Nelly de México Socieda Anónima
Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
- Nelly de México Socieda Anónima
Actuaciones
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio,...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE. LA QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 1 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE 19 DE ENERO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve *******, por conducto de su administrador único ..., personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que acompaña al escrito de cuenta; contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo .Séptimo1 Civil, Décima Sala Civil y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 36/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del numeral 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia3, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama la ejecución de la orden de lanzamiento que se decretó en la controversia de arrendamiento inmobiliario 960/2019, del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, así como diversas actuaciones relacionadas a la ejecución de la sentencia. III. El amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con la fracción IV, del ordinal 107, ambos de la Ley de Amparo. Del último artículo citado, se aprecia que contra actos que se reclamen derivados de un procedimiento, el juicio de amparo biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido, y tratándose de actos dictados después de la sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para su ejecución, o bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y en caso de remates la que ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y la entrega de bienes. Conforme al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, debe entenderse a aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Tal criterio fue tomado en la jurisprudencia por contradicción, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 32/2001, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto y rubro, es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En efecto, como última resolución dictada en la fase de ejecución, debe entenderse: aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o bien, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al accionante de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama la ejecución de la orden de lanzamiento que se decretó en la controversia de arrendamiento inmobiliario 960/2019, del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, así como diversas actuaciones relacionadas a la ejecución de la sentencia. Dichos actos fueron emitidos en la etapa de ejecución de sentencia definitiva, dentro de un juicio en el que es demandada (a quien no le recae el carácter de tercera extraña, pues no alega irregularidades en su emplazamiento, aunado a que de sus manifestaciones que realiza bajo protesta de decir verdad5 indica que ha promovido en el proceso), por tanto, no existe excepción al principio de definitividad de los actos en la etapa de ejecución, y que éste no es la última resolución emitida en tal etapa, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, Novena Época, Materia Civil, registro 178405, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." No es obstáculo, el hecho de que señale violaciones en el procedimiento de ejecución y las autoridades a quienes se las atribuye, en razón de que, como se indicó, el acto reclamado no puede ser considerado como la determinación que culmina con tal etapa, de tal suerte que las violaciones e irregularidades que aduce la parte quejosa podrá hacerlas valer al momento en que se dicte la última resolución que determine el cumplimiento de lo sentenciado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, registro 189344, que a la letra dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Consecuentemente, al no constituir el acto que reclama la parte quejosa, el último dictado en ejecución de sentencia, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con la fracción IV del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del numeral 12 de la legislación aplicable, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve Nelly de México, sociedad anónima, por conducto de su administrador único ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo Civil, Décima Sala Civil y Secretario de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 702/2021, promovido por ****, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Por razón de turno, tocó conocer al suscrito, quien admitió la demanda; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; requirió informe justificado; y señaló a la parte tercera interesada. Las responsables rindieron su informe justificado, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento legal; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza mercantil, radicado en un tribunal del orden común RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leticia Ochoa Rivera, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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