Nelly Herminia Dorantes Valadez

Expediente 438/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
438/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Nelly Herminia Dorantes Valadez
  • Juez Quinto de Primera Instancia En Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes del presente juicio formado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, en cumplimiento al proveído de dieciséis de julio de este año dictado en el referido cuaderno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas del juicio de violencia familiar número 1275-1/2017, y dado que las mismas resultan innecesarias que continúen a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA CESAR DANIEL TRUJILLO JUAREZ, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE... VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 438/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el quince de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Nelly Herminia Dorantes Valadez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "De la ordenadora reclamo: los autos de 27 de febrero y 10 de abril del año 2018, a través del cual se ordenó la imposición de una multa en mi contra por el monto de 20 y hasta 40 días de salario mínimo general vigente en el Estado." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 438/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se ordenó notificar de lo anterior a la parte tercera interesada y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que se reclaman actos dictados dentro de un juicio familiar, dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional, que tienen sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que la quejosa reclama los acuerdos de veintisiete de febrero y diez de abril del año en curso, emitidos en el juicio ordinario civil (violencia familiar) número 1275-1/2017, a través del cual el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, le impuso una multa a Nelly Herminia Dorantes Valadez, en el primero por la cantidad de $1,767.20 (un mil setecientos sesenta y siete pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente, y en el segundo, por la suma de $3,524.40 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente, en ambos casos a razón de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional; así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación; certeza que además se robustece además con las constancias que como sustento a su informe allegó en copia certificada, las cuales conformaron los tomos uno y dos de pruebas, y que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, este juzgado de Distrito, atendiendo a la manifestación de la autoridad responsable, estima que efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. Para arribar a tal conclusión, se tiene que precepto que la porción normativa invocada dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. En efecto, el principio de definitividad consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia su improcedencia, incluso en tratándose de actos de imposible reparación dentro del juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, dicho principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61, en su fracción XVIII, describe: "(.) a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Luego, como se indicó en el considerando segundo de esta resolución, los actos reclamados lo constituyen los autos de veintisiete de febrero y diez de abril de dos mil dieciocho, dictados en el expediente 1275-1/2017, por los que se impuso a Nelly Herminia Dorantes Valadez, en el primero, la medida de apremio (multa), mínima prevista en el artículo 144 , fracción I, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, y en el segundo, una diversa por el doble de aquella cantidad, al hacerse efectivos los apercibimientos decretados en los autos de diecinueve y veintisiete de febrero pasado, respectivamente. Ahora, de las actuaciones allegadas por el juez de la causa cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede, en concatenación con las que adjuntó la propia quejosa junto con su escrito de demanda y en relación con el diverso juicio de amparo 1084/2017, del índice de este juzgado de Distrito, el cual constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se deriva que: a).- En el diverso juicio de amparo 1084/2017, Nelly Herminia Dorantes Valadez reclamó del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, el acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ordinario civil (violencia familiar) número 1275-1/2017, a través del cual le impuso una multa a la cantidad de $1600.00 (un mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en esa época; lo anterior, derivado del incumplimiento de la obligación de presentarse en las instalaciones de la Unidad de Atención Jurídica Integral y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), junto con la menor Tamara Kamila Trujillo Dorantes, a efecto de que se le realizaran las entrevistas previas a su valoración psicológica, y el estudio socioeconómico relativo; respectivamente. b).- Por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se requirió a la quejosa para que dentro del término de tres días precisara la hora y fecha en la que se encontraría presente en su domicilio particular para la realización del estudio socioeconómico por parte del personal del Departamento de Trabajo Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ya que obraba en autos el oficio por virtud del cual se comunicó que el dos de febrero anterior se constituyó en su domicilio particular la trabajadora social Paula Merino de la Rosa, quien no pudo efectuar tal diligencia; determinación que se ordenó notificar mediante lista publicada al día siguiente. c).- Que por auto de veintisiete de febrero siguiente se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el aludido auto de diecinueve del mes en cita, por lo que se impuso a la quejosa una medida de apremio por la cantidad de $1,767.20 (un mil setecientos sesenta y siete pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente a razón de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional); y se le formuló nuevamente el requerimiento de referencia, apercibiéndola esta vez que de no cumplirlo en el plazo otorgado, se le duplicaría la multa impuesta, es decir, ahora por el equivalente a cuarenta días de salario; determinación que se ordenó notificar mediante lista publicada al día siguiente. d).