Nelly Herminia Dorantes Valadez
Expediente 1084/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Nelly Herminia Dorantes Valadez
- Juez Quinto de Primera Instancia En Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 1084/2017, y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 59/2018, formado con motivo del recurso de revisión en contra de la resolución dictada por este juzgado de Distrito; agréguense al expediente principal, el cuaderno de antecedentes que se formó, el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nelly Herminia Dorantes Valadez, por propio derecho, contra el acto y por la autoridad precisados en el resultando primero de este fallo." Con fundamento en el artículo 214 de la ley en aplicación, interpretado en sentido contrario, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita, hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, remitió copia certificada del expediente 1275-1/2017, en dos tomos, y dado que los mismos resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS; para dictar sentencia los autos del juicio de amparo número 1084/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Nelly Herminia Dorantes Valadez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO (.) "El auto de fecha 09 de octubre del año 2017, a través del cual se ordenó la imposición de una multa en mi contra por el monto de 20 días de salario mínimo general vigente en el Estado." SEGUNDO. Por acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró en el libro de gobierno correspondiente con el número 1084/2017; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó notificar a la tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que se reclama un acto dictado dentro de un juicio familiar, dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado consiste en el acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio ordinario civil (violencia familiar) número 1275-1/2017, a través del cual el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, le impuso una multa a Nelly Herminia Dorantes Valadez por la cantidad de $1600.00 (un mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), así como su ejecución. TERCERO. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación (fojas 37 a la 39); certeza que además se robustece además con las constancias que como sustento a su informe allegó en copia certificada, las cuales conformaron los tomos uno y dos de pruebas, y que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. CUARTO. No obstante la certeza de los actos reclamados, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia, según dispone el numeral 62, de la Ley de Amparo. Así, por lo que hace al acto anteriormente precisado, se advierte se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado, prevista en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61, en relación con los numerales 17, primer párrafo, y 18 todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados. En efecto dichas porciones normativas establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo por regla general dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente: a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo en los casos previstos en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, en cuya hipótesis el plazo será el ahí indicado. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de reclamarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro de los quince días (salvo en los casos previstos en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo) siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el diverso numeral 18 de la ley de la materia, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora, la parte quejosa en su demanda, refiere que se hizo sabedora del acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, le impuso una multa por la cantidad de $1600.00 (un mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), el diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, por conducto de una amiga; sin embargo, en confrontación con las constancias remitidas por la autoridad responsable y el Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, el primero como apoyo a su informe justificado, (a las cuales ya se les concedió el valor probatorio pleno en el considerando que antecede y el segundo en cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio, las cuales merecen idéntico valor probatorio) se aprecia que dicha notificación fue realizada el catorce de noviembre del año pasado, mediante cédula de notificación efectuada por el fedatario adscrito al mencionado juzgado responsable, como se advierte de la razón actuarial, prueba que permite concluir que el termino para promover la acción de tutela constitucional fue en aquella data. Lo anterior, pone de relieve que fue el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto que por esta vía pretende combatir y no la que aduce en su escrito de demanda (diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete), sin que se advierta la nulidad de dicha notificación en el juicio natural. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 5, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice. "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Entonces, tomando en consideración la fecha en que la parte quejosa quedó notificada del acto reclamado (catorce de noviembre de dos mil diecisiete), el término de quince días con que disponía para promover la acción de tutela constitucional transcurrió del dieciséis de noviembre al siete de diciembre de dos mil diecisiete, descontando los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre, dos y tres de diciembre del año pasado, por haber sido inhábiles; de lo que se sigue que el aludido plazo de quince días transcurrió en su perjuicio, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el doce de diciembre siguiente, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Por lo que cabe concluir que dicha demanda fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente dicho acto reclamado, sin que se ubique en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere en el artículo 17, fracciones I a la IV del de la ley de la materia, para estimar que deba considerarse otro el plazo con que contaba la parte quejosa para acudir a la instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 1084/2017 promovido por Nelly Herminia Dorantes Valadez, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la licenciada Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrito al propio Juzgado de Distrito que autoriza. Doy fe.
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