercicio. Para lo que se designa un tutor que es una persona capaz que tiene a su cargo inmediato al guarda de la persona y la administración de sus bienes, de la cual se ha demostrado que tiene limitaciones funcionales en la capacidad de ejercicio y/o de tomar decisiones que conlleven consecuencias jurídicas. Empero, ninguna tutela puede constituirse si antes no se ha declarado el estado de minoría de edad o la incapacidad de la persona que está sujeta a ella y/o su grado de las limitaciones, dado que el tutor debe atender la salud mental y corporal del incapacitado destinando los recursos de este último a ese efecto o finalidad. En ese sentido, como sostiene el juzgador responsable el proceso de designación de un tutor para la solicitante desborda la materia de la litris en la sucesión, porque éste es un juicio universal que comprende la totalidad del patrimonio de una persona, es decir, recae sobre la universalidad de bienes, derechos y obligaciones del de cujus, por lo cual, los intereses que pueden verse afectados o involucrados no solamente corresponden a quienes pueden promover dentro del juicio, sino también a otras personas. Además, en la instrucción de la sucesión resulta prioritario llevar a cabo la transmisión de los bienes y obligaciones de la herencia, a fin de que no permanezcan sin titular y puedan verse satisfechos los intereses de sus acreedores y demás personas interesadas. De modo que las posibilidades y alcances del proceso para designar un tutor, como se sostuvo en el proceso, deben sustanciarse de forma autónoma, lo cual de modo alguno conlleva indefensión para la solicitante porque puede accionar las garantías previstas en el artículo 1° de la Constitución Federal, las aplicables a las personas con discapacidad sujetas a un estado de interdicción, y en un contexto más amplio, los instrumentos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, así como expresar y comprobar la idoneidad de la persona que se pidió nombrar en beneficio de la aparente interdicta. En atención a que la sucesión no es el procedimiento donde la quejosa pueda obtener el resultado solicitado, ante la posibilidad de instar uno diverso y autónomo para tales fines, es que resulte infundada la violación a la garantía de audiencia; y en esos términos, contrario a lo alegado, el orden jurídico prevé la preservación del mayor bienestar y beneficio de la impetrante, dentro de un modelo de inclusión. Sirve de apoyo, la tesis aislada 1a. XL/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 2019961, que dice: "PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA FIGURA DE "ESTADO DE INTERDICCIÓN" NO ES ARMONIZABLE CON LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La capacidad jurídica es un atributo universal, inherente a todas las personas en razón de su condición humana y no hay ninguna circunstancia que permita privar a una persona del derecho al reconocimiento como tal ante la ley o que permita limitar ese derecho. En este sentido, el reconocimiento de la capacidad jurídica está vinculado de manera indisoluble con el disfrute de otros derechos humanos como el de acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación, al debido proceso, al de audiencia, al de una vida independiente, a la privacidad, a la libertad de expresión, a la participación e inclusión en la sociedad, etcétera, por lo que la figura de "estado de interdicción" no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad." En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los arábigos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por los motivos señalados en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Agréguese el escrito electrónico de la representante especial de la parte quejosa; en atención a su contenido, se instruye al Secretario encargado del asunto, para que verifique el estatus de la autorización concedida para consultar el expediente electrónico, y de ser necesario, habilite el permiso correspondiente. Por otro lado, téngase por recibido el oficio procedente del Juez Vigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual informa el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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