- Por auto de diez de abril pasado, se hizo efectivo a la parte quejosa el apercibimiento contenido en el proveído de veintisiete de febrero anterior, por lo que se le impuso una multa por la cantidad de $3,524.40 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente, a razón de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional). Luego, como puede observarse de lo reseñado con antelación, la obligación incumplida por la que se impuesto a la quejosa diversas medidas de apremio consistentes en multa, no constituye una cuestión novedosa para la quejosa, habida cuenta que contra una de esas determinaciones derivada del incumplimiento a la misma obligación, Nelly Herminia Dorantes Valadez ya había interpuesto juicio de amparo; por lo que en todo caso, la cuestión atinente a la notificación del requerimiento relativo debió ser objeto de incidente de nulidad de notificación. Sin embargo, sobre la justificación o no de la medida de apremio impuesta, la parte quejosa debió agotar el recurso de reconsideración que como medio ordinario prevé el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. En efecto, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente el contenido de los artículos 375, fracción I, y 381, ambos del Código Procesal Civil, que a la letra señalan: "Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración (.)" "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Conforme a los ordinales invocados, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de las resoluciones que no sean susceptibles de ser apeladas. De ese modo, si conforme al catálogo previsto en el artículo 386 del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, los autos en los que se hicieron efectivos los apercibimientos de multa contenidos en los proveídos de diecinueve y veintisiete de febrero pasado no se ubican dentro de las hipótesis de procedencia del recurso de apelación, entonces queda de relieve la procedencia del recurso de reconsideración, medio de defensa que tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique la decisión sobre la decisión de hacer efectiva la medida de apremio en cuestión; por tanto, aquel medio ordinario de defensa concede la posibilidad de que las determinaciones reclamadas en la presente instancia constitucional sean impugnada ante la propia autoridad judicial que las dictó. Así las cosas, la quejosa debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio en el expediente de donde deriva ese acto reclamado, aunado a que el auto de referencia no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior, sin soslayar el criterio aislado emitido por un tribunal colegiado perteneciente a este circuito, el cual fue invocado por el juez responsable como sustento de su afirmación sobre la actualización de la causa de improcedencia analizada con antelación, que da cuenta precisamente de la procedencia del recurso de reconsideración previo a la promoción del juicio de amparo, incluso en tratándose de actos de imposible reparación emitidos en juicios relativos al orden o estabilidad de la familia, como acontece en el caso, habida cuenta que la determinación que se pretende someter a control constitucional se encuentra dirigida a vencer la contumacia mostrada por Nelly Herminia Dorantes Valadez respecto al requerimiento efectuado a efecto de estar en aptitud de realizar el estudio socioeconómico ordenado en autos del juicio ordinario civil (violencia familiar) número 1275-1/2017. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 438/2018 promovido por Nelly Herminia Dorantes Valadez, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE... VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 438/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el quince de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Nelly Herminia Dorantes Valadez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "De la ordenadora reclamo: los autos de 27 de febrero y 10 de abril del año 2018, a través del cual se ordenó la imposición de una multa en mi contra por el monto de 20 y hasta 40 días de salario mínimo general vigente en el Estado." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 438/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se ordenó notificar de lo anterior a la parte tercera interesada y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que se reclaman actos dictados dentro de un juicio familiar, dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional, que tienen sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que la quejosa reclama los acuerdos de veintisiete de febrero y diez de abril del año en curso, emitidos en el juicio ordinario civil (violencia familiar) número 1275-1/2017, a través del cual el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, le impuso una multa a Nelly Herminia Dorantes Valadez, en el primero por la cantidad de $1,767.20 (un mil setecientos sesenta y siete pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente, y en el segundo, por la suma de $3,524.40 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente, en ambos casos a razón de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional; así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación; certeza que además se robustece además con las constancias que como sustento a su informe allegó en copia certificada, las cuales conformaron los tomos uno y dos de pruebas, y que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, este juzgado de Distrito, atendiendo a la manifestación de la autoridad responsable, estima que efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. Para arribar a tal conclusión, se tiene que precepto que la porción normativa invocada dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. En efecto, el principio de definitividad consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia su improcedencia, incluso en tratándose de actos de imposible reparación dentro del juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, dicho principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61, en su fracción XVIII, describe: "(.) a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Luego, como se indicó en el considerando segundo de esta resolución, los actos reclamados lo constituyen los autos de veintisiete de febrero y diez de abril de dos mil dieciocho, dictados en el expediente 1275-1/2017, por los que se impuso a Nelly Herminia Dorantes Valadez, en el primero, la medida de apremio (multa), mínima prevista en el artículo 144 , fracción I, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, y en el segundo, una diversa por el doble de aquella cantidad, al hacerse efectivos los apercibimientos decretados en los autos de diecinueve y veintisiete de febrero pasado, respectivamente. Ahora, de las actuaciones allegadas por el juez de la causa cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede, en concatenación con las que adjuntó la propia quejosa junto con su escrito de demanda y en relación con el diverso juicio de amparo 1084/2017, del índice de este juzgado de Distrito, el cual constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se deriva que: a).- En el diverso juicio de amparo 1084/2017, Nelly Herminia Dorantes Valadez reclamó del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, el acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ordinario civil (violencia familiar) número 1275-1/2017, a través del cual le impuso una multa a la cantidad de $1600.00 (un mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en esa época; lo anterior, derivado del incumplimiento de la obligación de presentarse en las instalaciones de la Unidad de Atención Jurídica Integral y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), junto con la menor Tamara Kamila Trujillo Dorantes, a efecto de que se le realizaran las entrevistas previas a su valoración psicológica, y el estudio socioeconómico relativo; respectivamente. b).- Por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se requirió a la quejosa para que dentro del término de tres días precisara la hora y fecha en la que se encontraría presente en su domicilio particular para la realización del estudio socioeconómico por parte del personal del Departamento de Trabajo Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ya que obraba en autos el oficio por virtud del cual se comunicó que el dos de febrero anterior se constituyó en su domicilio particular la trabajadora social Paula Merino de la Rosa, quien no pudo efectuar tal diligencia; determinación que se ordenó notificar mediante lista publicada al día siguiente. c).- Que por auto de veintisiete de febrero siguiente se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el aludido auto de diecinueve del mes en cita, por lo que se impuso a la quejosa una medida de apremio por la cantidad de $1,767.20 (un mil setecientos sesenta y siete pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente a razón de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional); y se le formuló nuevamente el requerimiento de referencia, apercibiéndola esta vez que de no cumplirlo en el plazo otorgado, se le duplicaría la multa impuesta, es decir, ahora por el equivalente a cuarenta días de salario; determinación que se ordenó notificar mediante lista publicada al día siguiente. d).- Por auto de diez de abril pasado, se hizo efectivo a la parte quejosa el apercibimiento contenido en el proveído de veintisiete de febrero anterior, por lo que se le impuso una multa por la cantidad de $3,524.40 (tres mil quinientos veinticuatro pesos 40/100 moneda nacional), equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente, a razón de $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional). Luego, como puede observarse de lo reseñado con antelación, la obligación incumplida por la que se impuesto a la quejosa diversas medidas de apremio consistentes en multa, no constituye una cuestión novedosa para la quejosa, habida cuenta que contra una de esas determinaciones derivada del incumplimiento a la misma obligación, Nelly Herminia Dorantes Valadez ya había interpuesto juicio de amparo; por lo que en todo caso, la cuestión atinente a la notificación del requerimiento relativo debió ser objeto de incidente de nulidad de notificación. Sin embargo, sobre la justificación o no de la medida de apremio impuesta, la parte quejosa debió agotar el recurso de reconsideración que como medio ordinario prevé el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. En efecto, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente el contenido de los artículos 375, fracción I, y 381, ambos del Código Procesal Civil, que a la letra señalan: "Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración (.)" "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Conforme a los ordinales invocados, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de las resoluciones que no sean susceptibles de ser apeladas. De ese modo, si conforme al catálogo previsto en el artículo 386 del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, los autos en los que se hicieron efectivos los apercibimientos de multa contenidos en los proveídos de diecinueve y veintisiete de febrero pasado no se ubican dentro de las hipótesis de procedencia del recurso de apelación, entonces queda de relieve la procedencia del recurso de reconsideración, medio de defensa que tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique la decisión sobre la decisión de hacer efectiva la medida de apremio en cuestión; por tanto, aquel medio ordinario de defensa concede la posibilidad de que las determinaciones reclamadas en la presente instancia constitucional sean impugnada ante la propia autoridad judicial que las dictó. Así las cosas, la quejosa debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio en el expediente de donde deriva ese acto reclamado, aunado a que el auto de referencia no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior, sin soslayar el criterio aislado emitido por un tribunal colegiado perteneciente a este circuito, el cual fue invocado por el juez responsable como sustento de su afirmación sobre la actualización de la causa de improcedencia analizada con antelación, que da cuenta precisamente de la procedencia del recurso de reconsideración previo a la promoción del juicio de amparo, incluso en tratándose de actos de imposible reparación emitidos en juicios relativos al orden o estabilidad de la familia, como acontece en el caso, habida cuenta que la determinación que se pretende someter a control constitucional se encuentra dirigida a vencer la contumacia mostrada por Nelly Herminia Dorantes Valadez respecto al requerimiento efectuado a efecto de estar en aptitud de realizar el estudio socioeconómico ordenado en autos del juicio ordinario civil (violencia familiar) número 1275-1/2017. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 438/2018 promovido por Nelly Herminia Dorantes Valadez, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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